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Artículo de colaboración para Borroka Garaia da!. Autor: Iñaki Gil de San Vicente

presentación de Iñaki Gil de San Vicente del Libro «Derechos Humanos como arma de destrucción masiva»

Hasta la revolución bolchevique

El texto que aquí presento tiene la función de mostrar que la ideología burguesa de los «derechos humanos» es uno de los instrumentos más efectivos que sustentan la invisible dominación del capital sobre el trabajo y, a la vez, de justificación de las agresiones del imperialismo contra los pueblos que se resisten a claudicar a sus exigencias. Por ello mismo, el texto contradice la totalidad de las prácticas reformistas que, en esta cuestión, aceptan incondicionalmente dicha ideología. La contradicción no surge por la diferencia ideológica sino por las prácticas sociales que, desde el fondo de la realidad diaria, se expresan luego en diferencias ideológicas.

Los derechos burgueses y su democracia han venido al mundo gracias a océanos de sangre y miseria impuesta por el terror físico, moral y simbólico paralizantes, como se expone en el texto que aquí presento. Y se han mantenido también aplicándolos cuando han fallado otros sistemas de alienación e integración. El mito de los «derechos humanos» y de la «democracia» es uno de los más efectivos sistemas de alienación, siendo otro el fetichismo de la mercancía y sus efectos destructivos de la conciencia crítica. Ambos anclan en la realidad inaprensible del trabajo abstracto que se caracteriza por tres cosas: es trabajo enajenado, es trabajo impuesto y es trabajo ilimitado1. El texto que presentamos empieza precisamente por el trabajo abstracto porque estructura todas las dinámicas de la acumulación del capital bajo la ideología del «ciudadano libre».

Fué necesaria una gran brutalidad para vencer a la tiranía medieval y papal igualmente feroz, practicando el «derecho al tiranicidio» reconocido con muchas excepciones por Tomás de Aquino2 que casi siempre beneficiaban al papado y a nobleza3. Después, Maquiavelo, admirado por Marx, escribió: «Los suizos son muy libres porque disponen de armas propias»4. Y Locke, ideólogo de la burguesía inglesa con más experiencia que Hobbes, que también defendió el «derecho al tiranicidio» pero con bastantes más restricciones, no dudó en afirmar que «todos están de acuerdo en que a quienes invaden por la fuerza las propiedades de un pueblo, sean súbditos del mismo, o sean extranjeros, pueden ser resistidos en su intento por medio de la fuerza […] hay ciertos casos en que los pueblos tienen derecho a ofrecer resistencia al rey»5.

Sin poder extendernos ahora, las revoluciones burguesas en los Países Bajos y en los Estados Unidos superan las masacres de los intentos revolucionarios anteriores al siglo XVI. El epítome de los «derechos humanos», la revolución francesa de 1789, tiene con razón la guillotina como su símbolo decisivo porque, además de cortar cuellos nobiliarios y papales, y hasta reales, como lo habían hecho los ingleses, también segó los de las mujeres revolucionarias6, los de las izquierdas populares y de naciones oprimidas –bretones, vascos, haitianos…–, y el de Rosbespierre, «un pequeño propietario del campo honesto y satisfecho»7 que no negaba el derecho de propiedad, que sólo buscaba supeditarlo a otros derechos humanos, así como prohibir lo que entendía por opresión nacional, perseguir como «asesinos, bandidos y rebeldes» a quienes hacen guerras reaccionarias contra los pueblos, y declarar a reyes, aristócratas y tiranos como enemigos de la humanidad8.

Los «derechos humanos» burgueses hacían lo imposible por destruir los derechos precapitalistas, sobre todo los derechos de los pueblos a utilizar en su beneficio los frutos de las tierras comunales. La historia del pueblo trabajador vasco preindustrial e industrial9 también está marcada por esta resistencia tenaz en defensa de los derechos comunales. La represión de las prácticas populares de recuperación de bienes comunes privatizados por el capital fue una larga lucha de clases que abrió la conciencia crítica de un joven Marx que con el lenguaje que tenía con solo 24 años defendió el derecho consuetudinario precapitalista que tenía el pueblo para disfrutar de los bienes de las tierras comunales:

Se ha llegado realmente en un lugar a convertir un derecho consuetudinario de los pobres en monopolio de los ricos. Se ha dado la prueba concluyente de que se puede monopolizar un bien común; de ello se desprende evidentemente que hay que monopolizarlo. La naturaleza del objeto requiere el monopolio porque el interés de la propiedad privada lo ha inventado. La moderna ocurrencia de unos tenderos ávidos se vuelve irrefutable apenas proporciona desechos al antiquísimo interés teutónico por la tierra10.

Es innegable la actualidad de esta cita ahora que el imperialismo está desesperadamente lanzado a monopolizar lo poco que va quedando de bienes comunes en el planeta, generalizando la lucha de los pueblos para que se redacte una Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad11, problema al que volveremos luego al analizar el vacío conceptual de una parte de la izquierda abertzale al respecto. La crítica de Marx se extiende hasta abarcar a las fuerzas represivas y al Estado que imponen los intereses de los ávidos tenderos: de los guardianes que vigilan los bosques para reprimir que los y las niñas empobrecidas cojan leña o comida dice que su «deber profesional es la brutalidad»12. Los guardabosques son servidores de los propietarios de los bosques, que a su vez son los propietarios del Estado:

Esta lógica, que transforma a los servidores del propietario foral en autoridades del Estado, transforma a las autoridades del Estado en servidores del propietario forestal. La división del Estado, la función de cada uno de los funcionarios administrativos, todo tiene que salirse de quicio para que todo se rebaje a un medio del propietario forestal y su interés aparece como el alma que determina todo el mecanismo. Todos los órganos del Estado se transforman en oídos, brazos y piernas con los que el interés del propietario forestal oye, espía, calcula, protege, coge y corre13.

Con un rigor teórico, político y filosófico mayor, Marx volverá a decir lo mismo en El Capital:

Pugnando por alargar todo lo posible la jornada de trabajo, llegando incluso, si puede, a convertir una jornada de trabajo en dos, el capitalista afirma sus derechos de comprador. De otra parte, el carácter específico de la mercancía vendida entraña un límite opuesto a su consumo por el comprador, y, al luchar por reducir a una determinada magnitud normal la jornada de trabajo, el obrero reivindica sus derechos de vendedor. Nos encontramos, pues, ante una antinomia, ante dos derechos encontrados, sancionados y acuñados ambos por la ley que rige el cambio de mercancías. Entre derechos iguales y contrarios, decide la fuerza. Por eso, en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada de trabajo se nos revela como una lucha que se libra en torno a los límites de la jornada; lucha ventilada entre el capitalista universal, o sea, la clase capitalista, de un lado, y del otro el obrero universal, o sea, la clase obrera14.

Dos derechos iguales y contrarios, dialéctica de la unidad de contrarios antagónicos que lleva tarde o temprano a la lucha dentro de esa misma unidad de dos fuerzas sociales irreconciliables que defienden sus respectivos derechos enfrentados: el de la clase explotadora, la que compra la fuerza de trabajo, y el de la clase explotada que no tiene más remedio que vender su fuerza de trabajo, venderse a sí misma, para subsistir. Derecho de la minoría opresa y derecho de la mayoría oprimida. Marx vuelve a insistir poco más adelante en nada menos que la lucha entre el derecho burgués a poseer el tiempo de vida de la humanidad trabajadora, y el derecho de la humanidad trabajadora para ser propietaria colectiva de su propio tiempo de vida, de su vida misma: «La implantación de una jornada normal de trabajo es el fruto de una lucha multisecular entre capitalistas y obreros»15. O dicho de otro modo, debemos hacernos la pregunta sobre si llegado un momento preciso se trata de una cuestión de derecho o de poder16, o de ambas cosas.

Las luchas populares por los derechos concretos han planteado desde finales del siglo XVIII y en especial desde el primer tercio del siglo XIX el enconado debate de si se debe y se puede utilizar el Estado capitalista para ayudar a la conquista de derechos que en su esencia son anticapitalistas porque sacan a la luz el problema de la propiedad, que es una de las bases históricas de la aparición del derecho, y no a la inversa. Semejante experiencia práctica y teórica acumulada ha sido olvidada en buena medida. Pero la realidad es tozuda y lo supuestamente «superado» vuelve otra vez aunque no en forma de tragedia sino de farsa.

En base a la experiencia acumulada hasta finales del siglo XIX que pudo ser estudiada por Marx y Engels, este último no dudó en escribir que: «Las libertades políticas, el derecho de reunión y de asociación y la libertad de prensa: estas son nuestras armas. Y ¿debemos cruzarnos de brazos y abstenernos cuando quieran quitárnoslas? Se dice que toda acción política implica el reconocimiento del estado de cosas existente. Pero cuando este estado de cosas nos da medios para luchar contra él, recurrir a ellos no significa reconocer el estado de cosas existente»17. Y más adelante: «En política no existen más que dos fuerzas decisivas: la fuerza organizada del Estado, el ejército, y la fuerza no organizada, la fuerza elemental de las masas populares»18. Por su parte, en 1906 Rosa Luxemburg fue muy precisa:

El terreno de la legalidad burguesa del parlamentarismo no es solamente un campo de dominación para la clase capitalista, sino también un terreno de lucha, sobre el cual tropiezan los antagonismos entre proletariado y burguesía. Pero del mismo modo que el orden legal para la burguesía no es más que una expresión de su violencia, para el proletariado la lucha parlamentaria no puede ser más que la tendencia a llevar su propia violencia al poder. Si detrás de nuestra actividad legal y parlamentaria no está la violencia de la clase obrera, siempre dispuesta a entrar en acción en el momento oportuno, la acción parlamentaria de la socialdemocracia se convierte en un pasatiempo tan espiritual como extraer agua con una espumadera. Los amantes del realismo, que subrayan los «positivos éxitos» de la actividad parlamentaria de la socialdemocracia para utilizarlos como argumentos contra la necesidad y la utilidad de la violencia en la lucha obrera, no notan que esos éxitos, por más ínfimos que sean, sólo pueden ser considerados como los productos del efecto invisible y latente de la violencia19.

Rosa Luxemburg tenía toda la razón, y la historia se lo demostró en su propio cadáver al ser asesinada en plena revolución de 1918 por sus compañeros de partido que en el debate de 1905-1906 se declaraban «demócratas pacifistas», pero que doce años después ayudaron a armar y dirigieron a los asesinos de los «cuerpos francos» que impusieron a cañonazos la «paz» y la «democracia» de la República de Weimar sobre miles de obreras y obreros exterminados. Es desde esta perspectiva enriquecida por muchas otras muchas aportaciones, que T. Eagleton están en lo cierto cuando recientemente ha escrito: «Tomado en el más estricto sentido del término, el pacifismo es sumamente inmoral»20.

Como era característico en él, Lenin planteó de forma lacónica la concatenación entre propiedad, Estado, violencia y derecho con una pregunta elemental, la misma que en todo momento se hacen las burocracias del Estado especializadas en mantener el orden, reiterándola con más angustia e insistencia conforme se agudizan las crisis: «¿Tiene armas la clase oprimida?»21. La escueta pregunta supera cualitativamente cualquier cavilación pacifista y legalista que se haga sobre el famoso y odiado «Preámbulo» de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por las Naciones Unidas en 1948, en la que se reconoce el derecho a la rebelión contra la opresión. En el texto que presentamos se analizan declaraciones y prácticas revolucionarias sobre derechos humanos concretos anteriores y posteriores a la Declaración de 1948 que la superan cualitativamente en alcance y contenido humano concreto. Una de ellas, sin duda la decisiva en su potencial de futuro, fue la Declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado22 redactada a comienzos de 1918.

La fase álgida durante la que los derechos burgueses empiezan a girar hacia la reacción para derrotar los derechos populares se inicia con la Comuna de París de 1871 y llega a su punto crítico con la revolución bolchevique de 1917. Entre los insuperables logros de la revolución de 1917 está el de haber actualizado la reflexión marxista sobre la extinción del Estado y del derecho en el mismo proceso de superación de la propiedad burguesa, de la ley del valor y del trabajo abstracto en base a las tesis de Marx23. Ni la burguesía ni el reformismo pueden «perdonar» a los bolcheviques esta actualización básica para entender la crítica marxista del derecho en general y del burgués en particular. La lógica dialéctica de semejante crítica fue aplicada por G. Novack en su minucioso estudio sobre las democracias y las revoluciones: «El derecho a la revolución es el derecho supremo de cualquier pueblo y la salvaguarda última de su democracia. […] El derecho a la revolución llegó a ser un elemento permanente de la herencia de la humanidad progresista durante el ascenso de la revolución burguesa»24.

Desde 1917 más y más sectores imperialistas optan por dictaduras en vez de por democracias: son innegables las simpatías de la Casa Real Británica25 hacia el nazismo en los años treinta, por no hablar de amplias franjas de las burguesías norteamericana y francesa. Ya antes de que acabase la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo había comenzado una «guerra preventiva contra la URSS»26 que se endureció y extendió a escala mundial desde 1945 en adelante. La denominada «guerra fría cultural»27 fue un auténtico adelanto concentrado de estrategias integrales en las que se aplican todas las violencias posibles y que adquieren diferentes nombres según los casos: «guerra cultural», «guerra de cuarta generación»28, etc., y hay que decir que el imperialismo incluso integró en esta larga ofensiva antisocialista las lecciones extraídas durante «la construcción simbólica del fascismo español»29.

Hasta finales del siglo XX

No es casualidad que los adalides del neoliberalismo más maltusiano comenzaran en 1947 su selectiva y planificada penetración en los más importantes centros de poder imperialista. En el texto estudiamos por qué el imperialismo negoció la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, incluido el derecho a la rebelión, pero lo cierto es que en 1949 estaba preparando un masivo ataque nuclear contra la URSS empleando trescientas bombas atómicas más destructivas que las de 1945 para arrasar los cien enclaves industriales más importantes30, por citar uno de los planes militares de la OTAN en aquel momento mientras en Washington se loaban los «derechos humanos».

Durante los años cincuenta y setenta las derrotas imperialistas –para ser breves– convencieron definitivamente al capital mundial que debía pasar a la ofensiva doble: exterminadoras dictaduras militares que impusieran los programas del FMI siendo el golpe fascista de Pinochet de 1973 el paradigma de esta línea, y para compensar el desprestigio de tamaño exterminio, desde 1975 y a raíz de la humillante derrota yanqui en Vietnam, comenzar la publicidad a favor de los «derechos humanos». En marzo de 1977 Fidel Castro, denunció que:

Al imperialismo le ha dado ahora por la manía de hablar de los derechos humanos, para los imperialistas los derechos humanos equivalen al derecho a la discriminación racial, el derecho a la opresión de la mujer, el derecho a saquear los recursos naturales de los pueblos; para los imperialistas los derechos humanos son el vicio, la miseria, la pobreza, la ignorancia. Solo los países revolucionarios luchamos verdaderamente por derechos humanos, por la dignidad del hombre, por la libertad de los pueblos31.

Uno de los derechos fundamentales, sin duda el fundamental, más atacados por el imperialismo es el la violencia defensiva de los pueblos y clases explotadas, derecho que es identificado con el concepto de «terrorismo». La fábrica de ideología burguesa llega a elaborar más de cien definiciones de «terrorismo»32, lo que permite a la industria político-mediática imperialista manipular a sus anchas en el pantanal de la desorientación. La lógica formal y el «sentido común», la ideología burguesa, las llamadas «ciencias sociales»33, fracasan de pleno en el entendimiento de lo que sucede, y a lo máximo que llegan es a proponer negociaciones, acuerdos y pactos entre esos derechos irreconciliables, o ni eso, sino a lo sumo dar una imagen neutralista y equidistante, con ligeros toques de humanitarismo, al hablar del choque frontal de dos derechos contrarios.

Las supuestas «ciencias sociales» oficiales entran en esa feliz expresión que J. P. Garnier define como «voluntad de no saber», de negarse conscientemente a conocer la realidad insoportable: «La voluntad de no saber […] “capitalismo”, “imperialismo”, “explotación”, “dominación”, “desposesión”, “opresión”, “alienación”… Estas palabras, antaño elevadas al rango de conceptos y vinculadas a la existencia de una “guerra civil larvada”, no tiene cabida en una “democracia pacificada”. Consideradas casi como palabrotas, han sido suprimidas del vocabulario que se emplea tanto en los tribunales como en las redacciones, en los anfiteatros universitarios o los platós de televisión»34.

Es la industria político-mediática la que fabrica y actualiza una forma ignorante y lábil de hablar sin conceptos radicales, científicos, divulgando unas ideas y marginando otras. En su respuesta a García Linera, A. Teiltebaum sostiene que:

En los medios culturales, ideológicos, políticos y científicos, se produce una especie de selección o jerarquización –entre espontánea y provocada– del prestigio o renombre de determinadas personas, donde ocupan casi siempre los primeros puestos los que (dicho de manera muy esquemática) tienen en común algunas de las siguientes ideas: no cuestionar la propiedad privada de los medios de producción y de cambio; atribuir al mercado capitalista la cualidad de inherente a la sociedad humana; no cuestionar el sistema político-social elitista existente (la llamada «democracia occidental» o «democracia representativa») y el rechazo (expreso o no) del materialismo histórico y dialéctico como método de investigación en las ciencias sociales y en las ciencias llamadas «duras»35.

A lo anterior hay que sumar que el papel de la industria universitaria como fábrica de ignorancia funcional, de conculcación de una forma de interpretar la realidad que desconoce absolutamente los rudimentos de la dialéctica. D. Harvey sostiene que:

Una de las cosas curiosas de nuestros sistemas educativos, señalaré de paso, es que cuanto más formado está uno en determinada disciplina, menos probable es que se haya acostumbrado al método dialéctico. De hecho, los niños son muy dialécticos; lo ven todo en movimiento, en contradicción y transformación. Tenemos que ejercer un inmenso esfuerzo para arrebatarles esa capacidad y que dejen de ser buenos dialécticos. Marx quería recuperar la capacidad intuitiva del método dialéctico y ponerla en funcionamiento para entender que todo está en proceso de cambio, todo está en movimiento. No habla simplemente de trabajo; habla de proceso de trabajo. El capital no es una cosa, sino más bien un proceso que solo existe en movimiento. Cuando la circulación se detiene, el valor desaparece y todo el sistema se viene abajo36.

Exactamente lo mismo pero con otras palabras viene a decir Gonzalo Pontón basándose en su muy dilatada experiencia como editor e intelectual militante. Tras afirmar que de la universidad sale gente muy analfabeta37 , no duda en poner el dedo en la llaga de la ignorancia de los economistas –y de todos los «científicos sociales» en general–, hablando sobre las lecturas y preparación teórica de los economistas antes y durante la actual crisis, capacitándose así para prevenirla y superarla, y afirmando sin tapujos que: «los estudiantes y los profesores de economía son los más analfabetos […] ellos no nos pueden explicar lo que ha sucedido porque teóricamente tenían que haber sabido lo que iba a suceder».

Tras esta rápida desmitificación de la industria universitaria en lo que concierne a la propiedad, al Estado, a la violencia o al derecho, entendemos la ambigüedad e intención del diario El País al informar sobre el «derecho al agua» y «guerra del agua» en Bolivia en dos artículos38 que permiten descubrir el tramposo límite de la ideología burguesa de los «derechos humanos»: la humanidad empobrecida tiene «derecho» al agua, las grandes empresas transnacionales tienen «derecho» a comercializar el agua y los Estados «democráticos» tienen «derecho» a privatizar el agua negociando con «el mercado» para vender el agua privatizada al pueblo con una «justa» relación entre los tres «derechos»; si bien la línea de El País es la de reconocer formalmente la primacía de los derechos humanos y de la democracia no controlada por «la mercantilización».

El presente

Ha sido conveniente describir un poco qué es la «intelectualidad progresista» para comprender cómo y por qué sectores apreciables de la izquierda occidental han aceptado el «imperialismo humanitario»39 tan correctamente denunciado por J. Bricmont sobre todo en lo referente al olvido de la historia verdadera y a la necesidad de recuperarla como respuesta a la contrarreforma soterrada de la Declaración de 1948. Ante esta situación, el Movimiento Continental Bolivariado (MCB) declaró a comienzos de 2009 el 26 de marzo como Día del Derecho Universal de los Pueblos a la Rebelión Armada, porque a estas alturas de la historia sigue siendo incuestionable que el poder nace del fusil40. La contrarreforma imperialista para anular el «Preámbulo» de la Declaración de 1948 es tan sistemática y totalitaria que el mexicano Movimiento de Unidad Socialista y Izquierda Socialista (MUS-IS) publicó el texto En defensa del derecho de pueblo a la autodefensa41 contra la narcomafia y otras organizaciones terroristas, mientras que M. Urbano ha tenido que recordar que el pueblo portugués se rebeló el 25 de abril de 1973 contra una salvaje dictadura practicando el derecho a la rebelión42.

En el texto que ahora presento se analiza el devenir de la lucha entre los derechos burgueses y los derechos socialistas y el decisivo papel que han jugado los Estados como fuerzas conscientes que defienden los primeros y combaten los segundos: la tendencia capitalista a ampliar los poderes del «Estado vigilante»43 que «protege los derechos humanos» mientras en la realidad se extiende el «fascismo silencioso»44, como uno de los instrumentos que permiten a la «democracia occidental» profundizar en su estrategia sistemática contra el derecho internacional45. También se exponen los intentos continuos de los movimientos obreros, populares, sociales, culturales, nacionales, ecologistas, etc., formados por mujeres y/u hombres, para utilizar las instituciones y organismos múltiples, los aparatos de Estado, las administraciones de los gobiernos, las Naciones Unidas46, la «vía institucional y legal» en suma, permanentes intentos casi fracasados permanentemente.

La investigadora Leyla Castillo analiza cómo y por qué la Unión Europea está incluso minando la teoría neoliberal de los derechos humanos, la que los reduce solo a los derechos individuales, abstractos y aisladamente considerados:

Derechos clasificados como individuales (los únicos tutelados por la sociedad capitalista), tales como la libertad de expresión y de prensa, la supuesta igualdad religiosa, de géneros o étnica, la privacidad de la correspondencia y comunicaciones o el derecho de reunión y asociación, son gradualmente más denigrados y comprometidos […] La Unión Europea acelera la adopción de medidas que disminuyen el poder adquisitivo de los obreros y otros asalariados, que –desde 1957– enfrentan una de las etapas de mayor desempleo e incertidumbre social, debido a la agudización del neoliberalismo. Las desigualdades socioeconómicas provocan otros males, insalvables en los momentos actuales, que van desde la precariedad –aún en los Estados más solvente– hasta la proliferación del tráfico humano, la prostitución y la drogadicción, la xenofobia o la represión contra las minorías y grupos más vulnerables, entre otros47.

Andrés Piqueras ha hecho un listado de trece medidas que muestra cómo desde 1971 se han impuesto medidas antidemocráticas necesarias para liberalizar y dar alas al capital ficticio48 para intentar recuperar la tasa de beneficios. Directa o indirectamente cada una de las trece medidas impuestas que el autor expone, y que nosotros resumimos en las siguientes, atacan a los derechos de los pueblos y clases explotadas:

  1. 1971, fin de Bretton Wood; 1974, se libera la especulación financiera; los años setenta se crean los paraísos fiscales y los productos financieros derivados; fin de los años setenta, Estados Unidos sube los tipos de interés para atraer inversiones, cubrir su deuda y armarse.
  2. Se privatiza casi todo lo público y los servicios del Estado, los fondos de pensiones e inversiones se quedan con los ahorros y jubilaciones. Los mercados financieros se erigen en el centro de la economía.
  3. La banca privada se reconvierte hacia la gestión privada, la fusión de empresas, el mercado hipotecario e inmobiliario. Los bancos centrales se independizan de los Estados que dependen cada vez más del capital financiero transnacional, lo que aumenta sus deudas y sus dependencias, perdiendo soberanía.
  4. Hay contrarreforma fiscal a favor del capital y se facilitan los contratos baratos y precarios. Se bombea la renta hacia el mercado financiero y bancario. El capital ficticio crece incontrolablemente49.

Los derechos de las mujeres son especialmente atacados en todo el mundo por el simple hecho de que el feminismo es una fuerza básica en la lucha de clases50 y en las de liberación nacional51, basándose en el soterrado machismo de la Declaración de 1948, cuestión que estudiamos con insistencia. El ataque burgués a los derechos socialistas tiene como uno de sus objetivos prioritarios destruir los derechos sindicales, especialmente el de huelga porque, como explica X. Arrizabalo:

Este derecho democrático a la huelga concentra toda la carga conflictiva propia de la sociedad capitalista. Como otros derechos, la valoración que hacen de él los trabajadores y los capitalistas es antagónica. Por una parte, para los trabajadores, es un elemento de presión al que pueden recurrir en su lucha para mejorar sus condiciones laborales. Por otra parte, para los capitalistas, es una amenaza a su posición privilegiada que exige una ganancia suficiente. Pero hay algo más: la huelga muestra de la forma más clara que sin los trabajadores no hay nada, no hay vida. Por tanto, supone también una dimensión política e ideológica crucial al impulsar la concienciación de los 52 de su poder53.

Valoración antagónica de derechos formalmente válidos en su esencia tanto para explotadores como explotados: esto es lo que muestra la experiencia histórica de la lucha popular y obrera por el derecho de huelga. De nuevo afirmamos que para descubrir la naturaleza reaccionaria de los «derechos humanos» burgueses es necesario estudiarla en su unidad y lucha de contrarios, es decir, pensarla dialécticamente. Siguiendo a Raya Dunayevskaya que afirma que «Marx fue capaz de demostrar cómo la desigualdad surge de la igualdad del mercado»54, la lucha social puede enseñar a cada obrera u obrero que el derecho burgués oculta y refuerza la explotación humana, que la burguesía siente y entiende el derecho de huelga como un ataque directo a su derecho de propiedad, y cuando chocan estos dos derechos iguales y contrarios decide la fuerza, y frecuentemente ganan los «derechos humanos de las oligarquías»55.

La igualdad del mercado permite y justifica que las grandes corporaciones transnacionales y los Estados decidan sin control alguno despilfarrar inconcebibles masas de capital en gastos militares que, a la postre, son improductivos. La democrática igualdad de mercado impone aquí la desigualdad de los derechos concretos de la población trabajadora. Antes de seguir, hagámonos una idea del problema que tratamos al leer esta lista de gastos militares contrasta con la lista de gastos sociales elaborada por P. Núñez Mosquera:

Con 100 dólares puede comprarse un rifle; pero también se pueden adquirir suficientes tabletas de vitamina A para prevenir la ceguera de 3.000 niños de un año de edad.

Con 100 millones de dólares se pueden comprar 10 millones de minas terrestres; pero también se pueden adquirir vacunas para inmunizar a 8 millones de niños contra seis enfermedades mortales en la infancia.

Con 800 millones de dólares se pueden comprar 23 aviones de combate F-16; pero también se podría adquirir sal yodada durante 10 años para ayudar a 1.600 millones de personas a evitar trastornos por déficit de yodo.

Con 2.400 millones de dólares se podría comprar un submarino nuclear; pero también se podría fabricar instalaciones para el suministro de agua potable y saneamiento a bajo costo para 48 millones de personas.

Con 24.000 millones de dólares se podrían comprar 11 bombarderos a prueba de radar; pero también se podría garantizar la educación primaria para 135 millones de niños que no están escolarizados56.

Dos derechos humanos irreconciliables, el de la burguesía que necesita armarse hasta los dientes57 a costa de la salud de la humanidad explotada y el de la humanidad explotada que necesita invertir masivamente en salud y cultura a costa del desarme capitalista. Volvemos a encontrarnos con esa totalidad concreta formada por la propiedad, el Estado, la violencia y el derecho, y aunque cada una de las partes de esa totalidad pueden ser estudiadas en su autonomía relativa, ninguna de ellas será conocida en su realidad interna si la aislamos de las restantes, si no la insertamos en ese todo superior y, a la vez, si no mantenemos este segundo siempre en el interior de las contradicciones del modo de producción dominante, el capitalista en nuestro caso.

Solo este método nos descubre que de la misma forma en que «no existe “democracia pura”: existe democracia de la clase burguesa»58, tampoco existe «derecho puro», sino derecho de la clase burguesa, dentro de la cual están los empresarios. Decimos esto porque hablar solo de «derechos empresariales» como opuestos a los «derechos humanos»59 a secas, nos puede llevar a un nivel de abstracción en el que no aparezca referencia alguna, ni siquiera en una corta frase cargada de contenido sociohistórico, a la necesidad de oponer los derechos concretos de la clase trabajadora a los derechos empresariales, y más precisamente, los derechos socialistas a los derechos burgueses.

Una limitación como la aquí vista surge al identificar «democracia» con «izquierda» sin aclarar lo suficiente qué entendemos por ambos términos teniendo en cuanta lo arriba dicho sobre la concatenación e interrelación de propiedad, Estado, violencia y derecho:

Debemos ampliar la democracia, también en las instituciones donde estamos: en primer lugar, priorizar de manera estructural y permanente la puesta en marcha de experiencias de democracia directa y participativa allí donde sea posible, siendo importante el qué y el cómo, y sin miedo al resultado: en última instancia, la democracia directa es en sí un ejercicio de izquierdas; en segundo lugar, fomentar las herramientas de la desobediencia civil activa (gran ejemplo de la juventud vasca en el Aske Gune); en tercer lugar, y de manera estratégica, dedicar esfuerzos, recursos y tiempo a la articulación con movimientos sociales, generando espacios y agendas de confianza y entendimiento real. En definitiva, superar y desbordar –antes de que nos desborde– los estrechos marcos de esta democracia decadente, ofreciendo a la ciudadanía formas de democracia más emancipadoras. La democracia es de izquierdas, reclamemos esta bandera60.

¿La lucha institucional debe encaminarse hacia la conquista del poder estatal con miras a la futura autoextinción del Estado, del derecho y de la propiedad? ¿La democracia directa debe buscar la recuperación de empresas, locales y pisos? ¿La desobediencia activa debe reivindicar el derecho a la autodefensa aunque decida no ejercerla? ¿Los movimientos sociales son parte de la lucha de clases e independentista? ¿Sólo existe la «ciudadanía»? ¿Qué «democracias más emancipadoras» existen o pueden existir, y cómo desarrollarlas?

¿Y en Euskal Herria?

Una de las virtudes del método dialéctico es que exige ser aplicado a sí mismo, exige la autocrítica como elemento constituyente de la crítica radical de todo lo que existe. Esta exigente virtud es tanto más necesaria e implacable cuanto que el pensamiento humano es en primer lugar acto colectivo expresado de forma individual y, en segundo lugar, acción colectiva contradictoria y cambiante que se muestra de forma individual. Cuando ese pensamiento individualmente expresado se inserta en un colectivo organizado con objetivos comunes, entonces el análisis crítico del pensamiento individual es también crítica del pensamiento colectivo, pero con matices más o menos secundarios.

La mayoría inmensa de los textos que vamos a estudiar adolecen del mismo error que estamos criticando en las páginas anteriores: aislar los problemas, estudiarlos en su quietud, no ir a la raíz del capitalismo limitándose a describir algunas formas de su superficie… Por ejemplo, determinadas fuerzas políticas plantean ahora «rescatar el Estado» para emplearlo como instrumento de liberación, sin siquiera recordar los clásicos debates al respecto que llenan la historia del socialismo utópico, del anarquismo, del socialismo y del marxismo:

Cuando se hace referencia a rescatar al Estado, nos estamos refiriendo a cómo lograr que el Estado sea un agente activo a favor del cambio. Raul Zelik reconoce que en un principio era bastante escéptico ante este reto, y termina reconociendo que el atraer al Estado a favor de la transformación social permitió abrir un abanico de posibilidades alrededor de unas políticas públicas de contenido social. También ayudó a la democratización de la sociedad61.

Pero esta perspectiva también tiene sus riegos y contradicciones, que Zelik resume en cuatro: populismo de Estado, Estado rentista, Estado clientelar y Estado burócrata. En ningún momento profundiza en el carácter de clase del Estado, o al menos la persona que ha resumido su intervención no lo expone, pero esta persona sí dice que «la democracia no es en absoluto una construcción burguesa, como se critica desde algunos sectores marxistas. Esta es una crítica equivocada según Zelik. La democracia siempre fue una conquista de movimientos populares, de obreros, de luchas de mujeres en contra de las elites. La democracia es pues una construcción popular»62.

La mixtura de abstracción y ambigüedad –¿qué es la «transformación social»?– que sustenta a estos dos párrafos es incompatible con las tesis centrales del texto que aquí presento, como se apreciará durante su lectura. También lo es la mezcolanza de términos como procesos constituyentes, socialismo, buen vivir, poder popular, interés comunal, etcétera, que se realiza en la cita que sigue:

Uno de los planteamientos que hace EH Bildu precisamente es el de los procesos constituyentes, más de uno. El plantea­miento del proceso constituyente precisamente viene del socialismo del buen vivir y lo que viene a decir es que cada uno de nosotros tendremos que decidir cómo queremos gobernarnos, con quienes queremos hacerlo y que tipo de relaciones queremos tener con los demás. Con lo cual, esa es uno de la primeros planteamientos que queremos defender en las instituciones. La construcción del poder popular es precisamente el eje del cambio. Tenemos que pasar de la concentración del poder político en muy pocas manos, a defender el interés comunal. Esa es una de las partes también que tiene que ver con cómo regulamos los procesos participativos, cómo de vinculantes tienen que ser las decisiones que se toman en comunidad y cómo todo eso se tiene que llevar a las instituciones. Las instituciones no pueden ser la punta de lanza, pero siempre tie­nen que estar al servicio del pueblo. Tampoco el pueblo va a ser igual de efectivo si no tenemos las instituciones para proyectar sus demandas. Lo mismo que apuntábamos antes, en este caso también, cuanto más seamos, y más representación institucional tengamos, y cuanto más coordinadamente funcionemos con el pueblo será mejor. Ese es el planteamiento institucional que queremos llevar adelante63.

Como se aprecia a simple vista, no existe nada que conecte internamente la variopinta terminología empleada, y que, a nuestro modo de ver, no es otra cosa que esa totalidad concreta formada por la propiedad, el Estado, la violencia y el derecho, totalidad inserta en otra superior, el modo de producción dominante. Hablar de «socialismo del buen vivir» puede sugerir algunas ideas sobre por dónde va el mensaje, pero también puede sugerir otras muy diferentes, opuestas o contrarias. Aparte de esto, en ninguno de los desarrollos expositivos de lo que significan los términos de desmercantilización, desmaterialización y descentralización que aparecen en el título, en ninguno de los tres se investigan sus relaciones con la propiedad burguesa de las fuerzas productivas, aunque se plantea la necesidad de salir del mercado con otras formas de intercambio, pero en modo alguno se cuestiona la propiedad privada a pesar de que se cita la palabra «socialismo».

En situaciones peligrosas para su dominación y antes de recurrir a sucesivos grados de ascensos la violencia terrorista de su Estado, la burguesía puede aceptar unos «derechos humanos» laxos e imprecisos que no entren en radical conflicto con formas suaves de la desmercantilización, desmaterialización y descentralización, siempre que queden suficientemente aseguradas para ella su propiedad y su Estado. Únicamente cuando esas consignas son practicadas dentro de una estrategia tendente a la desaparición de la ley del valor y a la extinción del trabajo abstracto, sólo entonces la desmercantilización, la desmaterialización y la descentralización adquieren su potencial revolucionario siendo por tanto inaceptables por el capital.

Otra perspectiva del problema, con la que estamos más de acuerdo, es la que nos ofrece Antoni Aguiló al proponer cuatro prácticas contra los derechos abstractos, descolonizarlos, despatriarcalizarlos, desmercantilizarlos y democratizarlos64. Aunque el orden de exposición no corresponde a nuestro entender al orden lógico-histórico de superación de los derechos burgueses en la medida en que paralelamente se desarrollan los derechos socialistas como antesala de su definitiva extinción, junto al Estado, no por ello deja de ser muy acertada la propuesta del autor. Para nosotros, el orden es: democratizarlos, descolonizarlos, desmercantilizarlos y despatriarcalizarlos, partiendo del hecho innegable de que la lucha ha de ser simultánea e interactiva.

Una de las características del capitalismo es la de intensificar la expropiación de tierras y bienes comunales, de toda clase de recursos privatizándolos e integrándolos de mil modos en el proceso de producción de ganancia, algo ya sabido por Marx en una época tan temprana como 1842 cuando defendió el llamado «derecho consuetudinario» de los pueblos para utilizar en su provecho los «bienes comunes» a los que nos hemos referido anteriormente, es decir, el derecho de los pueblos para utilizarlos en beneficio propio, condenando su privatización y oponiéndose a la represión de quienes recuperaban bienes comunes privatizados65. En realidad, aquí radica el problema básico del territorio, de la propiedad de la tierra y, además de la productividad del trabajo y el aumento de la ganancia, también y sobre todo de la acumulación ampliada de capital.

Ahora mismo en Euskal Herria y en los Països Catalans, y cada vez más en Galiza, se debate con más ahínco sobre cómo avanzar hacia un Estado propio. No hay duda que la conquista de los derechos humanos concretos es inseparable de la independencia estatal, y más aún en el grado ya irreversible de centralización del poder de clase en la Unión Europea y en los Estados español y francés. Hoy defender los derechos humanos progresistas, revolucionarios es luchar por la independencia nacional de clase de los pueblos trabajadores, mientras que defender los derechos burgueses es defender la Unión Europea y el imperialismo. Pero es en la históricamente decisiva cuestión de la propiedad de la tierra desde las primeras ciudades-Estado sumerias, en donde se descubre la absoluta fatuidad del discurso que se realiza en la gran mayoría de textos de la izquierda abertzale.

Si leemos el capítulo titulado «Los nudos de la territorialidad» que contiene tres textos escritos por Iñaki Esnaola, Eneritz Zabaleta y Floren Aoiz, En ninguno de ellos se intenta siquiera recordar que existe la propiedad capitalista de la tierra, del territorio como base imprescindible para la explotación asalariada, la producción de plusvalía y la acumulación ampliada del capital. De los tres artículos, el de Floren Aoiz es el que más esperanzas suscita por su título un tanto autocrítico pero el que más defrauda por su vacuidad, decepción total sobre todo cuando da a entender que analizará la vertiente socioeconómica de la territorialidad desde la «lógica de la construcción de la estatalidad»66 pero a continuación no dice ni una sola palabra sobre la base territorial del desarrollo socioeconómico y menos aún sobre las decisivas formas de propiedad de la tierra67.

Un programa estratégico de construcción de la territorialidad nacional debe tener siempre en cuenta el inevitable choque de derechos opuestos de la propiedad de la tierra que se dará tarde o temprano siempre que la lucha independentista no se desinfle: por una parte, el derecho de la nación que quiere estatalizarse y, por la parte contraria, el derecho del Estado ocupante que mediante su superior fuerza invasora impone su derecho de propiedad. Prepararse para esta inevitabilidad que aquí ni siquiera ponemos a debate, exige una serie de pasos de los cuales citamos el primero, responder la cuestión de quién es, qué clase social es la propietaria de ese territorio ocupado que la nación oprimida quiere recuperar; y en esta decisiva cuestión previa a cualesquiera reflexiones ulteriores de nuevo chocamos con el vacío. Ni Naroa Iturri ni Iñaki Soto se la plantean a Hasier Arraiz en la única pregunta que le hacen sobre la territorialidad, tema al que «se le ha dado mucha importancia»68, en una larga, aterciopelada y cómoda entrevista realizada para su mayor lucimiento, pero es que tampoco Hasier Arraiz se aventura a entrar en esa cuestión que le llevaría al instantáneo choque frontal con la burguesía y sus Estados español y francés.

Llegados mediante esta respuesta al punto primero, el de «identificar al enemigo», si se permite la expresión, debemos pasar a una segunda: ¿cómo enlazar el avance hacia el Estado vasco con el avance en los derechos humanos concretos y en la «democracia popular», término al que luego volveremos? Sabino Cuadra nos responde que radicalizando la democracia:

  • La democracia no debe ser solo electoral sino también social. Hay que descender a todos los espacios de la vida pública. Para lograrlo propone tres mecanismos a desarrollar:
  • Apostar por un modelo más municipalista, con mucha base y poca altura. En el que los poderes estén más cercanos, participados y controlados. Es necesario crear una democracia transparente y abierta a la participación.
  • Una democracia en la que no solo se pueda elegir sino revocar a la gente.
  • Aplicar la práctica de la consulta y el referéndum. Que esta práctica no sea algo utilitario para utilizarlo sólo cuando interesa. Deberá ser una práctica integrada en lo que es el funcionamiento normal de las instituciones y de la propia sociedad69.

La ideología burguesa de los «derechos humanos» va unida a la democracia abstracta. Por esto son de agradecer aportaciones como las de Sabino Cuadra que van más allá del tópico de la democracia. Sin embargo, su aportación se limita a una parte del problema y no precisamente la decisiva. No debemos extrañarnos de ello: muchas izquierdas se mueven en las mismas limitaciones aunque también planteen como urgente una radicalización de la democracia, pero lo restringido de su enfoque les lleva al cuestionamiento sutil del derecho a la autodeterminación70, error en el que no cae Sabino Cuadra, sino al contrario, que quede claro.

Como veremos en el texto que presentamos, los derechos burgueses y la democracia liberal unida a ellos operan exclusiva y formalmente en el área o fase de la circulación del proceso productivo, social, en su totalidad: producción de mercancías, circulación en el mercado y realización de la ganancia. De los tres, el vital es el primero, en el que mediante la explotación de la fuerza de trabajo se produce el valor que luego ha de materializarse en plusvalía y luego en ganancia capitalista que necesita ciegamente ampliar su acumulación, dicho muy sintéticamente.

La democracia burguesa actúa solo en la fase de la circulación de las mercancías, en la vida mercantil, contractual, en la que el valor de cambio lo domina absolutamente todo y por ello el voto y el derecho individual son siempre medidos por su precio, por su valor de cambio, en dinero, en suma: quien más capital tiene –sin precisar ahora la diferencia entre dinero y capital–, más derechos y más votos tiene, es más libre. En la civilización del capital, la ética, el arte y la libertad viven felices y hasta filosofan sobre «derechos humanos» en la cuenta corriente del banco, pero son producidas en el interior de la explotación humana, infierno en el que tienen prohibida la entrada los derechos humanos concretos y la democracia popular.

Según la dialéctica marxista, la radicalidad es bucear hasta la raíz de las cosas, descubrir en ellas las contradicciones que luchan en su interior e intervenir en ellas para, en la medida de lo posible o de lo probable, dirigir su automovimiento hacia los objetivos de liberación. Al hablar de automovimiento queremos decir que la praxis humana debe llegar a ser parte consciente del movimiento interno de las contradicciones, debe pensar y actuar en el interior mismo de la unidad y lucha de contrarios.

Desde esta perspectiva, radicalizar la democracia –y los derechos– consiste no solo en municipalizarla, en extenderla a lo «social», aproximarla a la vida cotidiana, instaurar la revocación popular de las personas elegidas, practicar el referéndum y la consulta populares –¿vinculantes?–, llegar a todos los espacios de la «vida pública» y de la «normalidad» de la vida institucional…; radicalizar la democracia, como decíamos, no solo consiste en esto, sino fundamentalmente en algo más esencial, en llegar a la raíz de la explotación y acabar con ella desde dentro, necesidad imperiosa que Sabino Cuadra omite, peor aún, el básico concepto de explotación no aparece en ninguna parte del texto, sino que las frases sueltas que en él aparecen y que podrían sugerir algo parecido a la realidad objetiva del modo de producción capitalista, esta posibilidad se difumina al leer el modelo económico propuesto:

Debemos alejarnos del desarrollismo actual. La economía a construir deberá estar basada en lo cercano, en lo próximo, integrada, que vaya creciendo desde abajo hacia arriba. Una economía asentada en la soberanía alimentaria, en la soberanía energética. Una economía de hermanamiento con la tierra71.

Las buenas intenciones aquí presentadas las asumimos todas y todos; y si se mantiene su alta abstracción pueden usarlas propagandísticamente sectores de la pequeña y hasta mediana burguesía local según los contextos sociopolíticos que les permitan explotar de manera «democrática» a eso que llaman «ciudadanía». Podríamos hablar también de las corrientes burguesas que glorificaban a finales del siglo XX el «desarrollo económico local, regional y estatal en un mundo de producción en red»72, etc., minusvalorando la supeditación al poder omnívoro del capital transnacional, poder ubicuo mientras su dominación no sufre menoscabo pero brutalmente destructor, palpable y directo cuando es contestado por los pueblos.

Es entonces cuando las buenas intenciones han de optar en la práctica para enfrentarse o no a la propiedad capitalista, a su Estado y a sus violencias. Por ejemplo, una economía de hermanamiento con la tierra es al final imposible si esa tierra no es recuperada por el pueblo que la habita, si no es expropiada a las gigantescas agro-industrias y a las grandes transnacionales minero-energéticas, o en todo caso, como en Euskal Herria, si no poseemos independencia financiera cosa absolutamente imposible dentro de la Unión Europea73, por lo que volvemos al dichoso problema de las formas mutuamente excluyentes de propiedad y de los derechos que cada una de ellas genera. Hay que saber que la tendencia ciega capitalista es la de comprar y/o privatizar74 mediante la intervención del Estado la mayor cantidad posible de tierras de campesinos empobrecidos y/o de tierras públicas o comunales, siguiendo una planificada política de despojo75 de los territorios.

Llevamos tiempo malviviendo en un contexto así, lo que está suponiendo un retroceso dramático en los derechos concretos aunque la apariencia formal de la «democracia» se mantiene más sólida de lo que creemos como el sistema más eficaz de dominio, entre otras razones debido a la capitulación ideológica de la izquierda institucional76. Pero no es este el sitio ni el momento para hacer una crítica sistemática de los efectos prácticos de la ideología expuesta por la mayoría de los textos que aquí citamos y que exponen el ideario de una parte de la izquierda abertzale.

Nos limitamos a recomendar la lectura de dos editoriales del diario Gara, que se destacan por reforzar aún más su línea editorial centrista e interclasista. En la primera se defiende una estrategia explícita de reforma gradual sin forzar el orden vigente, intentando racionalizar la autoderrota de Syriza para ver de aplicar en Euskal Herria una estrategia parecida77.Y la segunda, que trata de las «relaciones de la izquierda con la policía», relaciones que se definen como «tortuosas» (sic), se abandona totalmente la tradición socialista o en todo caso democrático-radical de la izquierda independentista que siempre ha exigido la depuración de las fuerzas represivas, su salida de Euskal Herria y otras medidas urgentes78.

Sí existen otros sectores de la izquierda abertzale que profundizan más en la problemática del derecho, propiedad, Estado y violencia como totalidad concreta que exige un estudio integral que respete la evolución relativa de cada uno de sus componentes como su supeditación última a otra totalidad superior, la del modo de producción dominante, en nuestro caso el capitalista. Solo como un ejemplo muy reciente tenemos a disposición el nº 256 de la revista de Herria 2000 Eliza dedicada al mismo tema.

Tendrán mucho que hacer los lingüistas para hacer del euskera la lengua propia y oficial; los juristas para adecuar nuestro cuerpo legal a las realidades contemporáneas; los artistas para desarrollar nuestras diferentes competencias y sensibilidades culturales; los economistas para orientar la gestión de nuestros recursos en claves solidarias, socialistas y actuales; los ecologistas, para seguir defendiendo nuestra tierra con la misma pasión que sus predecesores; los ecumenistas, para hacer del nuestro un Estado sin inquisidores, abierto a todos los cultos, creencias o increencias.

Pero sobre todo, y como siempre, el principal protagonista de esta aventura restaurativa será nuestro pueblo. Haciendo honor a su etimología, será el principal garante de un Estado auténticamente democrático en el que no quepan las desigualdades y quepan quienes quieran, respetuosamente, incorporarse a nuestra marcha79.

Y con un contenido más directo y amplio, Gabriel Ezkurdia sí precisa lo irreconciliable de la dominación del opresor que se disfraza bajo el autocalificativo de «nosotros los demócratas», con la democracia del pueblo oprimido. Estudia el desarrollo del capitalismo y de la desregulación financiera, etc., advirtiendo que «no debemos olvidar que ni el Estado unionista totalitario español, ni el capitalismo internacional que ha involucionado de modo brutal radicalizándose en sus objetivos de expolio en eso que llaman “crisis”, se van a rendir por los votos o por las mayorías. La esencia antidemocrática de estos garantiza que nunca aceptarán por las buenas el dictado democrático popular»80. En cuanto al llamado «derecho al trabajo», el autor explica que tras la feroz ofensiva capitalista, ocurre que: «Así asumimos que el derecho al trabajo se convierte en un privilegio, y que es mejor el trabajo precario que no tener trabajo… De la “lucha de clases” pasamos a la “lucha en la clase”: Fijos contra temporales, funcionarios contra interinos, autónomos laborales contra precarios, becarios contra parados…»81, concluyendo así:

Toda reforma socialdemócrata de lo existente tiene fecha de caducidad: la decide El Gran Capital, de ahí que lo obvio sea que la única vía de emancipación democrática para construir una democracia real es el socialismo.

Porque no existe democracia sin socialismo y no existe socialismo sin conciencia de clase lo mismo que no existe nación sin conciencia nacional. Ahí está la clave82.

Para concluir, leamos los títulos de los capítulos:

  1. Dialéctica del trabajo
  2. Hasta Marx y Engels
  3. Desde Marx y Engels
  4. Los Grundrisse
  5. El capital
  6. Fin del derecho
  7. La Declaración de 1948
  8. Vivienda, Corán y Biblia
  9. Utilizando el derecho burgués
  10. Avanzando al derecho socialista
  11. Contraofensiva imperialista
  12. Se endurece la contraofensiva imperialista

Iñaki Gil de San Vicente

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  2. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones. Júcar, Madrid 1982, tomo I, p. 282.
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  4. N. Maquiavelo: El Príncipe, Mexicanos Unidos, México 1979, pp. 105-117.
  5. J. Locke: Ensayo sobre el gobierno civil, Orbis nº 10, Barcelona 1983, pp. 144-145.
  6. Paule-Marie Duhet: Las mujeres y la revolución 1789-179,. Bolsillo, Barcelona 1974, pp. 223-225.
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  8. S. Zizek: Robespierre. Virtud y terror, Akal, Madrid 2010, p. 157.
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  10. K. Marx: «Los Debates sobre la Ley acerca del Robo de Leña», En Defensa de la libertad, Los artículos de la Gaceta Renana 1842-1843, Fernando Torres Editor, Valencia 1983, pp. 215-216.
  11. F. Houtart: Por una declaración Universal del Bien Común de la Humanidad, 24 de abril de 2009 (www.rebelion.org).
  12. K. Marx: «Los Debates sobre la Ley acerca del Robo de Leña», En Defensa de la libertad, Los artículos de la Gaceta Renana 1842-1843, Fernando Torres Editor, Valencia 1983, p. 219.
  13. K. Marx: «Los Debates sobre la Ley acerca del Robo de Leña», En Defensa de la libertad, Los artículos de la Gaceta Renana 1842-1843, Fernando Torres Editor, Valencia 1983, p, 226.
  14. K. Marx: El Capital, FCE, México 1973, libro I, p. 180.
  15. K. Marx, El Capital, FCE, México 1973, libro I, p. 212.
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  22. V. I. Lenin: Declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado, Obras Completas, Progreso, Moscú 1986, tomo 35, pp. 231-233.
  23. K. Marx: Critica del Programa de Gotha, Obras Escogidas, Progreso, Moscú 1976, tomo III, p. 15.
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  73. Mª Lucía Fattorelli: El secreto de los bancos detrás de la tragedia griega, 28 de junio de 2014 (www.kaosenlared.net), y por no extendernos, I. Esnaola: El papel de la UE y los grandes bancos en la financiación pública, 1 de agosto de 2015 (www.gara.net).
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  80. G. Ezkurdia: «Trasfondos de ilusiones», Euskal estatua eginkizun, hacia un Estado vasc, Herria 2000 Eliza, Bilbo, nº 256, 2015, p. 21.
  81. G. Ezkurdia, «Trasfondos de ilusiones», idem
  82. G. Ezkurdia, «Trasfondos de ilusiones», idem.

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