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Artículo de colaboración para Borroka Garaia da!. Autor: Asier Gutierrez

Todavía no sabemos la fecha en la que se realizaran las elecciones en la CAV, pero sabemos la estrategia preelectoral que está diseñando el PNV para aglutinar el voto más demagógico. Maroto les enseñó el camino más rentista en Gasteiz, orquestando una campaña xenófoba contra los inmigrantes perceptores de ayudas sociales, (RGI,PCV, AES, AGI…) con la cobertura mediática necesaria para que al menos se asociaran ciertos términos despectivos a dicho grupo. De forma sutil los medios de comunicación capitalistas tribulaban y fomentaban un debate partidista con el único objetivo de crispar a la sociedad. En las elecciones del 2015, Maroto vio recompensada su estrategia con los mejores resultados históricos para el PP en Gasteiz. Pese a que una gran coalición lo privó de la alcaldía, tuvo que desalojar el consistorio y optó por cotas mayores en el gobierno de Rajoy, donde ha adquirido el rol de político regenerador. Su política contra las prestaciones sociales y de prioridad nacional está muy bien valorada dentro de su partido, y la cúpula del PNV no se quiere quedar atrás.

El gobierno de Lakua ha tomado el testigo en esta campaña contra las prestaciones sociales y Lanbide, gestionado por ellos, para erradicarlos de forma eficaz. En lo que llevamos de 2016, el PNV ha fulminado la AGI (ayuda de garantía de ingresos) aprobado por EH Bildu en Gipuzkoa, ha desprestigiado la labor de Lanbide, y arremete ferozmente contra la RGI y demás prestaciones, vinculándolas a los grupos más excluidos y desfavorecidos. Si analizamos más detalladamente los sucesos, la campaña queda orquestada de la siguiente manera.

Primera fase. En Marzo de este año, se presenta un informe de valoración de la AGI implementado por EH Bildu en el 2012 para paliar los duros requisitos para obtener la RGI. El informe no es más que el reflejo xenófobo del PNV y un arma arrojadiza que EITB y el Diario vasco rápidamente difunden a toda la sociedad vasca. El debate ya está servido; se repiten incesantemente las palabras inmigrante, delincuencia, efecto llamada… y la opinión pública manipulada hace masa social para que cualquier cambio se dé sin mayor transcendencia, e incluso con su beneplácito. En abril el PNV anuncia (junto con el PSOE) que suprimirán la AGI para el 2018 y que elaborarán nuevas medidas para fomentar el empleo y combatir el empobrecimiento, pero sin especificar el cómo.

La AGI da cobertura económica a casi 1450 unidades convivenciales, de los cuales 700 son menores y su coste en 2014/2015 fue de 11,3 millones de euros por año. Un kilómetro de la TAV nos cuesta 16 millones de euros y los 18 kilómetros de la super-sur de Bilbao nos costaron 900 millones, a 46 millones el kilometro aproximadamente. Durante el mes de abril las noticias sobre el AGI y las medidas imaginarias que presentará el PNV para paliar la supresión de la ayuda y fomentar el empleo han ocupado día si, día también todos los informativos de la EITB y las páginas de El Diario vasco. Por contra, jamás hablan de otro tipo de presupuestos ni de los costes de otros departamentos, por ejemplo, el aumento en un casi 3% del presupuesto anual de la Ertzaintza, unos 16 millones, y que año tras año ve aumentado su presupuesto para “mejorar la seguridad ciudadana”.

Segunda fase de la campaña. Ángel Toña, consejero de empleo y políticas sociales, reconoce que el “agujero” formado por las distintas prestaciones, sobre todo RGI y PCV, asciende a 128millones de euros en pagos a perceptores de forma irregular. Nos presentan el carácter deficitario que tiene el departamento de empleo y políticas sociales. Cuando realmente es su función. No hay ingresos valorables ni beneficios netos en las políticas sociales a nivel económico a corto plazo. Pero no nos dicen nada del retorno social de la inversión (SROI), nos quedamos en la anécdota y perdemos la perspectiva en políticas sociales. ¿Es mejorable el sistema? Por supuesto, pero la imagen sesgada que el propio consejero nos da de su departamento roza lo esperpéntico. Pero es el resultado deseado, un tecnócrata jamás creerá en la labor de las políticas sociales, y Ángel Toña lo es.

Fase tres. El vice-consejero de Lanbide , Jose Andres Blasco, hace unas declaraciones totalmente intencionadas sobre el valor y la eficacia de Lanbide. Acto seguido, Angel Toña disculpa las declaraciones de su segundo y nos informa de forma desinteresada que la labor que efectúa Lanbide es poco menos que anecdótica y es “una de las mayores preocupaciones de sus gestores”, que solo interfieren en el “2,6% de todas las contrataciones que se realizan en la CAV” y que las empresas “pasan” de Lanbide, dando a entender que Lanbide, que se encarga de gestionar tanto la AGI como la RGI, es un organismo inservible en la consecución del empleo. La respuesta de Confebask es contundente, en palabras de su presidente Roberto Larrañaga “Lanbide no es el camino más corto”. Si sabemos leer entre líneas, está claro que ambos sujetos, político y empresario, han llegado a la misma conclusión: Lanbide no es más que un organismo que impide la libre contratación. Nos venden una imagen donde, fundamentándose en una falacia, la mayoría de los perceptores son inmigrantes, designándolos como responsables de los males de otros y dejando la deducción totalmente manipulada. El objetivo cada vez está más claro y Lanbide se torna cada vez más impopular.

Deficitaria, inservible a nivel laboral, efecto llamada a inmigrantes que tienden a la cronificación… el dibujo que están creando los medios de comunicación es el ideal para la ejecución fulminante del organismo. Maroto también aporta su granito de arena y hace escasos días compareció calificando de cínico a Angel Toña por criticar y suprimir la AGI y “sin embargo, permitir el mayor fraude en las ayudas sociales, que es el de la RGI”. Parece que el futuro de Lanbide y de la RGI está visto para sentencia. La campaña contará con más fases (a corto plazo se plantea la revisión de los requisitos para ser perceptor) pero parece que la resolución pasa por la privatización del servicio de empleo y la anulación de la RGI a favor de “unas medidas más favorecedoras para el fomento del empleo”. Unas medidas de empleo que la patronal negociará con el PNV y que sus medios de comunicación nos venderán como una gran gestión para paliar la insuficiente labor de Lanbide y parar la fluctuación de inmigrantes que vienen a vivir de las ayudas, y de paso ganar unos cuantos votos para las próximas elecciones.

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