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En un país en el que el desempleo es un mal crónico, aumentan las bolsas de pobreza, cierran industrias emblemáticas y mueren personas sin techo junto a cajeros automáticos es evidente que tenemos un frente social abierto. La crisis económica, que estalló como pinchazo financiero en 2008, no acaba de ser superada y tiene visos de convertirse en permanente. Los signos de emergencia social se multiplican, pero cuesta visualizar una marea que haga frente a todo este estado de cosas.

El movimiento sindical, más dividido que nunca, se encuentra a la defensiva, aguantando a diario los ataques del pensamiento neoliberal rampante, que quisiera verlo desaparecido, como es el caso de los estrategas de la patronal vasca. Los agentes sociales intentan dar respuesta a algunos de los síntomas (desahucios, pobreza, marginación…) pero no aciertan a construir una alternativa global que ponga en cuestión las verdaderas razones de la fiebre que nos atenaza. Da la impresión de que la impotencia gana terreno.

Cada día cobran un mayor protagonismo agentes como Cáritas o el Banco de Alimentos, que realizan una labor digna de aplauso, pero que se limita a paliar los males. Y en verdad que no se trata de un problema de caridad, sino de cuestionar un sistema económico injusto perse, al que algunos seguimos llamando capitalismo.

Se oyen consignas en defensa de la industria vasca. Consignas muy loables que en realidad deberían referirse a la defensa del empleo en la industria radicada en Euskal Herria, que no es lo mismo. ¿Es acaso Arcelor-Mittal una industria vasca? ¿No se trata de una transnacional que actúa a nivel planetario? Sería conveniente ir delimitando conceptos antes de ponernos a estudiar las soluciones. Porque la defensa de la industria vasca, así en general, puede entenderse como el mantenimiento del actual estatus quo, alternativa que carece de legitimidad desde una perspectiva mínimamente progresista.

La defensa de un tejido industrial propio no puede ir desligada de la reivindicación de un mayor protagonismo obrero en la propia gestión de las empresas, de la conformación, en su caso, de un sector industrial vasco que ejerza de tractor del sector, de la puesta en marcha de una banca pública que atienda las necesidades financieras de esas empresas gestionadas de otra manera a la tradicional capitalista.

Realizar discursos en clave transversal de país referidos a la industria, o a otras realidades económicas nacionales, implica una importante dosis de interclasismo. Se trata de un discurso “nacional” que a la postre refuerza las posiciones empresariales y sitúa en segundo lugar los legítimos intereses de la clase trabajadora.

Es cierto que en un escenario en el que las cotas se soberanía fueran más amplias, incluso ilimitadas, las posibilidades de gestionar el tejido industrial se multiplicarían. Pero no nos llamemos a engaño. Si quienes gestionasen esa amplia soberanía fuesen de idéntico perfil a quienes ostentan a día de hoy la mayoría de instituciones vascas, la diferencia en la situación sería mínima. Desde una ideología económica liberal, como bien ha mostrado en estas fechas la consejera de Industria de la CAPV, no se puede defender una intervención directa en las cuestiones empresariales. Debe ser el mercado quien determine los acontecimientos, aquí y en Beluchistán. Un principio al que legítimamente ellos no renuncian, mientras que otros, desde la supuesta izquierda, vienen a amoldarse a la situación acotando el terreno a la posibilidad de un verdadero cambio de timón, en lo industrial y en todo lo demás.

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