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Colombia Informa, el Congreso de Los Pueblos y Colectivo Comunicaciones Cauca.

Paro Nacional en Colombia con graves violaciones a los derechos humanos

Con graves violaciones a los derechos humanos transcurrió el día 5 del Paro Nacional en Colombia. Se reportan tres personas muertas en el suroccidente del país, más de 130 detenidos y una cantidad indeterminada de heridos, denunció el Congreso de los Pueblos.  Se sabe también del asesinato de dos indígenas del Cauca y el aborto forzado de dos mujeres por la represión policiaca.

En un comunicado, Marcha-Patriótica Cauca establece que “pese al llamado de respetar los derechos humanos y las garantías para la libre protesta y movilización, el gobierno nacional insiste en darle un trato de guerra y militarismo, que ha ocasionado la muerte de Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz, ambos originarios del Territorio Ancestral Sa’Th Tama Kiwe, así como cuatro heridos. Los hechos ocurrieron por la mañana del 3 de junio en la vía que comunica Santander de Quilichao  y Popayán, al norte del Cauca.

El Congreso de los Pueblos, el 4 de junio también denunció “la política represiva del gobierno de Juan Manuel Santos, la cual disfraza de diálogo y garantías a la protesta y,  aunque el director de la policía general, Jorge Nieto, diga que el ESMAD no usa armas de fuego y no mató a ningún indígena, y el viceministro del Interior Guillermo Rivera promete respetar y no criminalizar el Paro Nacional, los hechos demuestran lo contrario”. 

En la mañana del 3 de junio, campesinos concentrados en la vía Bucaramanga-Pamplona iniciaron acciones de bloqueo como parte del Paro Nacional. En medio de la protesta, fueron detenidos 140 manifestantes que en este momento se encuentran en el Batallón de Infantería No. 13 ´Gr. Custodio García Rovira´, donde el Ejército impide las visitas de verificación de los organismos de Derechos Humanos. En el grupo de detenidos se encuentran 15 menores de edad que están en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Según indican fuentes presentes en la zona, “ni siquiera les dan comida o agua, unos estudiantes de la universidad tuvieron que llevarles comida anoche. Aparte hay tres heridos con contusiones que aparecieron en la noche, luego del ataque y hay un desaparecido”. El Congreso de los Pueblos considera esto una detención masiva que no obedece a ninguna imputación y que a los 15 niños, sus familiares están dispuestos a viajar para que les sean entregados de inmediato.

En un comunicado, el Congreso de los Pueblos hace la denuncia de los hechos:  “A partir de las 8 de la mañana, los efectivos antidisturbios arremetieron contra los campesinos concentrados en el sector Ranchadero, páramo de Berlín, efectuando una captura masiva y maltrató físico a la comunidad que se manifestaba en la Minga Nacional. El ESMAD rodeó a los campesinos, los dividió en varios grupos, los subieron a camiones de la policía mientras a los demás los desvistieron y los golpearon estando tirados en la carretera.

Los campesinos también fueron despojados de sus pertenencias, celulares y víveres, y luego de ser golpeados los condujeron a la fuerza a las instalaciones del batallón García Rovira de Pamplona. Allí fueron aislados del abogado que los acompañaba y obligados a firmar actas de captura y reseñados con fotografías. También se denunció que la policía puso elementos extraños en los bolsos y morrales de los manifestantes. El saldo hasta el momento es de 134 personas privadas de la libertad, ente ellos 15 menores de edad y 4 mujeres”.

Por otro lado, en los correos electrónicos de dirigentes sociales de la Marcha Patriótica, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Congreso de los Pueblos y el Comité Ambiental en el Tolima, apareció un panfleto amenazante firmado por el bloque central de las Águilas Negras en el que “Se les ordena que cesen sus actividades ya. Nada de paros, pues los tenemos ubicados, nuestros militantes los aran (sic) caer uno a uno”, aseguran en el texto.

Frente a la situación, las organizaciones de derechos humanos emitieron una alerta temprana y esperan sostener una reunión con instituciones locales para garantizar la vida de los participantes en las movilizaciones.

Las imágenes  son la noche del 3 de junio, en el sitio el Pital de la Vía Panamericana, las comunidades del CRIC que se encuentran movilizadas en el marco de la Minga de Resistencia, rindieron un sentido homenaje a los compañeros Gersaín Cerón del Resguardo ancestral de las Mercedes Caldono y Marcos Aurelio Díaz del Resguardo de la Aguada territorio de Sath Tama Kiwe de Caldono, asesinados por el ESMAD.

Equipo Jurídico Pueblos

Durante el 5º día de la huelga se incrementan sustancialmente las acciones represivas contra la integridad física y la libertad de las personas que acuden a la protesta social. La respuesta del Estado a la inconformidad popular, ha configurado crímenes de lesa humanidad:

No se trata de hechos aislados; el atropello y persecución al movimiento social ha presentado un patrón común de la fuerza pública y militares, a lo largo y ancho del país.

Responde a una política estatal. Hemos dicho que se ha dado un tratamiento de guerra a la protesta, producto de orientaciones veladas del presidente de la república y sus ministros cuando irresponsablemente hablan de la supuesta infiltración del Ejército de Liberación Nacional – ELN. Estigma que ha justificado la brutal represión y persecución del movimiento social, no sólo durante esta Minga, sino a través de la historia y que hace parte de la aplicación de la doctrina del enemigo interno.

Ha causado multiplicidad de víctimas. Las cifras hablan de 3 asesinatos, más de 100 detenciones arbitrarias, al menos 149 de heridos entre ellos 2 mujeres embarazadas y 6 menores de edad, algunos de gravedad y aún con diagnóstico reservado, en solo 5 días de movilización, además del sometimiento al aislamiento prolongado en una guarnición militar.

Ataque dirigido a campesinos y campesinas, indígenas, que ninguna vinculación tienen con la insurgencia colombiana, que no ostentan la calidad de combatientes, al contario, están ejerciendo un derecho constitucionalmente reconocido, por lo tanto no pueden recibir un tratamiento de guerra. La respuesta militar a la protesta social, se ha profundizado a tal punto, que las 134 personas detenidas hoy en Berlín, fueron trasladadas a las instalaciones del Batallón García Rovira en Pamplona – Norte de Santander.

A partir de los casos documentados por los equipos de derechos humanos que se encuentran en los distintos puntos de concentración de la Minga, es posible concluir que se han configurado actos de tortura y tratamientos inhumanos y degradantes en el contexto de la protesta social.

Lo ocurrido en desarrollo de la Minga Nacional, Agraria, Étnica y Popular, dista del discurso de paz del gobierno y la abismal diferencia entre la paz que exige y necesita el pueblo colombiano.

Miradas que reflejan la primera semana de la la protesta social.

Chocó: cierre de vías por temor a la represión

Cerca de 1000 indígenas, afrocolombianos y campesinos mantienen interrumpida la vía Quibdó-Pereira desde la hora cero del día 30 de mayo. En el marco de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular, el campamento está protegido por la guardia indígena, sin embargo, ya hubo los primeros brotes de represión. El Esmad (Escuadrón móvil antidisturbios) que permanecía en Playa de Oro, a pocos minutos de la concentración, atacó a los manifestantes, quienes a las 4 de la mañana fueron abordados por cientos de efectivos de la policía y el ejército, con armas de fuego, retroexcavadoras y armamento antidisturbios. Destrozaron sus “cambuches”, robaron y dañaron su agua y comida. Hubo varios heridos, muchos de ellos mujeres, ancianos y niños, que al huir para proteger su integridad en medio de la selva, aún no aparecen.

La tarde del 31 de mayo se hicieron presentes el Gobernador del departamento del Chocó, los Alcaldes de Quibdó, ciudad capital, y Tadó, municipio cercano. Estuvieron acompañados por la Defensoría del Pueblo e integrantes de la Cruz Roja.

Las comunidades plantearon sus exigencias, y dejaron claro que, de las negociaciones locales o regionales no depende el levantamiento del paro, ya que se da en el marco de una movilización nacional y el objetivo es generar una mesa de diálogo y compromiso con el gobierno central. Una de las principales demandas de los manifestantes fue no ser agredidos por la fuerza pública ya que se trata de una movilización totalmente pacífica, de la que participan muchos niños y niñas y dentro de la que se encuentran también mujeres embarazadas.

Contra el despojo, campesinos de Santander se concentran en Berlín

Pablo es un ganadero que viajó desde Arauca hasta el punto de Berlín. Para él, la Minga Nacional está justificada “por la privatización de la salud, de la educación, y de la tercerización de las empresas, por la explotación petrolera; no estamos de acuerdo con la explotación del petróleo porque nunca se ha dado cuenta la humanidad de que a un niño no se le da un biberón de petróleo. Y para nosotros que trabajamos en ganadería, cuando llega el gobierno y la fuerza, es la destrucción total para el medio ambiente. No necesitamos decir más nada. Nosotros no nos alimentamos de las armas”.

Este ganadero del oriente colombiano, agolpado al borde de la carretera junto a otros 200 campesinos, espera que en este paro se pueda parar el “maltrato y la humillación del Estado que ha estado despojándonos de nuestras tierras”. Pablo le habla al resto de manifestantes en el país: “Yo les digo que sigamos allí, estando aquí en el paro, que todos seamos unidos, ¡para adelante muchachos!”.

La Lizama: a pesar del cerco del Esmad sigue la movilización

En La Lizama, corregimiento de Barrancabermeja, departamento de Santander, se concentran cerca de 1000 campesinos y campesinas del Magdalena Medio y del Nororiente del país. Se denuncia que en este punto de movilización en horas de la noche del día 30 de mayo, hacia las 19 horas, hubo un cerco del Escuadrón Móvil Antidisturbios, así como la presencia de miembros del Ejército Nacional en el área de acopio de alimentos en horas de la madrugada.

A esta hora se mantiene la presencia del Ejército y la Policía alrededor de los puntos de acopio y asentamiento de las comunidades. Se denuncia también a la Administración Municipal de esta entidad territorial por impedir la llegada de ayuda humanitaria de emergencia que debía ser proveída a las comunidades aquí movilizadas. En este momento se requiere con extrema urgencia la provisión de agua potable, con el fin de evitar la propagación de epidemias o enfermedades gastrointestinales y garantizar la integridad de quienes ejercen su derecho a la protesta y adelantan acciones de exigibilidad de derechos. Por último, a las 4:45 de la tarde, del día de ayer dos helicópteros sobrevolaron la zona.

El Tarra, Norte de Santander, se moviliza por una educación de calidad

Docentes, padres de familia y comunidad en general del municipio de El Tarra, se concentraron la mañana de ayer en una marcha pacífica para exigir al gobierno departamental y nacional un modelo de contratación de la educación que garantice la calidad de la misma y a su vez proteja los recursos asignados en el presupuesto para tales fines, la comunidad Tarrense manifiesta inconformidad en el manejo del dinero destinado a la educación y la tercerización de esta. Además exigen salarios justos para los docentes, alimentación sana y oportuna a los estudiantes, contrataciones y nombramientos sin la intervención de las denominadas “palancas políticas”.

La actividad se desarrolló en completa normalidad por las personas que se solidarizaron con la iniciativa. durante esta jornada algunos militares que se encontraban cerca le tomaron fotografías a los participantes lo que generó el descontento en la población.

La comunidad manifestó total respaldo a la Minga y en particular, apoya la movilización de los campesinos y campesinas del Catatumbo.

Los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Colombia.

Por su parte, los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Colombia, articuladas en la ONIC, se sumaron también a la Minga Nacional, Agraria, Campesina, Étnica y Popular: Por el buen vivir, una reforma agraria estructural y una ciudad digna. “Sembremos esperanza, cosechemos país”. Con la exigencia de que se cumplan más de 1200 acuerdos consignados en actas, leyes, planes, programas y proyectos, cuyo balance de cumplimiento ha sido nulo, denuncian, mediante un comunicado, la violencia que ha vulnerado sus derechos humanos desde el 30 de mayo que inició el Paro Nacional.

Algunos de los hechos consignados son: el asesinato, en el Valle del Cauca, del indígena Embera Chamí de 26 años, padre de cuatro niños, a manos del Esmad; 65 personas heridas, entre ellas niños, mujeres y personas mayores en los pueblos de Zenú, Embera Chamí, Nasa, Yanaconas y Misak.

Denuncian también a un niño atropellado por un vehículo del Esmad, dos mujeres violentadas y una persona desaparecida. Asimismo, sobrevuelo de helicópteros que arrojan miles de panfletos que atemorizan a la población con la intención de desmovilizarla.

En el mismo comunicado asientan: “Los Pueblos y organizaciones indígenas de la ONIC consideramos que un Gobierno que actualmente está en proceso de paz con la guerrilla de las FARC y ad portas de uno con el ELN no debe, ni puede darle un tratamiento de guerra a los pueblos indígenas que participan en la Minga, que son sujetos colectivos de especial protección y actores de paz.

Los Pueblos Indígenas y sus organizaciones manifestamos estar cansados de tantos incumplimientos. El mismo Gobierno reconoce que en el marco de la Cumbre Agraria ‘se ha dialogado más de 1000 horas’. Sin embargo, los acuerdos no se cumplen, quedando en letra muerta y faltando a la palabra. Además están violando nuestros derechos territoriales, colectivos e individuales, llevando a nuestros Pueblos al exterminio físico y cultural”.

En sus demandas, la ONIC plantea que requiere garantías para la movilización, por lo que insta al gobierno colombiano a cesar los ataques y la represión a las comunidades indígenas, exige la liberación de los indígenas retenidos en el departamento de Caldas, el cumplimiento de los acuerdos con los pueblos indígenas y que cese la estigmatización que les hacen desde el gobierno nacional acusándolos de estar infiltrados por el ELN.

Concluyen que “solicitan al gobierno colombiano, mostrar su verdadera voluntad política para establecer el diálogo con los Pueblos Indígenas y con la Cumbre Agraria, para que se cumplan los acuerdos y se garanticen sus derechos”.

El Caribe no es ajeno al clima de protesta que se vive en todo el país. Varias zonas de la costa han sido protagonistas del paro nacional.

Sucre y Córdoba

En el marco de la Minga Campesina, Étnica y Popular, más de 3000 personas de los departamentos de Sucre y Córdoba se movilizaron para exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria.
En dicha región fueron protagonistas las comunidades indígenas del pueblo Zenú, las cuales se concentraron el martes 31 de mayo en el cabildo indígena de Tierra Grata en el municipio de Chinú, en el nordeste del departamento de Córdoba.

Los indígenas reclaman el derecho a la tierra para sus comunidades. Señalan que el gobierno les ha incumplido con el derecho a formalizar la propiedad de los predios, los cuales se encuentran en manos de grupos de terratenientes y ganaderos.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, en la mañana del martes 31, los indígenas Zenúes, fueron agredidos de forma indiscriminada por el Esmad, a pesar de que existía un acuerdo entre la fuerza pública y los indígenas para cerrar la vía durante una hora.

La Onic señalo que como resultado de la acción policial, hubo tres personas heridas; un niño de siete años residente de la zona, el capitán del Cabildo Chinú, Nell Durango y el comunero del Cabildo Menor de Achiote de Sampues, José Nicolás Montes. El niño presenta heridas en su rostro, el capitán recibió golpes contundentes en el costado derecho y el capitán del cabildo heridas en la mano derecha.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la finca Tierra Grata, en la troncal del Caribe, entre Chinú y Sahagún, en la vía Medellín-Cartagena.

Las comunidades de esta región denuncian el incumplimiento del Gobierno Nacional durante los acuerdos establecidos en el Pacto Agrario. Así mismo rechazan la falta de inversión en los territorios indígenas, la no inclusión de sus necesidades en los planes de desarrollo departamentales, y la falta de inversión del 8 por ciento de los recursos de regalías en sus comunidades, como lo designa la ley, así mismo reclaman el mejoramiento de las vías de acceso a estas zonas, especialmente la vía que de Chinú comunica a Lorica, en donde se han incrementado las muertes en accidentes de tránsito por el mal estado de la misma.

De la región de Córdoba también estuvo presente el pueblo de los Embera Katios, los cuales se sumaron a la movilización.

Sierra Nevada de Santa Marta

En esta región, las organizaciones sindicales realizan movilizaciones contra las empresa de Carbón; La Francia, Drummon y Prodeco, ubicadas en las inmediaciones de la Jagua de Ibirico y la Loma, en el departamento del Cesar. Trabajadores bloquearon a los camiones que transportan carbón. El día martes 31 de mayo, no se presentaron conflictos ni agresiones por parte de las autoridades.

Igualmente, en la Plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar, hubo protestas de estudiantes, trabajadores y comunidades indígenas, entre las cuales sobresalió la presencia de más de 500 indígenas del pueblo Kankuamo, Yutpa y Wiwa. Esta concentración ocurrió en esta plaza donde se encuentran los edificios gubernamentales.

Hubo además protestas en la vía Valledupar- San Juan del Cesar. Estudiantes y sindicatos protestan contra la tercerización laboral que realizan las empresas, principalmente las de Carbón. Se espera que el 1 de junio lleguen al menos 1000 personas más a la plaza.

En el departamento de la Guajira, más de mil Indígenas Wuayuu bloquearon las principales vías de acceso que tiene la empresa El Cerrejón.

Igualmente, indígenas del pueblo Mokana realizaron la Minga en la vía de la cordialidad, en el departamento del Atlántico, cerca a Barranquilla.

En Bogotá apoyan el Paro Nacional

El bloqueo ocurrido desde la mañana del martes 31 en el barrio Meissen, sobre la Avenida Boyacá, en el sur de la localidad de Ciudad Bolívar, fue protagonizado por la comunidad del sector como solidaridad y apoyo a las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas del territorio nacional que están en paro. Visibilizaron las problemáticas que sufren desde la ciudad con la Alcaldía de Enrique Peñalosa.

Uno de los ciudadanos expresó: “Desde la montaña del viento, Ciudad Bolívar, estuvimos haciendo un ejercicio soberano donde la comunidad evidenció su inconformismo frente al tema del botadero de basura Doña Juana, las precarias condiciones de transporte público, el embolate del metro cable en nuestra localidad y, todos los problemas que existen con nuestros jóvenes: persecusión, señalamiento y asesinatos. Una serie de problemáticas que desde Ciudad Bolívar y toda Bogotá podemos empezar a movilizar para que nos sumemos al Paro Nacional”.

Durante la jornada la Policía intervino de manera violenta para arrinconar a la comunidad y detener a un joven, sin explicar a dónde lo llevarían, a pesar del reclamo que hizo la Fundación Pasos, defensora de Derechos Humanos. Según el testimonio del habitante del sector, “incluso un policía desenfundó el arma para amenazarnos”.

Este bloqueo hizo parte de varias movilizaciones en la ciudad que se realizan en el marco del Paro Nacional, cacerolazos en el Concejo de Bogotá, rodadas en bicicleta y marchas estudiantiles por las principales vías, son ejemplo de ello.

Bucaramanga / Colombia Informa

Junio inicia con movilizaciones de unidad entre ciudad y campo

Alzar la voz contra el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y caminar en solidaridad con las movilizaciones del campesinado nacional, desde la capital colombiana, fueron las principales razones de las marchas este miércoles primer día de junio.

Estudiantes

Rumbo al centro de la capital cientos de estudiantes y profesores salieron, en horas de la mañana, desde la Universidad Pedagógica Nacional -UPN- en pleno centro financiero de la capital colombiana, para expresar su solidaridad y sumarse a las miles de personas indígenas, campesinas y afrodescendientes que realizan el Paro Nacional desde el 30 de mayo.

Karen Hernandez, estudiante y vocera de la UPN aseguró que la ciudadanía en Bogotá, y la comunidad universitaria en particular, tiene exigencias concretas “como la defensa de la educación pública, la protección de los Cerros Orientales y el uso de un transporte digno y de calidad”.

El acompañamiento de la Policía en la movilización pacífica generó indignación durante la jornada ya que “la Policía niega el Derecho a la protesta social pues demuestra que en algún momento se presentarán enfrentamientos y actos de violencia, esto se evidencia en el panorama nacional ya que en tan sólo tres días de Paro ya llevamos un compañero indígena muerto y muchos detenidos”, señaló Pilar Lizcano, defensora de Derechos Humanos que acompañó a la movilización.

Magisterio

La protesta, convertida en la única opción que tienen los docentes para visibilizar sus problemas y reclamos a nivel nacional, esta vez destacó la violación al derecho de una “educación publica, gratuita y al servicio de la comunidad”, según indicó Wilson Zambrano, secretario de prensa y comunicaciones de la Asociación de Educadores del Distrito –ADE-.

Docentes y administrativos se citaron en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Educación de Bogotá para exigir garantías en el ejercicio de su labor docente. Las indignas condiciones que reciben al solicitar servicios de salud convocaron al gremio en general y éste reconoció que el deficiente servicio es resultado de “un modelo de salud convertido meramente en negocio, que sólo le importa el lucro y va en detrimento de los estudiantes y docentes”, como agregó Zambrano. Un profesor sentenció: “El gremio docente está sufriendo calamidades, para una cita de medicina interna tardan ocho meses para que nos la otorguen, el sistema de salud del magisterio es perverso”.

La ADE dejó en claro el inconformismo contra el modelo privatizador que profundiza el Plan Distrital de Desarrollo de Enrique Peñalosa ya que gracias al incremento de los colegios en concesión, el ejercicio docente y la enseñanza pública de calidad van en detrimento.

Otras ciudades

En Cali, Medellín, Bogotá hubo movilizaciones masivas del magisterio y los sectores populares. La exigencia común fue la reforma urbana integral que contempla ámbitos como la vivienda digna, los mínimos vitales y la movilidad.

One thought on “Masiva represión del régimen colombiano: Cientos de detenidos y tres asesinados

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