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Resumen Latinoamericano

En estos días se presentó el estudio Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo (Uruguay). Resultado de la articulación entre organizaciones de derechos humanos y la academia, el trabajo tiene como objetivo “medir las formas, las frecuencias y las intensidades de la violencia policial sobre adolescentes y jóvenes (de 13 a 29 años)”.

Entre las conclusiones más importantes cabe resaltar:

a) “La policía dedica ingentes esfuerzos para el control por el control mismo, bajo criterios de selectividad social y territorial, sin que ello tenga ningún correlato positivo en materia de prevención, investigación y conjuración del delito”.
b) “La violencia policial es la consecuencia de una forma de trabajo que prioriza el control y el castigo y que se justifica por una fuerte demanda social”.
c) “Los jóvenes (varones) pobres de las periferias urbanas son los más sometidos a la violencia física, la vigilancia constante y el control territorial”.
d) “Las intervenciones policiales son mayores en aquellos barrios con peores indicadores socioeconómicos” y la “violencia y el trato inapropiado se intensifican a medida que empeoran los indicadores socioeconómicos”. Pero incluso en los más prósperos “centro y sur de la ciudad son intervenidos muchos jóvenes que residen en los barrios más vulnerables, lo que demuestra que el trabajo policial se configura sobre un claro perfil de selectividad socioeconómica”.
e) 7,1% de los jóvenes entrevistados fueron detenidos en los últimos cuatro años, mientras que para los varones mayores de edad ese número asciende a 16%. Finalmente, “casi la mitad de los entrevistados presenció un procedimiento policial sobre otras personas en los últimos cuatro años”.

Ante el sistemático avance de casos de violencia policial y gatillo fácil (y además de fácil, selectivo), el timing del estudio no podría ser más apropiado. En este contexto, vale señalar que la violencia discriminatoria y desproporcionada que localiza el trabajo está enmarcada en un cuerpo legal y una lógica institucional que privilegia el encierro y el castigo. Con una tasa de encarcelamiento de 282 cada 100.000 habitantes, Uruguay es el segundo país de Sudamérica con más presos por persona (el primero es Brasil, con 300 cada 100.000; Argentina, por su parte, tiene alrededor de 150 presos cada 100.000 habitantes).

El aporte de este trabajo no es menor. En primer lugar, porque visibiliza prácticas de intervención policial que no llegan a la esfera pública. Y no llegan porque el sesgo de los medios de comunicación y del aparato estatal las invisibilizan, en su paranoica carrera contra (¿por?) la inseguridad, o simplemente porque se materializan en territorios al margen del orden socioeconómico. Al hacerlo, provee herramientas para politizar un ámbito fundamental de lo social, el campo de la seguridad, que la “hegemonía del discurso conservador”, usando un término de uno de sus autores, ha extirpado de la órbita de lo político.

El estudio viene también a confirmar una serie de problemas que la academia, la militancia y, por supuesto, la democracia partidaria han relegado. ¿Cómo pensar un Estado que encierra a tantos de los suyos en el infierno de las cárceles uruguayas; que lleva adelante razias en los barrios de menores recursos, con la excusa de combatir el narcotráfico -espectáculos de valor mercantil que el sistema político intercambia, con la ayuda de los medios de comunicación, por la fruta podrida del populismo penal-; que no se puede contener en el avance de políticas y discursos de mano dura porque es él mismo el que los promueve; que gasta millones de dólares de los bolsillos de ese 70% de trabajadores y trabajadoras que no llegan a los 23.000 y pico por mes en helicópteros, drones, cámaras de seguridad y otros juguetes que no dan de comer, pero aseguran una inseguridad filmada y archivada -dinero que, para peor, va a parar a las cajas del complejo policial industrial estadounidense-; que, Presupuesto a Presupuesto, aumenta los recursos para el Ministerio del Interior mientras se hace una sangría con la educación pública, y que, además, se dice de izquierda?

Es decir: ¿cómo pensar el agigantamiento de lo penal-punitivo en la interacción entre el Estado y una parte de la población en la coyuntura política? En comparación con nuestros vecinos, las ciencias sociales uruguayas saben relativamente poco sobre el avance de lo que Pierre Bourdieu llamó el “brazo derecho” del Estado (entendido como contraparte de su “brazo izquierdo”, compuesto por la educación, la salud pública y otros servicios sociales que en nuestro país relacionamos a la idea de “Estado batllista”). El llamado de Loïc Wacquant a desentrañar las lógicas del Estado penal -una forma política que gobierna sobre la pobreza estructural de las democracias neoliberales con un brazo derecho hecho de cárceles y policías- aparece cada vez como más urgente en nuestro país.

Siendo el Estado una unidad de análisis tan difícil de asir, y sin embargo tan real, un buen primer paso consiste en señalar dónde podemos divisar el Estado penal en Uruguay.

El Estado penal aparece en dos formas, siempre entendidas, tomando la idea de Timothy Mitchell, como “efectos de Estado”. Por un lado, el Estado penal se inscribe en la realidad física y objetiva: piénsese en la cárcel de 2.000 plazas que el gobierno va a construir bajo lógicas empresariales que mercantilizan el encierro, en el cuerpo del joven de 16 años asesinado por efectivos policiales en el barrio Marconi en mayo, en las cámaras de seguridad que pasaron a formar parte del paisaje urbano de la Ciudad Vieja, o en los textos de las reformas legales de carácter punitivo que viajaron en las últimas semanas desde Presidencia hacia el Parlamento.

Su contraparte se cristaliza en el orden de lo simbólico, desde donde entendemos el mundo que nos rodea. Así, el Estado penal no sólo actúa sobre un mundo ya existente, sino que interviene en la clasificación, el ordenamiento y la construcción de ese mundo.

En su ropaje simbólico, el Estado penal es espectáculo siempre lindante en lo obsceno. El ejemplo más obvio y reciente es la tan comentada “comisión interpartidaria de convivencia y seguridad ciudadana”. Desde el momento en que el presidente de la República decide definir esta instancia como “comisión”, palabra cargada de capital tecnocrático fácilmente intercambiable por capital político, una serie de representaciones sobre la composición y el funcionamiento de lo social cobran legitimidad y se hacen reales. El resultado, en este caso, fue un movimiento discursivo hacia la derecha del tablero. Tan es así, que en el país de la intocable ley de caducidad es completamente normal que se reaviven proyectos punitivos en torno a la “minoridad infractora” que parecían derrotados por voluntad popular.

El verdadero trabajo político de la comisión, entonces, es simbólico. En sus largas conferencias de prensa, la comisión devino enperformance que interviene reificando y rearticulando lo social en clave punitiva. A ver: cuando el senador Luis Alberto Heber aparece, con un cartel de Presidencia a su espalda, diciendo que el mayor problema de Uruguay son los “300 menores infractores que lo tienen de rehén”, es ahí mismo que se genera un “efecto de Estado” que privilegia un imaginario interesado y subjetivo de la realidad social.

En una reciente columna, el antropólogo Marcelo Rossal y la antropóloga Mariana Matto levantaban una pregunta central para pensar lo político en el Uruguay hoy: “¿Qué hace que la definición del problema social y su consiguiente ‘tratamiento’ sea la delincuencia y la inseguridad y no la pobreza consustancial al sistema capitalista lo que hay que abordar?” Lo dicho anteriormente sugiere que la respuesta reside, por lo menos parcialmente, en la emergencia y consolidación de un Estado penal. Y aunque duela en la izquierda, es indudable que esta forma de intervención estatal fue promovida por gobiernos frenteamplistas, especialmente el de José Mujica y el actual de Tabaré Vázquez, que desistieron de dar la batalla por los sentidos de la inseguridad, abocándose por completo a pelear en el chiquero del populismo penal (terreno, dicho sea de paso, donde la derecha se siente más cómoda).

Ahora bien, la historia del Estado penal uruguayo es más extensa y compleja. Es más extensa, históricamente hablando, porque es indudable que las raíces de prácticas e instituciones que lo componen se remiten al inicio del autoritarismo neoliberal que emerge a fines de los años 60 del siglo pasado. Es más compleja porque sobrepasa los límites del Uruguay como Estado-nación, planteando la problemática de cómo se articulan tecnologías gubernamentales de naturaleza transnacional al contexto local. En este sentido, vale señalar que a nivel transnacional el Estado penal ha funcionado como brazo armado del neoliberalismo. La relación entre estos dos fenómenos es bien concreta y de clase. En algún momento del siglo XX, el Estado de bienestar keynesiano prometió amortiguar los costos humanos del capitalismo a través de su brazo izquierdo. Al proletariado se lo apaciguó con bienestar. En las últimas décadas del siglo XX, sin embargo, el Estado (o mejor, aquellos grupos sociales con legitimidad para hablar y actuar por el Estado) desequilibró la balanza en favor de su brazo derecho. Las instituciones punitivo-penales pasaron entonces a ser las grandes protagonistas de la intervención en los márgenes del sistema económico. En vez de escuelas y hospitales, cárceles. En vez de la promesa de seguridad laboral, la promesa de que la respuesta a cualquier rebelión contra un orden económico inhumano termina en el arma de un policía o tras las rejas. (Son iluminadoras de este último punto las respuestas oficiales al levantamiento en el Marconi, negando de plano el obvio carácter político de ese evento).

En todo caso, y cerrando por el momento un tema que da para mucho más, el estudio sobre violencia policial y jóvenes es muy bienvenido, en tanto problematiza el lugar común que dice que el palpable agigantamiento del brazo derecho del Estado es el resultado del aumento en la criminalidad, a la vez que abre espacios para pensar el significado político del giro punitivo sobre el gobierno de los desposeídos por el capitalismo en la era neoliberal.

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