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Artículo de colaboración para Borroka Garaia da!. Autor: Santiago González Arias (Abogado, Miembro de Egia, Justizia eta Oroitzapena )

La Ley vasca de víctimas de la violencia estatal en el periodo 1978/2000 está a punto de ser aprobada, con el apoyo del PNV y el PSE y la abstención de EH Bildu. Desde su nombre definitivo, “Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999” ya observamos su tendencia a analizar el conflicto de la misma manera que el estado, cómo el resultado de una mera irrupción injustificada de la violencia de respuesta que es la única objeto de definición genérica y que ocasiona, en todo caso, episodios puntuales de vulneración de Derechos Humanos por parte del estado, algo claramente inadmisible desde una perspectiva abertzale, o simplemente de ciudadanos de este país conocedores de que la Represión del estado es una categoría perfectamente necesaria para explicar estos hechos de violencia estatal contra el Pueblo Vasco y sus militantes revolucionarios.

Una vez que el PNV consiguió, con el apoyo y la fuerza que, en este tema, tiene EH Bildu por su conexión natural con el movimiento popular, la admisión a trámite del proyecto, que entonces hablaba de represión ilícita en el contexto de la violencia política, el PP anunció un recurso, para generar una situación de inseguridad jurídica que provocara un retroceso de las pretensiones de dicha Ley.

Es decir, el punto concreto que había alcanzado el nacionalismo en su conjunto para su inclusión en la legislación estatal resultaba absolutamente escaso, dóctrina del doble demonio, rechazo a lo9s militantes revolucionarios y a la militancia… para cualquier observador del movimiento popular memorialista vasco pero, al mismo tiempo, resultaba excesivo para la perspectiva del Estado español que siempre ha sostenido la existencia de una única violencia y un solo tipo de víctimas y se veía confrontado a la existencia de dos clases de violencia distinta, de un conflicto entre el Estado y los que lo combaten y de que el Estado, en ese ejercicio, ha violado los derechos fundamentales de los vascos tanto a la vida, como a la libertad y a la integridad física y moral, que ha torturado y que ha realizado ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, las denominadas “ejecuciones extrajudiciales” como en Pasaia, cuyos familiares se movilizan estos días en exigencia de la verdad con apoyo, desde hace varios años y con variadas composiciones políticas, del Ayuntamiento de Azpeitia.

Mediante el recurso del PP, mediante las posiciones duras del bunker inmovilista, se consiguió torcer la voluntad del PNV que se ha volcado en un pacto con el PSE, el resultado es una ley que deja fuera a todos los militantes activos de las diferentes organizaciones revolucionarias vascas que han luchado por la libertad, que limita el fenómeno violento del que estamos hablando al resultado accidental de la actuación de algunos funcionarios y que, en definitiva, limita también el reconocimiento a una cuestión de segundo nivel, no se reconocen más que los fallecidos o los que quedaron afectados de invalidez, sin reconocer a los demás heridos, como los torturados, miles y miles de vascos, el reconocimiento se limita a poco más que el pago de una indemnización que es además, como no podía ser de otro modo, inferior a la fijada para las denominadas “víctimas del terrorismo”, y todo ello con la limitación del periodo, es decir que, después de 1999 no parece haber más víctimas de este tipo, como si después ya no importaran.

Las posiciones de EH Bildu, que, en un principio, elaboró algunas enmiendas dignas de mención, como las que anulaban el límite temporal o las formuladas al artículo 2.6 para establecer la admisión como víctimas de las que lo fueron en ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias y para declarar que las ejecuciones acordadas en el franquismo se presumían sumarias y arbitrarias, o como la enmienda formulada al artículo 10 que establecía un reconocimiento completo para las víctimas policiales, equiparable al reconocimiento que se establece para las denominadas “víctimas del terrorismo” y, sobre todo, la ampliación del concepto para incluir a todos los torturados, dando así la verdadera dimensión de la represión ilícita, y ello aunque desde el movimiento memorialista pudiéramos reprocharles que, en sus mismas enmiendas, se admitiera dejar fuera de la ley de reconocimiento a aquellos que, combatiendo por la libertad en ETA y en otras organizaciones revolucionarias, cayeron víctimas del propio conflicto, como consecuencia de la explosión del artefacto que preparaban, o en prisión, como consecuencias de dolencias, o por no poder soportar más las condiciones de vida en las prisiones de exterminio, alejados de la patria con ensañamiento hacia sus familias, bajo dominio enemigo y haber acabado en suicidio inducido, por cuanto se rechazaba el reconocimiento para aquellos casos en que no hubiera una intervención directa de un funcionario del Estado.
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Sin embargo, lo verdaderamente grave, al margen de un diferendo entre un movimiento y un partido, en una verdadera divergencia ética esencial, es que, ante la amenaza del recurso estatal y la modificación de la posición del PNV, EH Bildu, que había defendido, aún con las limitaciones que hemos visto, la extensión temporal de la Ley, su aplicación a los torturados, un derecho a la verdad auténtico y, en definitiva, una verdadera ley basada en los derechos humanos en su concepción actual derivada de varios instrumentos legislativos internacionales, destacadamente para el combate contra las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, ha decidido abstenerse y apoyar pasivamente una ley tan claramente insuficiente que ni siquiera puede incluir casos como las ejecuciones extrajudiciales de Pasaia, las de Jon Erezuma y Joan Carles Monteagudo en Lliça d´Amunt, ni siquiera los casos de torturas que no hayan concluido con la muerte del torturado.

Esto es esencial, la verdad no se puede parcializar, no se puede dividir, no se puede crear dentro de ella la denominada “carne de rincón”, ni generar victimas de primera y segunda categoría, el pueblo vasco debe saber dónde está Naparra, quién lo llevó y qué hizo con él, por más que Naparra perteneciera a los comandos autónomos anticapitalistas y estos ejercieran la violencia revolucionaria, y el pueblo vasco tiene derecho a saber que fue una política penitenciaria verdaderamente cruel la que llevó a tantos militantes a acabar con su vida en prisión o que fue una emboscada con fusilamientos la que acabó con la vida de los jóvenes de Iruña y Azpeitia que intentaban entrar en Pasaia, con independencia de la valoración que a cada quién merezcan las actividades armadas de ETA, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, u otros grupos (Iraultza Aske, GRAPO, etc) y deben saberse estas cosas para que el pasado no se pueda repetir, para que se comprenda cuál ha sido el papel de cada actor en este conflicto político y, sobre todo, para que no se imponga frente a la verdad, la mentira oficial, frente a la justicia, el silencio de los corderos y frente a la memoria, el olvido interesado.

En esas circunstancias, como parte del movimiento popular memorialista solicitamos de EH Bildu y de todas las fuerzas de izquierdas un voto en contra de esta ley de recortes, discriminación y olvido, no podemos dejar atrás un solo compañero, haya fallecido en las circunstancias en las que haya fallecido, ni tampoco a los torturados, que son la verdad cotidiana, la imagen en negativo de la foto de la democracia española, exigimos, simplemente, la verdad, justicia y memoria, y hay que mojarse y confrontar, hay que decir:

NO en nuestro nombre, NO sin nuestros compañeros!!

One thought on “La ley de víctimas, el estado y el movimiento popular

  1. Son estas las palabras,de un internacionalista vascofilo,de fuera de euskal-herria.El regimen neofranquista,repite el mismo memoricidio,que el franquista cuando prescribio,el recuerdo eterno a los caidos,por dios y la patria.Y al resto,el olvido. De las insuficiencias de la ley,tambien señalar el arbitrario fin en 1999 o que no se incluyeran,practicas complemetarias del accionar estatal,cual la distribucion masiva de drogas,con centenares de muertes y miles de afectados.Tambien cuesta comprender,porque no se exige la localizacion y aparicion publica de los cadaveres de pertur,naparra,popo larralde y otros que conocen,responsables politicos de los estados español y frances.La actual linea de la izquierda abertzale,socialdemocratizada y derechizada,enfrentada a la historica….se equipara a la de los lideres indios,que en las reservas,buscaban el buen entendemiento,con el genocida imperialista yankee.Hace meses,el fallecido militante antxon mendizabal,escribia palabras certeras en este sentido¡¡Exito y larga vida,a la labor de egia,justizia….y a todos los militantes abertzales,que se niegan a interiorizar,el discurso del enemigo¡¡

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