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Theodoros Karyotis / Diagonal

El desalojo de tres centros ocupados para acoger a refugiados en Tesalónica marca otro episodio en la guerra del Gobierno griego contra los esfuerzos de solidaridad de base.

Criminalizando la solidaridad: La guerra del Estado griego contra los movimientos de base

A primera hora de la mañana del 27 de julio, familias de refugiados, personas de apoyo que estaban durmiendo en las tres casas ocupadas de alojamiento para refugiadas en Tesalónica–Nikis, Orfanotrofeio y Hurriya– fueron despertados por la policía antidisturbios. En una operación policial bien orquestada, cientos de personas fueron arrestadas. La mayoría de los ocupantes con estatus de refugiados fueron liberados, mientras algunos fueron transportados a centros de recepción controlados por los militares. El resto de ocupantes, 74 personas de más de una docena de nacionalidades diferentes, quedaron bajo custodia policial.

Inmediatamente después del desalojo de Orfanotrofeio, los bulldozers fueron y demolieron el edificio, un orfanato abandonado “donado” hace cinco años a la emprendedora Iglesia Ortodoxa Griega por el anterior Gobierno. Bajo la ruina, han quedado enterradas toneladas de ropa, productos alimenticios y medicinas recolectadas por las estructuras de solidaridad de base para ser distribuidas a las familias de refugiados que lo necesitaran. Horas más tarde, la No Border Kitchen, una estructura autónoma que se dedicaba a alimentar a los refugiados en la isla de Lesbos, fue también desalojada por la policía a la fuerza.

A la siguiente tarde, Policía fuertemente armada trasladó esposados a los 74 ocupantes de los tres alojamientos ocupados a la corte de Salónica. Cientos de personas les recibieron con gritos de ánimo a pesar del debilitador calor del verano griego. Los nueve ocupantes del centro Nikis fueron condenados a cuatro meses de suspensión por ocupación de un edificio público. Los juicios de los 65 ocupantes de Orfanotrofeio y Hurriya se pospusieron por la falta de intérpretes; todos fueron provisionalmente liberados. Los cargos incluyen alteración del orden público y daños a la propiedad – esta última acusación fabricada por los avariciosos propietarios que demandan enormes compensaciones por sus casas largo tiempo abandonadas y sin usar–.

La respuesta de los movimientos al ataque fue rápida e incluyó la ocupación simbólica de la sede de Syriza en Tesalónica y en otras ciudades, marchas y protestas por todo el país, la ocupación de la escuela de Teatro de la universidad local para ser transformada en un centro de lucha, y el rescate hasta un lugar seguro de los refugiados –la mayoría en situación vulnerable– que fueron transferidos de los refugios ocupados a los campos del Ejército. A eso le tenemos que sumar la movilización de un gran grupo legal voluntario cuyo objetivo es organizar la defensa de docenas de activistas separados en tres juicios distintos.

occupied-syriza-hq_1Ocupación de las oficinas de Syriza en Tesalónica tras el desalojo de tres centros ocupados de acogida para refugiados.

Sin embargo, la respuesta fue asimétrica, ya que la operación policial del miércoles 27 liquidó en sólo un día una gran parte de la infraestructura construida pacientemente a lo largo del pasado año por los movimientos de base en solidaridad con los refugiados. La redada y desalojo de las tres ocupaciones marca, así, otro episodio en la guerra no declarada del Gobierno griego contra los esfuerzos de la solidaridad de base.

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Almacén en Notara, un edificio ocupado que aloja a migrantes y refugiados en Atenas / Notara

Humanidad a pesar de todo

Desde el verano de 2015, cuando Grecia se convirtió en el principal camino a Europa para las personas que huían de la guerra, de la represión y de la pobreza en Asia y África, los que cruzaban el país se encontraban con el pueblo griego, que ha padecido cinco años de tratamiento de shock a base de austeridad y que han visto sus vidas degradadas y sus derechos sociales, políticos y laborales desaparecer en un muy corto periodo de tiempo.

A pesar de la dureza, el calvario de las refugiadas, en general, no se encontró con reflejos xenófobos sino con auténtica empatía y solidaridad por parte de la población. Las voces de la extrema derecha –que tan sólo unos pocos años antes habían estado organizando matanzas contra los migrantes con la colaboración de las fuerzas armadas– fueron marginalizadas y la sociedad griega demostró, en general, una efusión de solidaridad hacia los migrantes.

La vieja máxima xenófoba –“si te gustan tanto los refugiados, mételos en tu casa”– fue, de hecho, puesta en práctica: miles de hogares griegos se abrieron para acoger refugiados, especialmente a los más vulnerables –los enfermos, las mujeres embarazadas y familias con niños pequeños– , a veces como parada intermedia para recuperar fuerza antes de reagruparse con su familia en el norte de Europa, pero a menudo como un acuerdo más a largo plazo. Millones de raciones de comida casera fueron llevadas por parte de gente corriente al campo de Idomeni, donde un gran número de refugiados vivían en condiciones deplorables en tiendas y casas improvisadas, esperando una oportunidad para cruzar la frontera hacia el norte y continuar su camino hacia el norte Europeo.

Solidaridad en movimiento

La cálida respuesta por parte de la sociedad griega significó una victoria moral para los movimientos sociales griegos, que a lo largo de años de crisis no sólo han estado resistiendo el asalto a las clases populares y creando alternativas de base, sino que también han estado combatiendo el racismo, la xenofobia y el fascismo a todos los niveles: en los barrios, en las calles y en el discurso público.

Desde el mismo principio, los recursos e infraestructura de los movimientos sociales, aunque limitados, fueron movilizados para proporcionar apoyo y alivio al máximo número de los cerca de un millón de refugiados que han cruzado el país. La red de las clínicas solidarias –estructuras de voluntarios de base que fueron creadas hace algunos años para ofrecer asistencia sanitaria primaria a los trabajadores griegos y migrantes sin cobertura sanitaria– tomó parte activa en el cuidado de los refugiados y en la denuncia de los riesgos sanitarios en el trato gubernamental hacia ellos. Los centros sociales –notablemente Micrópolis y el Steki Metanaston en Tesalónica, Nosotros y Votanikos Kipos en Atenas, y una multitud de otros– crearon puntos de contacto para refugiados y pusieron sus infraestructuras existentes, como cocinas colectivas, tiendas de comida y guarderías, a su servicio.

Organizaciones locales e internacionales montaron estructuras de asistencia autónomas – en paralelo a aquellas estatales y de las ONGs– en Idomeni y en otras áreas donde los refugiados se concentraban en números elevados. La fábrica ocupada autogestionada de Vio.Me en Tesalónica dispuso un almacén para la recolección, el almacenaje y el transporte de artículos básicos como ropa, artículos sanitarios y comida para bebés que fue recogida por colectivos solidarios de toda Grecia y Europa, previo a ser enviados a la frontera de Idomeni para ser entregados a los refugiados.

Lo más importante, colectivos militantes y grupos de refugiados ocuparon una multitud de edificios vacíos a lo largo de toda Grecia, para usarse como alojamientos para refugiados autogestionados – algunos notables como Notara y City Plaza en Atenas, así como Orfanotrofeio y Hurriya en Salónica. Otros centros de larga existencia abrieron sus puertas a familias refugiadas, incluyendo Nikis, desalojada por la policía el pasado miércoles.

Vendedores de ayuda

Evidentemente, la capacidad de estas estructuras autogestionadas y autofinanciadas para producir un impacto cuantitativo sobre la difícil situación de los casi 57.000 refugiados actualmente atascados en Grecia es limitada. Aún así, marcan una diferencia cualitativa con los esfuerzos de las ONG, entre las que domina el asistencialismo.

Sin duda, el Estado griego, a pesar de todo, ha movilizado recursos para encargarse de la impensable catástrofe humanitaria rescatando a aquellos que intentaron cruzar en bote desde Turquía hacia las islas del mar Egeo. Esto señaló una mejora en comparación a los años anteriores, en los que la Guardia costera griega practicaba a menudo las devoluciones en caliente. En agosto de 2015 fue incluso acusada de intentar hundir activamente barcos llenos de refugiados.

Aún así, para el Estado griego la terrible situación de los refugiados es primeramente una cuestión de orden público y, por consiguiente, un campo para la intervención de las fuerzas armadas. El cuidado de los refugiados y de sus necesidades básicas se deja en manos de cientos de ONG activas en el área –muchas de ellas bien establecidas, otras fundadas de un día para otro– que se aprovechan del flujo de fondos locales y europeos hacia proyectos de asistencia. A pesar del respeto que merecen los esfuerzos desinteresados y extenuantes de los trabajadores de estas organizaciones, que tienen que lidiar con situaciones arduas, a menudo en unas condiciones de trabajo precario y salarios bajos, el monopolio de la ayuda por parte de las ONG significa la privatización de la “solidaridad”; su sumisión a objetivos cuantitativos, leyes de eficiencia y ajuste de presupuesto, de alguna manera significa la creación de nuevos mercados lucrativos a partir de la miseria humana.

Caridad frente a solidaridad

Lo que puede destacarse de los esfuerzos de los movimientos de base en relación a las acciones del Estado y de las ONG es que están motivadas por diferentes imperativos políticos. Contrariamente al flujo de ayuda de las organizaciones ampliamente centralizadas hacia los desempoderados refugiados, la solidaridad de verdad fluye horizontalmente entre iguales. Los que practican la solidaridad se reconocen a sí mismos en el “otro” y están motivados por la empatía, no por la lástima.

En los alojamientos ocupados, gestionados como comunes a través de métodos participativos, los locales y los refugiados cocinan juntos y comen en la misma mesa; toman decisiones juntos en el círculo de una asamblea horizontal; reconocen la cultura de cada uno y las costumbres y superan las preconcepciones y los estereotipos. Contra la forzada segregación, las iniciativas solidarias crean un lenguaje común y un espacio común de acciones para locales y refugiados.

Además, donde la política estatal quiere a los refugiados “escondidos bajo la alfombra” –lejos de las ciudades, hacinados en campos a cargo de los militares en condiciones inhumanas– la solidaridad de base los sitúa en el centro de la vida social, donde pueden ser aceptados e incluidos en la sociedad. Donde las políticas europeas los clasifican y deportan selectivamente según su origen, la solidaridad de base pone en cuestión la distinción entre “migrante” y “refugiado”, ya que en términos humanitarios no es importante si los desplazados están escapando de la guerra, de la pobreza o de regímenes represivos.

Y lo más importante, donde el Estado y las ONG tratan la crisis de refugiadas como si fuera un desastre natural inevitable, la solidaridad de base denuncia las causas de raíz: las guerras imperialistas en Oriente medio, el despojo neocolonial de los granjeros locales por parte de las multinacionales en África y Asia, las políticas inhumanas de inmigración de la Europa Fortaleza y, especialmente, la insistencia en el cierre de fronteras, que fuerza a las poblaciones que huyen hacia las rutas marítimas –lo que tiene como consecuencia una cantidad inmensa de vidas perdidas– y hacia las manos del lucrativo mercado de los traficantes de personas.

La criminalización de la solidaridad

Sin lugar a dudas, la actividad de los movimientos solidarios de base entra en una trayectoria que colisiona con el proyecto de integración europea, que contempla una estricta división internacional del trabajo, poblaciones nacionales en una competición perpetua en una carrera colectiva hasta el final y unas fronteras permeables sólo a los capitales y a los bienes –excluyendo los cuerpos humanos de los migrantes, concebidos sólo como una ejército de reserva de trabajadores sin derechos en los límites de la economía formal–.

En Grecia, el punto focal de la crisis de refugiados, esa colisión tomó la forma de una maliciosa campaña de miedo por parte de los medios de masas contra los esfuerzos de la solidaridad de base, que fueron culpados por todo lo que podía ir mal en los sitios donde miles de personas se hacinaban en condiciones inhumanas como consecuencia directa de las leyes europeas sobre inmigración. En ese tiempo, esos ataques fueron usados como justificación para la exclusión de los movimientos sociales en Idomeni, y posteriormente el desmantelamiento del campo, de los campamentos de refugiados “provisionales” preparados por el estado en antiguas áreas industriales en la periferia de las ciudades griegas. Zonas especialmente controladas fueron creadas donde sólo se dejaba pasar los trabajadores asistenciales “acreditados” y los esfuerzos por interactuar y colaborar con refugiados se encontraban a menudo con represión.

El alarmismo y la represión culminaron durante el No Border Camp en Tesalónica, que tuvo lugar entre el 15 y el 24 de j9ulio, cuando miles de activistas de todo el continente (entre ellos la caravana a Grecia ) se encontraron para protestar –junto con los refugiados– por las condiciones de negligencia y confinamiento en los campos de refugiados y la impermeabilidad de las fronteras nacionales que han conducido al actual estado de la cuestión. Los reporteros de los principales medios de comunicación documentaron y criticaron cada detalle del No Border Camp, que se celebró ocupando el recinto universitario tras el rechazo de última hora de las autoridades universitarias a dar el permiso a los organizadores. Una cuidadosa y calculada campaña de miedo durante el campamento fue usada para preparar el terreno para la operación represiva del 27 de julio, con el desalojo de los tres edificios ocupados para alojamiento de refugiadas.

Represión y “los valores de la izquierda”

Cierto que en el surrealista clima político en la Grecia del último año, el partido del Gobierno Syriza ha condenado las redadas como un “intento de criminalización de los esfuerzos solidarios que va en contra de los principios y valores de la izquierda”, mientras funcionarios del Gobierno culparon de la operación policial a la iniciativa del fiscal del estado.

Un observador externo podría inclinarse a pensar que el Gobierno simplemente es incapaz de controlar sus propias fuerzas policiales –después de todo, esta excusa es ofrecida rutinariamente por las fuentes pro-gubernamentales, como por ejemplo cuando la policía antidisturbios reprimió violentamente una protesta pacífica por la fábrica autogestionada Vio.Me a principios de julio. De todos modos, si inspeccionamos de cerca, parece obviamente absurdo que una operación policial de tal complejidad, coordinación y tan enfocada al objetivo, pudiera llevarse a cabo sin tener la luz verde de los responsables políticos de la policía.

De hecho, una entrevista con el mencionado responsable, el Viceministro de izquierda de “Protección Civil”, en una radio pro-gobierno en el día del desalojo nos ilumina al respecto. Este texto informativo revela no sólo hasta qué punto los desalojos del miércoles 27 son congruentes con las políticas del Gobierno, sino también el concepto del Ejecutivo sobre el cambio social y las políticas progresistas. Tras dejar claro que la operación tenía su bendición, el ministro caracteriza los alojamientos ocupados como “ocupaciones injustificadas” que constituyen una “caricatura de símbolos” que crean una “ilusión de libertad”. Declara que el Gobierno “no mostrará una tolerancia general hacia esas iniciativas, que, aunque bien intencionadas, no están alineadas con los intereses del Estado”.

En una muy retorcida línea argumentativa, en la que en tan sólo pocos parágrafos invoca “los valores de la izquierda”, “las luchas de la clase trabajadora”, “la protección de los derechos democráticos” y las “necesidades de la sociedad” para justificar el ataque a los movimientos solidarios, declara: “La izquierda no va de autonomía. Es sobre la defensa de los derechos laborales, de la sociedad de los derechos democráticos… No necesitamos las acciones autónomas de un grupo de críos; queremos un movimiento popular de masas, deberíamos dirigir a la juventud hacia los partidos de izquierda”. Concluye acusando a las estructuras solidarias de ser “esfuerzos parciales” que ofrecen ayuda a un reducido número de refugiados, en contraste a los esfuerzos organizados del Estado.

Para decirlo sin rodeos, la sociedad no es ni debería ser sujeto de su propia liberación; es más bien el objeto pasivo de preocupación y el campo de intervención de un gobierno benevolente. Las luchas sociales que no están mediadas por el Estado y por los partidos de la izquierda son o bien infantiles o bien una amenaza a la paz social – probablemente ambas. Sin embargo, esta concepción totalitaria de la sociedad, el espacio público y de la acción colectiva no es nueva para los de izquierdas; sólo que en su encarnación más reciente no está combinada con un bienestar social garantizado por el Estado, sino con el despojo neoliberal y el estado de “excepción permanente”. Una combinación verdaderamente explosiva.

El simulacro de la izquierda

Justo cuando el ministro acababa de alardear sobre la capacidad del Estado para prestar ayuda en comparación a las iniciativas sociales, un informe realizado por la organización pública Centro Heleno para el Control y Prevención de Enfermedades (KEELPNO) se hizo público. Basándose en una serie de inspecciones sanitarias en dieciséis centros de recepción de migrantes y refugiados de Grecia, concluye que miles de personas están hacinadas en centros en condiciones sanitarias deficientes, con alojamientos precarios, con provisión de agua y sistemas de saneamiento inadecuados. El informe aconseja la inmediata clausura de todos los campos y la integración de los refugiados en la sociedad. Precisamente lo que los movimientos de solidaridad de base, ahora oficialmente perseguidos por “no estar alineados con los intereses del Estado”, han estado demandando desde el inicio de la crisis de refugiados.

Además, el 28 de julio, justo mientras los detenidos en las tres operaciones de desalojo eran provisionalmente liberados pendientes de juicio, una joven siria moría de un fallo cardíaco tras un ataque epiléptico en el campo de Softex, cerca de Diavata, en las afueras de Salónica –una muerte que podía haber sido fácilmente evitada, si hubiese habido atención médica permanente en el campo o la hubieran trasladado al hospital a tiempo. La muerte desató una intensa protesta en el campo con los refugiados demandando unas condiciones de vida humanas.

A pesar de su retórica, las acciones del Gobierno son otra instancia en la que la izquierda es exhortada a acabar lo que la derecha ha sido incapaz de llevar a cabo durante años. Del mismo modo que el tercer paquete de austeridad para Grecia hubiese sido imposible sin un Gobierno que “tuviera los intereses sociales en el corazón” – lloraba el Primer Ministro Tsipras mientras firmaba el nuevo memorándum – una operación represiva tan compleja y calculada como la llevada a cabo en Tesalónica hubiese sido imposible sin un Viceministro de Protección Civil preocupado sobre las “necesidades de la sociedad” y las “luchas de la clase trabajadora”. En una taimada inversión de la visión de la emancipación social de la izquierda, las “luchas de los trabajadores” son usadas para justificar la propiedad privada por encima de la necesidad social; los “derechos democráticos”, para justificar una represión injustificada de los que se alzan en solidaridad con los refugiados; y las “necesidades de la sociedad” se usan para justificar una campaña de desposesión a las clases populares.

Es evidente ahora en Grecia que la izquierda neoliberal y la derecha neoliberal son dos variaciones del mismo proyecto – un proyecto que requiere una población disciplinada, atomizada y obediente, preocupada en maximizar el máximo beneficio individual y que haya renunciado a cualquier tipo de acción colectiva para cambiar la sociedad. Los eventos trágicos de 2015 –cuando la voluntad del pueblo para acabar con la austeridad fue ignorada y una oposición antiausteridad más fue transformada en un garante de los ajustes neoliberales – pueden bien haber empujado en esta dirección, mediante la desmovilización de los movimientos sociales y la generación de una resignación generalizada.

La solidaridad en Grecia está ahora criminalizada, declarada contra los intereses del Estado. Aún así, hay una parte de la población que conserva su determinación por seguir intentando llenar de contenido la palabra “solidaridad”, de arrancarla de las manos de las instituciones represivas, proyectos electoralistas y lucrativas organizaciones sin ánimo de lucro, y transformarla en la base de la aspiración colectiva a una vida mejor, construida desde abajo a arriba en términos igualitarios y participativos.

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