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Nehuen Allegreti

En medio de declaraciones cruzadas en torno a los aciertos y errores de la política de expropiaciones del chavismo, las experiencias de fábricas bajo control obrero enfrentan la disyuntiva de constituirse en una alternativa para la transición al socialismo del siglo XXI.

El estado Lara ha sido un territorio históricamente atravesado por las luchas populares. Desde la gesta independentista, con la figura de Juan Jacinto Lara, hombre que le daría el nombre al estado; pasando por el Frente Simón Bolívar de las FALN en los ´60 y las luchas por la gratuidad de la educación y la salud en los ´70 y ´80. Hoy, Lara reúne una gran cantidad de experiencias de organización comunal y de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, tal es el caso de Beneagro, Alfareros del Gres y Proletarios Uníos.

Beneagro

A mediados de 2013, empezó el proceso. Se agudizó la guerra económica y se dio el abandono de muchas plantas de procesamiento alimentario“, comenta Romer, uno de los trabajadores de Beneagro que antes pertenecía al grupo monopólico Souto. “La familia Souto es de origen italiano, llegaron a Venezuela huyendo de la guerra. Eran admiradores de ‘Il Duce’. Empezaron con una granja y luego una beneficiadora de aves. Cuando la revolución se asume socialista, muchos empresarios le dan la espalda, entre ellos Souto“.

En agosto de 2013, la empresa cerró con el argumento de que el gobierno no le entregaba divisas; y el 4 de noviembre, los trabajadores tomaron la fábrica en resguardo de sus fuentes de trabajo. “Beneagro es un matadero, no tenemos cría de aves. Nos dedicamos al procesamiento, limpieza y visceración¨, explica Romer. A principios de marzo, asumieron la figura de Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) en articulación con la Comuna Tamaca Bolívar y Chávez de Cordero. Ahí empezó un esquema de distribución popular de pollo a las comunidades, con precios por debajo incluso de los regulados por el gobierno en 2014, utilizando dos cavas (camiones refrigerantes) que tenía la empresa; y se puso a disposición de la comunidad una ambulancia que era de los Souto. En el primer año, se distribuyeron 120 mil toneladas de pollo, sin intermediarios y a precios populares.

Ante estos avances, la patronal no se iba a quedar de brazos cruzados. El 13 de mayo de 2014 fue la primer arremetida: 22 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y otros 3 sujetos armados de civil buscaron ingresar a la planta, argumentando que ahí “se mataba pollo robado“. “Fue el primer enfrentamiento fuerte. Agredieron a una compañera. La pelea duró de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, con nosotros de un lado del portón y la policía del otro. No sé si se fijaron en el portón quedaron varios orificios de bala de ese día“, cuenta Romer. Esos intentos de desalojo, de ingresar a la empresa y de amedrentar a los trabajadores se repetirían 6 veces en algo más de un año. Ante esas situaciones, el “blindaje social” de la fábrica fue fundamental para su defensa. No sólo por su articulación con la Comuna Tamaca Bolívar Chávez, sino por su articulación con otras comunas de la zona y con el resto de las empresas recuperadas.

A su vez, en 2015, el Grupo Souto denunció como robadas las cavas que se usaban para la distribución y por orden judicial no pueden circular, lo que impidió continuar con este beneficio para las comunidades. En marzo de este año, una nueva orden de desalojo fue remitida contra Beneagro, pero la justicia hizo lugar a un amparo presentado por los trabajadores, en el marco de la emergencia económica. “El tema son las contradicciones jurídicas entre la propiedad privada y la propiedad social. Se pone en discusión la cuestión de lo legal y lo legítimo. Y Beneagro es algo legítimo“, señala Romer.

El 8 de junio, Beneagro fue atacada por guarimberos que intentaron saquear dos camiones de pollos que se dirigían a la empresa. “Los camioneros se encontraron con un poco de palo cruzado en la vía, por Potreros. Querían saquearlo unos guarimberos. Se le pidió auxilio a un contacto dentro de la GNB y se pudo salvar la mercadería. No fue un ataque casual. Ese día hubo intentos de saqueos de camiones de pollos en distintos lugares del país“, comenta Romer. Ante la imposibilidad de hacerse con las aves, llegaron hasta la planta 25 encapuchados a bordo de un Ford 350 y comenzaron a patear el portón y a arrojar piedras hacia el interior.

A pesar del constante asedio, en dos años, la empresa ha procesado 4 millones de kg. de carnes de ave y se aproxima la cosecha de ocho toneladas de maíz y caraotas de su plan de siembra 2016. Para Romer, “Beneagro es estratégica en el marco de una guerra económica. Tenemos una gran capacidad de producción de alimentos; cámaras refrigerantes para las aves, o para medicamentos“. Y agrega, echando vainas: “Imagínate en una guerra, saliendo el alimento para las tropas desde acá“.

Alfareros del Gres

Alfareros hasta 2012 fue INTERCERAMI.C.A., una empresa de capitales españoles que fabricaba cerámicos, fachadas y otros 6 rubros vinculados con la arcilla. La empresa pasó de producir de un 80% de su capacidad, a sólo un 20%. El 31 de agosto de ese año, los trabajadores fueron convocados de forma sorpresiva para presenciar una videollamada por Skype en la que el dueño anunciaba que cerraba la fábrica por improductividad, dejando 66 trabajadores en la calle.

En una asamblea definimos pernoctar en la empresa algunos trabajadores. Había que cuidar las instalaciones, no dejar salir nada, cuidar nuestras fuentes de trabajo“, comenta Hernán, miembro de la parte administrativa de la EPSDC Alfareros del Gres. “A pesar de las amenazas de ir presos por la ocupación o por prender los hornos. Buscamos generar un modelo que no sea nacionalizado, ni estatizado; que el poder popular sea el que tome las riendas de la fábrica“.

Más de un año después, el 28 de octubre de 2013, consiguieron reactivar la fábrica, prender nuevamente los hornos y ponerse a producir. La decisión fue hacer bloques. “Con un cerámico no se hace una casa, con bloques sí“, afirma Pedro, responsable de formación de la empresa. “Aquí en Centro-Occidente, la construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela se paralizaba por faltas de bloques. Asumimos el desafío de hacer, sin ser ingenieros ni nada, un molde para bloques y empezar a producir“, agrega Hernán. Empezaron con 200 bloques diarios y hoy promedian los 10 mil; aunque su capacidad supera los 40 mil por día. La dificultad es la comercialización. Su principal comprador es la Misión, y también venden a particulares; aunque las ventas han disminuido por la merma en el poder adquisitivo. Ahora planifican diversificar hacia otros rubros que anteriormente ya fabricaban, y están armando autogestivamente una nueva línea de producción.

Más allá del bloque, lo que nosotros fabricamos aquí es un nuevo modelo de gestión. Aquí se les enseña a los trabajadores cuestiones ético-políticas, ideológicas, técnico-productivas. Y también se revaloriza la función social del bloque, que no es sólo una mercancía, sino que tiene una función social“, señala Pedro.

En algo más de dos años, Alfareros ha logrado mejorar los beneficios para los trabajadores, en comparación con la situación previa a la toma. Hay fondos médicos y de contingencia, seguros sociales, vacaciones pagas, servicio médico en la empresa. Además, se está planteando producir alimentos en las instalaciones de la fábricas que se va a destinar al consumo de las familias de los trabajadores. La idea es empezar por caraotas, y luego sumar maíz y cachamas.

El 29 de octubre último, el presidente Nicolás Maduro llegó hasta Alfareros a anunciar la automatización de la línea de producción de la empresa. Una inversión de 6 millones de bolívares que fueron destinados a la Misión Saber y Trabajo. Los trabajadores esperaban que más allá de ese anuncio, se pueda avanzar en la expropiación y en la transferencia de la fábrica a sus trabajadores, pero eso no sucedió. La automatización, por su parte, fracasó y los obreros no han participado de la gestión de esa inversión. Actualmente, se han encuadrado como EPSDC, a partir de la vinculación con la organización comunal de la zona; y esperan que el Ejecutivo apruebe un decreto de espacios de trabajo, que reconoce los derechos de quienes habitan y producen en esas instalaciones.

Proletarios Uníos

El caso de Proletario Uníos es, quizás, el más renombrado porque se trató de una toma a una multinacional con mucho poder, como lo es la empresa brasileña Brahma. “Inicialmente todo este conglomerado era la Cerveza Nacional y Brahma lo compró. En 2013, una semana después de la muerte del Comandante, la empresa cierra alegando ‘cese de operaciones’, algo que no figura en ninguna ley. Aquí estaba todo para seguir funcionando había cervezas para despachar, latas y botellas para envasar, etiquetas, 54 toneladas de cebada“, relata Marijá, trabajadora de la empresa. En la vieja Brahma eran 500 trabajadores; actualmente quedan 76, que junto a los serenos y las milicias que cuidan las instalaciones llegan al centenar.

A pesar de estar en condiciones de seguir produciendo cerveza, una de las definiciones de los trabajadores fue cambiar de rubro. En parte por las necesidades estratégicas de la coyuntura venezolana y, también, “porque muchas de las cosas que pasaron acá estuvieron sujetas al aval de la justicia, porque esto estuvo en litigio permanente“, aclara Marijá. “Prácticamente, la planta en términos industriales quedó en cero. Lo que se hizo nada tenía que ver con lo que se producía, ni con la producción industrial“, agrega José Miguel. Para poder subsistir, los trabajadores echaron mano a un recurso con el que la planta contaba: Brahma tenía un convenio con HidroLara para el abastecimiento directo de agua a través de un caño madre, a pesar de la escasez del recurso hídrico en los alrededores. Con ello, articularon la provisión de agua potable a las comunidades aledañas a cambio de un precio solidario que permitía pagarle a la nómina. Se avanzó en el reciclaje de cajones de plástico y botellas de vidrio, y, también, en un huerto comunitario. Luego, la justicia permitió comercializar la cebada que había quedado allí.

Al igual que en el resto de las experiencias, también les ha tocado atravesar por el asedio patronal, judicial y policial. A principios de marzo, un incendio afectó a cajones de cerveza que se encontraban en el patio de la empresa, y se determinó que había sido intencional. Mientras, en la justicia avanzaba una orden de desalojo contra los trabajadores. Una medida de protección de un juzgado rural detuvo el operativo y dictó un fallo de protección por un año atendiendo el rol que la empresa cumple en la provisión de agua y cebada a los productores rurales de la zona.

Proletarios Uníos también se constituyó como una EPSDC. Estos tres casos son excepcionales dentro de las EPSDC, que fueron pensadas para encuadrar pequeños emprendimientos productivos en los territorios. “La Constitución habla de empresas comunales. Un abogado amigo nos hizo ver que las comunas estaban armando sus empresas. Se buscó articular con la Comuna Santa Rosa, pero no se logró por diferentes concepciones; y se avanzó, entonces, con la Comuna Pío Tamayo que se comprometió con este proyecto“, explica José Miguel. Y agrega que lo que se está generando es una “articulación obrero-campesino-comunal¨: “una nueva concepción que nace en este proceso. Se conforma una nueva articulación estratégica para la construcción de nuevas instancias de poder, que destruyan los viejos mecanismos del poder constituidos. La planificación de la producción pasa por la comunidad, no por el mercado. Acá hay campesinos, comuneros y comuneras gestionando los excedentes“.

Esta concepción se plasma en el nuevo proyecto de Proletarios. La producción a gran escala de alimento balanceado para animales, uno de los nudos críticos de la ¨guerra económica”. Empezaron con alimento para cerdos, y luego planean hacer de gallinas y de vacas. “Muchos productores están vendiendo y hasta sacrificando sus animales porque no tienen qué darle de comer“, señala Marijá. “El saco de 40 kg lo vendemos a 7 mil bolívares, en la calle se consigue entre 22 y 25 mil. No podemos poner un cartel en la puerta que diga ‘Vendemos alimento balanceado’, porque se nos llena de bachaqueros. La idea es articular directamente con los productores“. La propuesta contempla un registro de productores, visitas a los espacios de cría, y acuerdos políticos en la que los productores se comprometan a arrimar sus animales a los CLAP, para comercializarlos a precios justos, por debajo de los del mercado. Además, se está planificando y articulando el plan de siembra 2017, que contempla la provisión de semillas y bioinsumos, y requiere de 10 mil has de tierra para el cultivo de maíz. Es un plan ambicioso que precisa pasos firmes para su consolidación.

El socialismo es una construcción heroica, de largo aliento. No es una carrera de 100 metros llanos, como nos plantea el burocratismo, que se nos acaba el tiempo. Cualquiera que no esté claro se desesperaría porque la empresa pase de producir 5 toneladas de alimentos a producir 40. Pero aquí, cuando la Brahma se fue, se producía cero“, plantea José Miguel. “La propiedad legal no es lo estratégico, tenemos que ganarnos el reconocimiento de la legitimidad de nuestro trabajo. El papelito de la propiedad burgués es anecdótico. Nosotros nos enfocamos en producir“.

Sobre las expropiaciones

En medio de una ofensiva opositora para sancionar una Ley de Privatizaciones de Empresas, en las últimas semanas sectores del chavismo instalaron la necesidad de una autocrítica en torno a la política de expropiaciones que promovió el proceso bolivariano y el impulso a la conformación de empresas mixtas. Primero fue Freddy Bernal, responsable a nivel nacional de los CLAP. Después Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, la cuarta empresa petrolera a nivel mundial, emblema de la política económica del chavismo e instrumento clave para la distribución de la riqueza. Resta preguntarse qué niveles de consenso interno tienen, en el gobierno y en el PSUV, las declaraciones en las que el presidente del resorte estratégico más importante de la economía venezolana y el responsable del abastecimiento popular en plena “guerra económica” apelan al regreso de las lógicas del capital.

Estos debates interpelan al conjunto de experiencias de fábricas bajo control obrero y al resto de las empresas expropiadas y estatizadas. “De 140 mil unidades productivas, unas 36 mil están en manos del Estado. De esas 36 mil, experiencias exitosas podemos encontrar 2 mil, 3 mil. El resto están produciendo a medias, otras están paralizadas. Y eso no es culpa del presidente Nicolás Maduro. Es fruto de una lógica que no contempla el control de la producción por los trabajadores”, señala Romer. Y agrega: “Beneagro es una experiencia exitosa que hay que conocer y sirve para compartir. Pero no es una tesis para el conjunto de las unidades productivas del país. Ese fue uno de los problemas del chavismo, que se evidencia en esta crisis: el chavismo no tuvo una tesis económica propia”.

Una de las principales limitaciones de la política de nacionalización de empresas es la imposición de una junta administrativa sin ningún tipo de experiencia en la producción, en detrimento del poder decisorio de los trabajadores. “Nosotros buscamos generar otro tipo de gestión, donde los trabajadores decidan. No podemos aceptar tener sentado a un administrador aquí, que no sepa cómo hacer un bloque y que nunca lo haya hecho“, explica Pedro. Por su parte, José Miguel, de Proletario Uníos, afirma: “Estamos planteando el control obrero. No queremos cambiar de jefe, por uno vestido de rojo que diga ‘Chávez Vive’“. Esta metodología de gestión se implementó también en el caso de la ex Kimberly Clark, recuperada por sus trabajadores el 12 de julio. En esta empresa clave para la producción de rubros de higiene personal y de pañales, se designó una “autoridad única” a cargo del proceso productivo.

Hoy las condiciones políticas para avanzar con expropiaciones no están dadas. Una revolución se hace con reforma agraria, expropiación de los medios de producción a la burguesía y traspaso del control a los pobres. Más allá de los tropiezos y los errores, el problema no está en los niveles de organización popular que hay“, señala Marijá. En este escenario de crisis del proceso bolivariano, en el que negociar con la burguesía asoma como una de las alternativas; parte del chavismo popular reorienta su esfuerzos hacia la producción comunal, la autogestión obrera y la articulación obrero-campesino-comunal como formas de combatir la ¨guerra económica¨ y el burocratismo, como ensayo de nuevas relaciones sociales que apunten a construir y consolidar el Socialismo del siglo XXI; desde la certeza que del capitalismo y de la burguesía no hay mucho que esperar.

En colaboración con la Brigada Dario Santillan.

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