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Secretariado Nacional del Estado Mayor de las FARC–EP.

El secretariado de las FARC-EP rechaza el asesinato de Cecilia Coicué, dirigente social del municipio de Corinto – Cauca, militante de Marcha Patriótica y propietaria del terreno en donde se planificó la instalación del Punto Transitorio de Normalización de la vereda La Cominera dentro del proceso de normalización acordado en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

Su asesinato, ocurrido el pasado 6 de septiembre, en momentos en que Cecilia se encontraba en su predio, constituye una pésima señal de confianza en el desarrollo de la construcción de paz en los territorios. Estos hechos ocurren mientras avanzamos hacia la puesta en marcha de todos los dispositivos del cese bilateral y la normalización de los territorios.

Este no es un hecho aislado, sino que se suma a una larga serie de asesinatos y amenazas en contra de dirigentes sociales del suroccidente colombiano que configuran una grave crisis humanitaria que debe preocupar al gobierno nacional, al pueblo colombiano y a la comunidad internacional.

No se podrá hacer realidad la paz estable y duradera si persiste el asesinato selectivo de líderes y lideresas cívicos y populares.

Estos hechos demuestran que es urgente la implementación inmediata en los territorios de las medidas acordadas en el punto Garantías de Seguridad del Acuerdo Final.

Desde La Habana hacemos llegar a la familia de Cecilia Coicué, a sus compañeros y compañeras y a toda la comunidad de La Cominera, nuestras condolencias de compatriotas. Hacemos votos por el inmediato esclarecimiento de su asesinato y esperamos acciones ciertas que nos permitan decir que situaciones como estas, no ocurrirán ya más.

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Luciano Romero Molina / colectivo de refugiados colombianos

Colombia: grave incremento de asesinatos de líderes sociales. En Colombia descienden las acciones violentas derivadas del conflicto armado en las zonas hasta ahora controladas por las FARC y se incrementan las agresiones, los apresamientos arbitrarios, los asesinatos selectivos contra defensores-as de los derechos humanos y contra la dirigencia social. Rechazamos el terror desatado en muchas regiones donde, por desgracia, la deseada paz es sólo un titular en las noticias.

Recientemente el gobierno de Juan Santos y las FARC firmaron los Acuerdos de La Habana. Hace días el Programa Somos Defensores informó que en el primer semestre de éste año 35 activistas de los Derechos Humanos fueron asesinados-as, además hubo 21 atentados, 22 detenciones arbitrarias por el uso perverso del sistema penal, 3 de robos de información y una persona desaparecida. En el 78% de los casos la responsabilidad es de agentes de seguridad del Estado y de los paramilitares. Las regiones más afectadas son Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Antioquia, Atlántico y Córdoba.

El  29 de agosto en el primer día del cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC, fueron asesinados tres dirigentes del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, en Almaguer, departamento del Cauca. Una de sus activistas, Lida, estuvo acogida por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y nos enseñó a valorar ese proceso organizativo con el cual se han reunido varias Delegaciones Asturianas de Verificación del estado de los Derechos Humanos. Los tres líderes asesinados eran miembros del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer: JOEL MENESES MENESES, líder histórico del CIMA, NEREO MENESES GUZMÁN y ARIEL SOTELO, quienes fueron bajados de un coche y asesinados en el sitio Monte Oscuro con disparos a mansalva.

En esa región hay iniciativas comunitarias de paz y desarrollo regional junto con planes de exterminio de dirigentes, amenazas individuales y colectivas, persecuciones, estigmatizaciones, señalamientos, judicializaciones individuales y masivas. Los datos del CIMA prueban la sistematicidad de los ataques: hace tres años asesinaron a ADELINDA GÓMEZ GAVIRIA, opositora de los proyectos mineros de la Anglo Gold Ashanti; luego asesinaron a JHON GÓMEZ ORDOÑEZ, hijo de un concejal electo en octubre de 2015; después a IGNACIO MALES NAVIA, líder social y secretario del Concejo Municipal de Almaguer; luego amenazaron al Alcalde Municipal ALBEIRO GALINDEZ y a la mayoría del Concejo Municipal incluido su Presidente OMAR JIMÉNEZ BAHOS. La impunidad, la falta de garantías forzaron el desplazamiento masivo de las comunidades campesinas, pueblos indígenas, líderes sociales y autoridades, incluida la administración Municipal que ante el peligro también decidió abandonar el pueblo y despachar desde la ciudad de Popayán.

El Movimiento Social y Político Marcha Patriótica ha denunciado el asesinato por paramilitares de 116 de sus integrantes, varios éste año, entre ellos EVARISTO DAGUA TROCHEZ fundador de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas del municipio de Corinto-Cauca. Por su parte el Congreso de los Pueblos ha denunciado el asesinato de al menos 30 de sus integrantes.

El 16 de marzo la Unión Europea expresó su preocupación por el repunte del asesinato de defensores-as de los derechos humanos y destacó los asesinatos de KLAUS ZAPATA, integrante de la Juventud Comunista, JUCO (6 de marzo, Soacha), WILLIAM ALEXANDER OIME, gobernador indígena de Río Blanco (2 de marzo, Cauca), y MARISELA TOMBÉ, lideresa campesina de El Tambo, Cauca (28 de febrero, Cauca), denunció también el asesinato de WILLIAM CASTILLO, de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, ocurrida el 7 de marzo en El Bagre, Antioquia, municipio que está bajo el terror paramilitar que quiere relevar en el control de la zona importante para el posconflicto con las FARC. Allí en lo corrido del año han asesinado 17 líderes defensores de los diálogos de La Habana y el miedo generó un desplazamiento masivo.

La U.E. pidió a las autoridades sin resultados conocidos a la fecha “que todos los asesinatos sean esclarecidos y los responsables llevados ante la justicia”, y pidió garantías, reforzar la seguridad, subrayando el papel “fundamental” de los activistas “en el contexto actual del proceso de paz”. Por su parte la Defensoría del Pueblo denunció -el 20 de abril/16- la gravedad de los asesinatos selectivos de mujeres indígenas, líderes y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país y de manera especial en el Cauca.

Ante estos hechos exigimos de las autoridades colombianas que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos en Macizo Colombiano, y exigimos a la Mesa de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, que cumpla su papel en relación con las personas que defienden los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y los derechos constitucionales a la organización y movilización en todo el país.


Álvaro Altamiranda, Bogotá.

Una organización no gubernamental colombiana reveló un informe en el que señala que las agresiones y homicidios a defensores de derechos humanos se mantienen.

Homicidios amenazas y atentados son las acciones más recurrentes que tienen que padecer los defensores de derechos humanos en Colombia, según la entidad Somos Defensores, en los últimos 6 años ha habido más de 300 asesinatos a estos activistas.

El grupo armado que más se ha ensañado contra los defensores es el de los Paramilitares o Bandas Criminales, con el objetivo de tener poder en las regiones y que no se denuncien sus abusos.

Otra preocupación latente que hay es el alto grado de impunidad que hay en los homicidios a los defensores de derechos humanos. Según la Fundación Somos Defensores esta oscila entre el 90 y 95 %.


Asesinan a tres ambientalistas en Cauca

Se conoció el 1 de septiembre  que  Joel Meneses, Ariel Sotelo y Mereo Meneses, reconocidos ambientalistas fueron asesinados en circunstancias aún por establecer. Según las informaciones iniciales los líderes fueron retenidos la noche anterior en la localidad Monte Oscuro sobre la vía de conduce de Lerma a Malaguer en el departamento del Cauca, los cuerpos sin vida habrían aparecido esta mañana.

Joel Meneses era uno de los fundadores del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, una organización que durante sus años de lucha ha sostenido el derecho a la vida sobre la base de una vida digna con respeto por los derechos humanos pero también los derechos de la madre tierra.

3 thoughts on “Continúa la guerra en Colombia tras acuerdo de paz

  1. 12 sep. CI.- Una acción urgente informó que en la tarde de ayer fue asesinado el líder Nestor Iván Martínez, vocero de la Comisión de Interlocución del Centro y sur del Cesar y miembro del Congreso de los Pueblos.

    Según la denuncia, hombres armados llegaron la finca del hermano del líder comunitario ubicada en la zona rural de La Sierrita, en el mencionado departamento. Allí amarraron al administrador de la finca y a su esposa y, cuando Martínez llegó a la finca, lo asesinaron propinándole dos disparos en la cabeza.

    Trayectoria de lucha

    Martínez era miembro del Consejo comunitario de las comunidades negras de La Sierra, El Cruce y La Estación Conesice, en el Centro del Cesar.

    Actualmente lideraba un proceso comunitario en defensa del territorio y el medio ambiente, en contra de la minería en esta región del país. También lideró, a mediados de julio, una jornada de protesta ante la decisión del cierre del Hospital público San Andrés, del municipio de Chiriguaná, en medio de las que fue asesinado Neiman Agustín Lara, también integrante del Consejo Comunitario de La Sierrita.

    Paramilitarismo activo

    Los líderes y lideresas de la Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Cesar advirtieron que se encuentran en grave riesgo. “El 25 de agosto fueron repartidos en varios municipios del Sur del Cesar un panfleto, firmado por un Grupo Armado de Limpieza Social, en el que amenazaron a la Comisión de Interlocución”, sentenció la denuncia.

    En comunicado amenazante se afirma que la Comisión se ampara en una mesa de interlocución “de origen guerrillero por Iván Cepeda” pero de fondo señala la inconformidad por la ocupación de varias fincas que no están siendo explotadas económicamente, en las cuales centenares de familias victimas del conflicto armado se han asentado.

    Para Elias Nahum Quintero del Movimiento de Trabajadores Campesinos y Comunidades del Cesar, “Para nosotros es muy preocupante la situación, estos hechos vulneran nuestro derecho a protestar… En Chiriguaná lo que se ha hechoe s reclamar derechos, el de la salud, por eso hubo protestas y por eso asesinaron al compañero. Es una situación preocupante”.

    Según Quintero, estos grupos de limpieza social no son otra cosa que expresión del paramilitarismo: “Se están reorganizando en la región, vienen apareciendo por todas las regiones, amenazando a los líderes que estamos exigiendo respeto por la vida, por la tierra, por el trabajo… Se está arreciando la explotación minera, la ruta del sol, medidas muy lesivas para el pueblo”.

    El campesino sentenció que los paramilitares continuaron delinquiendo a pesar de su desmovilización en 2003, pero que desde entonces estaban dispersos. Lo más preocupante, como manifiesta Quintero, es que “ya están organizados, no como antes que estaban dispersos”.

    En tiempos de paz

    Quintero manifestó su esceptisismo frente a los acuerdos firmados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Gobierno de Juan Manuel Santos: “Nosotros vemos que hay unos acuerdos que no involucran a la sociedad. Uno se pregunta, ¿para quién es la paz? ¿con quién se hace la paz? ¿la paz se firma o se constuye? Para nosotros la paz es mucho mas que un acuerdo, es un diseño donde se construye con el pueblo en barrios y veredas, la paz son hechos de cambio real para el país”.

  2. Indígenas U’wa resultaron afectados en bombardeo del Ejército en Arauca

    6 sep. CI- En una comunicación oficial de la Coordinación de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Fortul, se denunció que un bombardeo efectuado por el Ejército en cercanías a la escuela de ese municipio del oriente colombiano, por lo menos cuatro familias U’wa resultaron afectadas.

    Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre a las 2:15 de la madrugada, en el Resguardo Indígena Cibarca. “El bombardeo se efectuó a tan solo un kilómetro de la escuela de esta comunidad, siendo afectada la pared del puesto de salud y todos los vidrios de la escuela”, asegura la comunicación de la Alcaldía.

    El texto también afirma que 4 familias fueron afectadas por la onda explosiva “resultaron con dolor de oído, dolor de cabeza, vómito, diarrea y malestar”.

    Sonia López, abogada y defensora de derechos humanos de la Fundación Joel Sierra, confirmó la versión. “Los hechos ocurrieron cuando la comunidad desarrollaba una actividad cultural, por lo que varios niños resultaron afectados”, aseguró López.

    “Ya se envió la denuncia a los entes de control pertinentes. En momentos en los que se habla de terminación del conflicto armado y construcción de paz, es lamentable que en los territorios continúen ese tipo de acciones que vulneran los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario”, sentenció la abogada.

    El municipio de Fortul está ubicado a 46 kilómetros de Arauquita, territorio en el que se desarrolla una de las zonas de concentración de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.

  3. Esa es la paz,que han firmado.Una paz oligarquica,pax romana-pax americana.Bravo por los guerrilleros del eln,que no claudican…Veremos en unos meses,si este ritmo de asesinatos estatales,sigue,donde llega la rebelion de las bases de las farc

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