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Colectivos Sociales de Bizkaia

Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos, SOS Racismo y PAH Bizkaia Kaleratzerik EZ/STOP Desahucios.

Por el derecho a una vivienda digna: contra las malas practicas de Lanbide y los recortes de la “Ley de vivienda”

Iniciativa ante las oficinas de Alokabide/Visesa en Bizkaia; en calle San Vicente 8, bajo (entrada por Uribitarte; calle Isleta. 48001 Bilbao). Ante las cuales se instalarán tiendas de campaña, sacos de dormir y diversos enseres de una vivienda.

Movilización de familias que han sufrido procesos de desahucio en Barakaldo, Trapagarán o Bilbao. Protesta que surge con el ánimo de exigir el derecho a una vivienda digna; y mostrar el rechazo a los recortes aplicados en el acceso a las prestaciones sociales para hacer frente a alquileres e hipotecas. O contra los requisitos de inscripción en Etxebide, situación criticada también por el Ararteko.

Las políticas de recortes conllevan un aumento de los desahucios

En la Comunidad Autónoma Vasca se han producido 263 ejecuciones hipotecarias en los seis primeros meses de este año, según el Instituto Nacional de Estadística.

A esto debemos añadir los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Así, en el primer trimestre del 2016 se produjeron 306 desahucios. A sumar los 169 desahucios de viviendas en régimen de alquiler; o los 57 ejecutados por la sociedad pública Alokabide dependiente del Gobierno Vasco.

Es decir, se producen 5 desahucios cada día a nivel de la CAPV; 3 a diario en Bizkaia.

Los recortes nos empujan a la pobreza

Los recortes que se han ido aplicando en los últimos años en el acceso a las prestaciones sociales están conllevando un incremento de las situaciones de marginación en nuestros pueblos y barrios: más de un tercio de las familias vascas padecen entornos de pobreza grave. En concreto,

• En 2015 aumentaron en un 15% las circunstancias de exclusión social en la CAV, según los datos de la última “Encuesta de Condiciones de Vida” del Instituto Nacional de Estadística.

• Según este estudio, un 4´6% de la población vasca se encuentra en una situación de carencia material severa. Además, el 11% de las familias se encuentran en riesgo de pobreza.

• A su vez, cerca del 15% de las familias tienen dificultades de acceso a un empleo. A tener en cuenta que el 18% de las personas trabajadoras perciben salarios por debajo del umbral de pobreza.

No al recorte de las prestaciones sociales

Por todos estos motivos, la movilización del día de hoy tiene como objetivo denunciar las políticas de recortes impulsadas en las últimas legislaturas parlamentarias.

Por un lado, el endurecimiento de requisitos de acceso a las Ayudas de Emergencia Social; y la falta de consolidación de un presupuesto suficiente para garantizar la totalidad de la demanda efectiva realizada ante los servicios sociales municipales.

Por otro lado, las malas prácticas e interpretaciones restrictivas de la normativa aplicadas desde el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide a la hora de percibir la Renta de Garantía de Ingresos; la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo; o la Prestación Complementaria de Vivienda.

Además, de los recortes introducidos en la “Ley de Vivienda”. Cuya aplicación en su actual redacción supondría -en la práctica- la supresión de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia (AES). Este recorte afectaría a 37.000 familias: 30.000 que perciben la PCV; y 7.000 familias las AES, según datos del 2015.

Por los Derechos sociales

La totalidad de estos recortes ha conllevado el empobrecimiento de amplios sectores sociales; dejando, por ejemplo, desatendida su necesidad de acceso a una vivienda digna. Por ello, y mediante la concentración de hoy, se ha exigido a los diferentes grupos políticos que se presentan a las elecciones al Parlamento Vasco…

  • La renuncia a aprobar ninguna medida que suponga una restricción al derecho a una vivienda; o las prestaciones para garantizar su acceso.
  • Restaurar los recortes aplicados en pasadas legislaturas: en la cuantía de la RGI o en los criterios para su acceso.
  • Además, de impulsar unos servicios públicos garantistas de los derechos sociales; que dejen de lado las campañas de criminalización sobre las personas perceptoras de las prestaciones sociales.
  • Derogar la actual política de desahucios emprendida por entidades públicas como Visesa o Alokabide.
  • Modificar la redacción de la “Ley de Vivienda”; y los criterios de inscripción en Etxebide. Con el ánimo de garantizar el acceso a una vivienda digna; y a las prestaciones que garanticen su cumplimiento efectivo.

 

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