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Declaración Política de la X Conferencia Nacional Guerrillera

FARC-EP

Los guerrilleros y guerrilleras delegados de todas las estructuras de las FARC-EP a lo largo y ancho del territorio nacional y venidos desde la Colombia profunda, reunidos en la X Conferencia que se llevó a cabo desde el 17 hasta el 23 de septiembre del presente año en Brisas del Diamante en las sabanas del Yarí, enviamos al pueblo colombiano y a la sociedad en general nuestro más fraterno y caluroso saludo de compatriotas. Al mismo tiempo declaramos que:

Hemos realizado una hermosa y trascendental Conferencia en medio de la más amplia participación democrática y camaradería, en la que se ha reafirmado la coherencia y unidad interna de nuestra organización. Destacamos la nutrida y activa participación de nuestras guerrilleras y cuadros políticos jóvenes.

Luego de una muy juiciosa discusión sobre los Acuerdos de La Habana, Cuba, Territorio de Paz, celebrado entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la Conferencia, nuestra máxima instancia de decisión, ha determinado aprobarlo en su totalidad e instruir a todas las estructuras de bloques y de frentes, a nuestros mandos, guerrillerada, milicianos y a toda nuestra militancia fariana, que éste sea acogido y respetado. Hemos refrendado así nuestro compromiso irrestricto con el cumplimiento de todo lo que se ha convenido. Asimismo, esperamos que el Gobierno actúe con la debida correspondencia.

Tenemos el convencimiento de que el Acuerdo Final contiene un gran potencial para la apertura de una transición política hacia la transformación de la sociedad colombiana, por su real democratización y la materialización de sus derechos, y especialmente para el buen vivir y el bienestar de las mujeres y los hombres humildes en campos y ciudades, de la clase trabajadora, de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, de la población LGTBI, y sobre todo para los jóvenes y nuestras futuras generaciones. A ellas y ellos los llamamos a abrazar y proteger los acuerdos, a hacerlos suyos, a acompañar yexigir su implementación. Juntando esfuerzos lograremos los propósitos comunes de consolidar la perspectiva de una paz con justicia social, la reconciliación nacional yla democracia avanzada para la nueva Colombia.

El Acuerdo Final celebrado en La Habana, Cuba, contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía política a nuestras aspiraciones históricas por la transformación del orden social vigente. Por tal razón, hemos decidido surtir todos los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar hacia un nuevo partido político cuyo congreso fundacional se llevará a cabo a más tardar en mayo de 2017, si se implementan los acuerdos, tal y como está convenido. Será función del Partido dar continuidad a nuestros propósitos políticos de carácter estratégico por la construcción social de poder para el pueblo. La Conferencia faculta a la dirección Nacional de las FARC-EP para que convoque a un pleno del Estado Mayor Central y defina la ampliación de la nueva dirección que tendrá a cargo la preparación del congreso, del programa político, del estatuto yde la línea política, así como de las condiciones organizativas y de funcionamiento.

Nos comprometemos a ofrecer toda nuestra fuerza y energía por la unidad de los sectores progresistas, democráticos y revolucionarios del país, de los movimientos políticos y sociales, de las múltiples organizaciones sectoriales y reivindicativas en el nivel nacional, regional y local. Queremos hacer parte de una Gran Convergencia nacional, que abarque el espectro de las luchas sociales y populares, propugne por la real democratización política, económica, social y cultural del país, y cuya plataforma, fundamentos organizativos y de coordinación deberán ser el resultado de una elaboración colectiva. La Gran Convergencia deberá tener la capacidad de construir poder social, político y popular desde abajo, y al mismo tiempo de disputar el poder del Estado en los espacios institucionales de elección y representación.

Trabajaremos por un nuevo Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional a partir de la definición de un programa mínimo, que además de comprometerse con la implementación del Acuerdo Final, recoja las aspiraciones sociales más sentidas en lo inmediato por la población.

Convocamos a hacer realidad el llamado “a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”, tal y como se estableció en el Acuerdo Final. Las condiciones propicias para ese propósito se encuentran en el impulso a un proceso constituyente abierto que conduzca a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

¡Se acabó la guerra, vamos todos y todas a construir la paz!

Brisas del Diamante, sabanas del Yarí



El ELN está en todo su derecho de incrementar ataques

Uno de los jefes de la guerrilla de las FARC, alias Pablo Catatumbo, ofreció una entrevista exclusiva al Diario Las Américas en la que responde a cuestionamientos sobre los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano y el impacto que tendrá la eventual refrendación positiva de lo acordado en La Habana.

‘Pablo Catatumbo’, alias correspondiente a Jorge Torres Victoria, señaló que el paramilitarismo en Colombia “va a ser una amenaza muy seria para lo que viene” y añadió que la guerrilla del ELN “está en todo su derecho” de incrementar los ataques mientras no se haya pactado ningún tipo de cese al fuego con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

‘Catatumbo’, quien hizo parte de la mesa de negociaciones en La Habana, reiteró que habrá sanciones restaurativas para quienes “aporten verdad” y aclaró que las penas de cárcel solo serán impuestas a “quienes hayan cometido excesos y rehúsen a aportar verdad plena”.

Redacción NTN24


La Moneda de la Paz

ELN

Hoy el país se encuentra con gran expectativa, esperando el inicio de la implementación de los Acuerdos de La Habana, sin embargo, es válido interrogarnos por el impacto real de dichos acuerdos en la cotidianidad del pueblo colombiano y es ahí donde nos estrellamos con un sin número de paradojas e incertidumbres, que revelan otras intenciones del régimen y una vez más queda en duda su voluntad de paz y de alcanzar una solución política.

La moneda de la paz evidencia grandes contrasentidos, pues no hay correspondencia de la cara que se anuncia con los Acuerdos de La Habana y la cara espantosa de la realidad colombiana.

Siendo el Estado el responsable de masacrar y desplazar para luego legalizar territorios y entregarlos a los terratenientes y al interés extranjero, además de montar el paramilitarismo y financiarlo con el narcotráfico, es inadmisible que fruto de unos acuerdos entre partes iguales, ahora el Estado resulte exculpado de sus responsabilidades en el genocidio y la insurgencia sea mostrada como la causante de los males históricos del país. Si bien se acordó la creación de una comisión histórica de la verdad, ésta nunca logró ponerse de acuerdo y emitir veredictos sobre las responsabilidades de cada parte.

Se deja impune el terrorismo de Estado, aun cuando la misma ONU en uno de sus informes responsabilizó al Estado colombiano de causar el 80 por ciento de la violencia en el conflicto armado, ya sea por sus operativos militares de tierra arrasada, o por la guerra sucia encubierta, o por el exterminio social encomendado al paramilitarismo. Mientras la insurgencia ha causado el 20 por ciento, resistiendo ante dicha criminalidad estatal e intentando frenar la violencia en contra de las comunidades.

Sin cambiar nada, ahora se evaporan las causas que originan el conflicto social y el alzamiento armado, muestra de ello es que para los negociadores del gobierno, la rebelión sigue estando tipificada como un delito y no como un derecho ante la violencia impuesta de los poderosos. Sin importar que solamente el hecho de iniciar una negociación con la insurgencia, de manera implícita es reconocer su legitimidad como un contradictor político beligerante.

Esta ambigüedad en el concepto y tratamiento del derecho a la rebelión, permite que el Estado manipule la opinión pública, presentando que el gran logro del proceso de paz es quitarle las armas a una guerrilla que perdió sus fines políticos y eludiendo el debate de ideas que permita consensuar un nuevo pacto social.

En el tema de tierras sigue la ambivalencia, por un lado se pacta en la Habana las intenciones de adelantar una Reforma Rural Integral, pero la realidad nos muestra las verdaderas intensiones del gobierno de Santos con la reglamentación de la ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que plantea extender el latifundio en zonas apartadas de los centros urbanos para ser explotados por manos privadas nacionales o extranjeras, con zonas francas para no pagar impuestos.

Las Zidres son auspiciadas por el Ministerio de Agricultura, que es el mismo que dispondrá de las tierras para el ?Fondo de Tierras? previsto en el Acuerdo de La Habana, dando prioridad a la asignación de tierras a las empresas privadas, desconociendo a los campesinos. Así mismo, a sangre y fuego se sigue impidiendo el retorno de los campesinos desterrados. De manera que las instituciones y las leyes siguen siendo pensadas bajo los intereses del capital y con el fin de perpetuar el saqueo y la explotación.

Se anunció con gran fervor el acuerdo sobre participación política y garantías para la oposición, y una vez más el régimen juega en contravía de lo prometido y previniendo el aumento de la conflictividad popular y la protesta social, Santos arremete con duros golpes, primero con anuncios sobre el aumento del pie de fuerza y mayor presupuesto para el escuadrón de la muerte Esmad, acto seguido las luchas de campesinos, indígenas, negros, estudiantes, jóvenes y demás sectores sociales son reprimidas de forma cruel bajo un tratamiento de guerra, que les permite la ley de seguridad ciudadana.

Sumado a esto se sanciona el nuevo código de policía, que impide el libre ejercicio de la movilización, la protesta social y restringe las libertades civiles. Los últimos avances de las fuerzas militares y su nueva doctrina de guerra junto con la vinculación de Colombia a la OTAN, dejan claro que la paz está muy lejana. El Estado excluyente y militarista se fortalece y no existen garantías para la oposición política, así le otorguen, temporalmente, unos pocos escaños parlamentarios a los exguerrilleros desarmados.

Otra concesión que se le hace al Estado, se da frente a los incumplimientos de los acuerdos, dado que se establecen drásticas sanciones penales para los desmovilizados, pero no queda ninguna clausula que penalice al Estado si incumple. Para la muestra, tenemos que 17 días después de la firma del cese el fuego bilateral y definitivo, el ejército colombiano lo violó, pero ningún mando resultó responsable o sancionado. Luego de que las FARC dejen las armas por completo, muy seguramente los incumplimientos de los gobiernos de turnos no serán castigados por la ONU, pasará lo mismo que sucede en Ruanda, Israel, Palestina, Siria, Libia y demás países donde la impunidad, el incumplimiento y la falta de seriedad de los Estados campea sin Dios ni ley.

Con lo dicho anteriormente, el régimen está interrogado en su voluntad de cumplir y si la tuviera está limitado para hacerlo, pues la característica histórica de esta oligarquía siempre ha sido el servilismo a los intereses del imperialismo y el capital extranjero.

Con la serie de Tratados de Libre Comercio; con el consenso de Washington, las imposiciones de la OCDE, el FMI o el BM; con el acuerdo militar del 2009, donde toda Colombia queda a disposición de los Estados Unidos, instalando 7 bases militares gringas ilegales en nuestro territorio; con el acuerdo de cooperar con la OTAN; el gobierno nacional queda limitado para cumplir lo pactado en La Habana.

Pareciera que la paz de Colombia, queda al golpe de suerte de una moneda que se lanza al aire, y, el poder mediático crea la ilusión que la moneda va a caer favorable al pueblo, pero la oligarquía, que es la dueña de la moneda, no le apuesta al azar, sino que se asegura de ganar siempre y por eso la moneda tiene su misma cara por ambos lados.

La realidad colombiana, como una moneda, tiene dos caras, la del poder oligárquico, que pregona la paz sólo como el desarme de la guerrilla, mientras mantiene todos sus privilegios, y, la cara del pueblo que lucha por empoderarse, construyendo la paz con transformaciones estructurales de la sociedad y el Estado, que permitan, la dignidad, la soberanía, la equidad y la felicidad para todas y todos.

…..

Un Cese para Facilitar la Participación Democrática

1.- El Ejército de Liberación Nacional está por la paz, que esperan y anhelan los colombianos y el mundo. Una paz con democracia y equidad social.

2.- Así no compartamos varios de los puntos de los acuerdos de La Habana, consideramos que la paz es un camino que apenas empieza y que no se ha completado. El sueño del ELN es contribuir de manera significativa, propiciando una protagónica participación de la sociedad.

3.- Por encima de las diferencias está el bien de toda la nación. A fin de facilitar el desarrollo de este proceso, no realizaremos acciones militares entre el 30 de Septiembre y el 5 de octubre, para que la población participe como estime conveniente en el Plebiscito.

4.- Estamos listos para continuar en la fase pública de negociaciones con el gobierno, dándole continuidad a lo acordado el 30 de marzo y buscándole salidas a las dificultades.

¡Colombia para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!

Dirección Nacional, Ejército de Liberación Nacional

——

Continúan los asesinatos de dirigentes populares

Rebelión

Desde el anuncio del cese al fuego bilateral definitivo se han presentado los siguientes asesinatos y amenazas contra líderes y lideresas sociales, indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos:

Viernes, 26 de agosto: Dos días antes del cese bilateral definitivo fue asesinado en el departamento de Nariño (sur de Colombia) el líder indígena del pueblo Awá, Camilo Roberto Taicus Bisbicus de 50 años de edad. Camilo Taicus vivía en el resguardo Hoja la Turbia.

En Norte de Santander la Corporación Construyendo Poder y Democracia denunció la existencia de un plan de las organizaciones criminales del departamento para atentar contra la vida de la defensora de derechos humanos Judith Maldonado Mojica.

Domingo 29 de agosto: En el Cauca caen asesinados 3 integrantes del Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA – Joel Meneses Meneses, líder histórico del movimiento, en el corregimiento de La Herradura y dirigente comunitario del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer – Procamina – quien había recibido varias amenazas; Nereo Meneses Guzmán, integrante de Procamina y líder de la vereda Garbanzal del mismo corregimiento y Ariel Sotelo, integrante de la comunidad de La Herradura

En Nariño es asesinado el indígena Awá Diego Alfredo Chirán Nastacuas, en el corregimiento el Diviso, municipio de Barbacoas.

Lunes 30 de agosto: Mientras se llevaban a cabo las honras fúnebres del líder indígena Diego Alfredo Nastascuas fueron asesinados los hermanos Luciano y Alberto Pascal García, indígenas Awá en zona rural del municipio de Llorente.

2 de septiembre: El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE capítulo Bogotá, denunció que Blanca Nubia Díaz, víctima e integrante del Movimiento, fue amenazada con un arma blanca cuando participaba de la Galería de la Memoria instalada para conmemorar el día nacional de las víctimas de desaparición forzada. El sujeto vestido de manera elegante la amenazó con un cuchillo de cerámica y le dijo “Si sigues jodiendo te vamos a picar bien picadita”

En el Sur de Bolívar la Asociación de Hermandades Agrícolas y Mineras de Guamoco, Aheramigua, denunció que un exintegrante de la organización les expresó que los paramilitares están ofreciendo dinero para que les entreguen al Presidente de la organización, Mauricio Sánchez, y que lo más aconsejable es retirarse de la organización porque en sus palabras “esto se va a poner caliente”.

6 de septiembre: Cae asesinada Cecilia Coicué, lideresa indígena de Corinto, Cauca, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la zona de reserva del municipio de Corinto de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro y del proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del movimiento Marcha Patriótica. Cecilia Coicué era propietaria de un predio en la vereda camionera que funcionará como punto transitorio de normalización de miembros de las FARC.

8 de septiembre En Urabá, norte de Colombia, la comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Asociación Campesina de San José de Apartadó denunciaron fuerte presencia paramilitar en las veredas Arenas Altas, La Resbalosa y El Porvenir. Al menos 50 hombres que portaban armas de largo alcance y que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia se vienen pasando por cada casa de la región para aterrorizar a las comunidades bajo la consigna “ahora si vinimos para quedarnos”. Desde el martes 7 de septiembre se presentaron los primeros desplazamientos forzados.

9 de septiembre. En Barbosa, Antioquia, es asesinada María Fabiola Jiménez, lideresa comunitaria de 69 años, quien fue atacada a tiros cuando se movilizaba en un bus de servicio público.

11 de septiembre. Es asesinado Néstor Iván Martínez, líder del Congreso de los Pueblos en el Centro del Cesar. Néstor Iván era miembro del Consejo comunitario de las comunidades negras de la Sierra, El Cruce y La Estación Conesice en el Centro del Cesar y venía liderando un proceso comunitario en defensa del territorio y el medio ambiente y en contra de la minería en esta región del país.

11 de septiembre : El programa Somos Defensores denunció el asesinato de Álvaro Rincón, afiliado a la Junta de Acción Comunal de la vereda Patio Bonito, municipio de San Pablo, Sur de Bolívar.

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12 sep.- Una acción urgente informó que en la tarde de ayer fue asesinado el líder Nestor Iván Martínez, vocero de la Comisión de Interlocución del Centro y sur del Cesar y miembro del Congreso de los Pueblos.

Según la denuncia, hombres armados llegaron la finca del hermano del líder comunitario ubicada en la zona rural de La Sierrita, en el mencionado departamento. Allí amarraron al administrador de la finca y a su esposa y, cuando Martínez llegó a la finca, lo asesinaron propinándole dos disparos en la cabeza.

(Asesinatos verificados desde finales de agosto hasta mediados de septiembre)

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