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Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autores: José Luis Herrero y Antton Azkargorta. Profesores despedidos de la UPV

Nos situamos históricamente en el año 1990 en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), institución localizada en ese mundo de Euskal Herria caracterizado por un agudo conflicto político de carácter nacional. En el interior de la UPV la mayoría del profesorado disponía de unos contratos denominados administrativos, contratos temporales bajo condiciones salariales y derechos laborales discriminatorios con relación a los correspondientes al personal funcionarial. Estos funcionarios estatales, pues no se había producido la transferencia del personal docente universitario a la comunidad autónoma, gozaban de estabilidad vitalicia, marcaban y dirigían la política universitaria y dominaban ampliamente todos los órganos de gobierno universitario. En el Claustro y en las Juntas de centro, por ejemplo, su representación alcazaba el 48% del total, mientras que los contratados administrativos, fundamentalmente la categoría de asociados que era mayoritaria, solo cubrían el 12%. El peso político de los asociados era pues ínfimo aunque la UPV estructuraba su docencia fundamentalmente alrededor de este profesorado cuya presencia en las líneas de euskera era abrumadoramente mayoritaria. Se puede decir en términos del filósofo Alain Badiou que configuraban el Inexistente propio del objeto universitario puesto que aunque tenían por supuesto una existencia laboral, su capacidad política de influencia institucional era muy débil en términos de relevancia simbólica. El asociado administrativo, además, solo podía adquirir la condición de profesor permanente si se hacía funcionario a través de la correspondiente oposición. Muchos de estos profesores no podían aspirar a la estabilidad funcionarial ya que no cumplían con los requisitos necesarios para ello, no se disponían de las plazas adecuadas o, en el caso de un grupo significativo de ellos, porque abogaban por otras formas de contratación estables. Otras modalidades distintas a las de funcionario de Estado, a través de la contratación laboral con figuras especificas dependientes de la comunidad autónoma y no de la administración central estatal. Figuras que históricamente los mandatarios españoles se habían negado a crear.

La lucha que reivindicaba un contrato laboral había consumido un largo periodo histórico en el Estado español que se extendería desde finales de los 60 hasta la aprobación por el PSOE de la Ley de Reforma Universitaria (LRU, en 1983). Durante este intervalo temporal que coincide con la llamada transición española los participantes en esa lucha conocidos como Profesores no Numerarios (PNN) conformaron uno de los más importantes movimientos de la época a favor de las libertades democráticas. El contrato laboral constituía para ellos uno de los pilares básicos para construir una Universidad democrática, autónoma respecto al Estado y conectada con los intereses populares. En contra de la Universidad franquista que tenía en los funcionarios docentes, principalmente los catedráticos, uno de sus principales sostenes. Sin embargo, el triunfo de la Reforma y su asunción por parte de los partidos socialista y comunista debilitó extraordinariamente ese movimiento. La LRU vino a sancionar a nivel de todo el Estado la continuidad de la Universidad funcionarial y la negativa a incorporar modalidades contractuales de carácter laboral.

Pero en Euskal Herria la lucha continuó, aunque renovada. Los PNN de la conocida como Universidad de Bilbao organizados en coordinadora forjaron durante los rectorados de Ramón Martín Mateo y Goio Monreal la puesta en marcha de claustros constituyentes cuya función principal era la confección de unos estatutos universitarios que incluyesen modalidades de contrato laboral dentro de la autonomía universitario. Aprovecharon una coyuntura política de cierto vacío jurídico en la que las leyes franquistas eran inaplicables y no habían surgido todavía leyes nuevas que las sustituyesen. La entente entre estudiantes y PNN consiguió la elaboración de borradores estatutarios que reconocían el contrato laboral y la designación de vicerrectores PNN que la ley antigua no contemplaba. Este proceso no exento de enfrentamientos tuvo lugar entre 1979 y 1985. Desgraciadamente la aprobación de la LRU permitió a los estamentos funcionariales recuperar su poder y apoyados ahora por un sector de los PNN y los PAS que había basculado hacia el reformismo consiguieron primero retrasar la puesta en marcha de los estatutos elaborados y, más tarde, amoldarlos a las directrices impuestas desde Madrid. La posibilidad de un contrato laboral volvía de nuevo a cerrarse.

Sin embargo la LRU socialista no trajo la estabilidad esperada. Un gran número de PNN, ahora en situación de asociados administrativos, continuaba en situación precaria y pendiente de las renovaciones periódicas de sus contratos. El periodo 1987-1990 volvió a ver grandes movilizaciones de este profesorado que era también apoyado por el movimiento estudiantil que tenía sus propias motivaciones. Los asociados intentaban ahora forzar un cambio en los estatutos de la Universidad aprobados en 1985 que permitiesen incorporar figuras laborales propias en el marco de la autonomía universitaria. Todos estos intentos volvieron a fracasar porque aunque los partidarios del cambio estatutario eran mayoría no llegaron nunca a alcanzar el quorum exigido para su reforma.

A comienzo del año 1990 la Universidad vasca después de varios años de continuo conflicto parecía recobrar una cierta normalidad. Un vicerrector de la ya UPV llego a decir que ella había entrado por fin en fase de estabilización y que el futuro resultaba prometedor. Pero a pesar de la aparente tranquilidad se podía detectar un agudo descontento en los estamentos de los PAS, profesorado contratado administrativo y estudiantes. Los docentes veían con preocupación la renovación de los contratos que debía de producirse ese mismo año y estaban bastante quemados con el comportamiento del rector Emilio Barberá del cual no se fiaban. Los estudiantes que habían participado en varias huelgas generales junto al profesorado se encontraban descontentos por la escasez de profesorado euskaldun, el mal funcionamiento de los servicios universitarios, los problemas de algunos edificios universitarios, la mala calidad de las prácticas, los números clausus que se estaban imponiendo y la masificación de las aulas en algunos centros. Los PAS venían de una huelga durísima de varios días de duración por problemas de equiparación. Además las luchas anteriores habían conferido a los estamentos señalados un grado bastante elevado de organización y unidad. Las asambleas de profesores, estudiantes y PAS, las organizaciones estudiantiles, los sindicatos, numerosos movimientos de todo tipo se asentaban firmemente en la UPV. En un contexto, volvemos a recordar, poco impermeable a la confrontación política que se vivía en la sociedad vasca. En el horizonte se divisaban, asimismo, unas elecciones para la renovación del equipo rectoral que en los últimos tiempos habían sido siempre sinónimo de inestabilidad y enfrentamiento.

El acontecimiento

En ese contexto universitario una chispa vino a encender la mecha de la rebelión universitaria. Una sentencia de un juzgado de lo social de Bilbao reconocía que los contratos firmados en el año 1987 por los asociados eran nulos según la propia LRU. Los contratos de los concernidos eran laborales de duración indeterminada. Correspondía a la UPV la negociación de la duración y condiciones de esos contratos. Lo que estaba claro era que no se podía volver a ofrecer a ese profesorado un nuevo contrato administrativo. Los afectados, cerca de 500, reclamaron su estabilidad laboral mediante el contrato laboral hasta que la UPV elaborase nuevas figuras de contratado laboral en las cuales pudieran acogerse los actuales profesores y los que en un futuro quisieran incorporarse a estas modalidades. El Rector interpretó que esos contratos aunque laborales se extinguían en 1990, recurrió al TSJPV y preparó un nuevo paquete de contratos administrativos para los asociados. Llegó a un pacto con los sindicatos colaboracionistas de CCOO, UGT Y ELA para reconocer los derechos de antigüedad de los que firmaran y consideró a los que no lo hicieran como “autoexcluidos”. Y estalló el conflicto que fue bautizado por sus propios protagonistas como” Rebelión de los profesores asociados”

Los asociados crearon la Asamblea de Profesores Contratados, órgano que dirigiría la lucha, mientras que las antiguas organizaciones que apoyaban la revuelta (LAB Y STEE-EILAS) y que dominaban ahora la Junta de Personal Docente pasaron a convertirse en instancias de apoyo. Los asociados ocuparon el rectorado durante cerca de un mes impidiendo la realización de sus actividades normales, boicotearon la celebración del Claustro de elección del Rector y cerca de 100 profesores se declararon insumisos al contrato administrativo y fueron despedidos. Se constituyó la candidatura electoral Ertza apoyada por los sindicatos y organizaciones universitarias de la Izquierda abertzale. Ertza elaboró un programa de transformación universitaria, eligió a Laura Mintegi como candidata, a pesar de no ser catedrática, y los vicerrectores que formaban parte de la candidatura eran todos euskaldunes y pertenecían a los colectivos de profesorado asociado, PAS y estudiantes. Aunque la candidatura no fue admitida la fuerza de los contratados era tal que se le permitió presentar y defender su programa en el Claustro y realizar de forma oficial su campaña, interviniendo en la televisión junto a los otros dos candidatos oficiales. Era la primera vez en la historia universitaria en la que el llamado sector crítico presentaba una candidatura propia a la elección de Rector. La candidata tuvo un gran éxito porque en esas condiciones recibió casi la tercera parte de los votos de los presentes, demostrando que las movilizaciones organizadas traen también resultados electorales y precisamente en un órgano de poder dominado al 50% por los funcionarios. Ertza consiguió la amplia mayoría de los votos de los contratados y estudiantes.

El curso 1990-1991 fue realmente tormentoso. Se volvió a tomar nuevamente el rectorado varias veces, ahora contando con la colaboración de los estudiantes. Estos elaboraron su propia plataforma reivindicativa y apoyaron las movilizaciones de los profesores. El curso estuvo salpicado de numerosas huelgas generales y los profesores despedidos continuaron impartiendo clases sin que la Universidad tratara de desalojarlos. Las asambleas y las organizaciones de todo tipo proliferaban en los campus y los encierros se sucedían. Los estudiantes se encerraron durante más de un mes en la biblioteca que se convirtió en centro de sus operaciones. Desde allí organizaron manifestaciones nunca vistas en la historia de la Universidad y un referéndum con censo real universitario en el que salió de forma aplastante la papeleta que pedía la dimisión del Rector Emilio Barberá. Este referéndum tuvo la participación estudiantil más alta de toda la vida universitaria, con cerca del 25% de votantes, formándose colas para votar en varias facultades del campus de Leioa.

El rector y la Universidad estaban desbordados y eran incapaces de contrarrestar la presión ejercida por la entente de contratados y estudiantes, los profesores tenían una sentencia a su favor y sus peticiones eran consideradas justas incluso por numerosos funcionarios. Los estudiantes movilizados presentaban una plataforma reivindicativa que respondía a la situación de carencias reales y era compartida por la mayoría de los discentes. Los intentos de sacar nuevas plazas de profesorado para sustituir a los insumisos se tradujeron en un sonoro fracaso. La mayoría de departamentos se negaron a ello y tampoco surgieron candidatos. Barberá que tenía muchos opositores entre la élite funcionarial no consiguió implicar a los núcleos más importantes del poder universitario en una estrategia represiva unificada. Sus esfuerzos para organizar a sectores amarillistas de estudiantes fracasaron también. Su decisión de meter a la Ertzaintza para desalojar a los encerrados en el Rectorado indignó a todo el mundo por la violencia empleada y le desacreditó aun más ante la opinión externa e interna. Era patético verle deambular solo por un campus de Leioa desértico, impotente ante lo que estaba sucediendo. Perdió el sentido de la realidad y en su delirio comparó lo que estaba sucediendo en la UPV con el desastre de la cruenta guerra civil que se estaba desarrollando en el Líbano.

La fuerza conjunta de profesores y estudiantes fijo la potencia real de autoridad universitaria, del poder universitario. Se demostró que esa potencia era débil y la UPV parecía un barco a la deriva. Barberá disponía de ciertas habilidades relacionales y conseguía a veces, con promesas y simulacros de negociaciones, detener la presión de los movilizados. Pero como los poderes políticos le impedían llegar a acuerdos con profesores y contratados porque el problema de fondo era político, al final se ponía de manifiesto la superchería de esas promesas y esto encrespaba más a los levantados que arreciaban en sus reclamacioness. Desesperado, tenía preparado un paquete de contratos laborales para ofertarlos a los asociados pero desde la consejería de educación, en manos del PSE, le amenazaron con cortarle la financiación. Sin embargo, tampoco le ofrecían un apoyo financiero y político claro porque no era un rector del agrado de los socialistas y de los sindicatos españolistas que pretendían su dimisión para instalarse ellos en el poder universitario. Su posición se fue deteriorando paulatinamente y sus anteriores apoyos le fueron abandonando. Sus enemigos de dentro, con apoyo de ciertos medios de comunicación, empezaron a sacarle diversos tipos de irregularidades cometidas en sus dos mandatos y le acosaron en el máximo órgano ejecutivo de la UPV que era la Junta de Gobierno. Para su desgracia, los despidos de la mayoría de los profesores insumisos fueron declarados nulos por los jueces de lo social que volvieron a insistir en el carácter ilegal de los contratos administrativos de 1987. La vuelta a sus puestos de trabajo de los despedidos después de siete meses constituyo un duro golpe para Barbera y su equipo pero en su rabia se negó a pagar el salario no percibido durante este tiempo ni reconoció la antigüedad de este profesorado. Empezó a tomar medidas descabelladas propias de una mente que había perdido el control de sus actos. Lo cual le condujo a nuevas desafecciones que le aislaron. En estas circunstancias la apuesta que hicieron unos cuantos profesores de periodismo, que luego conformarían la denominada Pankarta, negándose a realizar los exámenes de junio si los anteriores profesores despedidos no recibían sus emolumentos devengados le dieron la puntilla. El Rector llenó la Facultad de ertzainas, guardas jurados y policías de paisano, Y nombró tribunales calificadores en algunos casos ajenos a la propia facultad. Un gran número de estudiantes se negaron a realizarlos en esas condiciones. En las líneas de euskera, por ejemplo, solo un estudiante acepto a su tribunal. La perspectiva de cientos de estudiantes suspendidos de convocatoria por no examinarse y los graves problemas por resolver que arrastraba el equipo rectoral proyectaban un curso próximo aún más conflictivo que el que se estaba acabando. Unos días más tarde, y después de una reunión con el Lehendakari, Barberá presentó la dimisión. Solo había transcurrido un año desde su elección como Rector. “La rebelión de los profesores contratados” había sido la causa principal de su caída. En su despedida no vertió frase acusatoria alguna contra los asociados. Siempre se había posicionado a favor del contrato laboral. Las restricciones que tuvo fueron de orden político. Nosotros lo sabíamos y a pesar de la crudeza del enfrentamiento siempre mantuvimos con el unas buenas relaciones. Sabíamos que el verdadero enemigo estaba en otro lugar. La dimisión de Barbera era para nosotros una necesidad política más que un problema de simpatía personal.

Despido

La caída de Barbera trajo consigo el reconocimiento de los exámenes efectuados en septiembre por los profesores que se habían negado a realizarlos en junio y el abono de los sueldos pendientes a los asociados que habían estado despedidos durante siete meses y se habían reincorporado a la docencia gracias a la sentencia judicial favorable a sus tesis. Un clima de tregua se instaló en la UPV y la elección del nuevo Rector se desarrolló sin enfrentamientos. Ganó el catedrático Juan José Goiriena de Gandarias y las élites funcionariales empezaron a unificarse alrededor de este rector, abandonando sus anteriores diferencias que habían debilitado a las autoridades universitarias. En su equipo predominaban los miembros y simpatizantes del sindicato CCOO convertido en uno de los poderes fácticos más influyentes de la UPV. Vicerrectorados claves eran ocupados por profesores muy beligerantes respecto a los movilizados en el curso anterior. Estas élites adoptaron una estrategia de oponerse a las reivindicaciones de los profesores asociados ahora formalmente laborales pero que tenían sobre sus cabezas la espada de Damocles del recurso de la UPV contra su readmisión.

Mientras los grupos funcionariales con más influencia se unificaban y organizaban su estrategia entorno al nuevo rector, los asociados mantenían una suicida actitud pasiva, prolongando la tregua con las autoridades. Los sectores abertales dejaron de apoyar a la candidatura Ertza y no presentaron esta vez candidato propio ni programa, desapareciendo en la práctica de la contienda electoral. Los conflictos estudiantiles seguían pero esta vez los asociados y sus sindicatos no los apoyaron. Se puso punto final a las reclamaciones anteriores encaminadas a una negociación para crear nuevas figuras de contratado laboral que estabilizasen en un futuro sus situación académico-laboral y que habían dado lugar a los enfrentamientos pasados. Se esperaba resignadamente la decisión del TSJPV, cuando muy pocos dudaban que esta iba a ser favorable a la Universidad, dado el fuerte carácter político de este tribunal. Se temía a esta resolución pues ella podía volver a poner en la calle a los antiguos insumisos. Se palpaba en el ambiente una sensación de cansancio y desmotivación como si las batallas anteriores hubieran dejado exhaustos a los combatientes. Las asambleas de contratados eran penosas y se habían convertido en reuniones de personajes quejosos en donde solo se hablaba de conseguir, en caso de despido, una nueva reincorporación con independencia de la modalidad de contrato.

Un grupo de profesores no estábamos de acuerdo con estas posiciones derrotistas y llamábamos de nuevo a la movilización. Pero en vano. La Asamblea de profesores asociados, donde ahora se incorporaban los profesores que había firmado los contratos administrativos ofrecidos por el Rector e incluso algunos funcionarios que teóricamente apoyaban al movimiento, se había convertido en un parlamento de sufrientes más que en el órgano director de las pasadas movilizaciones. En vista de esto ese pequeño grupo que quería proseguir el movimiento se salió de la Asamblea, afirmando su decisión de no volver a firmar más el contrato administrativo fuese cual fuese la resolución de TSJPV.

Como se esperaba el recurso presentado por la UPV fue aceptado por el TSJPV que considero que los contratos de los más de 100 profesores afectados si bien eran formalmente laborales se habían extinguido en 1990. Estos profesores quedaban pues sin contrato y por lo tanto en la calle. En un gesto de “generosidad” la UPV determinó admitirles siempre que firmasen el anterior contrato administrativo al cual con anterioridad se habían declarado insumisos. La gran mayoría de los docentes lo aceptaron pero 9 nos volvimos a declarar insumisos, esta vez a los jueces, y no estampamos nuestra firma en él. Fuimos pues considerados por la UPV como “autoexcluidos”a partir del 31 de marzo de 1992. De ahí que este año de 2017 conmemoremos el 25 aniversario de nuestra exclusión en la Universidad.

Algunos de los contratados reconocieron, incluso públicamente, que no estaban de acuerdo con esa sentencia que se les había impuesto por motivos políticos que no laborales pero que habían decido firmar para evitar el mal mayor que significaba el despido. Sin embargo, otros, entre ellos los sindicalistas del STEE-EILAS, argumentaron que su firma no era una rendición sino un cambio de estrategia. Para ellos los enfrentamientos anteriores habían polarizado mucho la situación y habían impedido una acumulación suficiente de fuerzas. Ahora, razonaron, dentro del propio espacio universitario y trabajando con la legalidad existente y una movilización adecuada a las circunstancias se podía conseguir el ansiado contrato laboral. Para ello la tarea a emprender era lograr la unidad sindical, es decir pactar y convencer a los sindicatos que se habían opuesto a las practicas insumisas anteriores. O sea pactar con el anterior enemigo convertido ahora en posible aliado. Los sindicatos y la Junta de Personal Docente volvieron a dirigir la política laboral, la Asamblea de Profesores Laborales pasó a funcionar como Asamblea de Contratados Administrativos y funcionarios afines con tareas y funcionamiento muy restringido. Al final prácticamente desapareció limitándose a funcionar como órgano de consulta y aprobación de las sucesivas renovaciones de los contratos administrativos temporales.

La situación de los 9 profesores insumisos era delicada. Estábamos excluidos de la UPV, los dirigentes universitarios se habían fortalecido con la elección del rector y con la sentencia judicial. Los tribunales habían cerrado el paso al contrato laboral si no se modificaba la legislación general universitaria, los sindicatos abertzales (LAB y STE-EILAS) y la Asamblea de Profesores habían apostado por el contrato administrativo y nuestra presencia les molestaba. La Izquierda Abertzale nos había recomendado que firmásemos el mencionado contrato y no íbamos a tener mucho apoyo por parte de sus organismos. Sin embargo, nosotros teníamos confianza en nuestras fuerzas y un impulso interior nos empujaba a permanecer fieles a la lucha que había habido a favor de un profesor propio con contrato laboral, que considerábamos que era una lucha inscrita en las reivindicaciones nacionales y sociales por las que un sector amplio de nuestro pueblo luchaba. No podíamos defraudar a las miles de personas que habían participado en los acontecimientos de los años 90 y 91. Había una exigencia ética que nos obligaba. En un principio intentamos convencer a nuestros compañeros para que no claudicaran con todo tipo de argumentos pero fue en vano. Habían tomado la decisión de firmar mucho antes de la salida de la sentencia. No hay nada que hacer cuando la subjetividad flaquea y la confianza se pierde. Algunos llegaron a pedirnos pruebas concretas que avalasen el éxito de nuestra apuesta. Pero nuestra decisión como tal apuesta no podía evaluarse con ninguna prueba empírica. Estaba sometida a la voluntad política y al juego del azar. Era como tal inevaluable.

Lo primero que hicimos los excluidos era anunciar públicamente nuestras peticiones. Como estaba claro que mientras no se cambiase la legislación resultaba imposible disponer de un contrato laboral solicitamos a las autoridades académicas que negociasen con nosotros una formula contractual que no fuese ni administrativa ni laboral. Un contrato estatutario dentro de la autonomía universitaria; es decir un contrato especifico de la Universidad, algo que veíamos factible y plenamente legal. Mientras tanto seguiríamos dando las clases como si fuésemos profesores legales para demostrar nuestro interés por seguir vinculados a la UPV. Unos amigos construyeron una pankarta que se convertiría con el tiempo en nuestra principal señal de identidad. Esta pankarta recogía nuestras reivindicaciones básicas: Profesorado Propio; Autonomía Universitaria; No a los despidos.

La negociación

No tuvimos excesivos problemas para terminar el curso académico porque dado lo avanzado del curso las autoridades académicas no tenían interés de provocar una guerra que podía afectar a cientos de estudiantes. Pero las cosas iban a cambiar a comienzos del nuevo curso de 1992-1993. Los dirigentes universitarios se negaban a negociar con nosotros una solución y amenazaron a los estudiantes con no reconocer e invalidar la docencia impartida por nosotros. Allí donde pudieron sustituyeron a algunos de nosotros por esquiroles y amenazaron con hacerlo al resto pues varios departamentos nos apoyaban y nos concedieron una especie de” venia docendi”. Contestamos con huelgas de hambre y encierros de algunos afectados que se prolongaron durante meses. Algún profesor numerario también se encerró por solidaridad con nosotros durante largo tiempo. Los estudiantes de nuestras clases fueron nuestro principal apoyo pues veían en peligro sus asignaturas ya que en la mayoría de los casos la Universidad no podía contratar sustitutos. Al correr el riesgo de perder el curso presionaron a las autoridades para que negociaran con nosotros y nos readmitieran. Para ello boicoteaban actos académicos, ocupaban el rectorado una y otra vez, realizaban manifestaciones etc. La relevancia de algunos de los profesores despedidos muy conocidos y apreciados en el mundo cultural, social e incluso político de Euskal Herria, la índole de sus reivindicaciones y lo sacrificado de su lucha favorecieron una solidaridad creciente dentro del amplio sector abertzale de nuestra sociedad. Decenas de artículos a nuestro favor inundaron los medios de comunicación y numerosas cartas pidiendo nuestra reincorporación llegaron al Rectorado. Los mejores bertsolaris intervinieron en nuestro apoyo en un acto en el Aula Magna y se celebró asimismo un concierto con miles de asistentes. José Ramón Etxeberria, uno de los despedidos, inicio una nueva huelga de hambre y ante la amenaza de desalojarlo por la fuerza cientos de estudiantes de la Facultad de Ciencias llenaron los pasillos y permanecieron sentados para impedirlo. El Rector Goiriena de Gandarias se dio cuenta que podía volver a reproducirse lo sucedido en el periodo 1990-91 con una Universidad en bronca continua y paralizada y se vio obligado a negociar.

Las negociaciones tuvieron lugar durante el mes de Mayo de 1993 en la sede del Consejo Social. Participaron una representación de los profesores despedidos, el rector, un vicerrector y la persona que actuaba como mediador que era precisamente el presidente del Consejo, La secretaria del Consejo Social recogió y transcribió lo allí sucedido. Se llegó a un acuerdo firmado por ambas partes. En él se recogía un modelo de contrato que a nuestro entender no era administrativo. Se reconocía, asimismo, la deuda contraída por la UPV durante el periodo de tiempo que no habíamos percibido sueldo alguno y se nos incorporaba a nuestros antiguos departamentos. Era un acuerdo que tenía todas las garantías legales y había sido avalado por los servicios jurídicos de la UPV. Sin embargo, la Junta de Gobierno de la UPV, por solo dos votos de diferencia, no ratificó el acuerdo suscrito entre las partes. Sorprendentemente algunos miembros del propio equipo rectoral declararon de forma pública que iban a votar en contra enfrentándose con el propio Rector. El acuerdo pues no fue aprobado. Un intento posterior de Goiriena para relanzar el tema de nuevo volvió a fracasar. Nosotros nos encerramos en la UPV para presionar a la Junta pero fue en vano. EL acuerdo no pudo materializarse. De todas formas el propio acuerdo para nosotros significo un triunfo. Habíamos conseguido demostrar que la UPV podía crear modalidades de contratación diferentes del contrato estándar dispuesto por el Estado para todas las Universidades. Y eso en virtud de su propia autonomía. Resultaba un paso gigantesco que concedía legitimidad a nuestras reivindicaciones y abría el camino para que nuestros compañeros pudieran reclamar algo parecido. Desde ese momento podíamos declarar que fuimos injustamente despedidos y no simplemente unos “autoexcluidos”. Y que nuestro despido tenía un carácter ideológico-político ya que el contrato se había demostrado plenamente legal.

El comienzo del curso 1993-1994 fue realmente difícil para nosotros. Las autoridades universitarias habían preparado meticulosamente una estrategia de guerra para desplazarnos de las clases y obligarnos a desaparecer de la Universidad o firmar el contrato administrativo. Contrataron a una nueva compañía de guardas jurados que tenía fama de dura dotándola de toda la parafernalia para-policial: pistolas, escudos, cascos etc. Más que un servicio de vigilantes normal eran algo parecido a un cuerpo especial para-policial para imponer el orden en el interior del recinto universitario. Esta compañía, Protecsa, ya venía precedida de fama por la naturaleza violenta de sus intervenciones en otros lugares. Lo primero que hicieron es intentar reventar una huelga de los trabajadores de la limpieza a base de porrazos y otro tipo de agresiones a los trabajadores. Además el Rectorado sacó a concurso todas nuestras plazas sorteando así la oposición anterior de algunos departamentos y no reconoció los exámenes y las notas de los estudiantes que durante un curso y medio habían decidido continuar recibiendo docencia de nosotros a pesar de nuestro despido oficial. Creían que de esa manera desistiríamos pero se equivocaban, aunque a la vista de la nueva situación y del fracaso del acuerdo con el rector cuatro de los nueve profesores abandonaron el colectivo y tres de ellos firmaron el contrato administrativo. A los cinco que quedamos se añadió en nuestro destino un funcionario, Nikolás Xamardo, el cual venía participando estrechamente en las anteriores movilizaciones.

Nosotros seguimos manteniendo la decisión de intentar impartir docencia a pesar de los esquiroles y reclamar el cumplimiento del acuerdo al que habíamos llegado con el Rector. Algunos miembros de nuestro colectivo iniciaron una nueva huelga de hambre en solidaridad con los estudiantes a los que no se les había reconocido nuestras calificaciones. Pretendíamos además que no cediesen a las presiones de las autoridades académicas.

Nos introducíamos en las clases provistos de un cartel contra nuestro despido en silencio dejando dar la clase a los sustitutos mientras que el resto de los compañeros se encontraban fuera del aula portando la tradicional pankarta, acompañados por otros profesores solidarios. En estas condiciones el esquirol de turno desistía de ofrecer docencia y las clases se suspendían. En vista de ello un grupo de profesores, algunos de ellos participantes anteriormente a nuestro lado en el conflicto, tuvo la feliz idea de solicitar el apoyo de otros profesores para arropar a los esquiroles e impedir nuestra comparecencia en las aulas. Pero esta táctica fracasó rotundamente por la poca acogida recibida. Nadie en su sano juicio quería enfrentarse directamente a nosotros e impedir que accediéramos a las clases. En su fuero interno sabían que nuestras peticiones eran justas y habían sido avaladas incluso por el rector. Estaban faltos de moral para una confrontación de ese calibre. Rabiosos por el poco éxito de la iniciativa acudieron a los medios de comunicación para que se presentasen en las aulas y contemplasen el espectáculo, al mismo tiempo que ofrecían su versión del conflicto, creando así la famosa “alarma social” que luego permitiría la intervención de los jueces y lapolicía.. Intentaban con ello ponernos a los pies de la opinión pública para desprestigiarnos y criminalizarnos. Pero lo que lograron con ello es demostrar que en esas condiciones de tensión era imposible impartir clase alguna. En las aulas se encontraban ahora, además de los estudiantes que teóricamente iban a recibir docencia por parte del esquirol, las autoridades académicas, los periodistas, nosotros con nuestra pankarta y los numerosos visitantes que atraídos por el espectáculo se introducían en el interior. Parecía aquello el camarote de los hermanos Marx. El resultado era nuevamente la suspensión de la docencia. Sin embargo, las autoridades académicas seguían empeñadas en nuestro desalojo e intentaron convencer a los estudiantes más dóciles que fueran precisamente ellos los que impidieran nuestra entrada. Nuevo fracaso ya que ante esta oposición acudieron en nuestra ayuda el ejército de estudiantes sin calificaciones del que hemos hablado. Con lo cual el lío estaba garantizado. Al final las autoridades se dieron por vencidas y desistieron del empeño mientras los diferentes grupos de estudiantes en comandita se dirigían al rectorado para reclamar una solución a los gritos de “Queremos un profesor legal” de parte de algunos y “Azterketak Onartu” de parte de otros. La operación desalojo “pacífico” había fracasado rotundamente.

Agotados los medios “civiles”, llegaba el turno de los “inciviles”, es decir el equipo especial de guardias jurados contratados. Ahora se nos impedía la entrada en las facultades especialmente en la de Periodismo, tomada literalmente por los Protecsa. Pero también impedían el paso a los estudiantes, sospechosos en general de prestarnos ayuda. En las aulas los esquiroles eran arropados por guardas jurados, autoridades académicas, periodistas y colaboradores varios. La mayoría de estudiantes, tanto los que se encontraban en el interior como los del exterior a los que se les impedía el acceso al recinto, indignados por esta presencia parapolicial increpaban y se enfrentaban con los miembros de la supuesta compañía de seguridad. En estas condiciones no había posibilidades de dar ninguna clase. Se suspendía por lo tanto la docencia no solo en las clases afectadas sino en toda la Facultad. Los esquiroles y las autoridades salían del recinto custodiados por los para-policiales en medio de gritos e insultos de los alumnos y de una lluvia de golpes. Un grupo de estudiantes se encerró en el aulario de la facultad de periodismo y llamada la Ertzaintza les desalojo. Mientras tanto, provistos de la pankarta y situados prudentemente en el exterior a cierta distancia, nosotros observábamos las escenas. La operación emprendida, encaminada a permitir la docencia a los esquiroles y desalojarnos de las aulas por la fuerza, se había vuelto a saldar con un notable fracaso.

Los desbordados jerarcas universitarios quisieron justificar su impotencia ante los medios de comunicación arguyendo mentirosamente que la culpa de lo sucedido la tenían estudiantes de Jarrai que habían subido en autobuses al campus de Leioa para provocar los disturbios. Se trataba de la teoría de los “agentes externos” que aparece siempre que un conflicto meramente interno no logra ser canalizado por las autoridades. Estos incidentes violentos sirvieron de pretexto a los mandatarios para decretar el cierre de la Facultad de Periodismo durante una semana. Querían justificar su derrota ante la opinión pública y la propia Universidad, responsabilizarnos de lo ocurrido, castigar a los estudiantes y presionarles para que fueran ellos los que impidieran nuestra resistencia. Sin embargo, los discentes no estaban por la labor. Lo que hicieron fue organizar una consulta en la Facultad. En ella una amplia mayoría de estudiantes se decantó por pedir a las autoridades universitarias que resolvieran el conflicto a través del diálogo y la negociación con los profesores despedidos. Los mandos universitarios despreciaron esta propuesta lógica y razonable y prepararon la ‘solución final’.

El Destierro

La Juntas de la Facultad de Periodismo y la de gobierno de la UPV aprobaron una serie de medidas punitivas: nos prohibieron la entrada en las Facultades y en el propio recinto universitario. Nos expulsaron de los cursos de doctorado que impartíamos. Reprobaron y condenaron nuestro proceder. Presentaron una querella criminal contra nosotros. Extendieron los castigos a Nikolás Xamardo que era funcionario. Expedientaron a un profesor y a un alumno por solidarizarse con nosotros y amenazaron con expedientar al director del departamento de Periodismo. Para reforzar estas medidas obligaron a los decanos y directores de todos los centros de la UPV a suscribir un comunicado en el que apoyaban estas sanciones. Sabíamos que algunos de estos directivos no estaba de acuerdo con el documento pero como nos dijo uno de ellos: “SI no firmo, no soy nadie”. No iba a ser nadie en la Universidad lo que quería decir que se iba a quedar fuera de los circuitos académicos en donde se cuecen y reparten cargos y demás prebendas para los obedientes. Desgraciadamente no hubo un solo hombre “bueno” que se saliese del rebaño. Y eso que varios de los firmantes eran partidarios del contrato laboral y habían apoyado el acuerdo pactado con el Rector. Pero se vieron retratados a instancias del poder en su papel de funcionarios sumisos. Como correspondía ahora, en situación de crisis, a una Universidad convertida en simple aparato de Estado. De hecho anteriormente habían proliferado por la UPV los escritos firmados por numerosos profesores en donde se apoyaba a los esquiroles, se criticaba y criminalizaban nuestros “violentos” comportamientos y se defendía la actuación de las autoridades universitarias. Entre esos firmantes se encontraban compañeros de departamento, sindicalistas “progresistas” e incluso anteriores amigos y colaboradores que habían participado en las luchas a favor del contrato laboral. Sería por eso de que “estoy a favor del contenido pero no de las formas” o ley de hierro de la falta de compromiso y de renuncia real a los principios que inspiraron inicialmente al movimiento.

El 3 de diciembre de 1993 se nos impidió el paso al recinto universitario de Leioa. Retenes de guardas jurados controlaban todas las puertas de acceso. Enrike López y José Ramón Etxeberria, que se habían introducido ya en el interior, fueron arrastrados a la puerta de entrada. En uno de los muros de esa entrada colocamos la pancarta y nos situamos los seis profesores rodeados de guardas. Comenzaba nuestro largo destierro y también una nueva fase de nuestra lucha.

One thought on “25 años de historia de una pancarta (Parte primera)

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