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Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Antonio Torres

Atendiendo a la petición de la familia del joven malagueño Manuel José García Caparrós, asesinado en la manifestación por el autogobierno andaluz el 4 de diciembre de 1977, la diputada por Málaga de Unidos Podemos, Eva García Sempere, solicitó formalmente a la Mesa del Congreso el 31 de marzo toda la documentación de la comisión de investigación abierta tras los hechos, que nunca fueron esclarecidos y quedaron impunes. La respuesta, con fecha de 22 de mayo, lleva la firma de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y su contenido es terminante: “la documentación solicitada tiene carácter secreto“, por lo que “no procede atender” la petición. El Congreso explicó a través de un portavoz que la negativa se fundamentaba en el carácter secreto que tenían todas las “comisiones de encuesta”, las antiguas comisiones de investigación, en virtud del reglamento provisional del Congreso en vigor de 1977 a 1982. Levantar ese carácter secreto depende de la Mesa del Congreso, explica este portavoz, es decir, que se opta, sin explicar por qué, más allá de un puro tecnicismo administrativo, por seguir manteniendo esa información secreta.

El secreto forma parte fundamental de la razón de Estado que emana de la concepción del Estado como un ente que está por encima de los conflictos porque “encarna al pueblo” y a su voluntad. Ya Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado desenmascaraba la verdadera naturaleza del Estado: “El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado con sigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso hízose necesario un Poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del ‘orden’. Y este Poder, que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado”.
Por su parte el estructuralista Nicos Poulantzas en Poder político y clases sociales en el Estado capitalista sostenía que: “El Estado, en su papel de cohesión de la unidad de una formación, papel particularmente importante en la formación capitalista, realiza varias funciones: económica, ideológica, política. Esas funciones son modalidades particulares del papel globalmente político del Estado: están sobredeterminadas por –y condensadas en- su función propiamente política, su función en relación con el campo de la lucha política de clases.”.

Son ya tales las contradicciones que se amontonan en el Estado español postfranquista que le es cada vez más difícil mantener no ya su mito fundacional sino el propio marco político, lo que no quiere decir de ninguna de las maneras que esté próxima la ruptura democrática de y con el (post)franquismo.

Independientemente de si quienes se auto erigen como el referente del “cambio político” -¡ese significante vacío!- en el Estado postfranquista realmente lo pretendan aceptando todas las consecuencias, o de si a lo que de verdad algunos aspiran es a tener su lugar en las élites propiciando una “revolución pasiva” gramsciana, la cuestión es que a pesar de las movilizaciones populares que hemos vivido estos años, no se ha dado una politización tal que ponga en cuestión más allá de algunos elementos simbólicos los pilares del régimen, exceptuando Catalunya. Al menos en la Andalucía que vio nacer y morir asesinado a Manuel José García Caparrós en esa coyuntura nos encontramos: aunque deteriorada sensiblemente, la hegemonía del régimen andaluz del PSOE se mantiene.

El caso es que las justas pretensiones de la familia García Caparrós de Verdad, Justicia y Reparación difícilmente se van a ver satisfechas en el marco del régimen postfranquistas. Un régimen que no tuviera miedo por su supervivencia política o por su perpetuación, asumiría las pretensiones de la familia García Caparrós y las utilizaría para legitimarse y mantener la ficción del Estado por encima de todo y de todos –porque supuestamente es la “voluntad de todos”-, sin embargo, la negativa de la Mesa del Parlamento a acceder a los documentos de la comisión de investigación no puede demostrar más que una debilidad patética disfrazada con los andrajos del derecho administrativo.

Dos grandes motivos se esconden tras el secretismo de la razón de Estado al respecto: uno es que el caso García Caparrós supone un cuestionamiento radical de la narrativa de la oligarquía española y también del régimen andaluz del PSOE sobre la Transición en el Estado español pero sobre todo en Andalucía; y dos, el fantasma de García Caparrós no hace más que recordar la existencia hoy de una Andalucía sumida en la miseria y la opresión y el fracaso del “sueño de la autonomía”, aquel sueño que se iba a hacer realidad y que iba a eliminar de un plumazo todos nuestros problemas históricos. El temor a que, a pesar de la no existencia hoy de un/os referente/s político/s andaluz/ces de masas, de nuevo un movimiento nacional-popular que entienda que la ruptura democrática supone poder político andaluz, soberanía nacional, pueda poner en jaque al régimen está ahí, presente.

La figura de García Caparrós, de un joven trabajador malagueño convertido en protagonista sin quererlo ni buscarlo, tiene el efecto de un frenazo repentino en un coche que va a 120 km/h respecto a lo modélico de aquella Transición. El relato de una Transición modélica y pacífica, solamente alterada por la violencia ejercida por ETA, y en la que se estableció un régimen democrático gracias a que los diferentes actores políticos tuvieron “altura de miras” y supieron ceder por el “bien de España” cae por los suelos. La fuerza de los hechos, la persistencia de personas a título individual, de organizaciones políticas, sociales y sindicales ajenas al relato oficial y la presión popular están haciendo ya que el propio régimen tenga que modificar en parte su relato para no terminar de deslegitimarse aún más, reconociendo las diferentes violencias, entre ellas la estatal y la de los grupos fascistas, pero eso sí, minimizándola y justificándola en no pocas ocasiones. Todo esto también está haciendo que determinados partidos que formaron parte del pacto que dio lugar al régimen y que hoy lo son del “bloque de fuerzas del cambio político”, como el PCE, asuman otro papel, pero claro, que nadie espere una autocrítica ni un “no volverá a ocurrir” por lo que ocurrió en ese pasado no tan lejano.

El escritor Mariano Sánchez Soler cifra en su libro La Transición sangrienta en 188 los muertos producidos por violencia de origen institucional entre 1975 y 1983, la inmensa mayoría de estos asesinatos han quedado en la nebulosa y en el escaso interés judicial por su resolución, como también por el olvido recurrente de los medios de comunicación del régimen. Por supuesto, las cifras pueden variar y en el caso de estos asesinatos hasta aumentar la cifra propuesta por Sánchez Soler.

García Caparrós no fue el único, ni siquiera en Andalucía, en la Andalucía de los albañiles granadinos Antonio Huertas, Cristóbal Ibáñez y Manuel Sánchez, asesinados en la huelga de la construcción de 1970; la Andalucía del militante almeriense de la Joven Guardia Roja Javier Verdejo Lucas, la Andalucía del “caso Almería”, de Manuel Zafra de Carmona, de Francisco Rodríguez Ledesma del barrio sevillano de Cerro del Águila, Ignacio Montoya de Trebujena, etc.

Porque aunque la narración del régimen andaluz del PSOE presente igualmente una Transición andaluza no ya modélica sino idílica, ésta también ha tenido que verse modificada con el consiguiente disgusto parcial del régimen. Esta narración es la de una épica cuyo protagonista no fue el pueblo andaluz, quedando éste en un segundo o tercer plano, sino el PSOE de Andalucía erigido en el protagonista de la recuperación para Andalucía de un papel político, económico, social y cultural que el Estado español le negaba. Al respecto, en las primeras narraciones que el PSOE andaluz daba de “su gesta” García Caparrós y el 4 de Diciembre no existían, con el tiempo, especialmente a partir de mediados de la década del 2000 para acá, han ido incorporando en el relato a García Caparrós y al 4 de Diciembre, pero desde narraciones que destacan por lo accidental, lo anecdótico o lo insignificante, cargando todo el peso narrativo en el referéndum del 28 de Febrero de 1980 y en cómo el PSOE “apostó por el futuro de Andalucía”. Igualmente, por falta de espacio, no podemos tratar el uso por parte del régimen del PSOE andaluz de la figura de Blas Infante. Baste por ahora decir, que Blas Infante, reconocido como “Padre de la Patria Andaluza” por el Parlamento de Andalucía es hoy para la casta intelectual del régimen una cáscara de huevo vacía, a la que se le ha quitado la yema y la clara.

Dentro de ese cuestionamiento radical que la figura de García Caparrós hace del relato de la Transición “modélica”, no debemos descartar el hecho de que personas que puedan estar vivas actualmente se vean salpicadas no ya por responsabilidades judiciales o penales, pero si por responsabilidades políticas o, si se quiere también, “morales”.

La otra dimensión de la figura de García Caparrós es política y actual, muy actual, y tiene que ver con el cuestionamiento desde Andalucía tanto del régimen postfranquista español, como de su hijo menor, el régimen del PSOE andaluz. Forzosamente, hablar de García Caparrós va más allá del hecho puntual o de la reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación de la familia.
Hablar de García Caparrós es hablar del “proceso autonómico” de 1977 a 1981, de la constitución de la Junta de Andalucía como régimen del PSOE, y de la Andalucía de hoy, es decir, de si ese “proceso autonómico” y de si esas instituciones que de él emanaron cumplieron con las expectativas políticas, sociales, económicas y culturales que en su momento se depositaron. No es cuestión de aburrir con datos que vienen a demostrar en resumen que: a) Andalucía está sometida al paro, la pobreza y la marginación; b) Andalucía está sometida a la dependencia económica y a la subalternidad política; y c) hoy como ayer, la manipulación de la identidad cultural andaluza sigue sirviendo a los intereses de la gran oligarquía española ayudando a la desestructuración del conjunto del pueblo trabajador andaluz. No es solamente que estemos viviendo las terribles consecuencias de una crisis capitalista, la cuestión es también que la crisis capitalista tiene diferentes maneras de presentarse y realizarse que no quedan al margen de los diferentes procesos históricos.

El antropólogo Isidoro Moreno ha venido señalando desde hace muchos tiempo que nadie esperaba en aquella Transición a Andalucía, nadie esperaba al pueblo andaluz en pie reivindicándose, nadie esperaba un 4 de Diciembre en definitiva.
Andalucía sorprendió sorprendiéndose a sí misma. El movimiento nacional-popular andaluz consiguió desbordar los límites impuestos por la oligarquía, urgía reconducirlo, y se logró, las contradicciones internas de aquel movimiento propició esa reconducción que concluyó con la constitución del régimen andaluz del PSOE en 1982 con las primeras elecciones al recién estrenado Parlamento de Andalucía.

Para el 1 de octubre el gobierno de la Generalitat ha convocado al pueblo a referéndum para decidir si quiere hacer de Catalunya un Estado independiente en forma de República.
La razón de Estado del posfranquismo actuará en consecuencia impidiendo con su retórica jurídica sobre lo “legal” y el “imperio de la ley” el derecho de un pueblo catalán a decidir libremente su estatus político, su futuro. En esta coyuntura, emerge la figura de Manuel José García Caparrós, para indicarnos que nuestro futuro, el del pueblo andaluz, también está pendiente de decisión, y que nos va la vida, la de la clase obrera y el conjunto del pueblo trabajador de Andalucía, en ello.

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