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Endavant (OSAN)

Ante el juicio contra personas encausadas por el referéndum del 1 de octubre de 2017, incluidas 9 presas políticas, es necesario recordar algunas cosas.

Los juicios no son ningún ejercicio de democracia del estado, sino un acto de venganza y castigo colectivo por su parte. Son, en definitiva, un juicio político. Y lo son tanto por la inconsistencia absoluta de sus acusaciones, incluso dentro de su propio entramado jurídico y penal, como por las circunstancias en que este juicio se desarrollará: desde la prohibición de que haya observadores internacionales, hasta el traslado de las presas políticas -muchos días antes de lo que la misma norma marca-, pasando por el ajuste a la carta de los tiempos de inicio, desarrollo y final del juicio. Todo ello responde a una razón de estado, bien alejada de la democracia y de los derechos.

Cualquier persona que quiera ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo será culpable ante el estado. Por lo tanto, aquí no hay nada que dirimir entre culpables e inocentes. El entramado jurídico español no permite el ejercicio democrático del derecho a la autodeterminación, reconocido, en cambio, en numerosos tratados internacionales. El estado español superpone la ley contra las libertades, cuando han sido precisamente, siempre, los movimientos por los derechos y las libertades los que han modificado las leyes. En este sentido, el juicio no es sólo contra las personas citadas, sino contra el más de un millar de personas encausadas por acciones relacionadas con el referéndum de autodeterminación del 1-O.

Hay que entender el juicio como en la encruzijada donde España sitúa al movimiento soberanista: legalidad o ruptura, represión o desobediencia, recentralización o autodeterminación. La única oferta que el estado puede ofrecer al pueblo catalán es aflojar la cadena de manera que no se perciba tanto la sumisión. “Que se consigna el efecto sin que se note el cuidado”, como decían en el siglo XVIII. La encrucijada en la que se encuentra el movimiento independentista, pues, es entre pactar con el estado estas migajas cada vez más resecas y con regusto franquista o romper las cadenas para ganar el pan entero.

La disyuntiva entre ruptura con el estado o renovación del pacto autonómico pone de manifiesto los intereses contrapuestos que existen en el seno del movimiento independentista transversal. La ruptura abre la puerta a cambios políticos y sociales profundos que potencialmente pueden alterar las relaciones de poder dentro de la sociedad del principat; el pacto a la baja permite salvar los muebles y mantener algunos de los privilegios y áreas de poder de los partidos políticos que pueden aspirar a gobernar la Generalitat y, lo más importante, asegura la estabilidad necesaria para que se mantengan las relaciones de poder que benefician a la oligarquía empresarial que forma la clase dominante.

Ninguna de las dos alternativas de la disyuntiva no es sencilla ni cómoda. Por un lado, la ruptura con el estado implica costes represivos y abre un período de inestabilidad política y económica como no hemos conocido en los últimos cuarenta años. Por otro, la renovación del pacto autonómico implica una rendición en toda regla y aceptar condiciones que empeoran la situación de subordinación política y económica respecto al estado de las autonomías surgido de la reforma del franquismo.

La apuesta de la Izquierda Independentista ante esta disyuntiva es claramente la ruptura con el estado, ya que que dentro del estado español las clases populares no tenemos garantizada una vida digna, ni desde un punto de vista económico, ni nacional, una situación mucho más agravada en el caso de las mujeres. Aunque los costes puedan ser grandes, la clase trabajadora y el resto de las clases populares tenemos mucho que ganar con la independencia. Sólo quien tiene privilegios económicos y políticos se puede plantear la opción de renovar el pacto autonómico.

Pensamos que sólo la movilización puede frenar tanto el avance del fascismo, revestido de recentralización del estado, como la rendición del pacto con el estado. Sólo la movilización en las calles puede devolver el protagonismo a las clases populares para decidir sobre todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos por delante un calendario de movilizaciones que sólo es un punto de partida: jornada de lucha el día que comienzan los juicios, una huelga general que desborde el pactismo y reivindique la desobediencia y la autodeterminación como ejes centrales de la acción política, y una huelga general feminista el 8 de marzo como máxima expresión que sintetiza las principales reivindicaciones que guían la lucha de la Izquierda Independentista.

Llamamos a impulsar y participar en movilizaciones que sirvan para impedir el proceso de reforma y de negociación con el estado, y que permitan iniciar un nuevo ciclo de luchas que sitúe los mínimos para vivir dignamente: recuperando soberanías, defendiendo y ganando derechos, y ejerciendo la autodeterminación.

Los pactos y las sentencias se tumban en las calles: la autodeterminación no se negocia, se ejerce!

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