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Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Dabid Soto (militante internacionalista)

Puede ser esta una de esas raras ocasiones en las que exista un consenso bastante amplio, sobre el futuro mas inmediato que deberemos enfrentar las personas y los colectivos que aspiramos a construir una sociedad basada en principios de justicia social en términos globales y una Euskal Herria independiente y socialista en el caso particular de nuestro pueblo.

El estado español cierra filas en torno a su modelo territorial. Anuncia una nueva etapa marcada por la regresión en términos de descentralización. Se oyen voces que hablan de acabar con el sistema de las autonomías y de ilegalizar nuevamente formaciones políticas. La intervención de la autonomía catalana demuestra que ETA nunca fue el problema de fondo, de un estado dispuesto a castigar cualquier movimiento que más allá de discursos, sea capaz de dar pasos en el camino hacia la construcción de naciones libres y sistemas político-económicos contrarios a la lógica del sistema neoliberal.

Paralelamente se nos anuncia la llegada de una nueva recesión económica, pretendiendo así hacernos creer que la clase trabajadora había recuperado al menos una parte de todos los derechos que la crisis que nos montaron con anterioridad se llevó por los aires. Al amparo de estos anuncios, crecen en el conjunto de Europa y de manera sobresaliente en el Estado Español los discursos de tinte fascista. El racismo y la xenofobia son defendidos ideológicamente por unos pocos. Pero mientras los estados que nos rodean y de los que formamos parte dejan morir en el mar a cientos, miles de refugiados, convirtiéndose así en estados que impulsan un auténtico genocidio humano. La degradación del medio ambiente viene acompañada por los intentos del capital por hacernos creer en falsos compromisos, mientras ocultan informes que detallan que 90 empresas son las responsables de emitir a la atmósfera más de dos terceras partes de gases de efecto invernadero. Las desigualdades entre hombres y mujeres llevadas al extremo, perpetúan una violencia estructural de género que posibilita que centenares de mujeres sean asesinadas cada año. Mientras las medidas efectivas que la administración pone para una completa y total erradicación del problema son ridículas, si las comparamos con las que esa misma clase política y empresarial se adjudica para sí misma cuando es o se cree amenazada. La brecha cada vez mayor entre los ricos y una población cada vez mas empobrecida y en riesgo de ser excluida socialmente, los alarmantes índices de paro o la precarización en aumento de las condiciones laborales…

El panorama es dantesco. Y con total seguridad tanto los estados como el capital tienen ya anticipados buena parte de sus siguientes movimientos para afrontar un ciclo marcado en algunos casos por crisis internas de carácter territorial, que acompañarán a la previsible debacle en términos económicos, pero fundamentalmente sociales. Todas las grandes crisis conllevan un recorte de derechos de las clases sociales más empobrecidas. La educación y la sanidad en primer lugar. Pero sumado a ello la todavía mayor precarización del trabajo, a la que se sumará una mayor desprotección de las personas en situación de paro forzoso. De nuevo la apertura de un ciclo que condena a otra generación a perpetuar la estancia en casa de los viejos… si antes no se la quita el banco.

Solo hay que girar un poco la cabeza hacia atrás para saber que para ambas crisis el conjunto de los estados y dentro de ellos el español en particular practicará un nuevo recorte de los derechos y las libertades civiles y políticas. Algunas, la mayoría serán recetas que ya conocemos. Pero el estado y el capital están envalentonados, por lo que la involución puede no quedarse en poner freno al malestar popular, sino que puede buscar frenar o incluso eliminar las conquistas de anteriores generaciones. Hablaríamos por tanto no de cambios inherentes a la crisis, sino de cambios estructurales que perpetuarían un modelo territorial que responda a los intereses del capital. Cambios estructurales que privarían a las clases populares y a la clase trabajadora de las conquistas alcanzadas, condenándola a vivir de forma permanente sometida a los intereses de los mercados.

Para los estados, y particularmente para el Estado Español en lo que afecta a los problemas derivados de las políticas neoliberales y a la cuestión territorial, la complicidad de determinados estamentos es clave a la hora de gestionar estas crisis.
No es la primera ni será la última vez que los autodenominados sindicatos de clase se conviertan en el colchón que trata de hacer digeribles los golpes que recibe la clase trabajadora. UGT y CCOO, pero no solo ellos, son la garantía del estado de que con un PSOE en el gobierno gestionando la crisis económica, el nivel de descontento y de ganas de echarse a la calle de las clases populares y trabajadora, será debidamente canalizado. Papel que igualmente jugarán en caso de que sea el PP quien gobierne, solo que entonces la válvula del descontento estará más abierta. Nunca por supuesto hasta límites que pongan en cuestión el estado de las cosas o que haga peligrar el reparto de poder y dividendos con que España premia a estos sindicatos.

Y por desgracia no es la primera ni será la última vez que veamos a partidos políticos autodenominados nacionalistas, encargándose de ser los gestores principales de las crisis territoriales en el estado. El PNV y la desaparecida CIU principal pero no exclusivamente, son actores fundamentales que el estado ha utilizado para primero hacer de colchón como en el caso de los sindicatos ante las exigencias populares de autodeterminación e independencia. Y en segundo lugar son la pieza imprescindible para apuntalar el estado de las autonomías como proyecto de articulación territorial del estado para las próximas décadas. En una coyuntura en que sectores del nacionalismo español más radical amenazan con hacer desaparecer los permanentes privilegios del PNV y los recientemente adquiridos de Geroa Bai, estos partidos se ponen siempre de perfil para no ver y tratar de pasar desapercibidos.

Les da igual si junto a sus privilegios lo que está en riesgo son los derechos de las naciones que dicen defender. Son tan ególatras en sus análisis que llegan a equiparar los intereses del partido con los del pueblo al que dicen representar.

No cabe además perder de vista una perspectiva fundamental para situar el papel de estos partidos nacionalistas clásicos. Creen en un estado de las autonomías que les garantiza poder a cambio de lealtad. CIU probó en sus carnes la medicina de atreverse a poner la voluntad del parlamento de Cataluña por encima de la autoridad de un estado que cerró en seco cualquier opción de negociar el estatuto aprobado en el Parlament. El PNV del famoso Plan Ibarretxe ni lo intentó. En el caso catalán no hay que obviar las razones identitarias pero fundamentalmente de pérdida de poder que han echado a las calles a los herederos de CIU. Dentro del PDCat no son pocas las voces que abogan por recuperar el espacio y el papel que desde la transición juega el nacionalismo burgués catalán como estabilizador territorial del estado y defensor de las políticas neoliberales que tanto la derecha como la socialdemocracia imponen a todos los territorios. Estos partidos han vivido y aspiran a seguir viviendo muy bien gestionando el espacio territorial y las competencias cedidas por un estado que ha dejado claro que son cesiones reversibles. Pero además son junto a los sindicatos una piedra angular del estado en el mantenimiento del actual sistema capitalista. Son burguesía acostumbrada a llenar de galones las solapas de los empresarios, mientras recortan derechos de las clases populares y trabajadoras.

Hacen uso de la violencia policial y estructural con la misma saña y determinación que cualquier poder del estado. Golpean a las estudiantes, desalojan gaztetxes, precarizan el trabajo en las administraciones públicas, promueven grandes obras de desinterés general pero enormemente interesantes para bolsillos particulares, promueven la educación y la sanidad concertada, la privatización de servicios públicos… Son eso, la derecha amable gestionando un espacio territorial. Son en términos políticos parte del enemigo de los pueblos y de las clases trabajadoras y populares, y haríamos mal en olvidarlo.

Las primeras líneas de este escrito destacaban que tal vez esta sea una de esas raras ocasiones en las que distintos sectores realmente convencidos de la necesidad de dar cabida a las aspiraciones de las naciones sin estado y de la necesidad de una revolución social, nos podamos poner de acuerdo en el diagnóstico. Aunque es posible que parte de estos sectores a estas alturas del escrito hayan tomado ya una cierta distancia.

Esta distancia sin embargo no viene en buena medida motivada por la imprecisión de lo que es simplemente la constatación de hechos producidos. La distancia se genera porque asumir como bueno este relato chocaría no con los análisis hechos, sino con las estrategias diseñadas a partir de los mismos.

La Declaración de Llotja de Mar marca en ese sentido una hoja de ruta consensuada entre formaciones con historia y perfiles muy diferentes. Cabe por tanto entender esta declaración como un movimiento táctico que fundamentalmente buscaría actuar de freno ante los intentos recentralizadores del estado. A las puertas de una crisis económica sistemáticamente anunciada, la Declaración contiene además un compromiso de los firmantes por el impulso de “las políticas sociales y económicas que permitan el progreso de nuestros pueblos”.

Resulta paradójico que en un momento que puede resultar clave para avanzar en la conquista de derechos nacionales y sociales, las principales fuerzas soberanistas y autonomistas se den la mano para tratar de contener las embestidas del estado. Solo el PNV se queda fuera de una declaración en la que afirma no sentirse cómodo por entre otras cosas, la “proyección de una visión negativa de la realidad actual en el Estado Español”. Los partidos políticos que en esta última etapa política han liderado o co-liderado los procesos soberanistas en Catalunya y en Euskal Herria definen de esta manera que su estrategia frente a los ataques del estado, pasa por el entendimiento con aquellas mismas fuerzas con las que el estado contará para dar estabilidad a su modelo territorial y social, una vez pasado el temporal o para la gestión del mismo.

De nuevo se prioriza una estrategia que permite hacer visible el “somos muchas, cada una con nuestras razones”, frente a otras estrategias que precisamente en estos momentos podrían vertebrar las fuerzas soberanistas y realmente revolucionarias del conjunto de pueblos del estado español.

Y siendo este un hecho determinante que sin duda condicionará las posibilidades de lanzar una ofensiva desde distintos frentes a un estado enormemente debilitado, la Declaración de Llotja de Mar contiene un peligro todavía mayor, por su pretensión de establecer una forma de enfrentarse a la ofensiva estatal que deja al pueblo de nuevo completamente desarmado. O mejor dicho, sin más armas que las que el propio estado, el propio sistema capitalista ofrece a los pueblos oprimidos y a su clase trabajadora.

Los partidos firmantes de la declaración de Llotja se unen para entre otras cosas defender “el carácter democrático y pacífico de toda nuestra acción política”. Una breve línea para establecer una forma de actuación política que en Euskal Herria a supuesto no establecer ninguna fórmula de trabajo que desborde la legalidad desde ninguno de los múltiples prismas posibles. Con la pretensión de defender principios democráticos y pacíficos como idea de fondo, se oculta que en realidad la acción política de los firmantes quedaría así supeditada a los topes marcados por la legalidad.

En el caso de los partidos nacionalistas nada nuevo. En el de los soberanistas supone aceptar unas reglas de juego que se han convertido en el mayor de los peligros para avanzar en los procesos que pretenden impulsar. Como un cáncer que se extiende imparable, los principios democráticos y pacíficos están pensados desde la lógica de hacer homologables las luchas de liberación nacional y social de nuestros pueblos a los estándares de las democracias, principalmente las europeas.
Con ello sin embargo se limita la capacidad de debilitar las posiciones del estado, en la medida en que se deja a los pueblos, a los movimientos populares y al conjunto de la clase trabajadora sin más armas que las que le ofrecen los sectores a quienes pretenden combatir.

Bajo el paraguas de los principios democráticos y pacíficos se han autolimitado no solo formaciones de todo tipo que han asumido estos términos, sino que además se ha condicionado la actividad de sectores que no los asumían como propios. En Euskal Herria a día de hoy muchas de las acciones desarrolladas por los CDR en Catalunya serían censuradas. La pasada cumbre de Biarritz es ilustrativa. Las fuerzas soberanistas y socialmente rupturistas tratando de pactar con el escudo institucional y policial del G7 fórmulas aceptables de protesta. Es inasumible.

Simplemente no puede volver a pasar. Por eso precisamente sorprende a partes iguales tanto que en esta Declaración no esté la firma del PNV, como que en la misma veamos la firma de la CUP. El convencimiento de quien esto escribe de que la CUP no va a actuar de freno frente a las legítimas revueltas populares actuales o que puedan venir en el futuro es absoluto. Pero eso no evita que haya partidos que quieran llevarles a ese terreno. En esta campaña electoral ya hay quien ha planteado abiertamente que la participación de la CUP es una buena noticia, sobre todo porque debilita las posiciones de quienes entendemos que fuera del actual sistema y de sus reglas, existe un interesantísimo espacio de trabajo en positivo y de lucha sin más límites que los que el pueblo decida.

Desde esta perspectiva la oportunidad que la organización internacionalista Askapena nos va a brindar para reflexionar sobre estas y otras muchas cuestiones es muy buena, y deberíamos saber aprovecharla. Representantes de partidos como la CUP, Podemos o EH Bildu, pero sobre todo activistas sociales de primera línea se van a juntar los próximos días 15 y 16 de noviembre en Katakrak de Iruñea para plantear las distintas visiones que existen sobre como enfrentarnos a la Europa de los mercados y de los estados.

En estas jornadas hay un buen equilibrio de representantes que debería permitir no quedarnos en la superficialidad de las ideas más o menos grandilocuentes. Deberíamos ser capaces de profundizar en claves fundamentales para que los pueblos, los movimientos populares y la clase trabajadora podamos enfrentarnos a las crisis que se avecinan. Y en esta línea desmitificar y desterrar de nuestro lenguaje y nuestra práctica política conceptos como “procesos pacíficos y democráticos” puede ser una de las claves. Una clave que no cuestione la legitimidad de aquellos sectores que opten por no jugar solamente con las herramientas que le ofrece el sistema y que solo garantizan su propia derrota.

Estas reflexiones no son un llamamiento a cuestionar el papel que también desde las instituciones se puede jugar en estos procesos. Pero es imprescindible reequilibrar una balanza en la que la fuerza de la calle recupere su protagonismo y deje de percibirse como una amenaza. Los partidos políticos tienen legitimidad para autolimitar sus planteamientos de trabajo siempre y cuando eso no convierta sus decisiones en excluyentes para otras prácticas políticas. Puede ser una buena ocasión para ir poniendo los cimientos de una Declaración de los Pueblos, los Movimientos Populares y la Clase Trabajadora, donde aboguemos por la ruptura no necesariamente pacífica ni estrictamente legal con el estado y los pilares fundamentales del actual sistema neoliberal. Una buena ocasión para profundizar en la idea de que bajo la bandera de la democracia entendida como voluntad de la mayoría, se esconden regímenes totalitarios y corporaciones empresariales para las que no hay límite ético y mucho menos legal.

Es hora en definitiva de que los pueblos, los movimientos populares y la clase trabajadora vayamos entendiéndonos y comprometiéndonos por encima de las decisiones de los partidos. Coordinándonos y profundizando en principios de actuación como la desobediencia que debemos socializar, popularizar y legitimar. Frente al 155, pero también frente a los desahucios, el TAV, la ocupación imperialista de las Bardenas o los recortes en los derechos de la clase trabajadora. Todo un camino por recorrer del que las jornadas de este fin de semana sin duda pueden convertirse en un paso en la buena dirección, la que lleva a los pueblos y a las personas a ser por encima de siglas y partidos, protagonistas principales de su propia liberación.

ERRONKA BERRIEN AURREAN, CANVIEM L’ESTAT DE LAS COSAS

GORA HERRIAK!!

3 thoughts on “Ante los nuevos desafíos, cambiemos el estado de las cosas

  1. La verdad es que tiene razón en lo que comenta de esta declaración de la Llotja de Mar, pero creo que aquí en els Països Catalans a esto no se le da mas importancia que a una declaración simbolica más de las que se firman -al parecer sin estudiar ni analizar muy a fondo- y se queda allí, cada uno tiene su estrategia (ERC y los dos sectrores de PDECat-JxC, la CUP ahora mismo no tiene rumbo alguno) y no la va a condicionar a esta declaración a la que parece que en Euskal Herria se da una trascendencia que creo que aquí no ve nadie.

    • En Euskal Herria, esa declaración sirve para que EH Bildu vuelva a hablar de autodeterminación y amnistia, que no es poco…

      • EH Bildu no ha mencionado nada de amnistia, y solo lleva hablando de autodeterminacion desde la campaña electoral pero sin ninguna intencion estrategica la cual sigue siendo estatutista con el pnv.

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