Nuestra policía: Ninguna. Ertzaintza disolución

Autor: Borroka garaia da!

Los zipaios,soldados indios subordinados a los ingleses, fueron utilizados por el colonialismo opresor. Pero teniendo a Nana Sahib como jefe, ocuparon las ciudades de Delhi, Lucknow y Canpore en lo que más tarde se denominó la revuelta de los zipaios. Un siglo y medio después en la colonia del País Vasco también tenemos a nativos al servicio de la corona española. Pero Bilbo y Gasteiz no son Lucknow ni Canpore y mucho me temo que Donostia no tiene nada que ver con Nueva Delhi. Así rezaba la canción de Negu gorriak, Zipaioen matxinada , del albúm gure jarrera de1991. Han pasado dos décadas desde entonces y no ha aparecido ningún Nana Sahib en Euskal Herria. Que nadie espere sentado porque no aparecerá. A no ser que estés sentado en un muro popular que entonces sí que aparecerá pero para meterte un dedo en el ojo.

El otro día alguien escribía que lo primero que hay que hacer es echar a las fuerzas de ocupación españolas y después intentar cambiar nuestro modelo policial. Me impresionó. Y no se si lo que me dejó más patidifuso fue lo de “nuestro” o lo de “modelo policial” o lo de juntar “nuestro” con “modelo policial”. No sé lo que farfullará la sección sindical de ELA en la ertzaintza pero una cosa está clara: La ertzaintza es un cuerpo policial español. Y no es que simplemente lo diga yo, lo dicen ellos también. Son los encargados de hacer valer la ley española en la Euskal Herria occidental. Justo el mismo papel que tiene la policía nacional española y la guardia civil. ¿Casualidad?. No. Forman todos ellos parte de las FSE. No existe ninguna policía vasca porque eso supondría que existiría una ley vasca a la que se debe. No hace falta recordar que la soberanía nacional está secuestrada y violentada. Es por ello que no tenemos ningún modelo policial,el modelo policial existente es el de la legalidad española.

Una legalidad, no lo olvidemos, que emana de la constitución española y que nunca ha sido defendida por la mayoría de la sociedad vasca sino impuesta políticamente gracias a la violencia de estado y a la negación de la soberanía vasca. Y es que sin soberanía política no habrá un cambio policial profundo. El estado español sabe que necesita de una ocupación militar y policial en Euskal Herria. Por muchos motivos además. El primero de ellos para mediante la amenaza de las armas impedir un proceso de secesión democrático. Es ese y no otro; la lucha contra el independentismo, el objetivo prioritario de las fuerzas armadas y policiales españolas desplegadas en Euskal Herria, ertzaintza incluida. La ertzaintza jamás podría haber sido una policía vasca porque se debe y es dependiente de la ley española. Aplicar la ley española hace que ese cuerpo policial sea un cuerpo policial español. Así de sencillo.

En cualquier caso, un cambio en el modelo policial español aplicado en Euskal Herria se hace necesario de inmediato y tendría que ser parte de un proceso de solución que desgraciadamente no existe a día de hoy, y con la brújula situada  en el objetivo de  un modelo no-policial vasco. La desmilitarización de la ertzaintza, la eliminación de todas las secciones políticas diseñadas para combatir a la izquierda abertzale, el movimiento popular y la clase trabajadora como la brigada móvil, los berrozi etc… así como la minimización de todas las estrategias político-represivas son pasos mínimos necesarios. Eso en ningún caso significa que se haya de apoyar un modelo policial. Ni un modelo policial español de ocupación ni un modelo policial vasco en la Euskal Herria independiente.

Aquellos y aquellas que creemos en que no son necesarios ni los ejércitos regulares ni los sistemas represivo-carcelarios en la Euskal Herria libre y por lo tanto inexistente la necesidad de cárceles y policías tendremos que esforzarnos en plantear claramente la alternativa de cara a una Euskal Herria basada en la justicia social, no patriarcal y solidaria con capacidad de defensa popular y métodos adecuados de estructuración social. Tarea más que ardua y posiblemente tachada de utópica. Aunque la utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor.

Fuera las fuerzas de ocupación españolas, Ertzaintza disolución. Hacia un modelo no-policial vasco.

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Artículo de  colaboración para Borroka Garaia da!.  Autora: Estitxu Martínez de Guevara (Gasteizkoak)

Abolición del aparato policial

En los últimos meses, y con perspectivas de extenderse en los próximos, se va abriendo camino en los medios un debate sobre el modelo policial, debate propiciado por las declaradas intenciones de los nuevos responsables del Gobierno vasco de poner en marcha un nuevo modelo policial en la Ertzaintza, y que ha dado lugar ya incluso a unas jornadas públicas sobre la cuestión organizadas el pasado mes de abril por el sindicato policial ERNE. Hasta aquí, nada extraño, es algo que se repite habitualmente cada vez que cambia la orientación política de un gobierno y más si éste se ve en la necesidad de intentar ‘lavar la cara’ a un cuerpo policial más que cuestionado socialmente, no sólo por casos como los de Iñigo Cabacas o Xuban Nafarrate, sino por un proceder habitual que genera problemas en vez de soluciones, y que suscita entre buena parte de la población más temor que sensación de seguridad.

Pero lo que en esta ocasión nos empuja a intervenir en el debate es la preocupación que nos causa observar los parámetros y contenidos con los que están interviniendo en él reconocidos representantes de la izquierda abertzale (Julen Arzuaga, El País 18-10-2012, en nombre de EH Bildu y, recientemente, 27-05-2013 en Gara, Iker Casanova). La preocupación estriba en que, a nuestro juicio, ambos cometen el error de entrar al debate sobre “modelo policial”, admitiendo así unos parámetros que hacen que éste esté viciado de base. Nos explicamos.

Podríamos decir que nuestro antimilitarismo “nos lleva a rechazar los enfoques exclusivamente centrados en “la policía” como función y “la policía” como corporación, como instrumentos válidos”, y que por ello “es preciso entonces tratar de hallar otro enfoque: el de la policía como aparato”, entendiendo este concepto de ‘aparato policial’ “como parte integrante de los instrumentos de control de que disponen, en un momento dado (siempre traducible a coordenadas económicas, históricas, sociales…) las clases dominantes, que imponen recurriendo a ellos, su modelo económico y su forma de gobierno al colectivo sobre el que extienden su ámbito de poder”.

Desde este enfoque “lo que distinguirá a una policía de otra no es su estructura institucional o funcional, sino su posición y utilización en el conjunto del aparato represivo del Estado concreto y específico que estemos analizando. En consecuencia, los indicadores pasarán por ver al servicio de qué (o bajo el poder y uso de qué) ideología se halla; en función de qué intereses económicos subyacentes a los intereses subyacentes a la clase en el poder se le hace actuar, etc (…) Bajo este prisma, se trata de ver al objeto policía como un aparato más de los que el estado utiliza para mantener el poder y garantizar el control social (…) En este sentido, el aparato policial formaría parte de un trinomio Administración de Justicia – Policía – sistema penitenciario, al que se atribuye la mayor parte del potencial represivo estatal, y, por descontado, el monopolio de la fuerza”. Este es el marco inicial que consideramos básico para afrontar en su verdadera dimensión la cuestión policial.

Probablemente se nos objetará que ese planteamiento del debate es dirigirle ya a nuestro terreno, esto es, a posturas abolicionistas de lo policial, esas que Iker Casanova calificaría de “aspiración utópica pero necesaria”. Pero nada más lejos de la realidad, pues las frases entrecomilladas de los anteriores párrafos no son de ningún abolicionista, sino de la tesis doctoral de Amadeu Recasens quien, entre otras cosas, fue Director de la Escuela de Policía de Cataluña.

Pero es que, además, en el contexto de Euskal Herria (más concretamente en la CAPV), debatir sobre el limitado aspecto del ‘modelo policial’ no permite abordar otras consideraciones igualmente básicas, ligadas a la cuestión de a las órdenes de quién está la Ertzaintza y, por lo tanto, los intereses de quién defiende. Porque, por ejemplo, se podrá debatir todo lo que se quiera sobre el modo de actuación de la Policía vasca ante situaciones como la de los Aske Guneak, pero mientras lo único sobre lo que se debata sea su modelo, no conseguiremos cuestionar lo importante: la decisión política de que actúe contra el pueblo. Porque este proceder de la Ertzaintza que los responsables del Gobierno vasco explican bajo el disfraz de que es una ‘Policía integral’ en realidad significa que la Policía Autónoma Vasca es bastante menos autónoma de lo que su nombre pudiera indicar. En efecto, el actual código deontológico de la Ertzaintza recoge que “El servicio público de policía se ejercerá con absoluto respeto a la Constitución” y que “Los miembros de la Policía del País Vasco respetarán la autoridad de los Tribunales, y, en el desempeño de su función como Policía Judicial, estarán al servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia, en los términos que dispongan las leyes.” Por si esto fuera poco, en la ley española de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre los artículos que implican a la Ertzaintza, figura el que marca que “Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad [y la Ertzaintza es uno de ellos] deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado”. E insistimos, ninguna de estos artículos y disposiciones se ponen en cuestión con un simple cambio de modelo policial.

Así mismo, el debate sobre el aparato policial tiene que ir necesariamente unido a otro sobre el principal ‘argumento’ que se utiliza para justificar su existencia: la seguridad, la causa para la que teóricamente, se nos dice, fueron concebidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Pero qué seguridad? ¿la seguridad de quién? y, sobre todo ¿la seguridad contra quién?

Porque los cuerpos policiales son uno de los brazos armados (el otro los ejércitos) que detentan el monopolio de la violencia del Estado que los ha creado y, por lo tanto, sigan el modelo policial que sigan, están al servicio de sus aparatos de poder (económicos, legislativos, judiciales…) Constatarlo es tan fácil como contestar a algunas preguntas: ¿se dedican a proporcionar seguridad a esos poderes o a las poblaciones? Dicho de otra forma más cotidiana, cuando los poderes económicos y financieros esquilman de forma usurera a las poblaciones hasta arrastrarlas a la pobreza y la exclusión social, los cuerpos policiales ¿van a bancos y cajas a imponer la redistribución de la riqueza económica, o reprimen a quienes intentan evitar desahucios u ocupan fincas de terratenientes? ¿defienden las instalaciones de los propietarios de centrales nucleares cuando las poblaciones se manifiestan contra ellas o priman en la seguridad de una población bajo amenaza de accidente nuclear y la ayudan a ocupar y desactivar la central? ¿detienen a los empresarios que hacen negocio a costa de la precariedad laboral, de la amenaza de despido, de los contratos irregulares… o a quienes para poder sobrevivir se buscan la vida o se la juegan saltando verjas y cruzando estrechos? ¿persiguen a quienes mercadean con la muerte con sus fábricas de armamento o a quienes han de recurrir a la protesta violenta para que su voz se oiga? ¿detienen a quienes en clara apología de la violencia desfilan y se exhiben armados con tanques y misiles, o a quienes se organizan para hacer posible sus deseos de independencia y soberanía?…La respuesta a todo ello está muy clara, basta con echar una mirada al tipo de poblaciones que abarrotan los centros penitenciarios, ésas que esos mismos poderes han convertido en las ‘delincuentes oficiales’, mientras los verdaderos delincuentes siguen ocupando sus grandes despachos y poltronas.

Los debates señalados (incluyendo el de alternativas al aparato policial que sirvan para garantizar la verdadera seguridad de las poblaciones, eso que hay quien llama ‘seguridad humana’ en contraposición al concepto de ‘seguridad ciudadana’) están pendientes de ser abordados con valentía desde posturas de izquierda transformadora (déficit que desde el antimilitarismo también debemos asumir) y habrá que ponerse cuanto antes a ello, pero lo que nos parece un grave error es comenzar ese debate desde un falso planteamiento (“modelo de policía”) que conlleva en su enunciado la aceptación del aparato policial. Estas líneas pretenden aportar reflexión para no caer en esa trampa.

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Un nuevo modelo de seguridad sin policías

César Manzanos Bilbao – Naiz.info

Me gustaría comenzar estas reflexiones mostrando la alegría que me ha producido leer la aportación al debate sobre el papel de las policías en nuestra sociedad en el artículo titulado «Por un nuevo modelo policial». La cuestión del derecho a la seguridad como garante del efectivo ejercicio del resto de los derechos y libertades y su correspondiente modelo de prevención y lucha contra el delito es uno de los grandes temas que aun no se han abordado dentro de la construcción del cada vez más necesario nuevo modelo de sociedad vasca. La alegría no es solo porque esta aportación mantiene viva la lucha por la justicia y reparación para con la familia de Iñigo Cabacas, sino también porque da pie para abrir un debate imprescindible dentro y fuera de la izquierda independentista que pudiera partir de las siguientes preguntas:

¿Nuestra seguridad a lo largo de la historia y la conquista de los derechos que la garantizan, como personas y pueblos, ha sido posible gracias a las policías o a pesar de ellas? ¿Ha existido alguna policía creada por un determinado proyecto político-económico que haya operado un profundo cambio de estructura, de mentalidad y de actitudes, y aún más que lo haya hecho a través de sus «representantes» políticos? ¿Existe en el mundo alguna utópica policía civil democrática? Entiendo que las respuesta a todas estas preguntas, hasta de fecha es no.

Aún podríamos formularnos otros interrogantes para este debate: ¿La función de las policías es luchar contra la criminalidad, es decir, contra la violación de los derechos y libertades de la ciudadanía de un determinado país o, por el contrario, defender la seguridad de las clases, estados y partidos hegemónicos que las han creado, es decir, defender el orden socio-económico instituido? ¿Cuáles son las situaciones que en último ratio justificarían la represión policial? ¿Por qué cada cuerpo policial, como subestructura vinculada a un proyecto económico-político, quiere y tiene que tener todas las funciones preventivas, asistenciales y represivas que se otorgan a las policías? ¿Cuál es el concepto de seguridad pública que fundamenta la filosofía y la práctica de la acción de las distintas policías como hecho político, más allá de su identificación engañosa e intencionada con la seguridad del estado y sus instituciones?

Pero la pregunta más concreta que quizás pueda centrar el debate actual es ¿cuáles son los argumentos para creer en la utopía de que la Policía Autonómica Vascongada o la Policía Foral de de Navarra o las policías municipales de los ayuntamientos puedan transformarse en policías al servicio de la ciudadanía y dejen de actuar al servicio de las instituciones antidemocráticas que defienden, dejando de ser sustancial y formalmente estructuras militarizadas, jerárquicas y autoritarias?

Hablar de la policía en singular y genéricamente contribuye a su sacralización y a reforzar la idea de que las funciones que se autootorgan las policías solamente se pueden hacer dentro de un modelo de estructura como la policial. Para plantear el debate podemos utilizar el término «sistemas policiales» en plural, puesto que no podemos obviar, tanto en su génesis histórica como en el ámbito de su articulación social, que las policías son un hecho político y, por tanto, aunque su rasgo común sea el ser instituciones propias de la modernidad y venir unidas al concepto de estado (y en la actualidad a los nuevos supraestados, como es el caso de Europa y la Europol), cada estrato socio-económico articula su poder en torno a intereses nacionales, de influencia económica, mediática, política y también militar y policial.

Así, en el País Vasco tenemos diversos cuerpos policiales que se encuentran disputándose las competencias en materias fundamentales, y esto ocurre debido a que en el fondo cada cuerpo policial quiere funcionar como un todo y poder así incidir en la realización del proyecto político que sustenta y a la vez le sustenta.

Si observáramos la policía no como un todo, sino como unos cuerpos sociales que realizan funciones específicas, podríamos comenzar a poner en cuestión el propio concepto de policía. A nadie se nos escapa que en la sociedad ha de haber quien se encargue de regular el tráfico, de investigar y perseguir todos los delitos y a todos los delincuentes, de proteger todos los derechos de todas las personas, de actuar en tareas de protección civil, etcétera; en definitiva, personas encargadas de todas y cada una de las funciones que hoy se otorgan a las policías.

Esta creación de un modelo de seguridad sin policías sería la forma de crear un sistema de seguridad civil y democrático que, por razones de transparencia democrática, de independencia de decisiones políticas, de mejora de sus técnicas específicas de actuación, etcétera, habrían de realizar cuerpos específicos de funcionarios públicos, existiendo en lugar de policías: guardias de circulación, trabajadores en emergencias y catástrofes, inspectores fiscales y anticorrupción, trabajadoras en prevención, asistencia y tratamiento de la violencias contra las mujeres y un largo etcétera de personal y medios destinados a garantizar la seguridad de todas las personas y que hoy tienen las policías, e insisto, no para combatir la criminalidad y garantizar derechos básicos escritos en los ordenamientos jurídicos, sino para vivir de la gestión y administración desigual del crimen, del delito y de la seguridad que lo que hace es convertir a las policías, a todas las policías, en maquinarias dedicadas a institucionalizar la inseguridad y a autorreproducirse reivindicando más policías, más gastos policiales y militares. No en vano, Euskal Herria y el Estado español tienen un ratio desproporcionado de policías y militares que nos sobran y, en gran medida, no son más que parásitos sociales.

No podemos dar por supuesto que todas las tareas mencionadas, entre otras, han de estar integradas en cada sistema policial como un todo, ni siquiera en algo que se llama hoy policía, puesto que a partir de aquí es desde donde se pervierte el propio concepto de seguridad, identificándose esta con la seguridad del estado, o con la interpretación que de la seguridad hacen unos determinados partidos políticos hegemónicos, o con los intereses particulares de un determinado cuerpo policial del estado, o con los intereses privados de seguridad, condenándose a la ciudadanía a pagar el coste de las facturas de esa interpretación intencionada de la seguridad, que comienza a distarse mucho de ser seguridad pública, es decir, de y para toda la ciudadanía.

Se nos descalifica a quienes criticamos el actual estado punitivo diciendo que resulta imposible que una sociedad funcione sin policías, que siempre será necesario un aparato ejecutivo de carácter sancionatorio para someter a los desordenados. Sin embargo, son estas ideologías dominantes y sus prácticas sociales las que nos vienen demostrando que la mayoría de las sociedades y de las gentes de los pueblos que forman parte de ellas sobreviven no sin policía que les proteja sino, incluso, a pesar de la propia existencia de la policía.

Esta afirmación se puede visualizar en muy diversos escenarios sociales, pero quizás donde más evidente sea es en las grandes megápolis de los países occidentalizados y empobrecidos donde el desorden institucionalizado provoca que en la mayoría de los procesos de criminalidad (en nuestro contexto social, puede ser que no en la mayoría, pero se ha evidenciado en muchos casos) es la policía la que se encuentra implicada de diferentes formas en la propia comisión de delitos, bien por implicación directa (corrupción policial), por encubrimiento o connivencia (complicidad policial), por cumplir funciones de regulación de la criminalidad y no de prevención y lucha contra el delito (función reguladora) o por estructurarse de manera selectiva para perseguir determinados delitos en contextos precisos y ejerciendo su acción selectiva sobre ciertos sectores sociales y, en consecuencia, contribuyendo decisivamente a institucionalizar la inseguridad de las mayorías sociales en aras de la defensa de los intereses de los propietarios del «estado de Derecho». Este sí es el rasgo común de todas las policías y donde mejor se materializa el principio de colaboración policial.

Y dada la breve extensión de este espacio, no quisiera dejar de destacar, para finalizar estas incipientes y previas preguntas y reflexiones, la íntima vinculación entre los sistemas policiales y los económicos, puesto que, como podríamos explicar más ampliamente, las industrias policiales estatales y privadas son parte del entramado de las industrias de la seguridad que necesitan de los conflictos armados y de las «sensaciones y escenarios de inseguridad» para reproducir las economías de guerra que hoy mueven los principales mercados financieros y tecnológicos mundiales. No nos olvidemos de que el fusil con el que la Policía autonómica vasca disparó a Iñigo Cabacas está fabricada en el mismo lugar en el que se fabrican los armamentos que nutren de armas a los ejércitos.