FARC-EP
«Puede afirmarse que si la expresión económica de la globalización capitalista son los tratados de libre comercio, su expresión jurídica es la justicia transicional»
La decisión de Juan Manuel Santos de hundir a fondo el acelerador en las conversaciones que se adelantan en La Habana, tiene relación directa con su concepción misma del proceso de paz en general. Lo verdaderamente importante para el establishment es lo relacionado con la dejación de armas y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Por ese gran momento han esperado dos años, con tremenda impaciencia, sí, pero con el propósito claro de exigir todo de las FARC ahora mismo. A su juicio, terminaron las jornadas en las que era el Estado quien debía ceder, y es ahora la insurgencia quien está obligada a responder a las exigencias de la sociedad.
La más elemental lógica impone que de llegarse a un acuerdo definitivo de paz deban desaparecer las FARC como estructura político militar. Tal eventualidad deberá corresponderse con su inserción legal y activa a la política nacional. Ninguno de estos dos supuestos se opone a la concepción estratégica de la organización revolucionaria en su camino al poder. Pero no cabe duda de que el segundo de ellos debe ser materializado en un ambiente democrático y pleno de garantías. Tal es el espíritu general del Acuerdo General. Sin embargo, a la hora de la verdad, llegado el momento, comienza a observarse que la contraparte no piensa del mismo modo.
Para nadie es un secreto, puesto que se ha hecho público por parte de numerosos voceros y funcionarios oficiales, que la posición gubernamental está fundada en la apelación a la llamada justicia transicional, el único marco de principios y normas que considera idóneo para la definición de los temas más difíciles y sensibles objeto del proceso. Las FARC-EP somos una organización revolucionaria, marxista y bolivariana, que defiende las banderas de las clases oprimidas por el régimen vigente. Es elemental entonces que frente al discurso sobre la justicia transicional planteemos un punto de vista opuesto al de las clases dominantes.
Podríamos empezar por una afirmación categórica. En una sociedad mundial caracterizada por la división en clases sociales, por la predominancia de ciertos Estados ricos y poderosos sobre la inmensa mayoría pobre y dominada, por el saqueo y las imposiciones económicas y políticas del gran capital transnacional sobre continentes enteros, por las abismales diferencias de todo orden al interior de cada país y entre las naciones más pudientes y las demás, resulta una verdadera afrenta a los pueblos sostener que existen principios universales aplicables a todos sin distinción.
Tal y como existen estratificaciones sociales al interior de cualquier ciudad, las hay también en el mundo entre unas naciones y otras. Reconocer ese hecho no significa aceptarlo como justo o necesario, sino atender objetivamente a la realidad. Los Estados Unidos no significan lo mismo que Haití, del mismo modo que Burundi no puede equiparse a Suecia. El orden internacional existente, pese a todas las formalidades legales y bellos principios, no establece la igualdad y el respeto para todas las naciones y pueblos, sino el dominio abierto e impune de unos Estados sobre otros.
Precisarlo de modo amplio no es difícil, pero no constituye el propósito central de este artículo. Podríamos sí sostener que el actual orden o desorden mundial es el producto histórico de dos grandes acontecimientos sucedidos en el siglo XX: la segunda guerra mundial y la desaparición de la Unión Soviética. Mediante el primero de ellos el mundo fue testigo de la emergencia de un gigantesco poder alternativo al sistema de sojuzgamiento y explotación del capitalismo. Como resultado del segundo, nuestro planeta quedó por completo expuesto a los amos del capital.
Doscientos años atrás, en emergencia plena del capitalismo industrial en Europa y Norteamérica, con proyección global, pero reducidos fundamentalmente al interior de cada uno de esos países, fueron puestos en práctica principios económicos como la libertad de empresa y de comercio que en realidad significaron el derrumbe de todos los obstáculos al enriquecimiento de la poderosa clase burguesa. Borrado del mapa el peligro de la revolución mundial con la muerte de la URSS, renacieron los mismos principios ahora con la voracidad desbocada al orbe entero.
Nada ni nadie podría oponerse a la avaricia universal del capital. Todo lo existente en el mundo tenía que organizarse para servir a ese propósito fundamental. Naciones y pueblos que no estuvieran de acuerdo serían sometidos. Y al interior de cada país el poder político debía reposar en manos de los defensores de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales. Democracias de mercado, tratados de libre comercio, planes de ajuste, doctrinas contra el terrorismo, guerras preventivas, intervenciones humanitarias, un nuevo léxico se impuso.
La justicia transicional es un ejemplo vívido de la elaboración ideológica y jurídica neoliberal. Pese a todos los esfuerzos de los teóricos y expertos por presentarla como la culminación de los principios más avanzados de la humanidad en materia de los derechos humanos y de guerra, es en realidad la expresión más elaborada y perfecta de la pretensión de imponer, con elaborados y atractivos argumentos, la dominación implacable del gran capital transnacional y las naciones capitalistas más poderosas, sobre las mentes de los pueblos explotados y la humanidad entera.
No en vano el ascenso de la burguesía como clase dominante vino acompañado del discurso del constitucionalismo liberal y el estado de derecho. Aunque se intente hacer creer que la herencia de la revolución francesa de 1789 fue la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, lo que verdaderamente aplauden los poderes dominantes fue la expedición por Napoleón de los códigos civil y comercial de 1804 y 1807, que unidos a la tradición jurídica esclavista de Roma constituirían el arquetipo del régimen de la propiedad privada universal burguesa.
El edificio jurídico burgués se levantó sobre la base idealista de considerar que todos los hombres eran iguales ante la ley, poseían los mismos derechos y deberes frente a la sociedad y el Estado. La realidad material era completamente distinta. Una clase de propietarios poseía la riqueza en abundancia desmesurada, mientras la gran mayoría se hundía en la necesidad. Tratarlos como iguales equivalía a consagrar jurídicamente la desigualdad y la dominación de los más débiles por parte de los más fuertes. Se impuso la primacía de la apariencia formal sobre la verdad real.
Y sobre esa base se elaboraron las construcciones teóricas, constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes hasta hoy. Todos los ensayos por superar el encanto de la igualdad ante la ley con la igualdad real en los hechos, han sido considerados por los poderes dominantes como infames y perversos. El siglo veinte es pródigo en ejemplos. La revolución bolchevique fue calificada en su día como el más grande atentado contra la civilización y el orden acometido por una avalancha de mendigos ignorantes y fanatizados. Y se la atacó sin piedad ni recato alguno.
Igual pasaría más tarde con las revoluciones china y cubana. Al pueblo de Vietnam, que sacrificaba diez de sus miembros para dar de baja a un solo soldado invasor norteamericano, se le consideraba por el Pentágono como un atado de simios a los que había que aplastar. El pueblo de Nicaragua, que coronó con éxito su revolución sandinista, de inmediato fue objeto de la más descarada agresión por los Estados Unidos, que fundaron los grupos contrarrevolucionarios de asesinos y saboteadores, y minaron sus puertos para reducirlo por el hambre y la enfermedad.
Venezuela es el ejemplo en la hora. Chávez, el buenazo y noble Presidente adorado hasta el delirio por su pueblo, fue convertido en el peor de los monstruos por el mundo capitalista. Del mismo modo que se había demonizado a Fidel Castro. No responde a casualidad o coincidencia que José Stalin y Mao Tse Tung hayan sido elevados al lado de Adolfo Hitler como los más grandes criminales de la historia de la humanidad. Lo de este último se explica por su atrevimiento al disputar la hegemonía mundial. Lo de los primeros responde a su colosal obra revolucionaria.
El pecado que, por su trascendencia, los poderes establecidos no están dispuestos a perdonar. Y para castigar el cual del modo más ejemplar han expedido el conjunto de normas que integran el derecho de la guerra y los derechos humanos. Una contradicción en sí misma. Han sido las más impunes violaciones de los derechos humanos en el capitalismo, las principales responsables de los alzamientos librados por pueblos y naciones en distintos rincones del planeta. Sin embargo, son las poderosas potencias capitalistas quienes determinan la responsabilidad y el castigo.
El régimen jurídico internacional que siguió a la segunda guerra mundial reflejó una situación de equilibrio temporal. En sus inicios, las Naciones Unidas fueron concebidas como el esfuerzo por instaurar un régimen universal acorde con los intereses del gran capital. En la misma dirección fueron creados el FMI y el Banco Mundial. Haber encontrado la firme oposición soviética a esa pretensión representó un duro revés para las grandes potencias occidentales. El no poder atacarla directamente constituyó el origen de la guerra fría y de su plan de destrucción a largo plazo.
En medio de la zozobra permanente, la presencia soviética significó profundos cambios en el concierto internacional. Por primera y quizás única vez en la historia de la humanidad, la soberbia y la violencia imperialistas tuvieron que dar cuentas al mundo por sus hechos, se vieron constreñidas y limitadas por un adversario formidable, que de uno u otro modo asumía posiciones favorables a las luchas de los pueblos que soñaban con liberarse del colonialismo y el saqueo. Por la naturaleza de sus intereses, el odio tenía que anidar en el alma de los capitalistas de occidente.
Ello tuvo reflejo en la legislación internacional. Ésta no podía asumir plenamente su rol de codificación dominante por parte de los grandes poderes occidentales. Quizás haya sido la mejor época del derecho internacional, hay que ver cómo se multiplicaron las declaraciones de derechos de uno y otro orden y como se fue estableciendo en la conciencia universal una especie de criterio moral, capaz de distinguir lo justo de lo injusto en medio de las más grandes presiones. Los grandes movimientos por la dignificación humana reverdecieron en la segunda mitad del siglo XX.
Lo que no impidió al capitalismo imperial de los Estados Unidos socavar por todos los medios posibles los avances de los pueblos. Está demostrado históricamente que grandes corporaciones de ese país, así como de varias potencias europeas, alimentaron con sus créditos y cooperación técnica la máquina de guerra nazi. Como no necesita ninguna demostración ya, que los Estados Unidos y la Gran Bretaña asumieron durante la segunda guerra mundial la más asombrosa parsimonia ante el tercer Reich y el Japón, a la espera de que devoraran a la URSS.
Fue esta última quien cargó sobre sus hombros el peso fundamental de la guerra. Y quien tras reponerse del ataque germano inicial, finalmente logró expulsarlos de su extenso territorio, para pasar enseguida a liberar del yugo fascista al este de Europa. Sólo las certezas de que el tercer Reich no conseguiría ya vencer a la URSS y de que si no intervenían directamente en la guerra, ésta última se encargaría de liberar a toda Europa y originar un mar de países socialistas o democracias avanzadas, precipitaron a USA y Gran Bretaña a cumplir su desembarco en Normandía.
Y entrar a jugar un papel de alguna significación en el último año de la confrontación. Vencida Alemania, la incertidumbre de derrotar al Japón obligó a los norteamericanos a recurrir al apoyo de la Unión Soviética, hecho que resultó decisorio para la rendición nipona, por cuanto el grueso del ejército japonés de Kuangtung instalado en Manchuria, fue demolido por el Ejército Rojo que penetró hasta las islas Kuriles y Corea. Japón capitula por eso el 2 de septiembre de 1945, aunque todas esas verdades hayan sido borradas de la bibliografía occidental.
Los Estados Unidos arrojaron las bombas atómicas sobre poblaciones civiles y no sobre objetivos militares de significación. Pese a ello, los aliados occidentales, vergonzantes patrocinadores del nazifascismo, se autoproclamaron campeones de la democracia, los valores cristianos y la libertad. Teorías como la doctrina de seguridad nacional, concebidas inmediatamente por ellos, bebieron su inspiración de las fuentes nazi fascistas y vendrían a ser aplicadas al pie de la letra en las escuelas de formación militar y policial en América Latina, con sus secuelas de sangrientas dictaduras.
Con el propósito exclusivo de aniquilar el despertar de los pueblos del continente y mantener el statu quo de dominación y saqueo permanentes. Para lo cual se hizo necesario sostener que la Unión Soviética se encontraba detrás de la más mínima manifestación de inconformidad social o política en cualquier parte del mundo. Revolucionarios y demócratas pasaron por ello a ser considerados como enemigos internos, agentes infiltrados del comunismo soviético y por ende objetivos militares en la guerra contra el afán totalitario de los comunistas.
El heroísmo de la clase obrera, el campesinado, los distintos estratos marginados y discriminados, así como de los sectores medios e intelectuales que levantaron las banderas de la reivindicación social y política, alcanzó entonces ribetes sobrehumanos, enfrentando los brutales regímenes civiles o militares que animados por la teoría de la guerra preventiva emprendieron las campañas de exterminio y terror que conmovieron al mundo. Pese a la furia del capital, no le era posible conseguir la condena al movimiento revolucionario, lo impedía la existencia del campo socialista.
Otro fue el panorama al desaparecer éste último. Todos conocemos la reacción concertada de las burguesías del mundo entero cantando la victoria, advirtiendo entre gruñidos que nada tenían que hacer las ideologías ni las luchas en el universo de la globalización capitalista triunfante. Fuimos testigos del gigantesco movimiento mundial desencadenado a objeto de conseguir la desmovilización de todas las luchas contra el capitalismo. Y de cómo fueron arriando las banderas en muchos lugares aquellos que se dejaron absorber por el discurso dominante.
Y fue precisamente en ese momento histórico, al calor de las absurdas teorías pseudocientíficas del fin de la historia, el choque de las civilizaciones y las olas democratizadoras, cuando hicieron aparición en el mundo del derecho las tesis de la justicia transicional y restaurativa, como mecanismos ideales para desvertebrar los movimientos que pudieran contener alguna dosis anti sistémica. Sus elaboradores no tardarían en buscar raíces distintas a fin de disimular su verdadera naturaleza, hallándolas en Núremberg y hasta en la antigua Grecia.
Hacerlo posible significó la asunción de un papel asombrosamente cínico por parte de las grandes potencias capitalistas y en especial de los Estados Unidos. Ellos, que habían soltado sin ninguna razón justificable sobre el pequeño y heroico pueblo vietnamita, más bombas que todas las lanzadas por todos los ejércitos en el curso de la segunda guerra mundial, que bloquearon de manera inhumana a Cuba, que invadieron Granada y acababan de ocupar a Panamá, asumieron de un momento a otro el título de campeones en la defensa de los derechos humanos en el mundo.
Y se dedicaron a cocinar en sus universidades y centros de pensamiento las más rebuscadas interpretaciones acerca de lo que significan los derechos humanos y sus violaciones, hasta el punto de saturar el ambiente académico con sus aventuradas teorías. De un momento a otro comenzaron a florecer en todas las esquinas del planeta organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y se otorgó a la Cruz Roja Internacional un papel destacado en la multiplicación de los principios y normas del derecho internacional humanitario.
La Universidad de Harvard se constituyó en el gran generador de ideas en esa dirección. Con un enfoque abiertamente encauzado a legitimar las políticas agresivas de los Estados Unidos, en su nuevo papel de policía mundial autorizado para intervenir en cualquier lugar del planeta en donde su afán por los recursos energéticos lo exigieran. Un atado teórico de dimensiones universales, con sucursales y agencias en todo el mundo, fundaciones y corporaciones privadas, oenegés financiadas con largueza y conferencistas prestigiosos se dedicaron a impulsar el nuevo credo.
Que no oculta por eso su naturaleza predadora. Para los efectos prácticos y visibles, la justicia transicional, aún para sus más fervorosos creyentes de buena fe, si se trata de materializar de algún modo la justicia, deja pocas satisfacciones, más bien muy pocas, en cualquiera de las experiencias cumplidas en distintos lugares del mundo. Ante tan abrumadora realidad saltan enseguida las explicaciones fáciles propias del mundillo académico: interesante experiencia, se creó conciencia sobre la necesidad, se reafirmaron públicamente normas y valores esenciales, etc.
Ningún poder dominante ha sido alcanzado gracias a la justicia transicional. Quizás uno que otro de los ejecutores de importancia o muchos subordinados en la escala de mando han llegado a verse afectados por juicios o condenas, pero la responsabilidad de los grandes poderes ha salido siempre indemne. Aun admitiendo que los miembros de la junta militar argentina hayan sido castigados tras una larga lucha, no propiamente de la justicia transicional sino de las víctimas y dolientes, cabe pensar que se les cobró más bien su ataque a la Gran Bretaña en las Malvinas.
De otro modo estuvieran gozando de alguna diputación vitalicia o un tranquilo retiro. No es difícil deducirlo cuando se observa que en cambio esa misma potencia se negó a entregar a Augusto Pinochet para que fuera juzgado. El capital transnacional paga muy bien y defiende hasta los máximos extremos a quienes le sirven fielmente. Luis Posada Carriles es un excelente ejemplo. No conocemos de ningún tribunal internacional de justicia reclamándolo para someterlo a juicio, ni de reclamos en masa por parte de oenegés. Cuba y Venezuela quedaron solas en eso.
En cambio recordamos que en el año 2002 la oposición venezolana reclamaba con urgencia hablar de transición en ese país. Y de cómo una vez dado el golpe de Estado de abril, distintos voceros políticos y de oenegés defensoras de derechos humanos salieron a exigir el juzgamiento de Hugo Chávez, por los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por orden suya el día once. Lo cual nos va necesariamente ubicando en torno al origen del término transicional que adjetiva esta nueva justicia. Es una justicia para procesos de transición.
Y esa palabra sí que tiene doble filo. La escuchamos cuando se habló de Libia y luego con relación al caso sirio. No puede evitarse pensar que tal expresión tiene una relación íntima con toda encrucijada histórica en donde los intereses del imperialismo están en juego y se requiere aplacar la oposición a sus políticas. Se nos dirá que tal semejanza resulta inconcebible cuando se examinan casos como el de Sudáfrica y el apartheid, pero no puede olvidarse que el final de este último se logró al precio de conservar intocables los poderes económicos que lo sostuvieron.
Simplemente la situación interna de Sudáfrica y la presión internacional hacían insostenible la permanencia de tan odioso régimen, así que todos los poderes se concertaron a fin de lograr su desmonte del modo menos traumático para los grandes propietarios de la riqueza sudafricana, que no eran precisamente los negros humillados. En situaciones así surge con enorme ruido la justicia transicional para limar las asperezas que afecten los intereses de las trasnacionales. Los determinadores de todas las violencias no serán nunca los grandes malvados.
Allá resultaba inconcebible sentenciar a Nelson Mandela y los demás líderes de la lucha contra la discriminación. Se imponía obligatoriamente la convivencia. Entonces tomó toda su fuerza el discurso teológico y moral sobre el perdón y la reconciliación, como elementos indispensables para la conservación de la paz en el sur de África. Claro, quienes estaban obligados a perdonar eran los negros pateados y escupidos. No faltó el obispo oportuno. Por si las dudas, también hubo serias murmuraciones acerca de la responsabilidad criminal de los grupos anti apartheid.
Era mejor pactar. Como lo muestran algunos telenoticieros internacionales de vez en cuando, allí las autoridades siguen asesinando en masa a negros que reclaman sus derechos laborales contra las grandes compañías mineras, y algunas policías locales todavía torturan y asesinan negros al estilo de los viejos tiempos. El campeonato mundial de fútbol no consiguió ocultar el rostro de la discriminación y la desigualdad. Pero qué caray, Mandela fue Presidente y se logró evitar un estallido revolucionario de consecuencias imprevisibles en África. Hay que aplaudir y callar.
Los amos y sus negocios siguieron siendo los mismos. Al igual que las inhumanas condiciones de vida de la inmensa mayoría negra. Es la misma lógica que se nos pretende imponer en Colombia. Pero sobre una base mucho más arrogante y peligrosa. Si se examinan con algún cuidado las experiencias centroamericanas de desmovilización y entrega de los grupos rebeldes, es fácil concluir que había demasiados elementos que involucraban la responsabilidad del gobierno y los militares norteamericanos en la ejecución de tanto crimen infame contra esos pueblos.
Igual sucedía en las brutales dictaduras suramericanas. Resultaba imposible ocultar la mano del Pentágono y la CIA en las andanzas de las fuerzas militares del cono sur. Quizás ello explique que en los diferentes arreglos para el desmonte de los regímenes de terror militar en la Latinoamérica de los años ochenta y noventa, se privilegiaran salidas excepcionales de orden jurídico que de alguna manera impidieron llegar al fondo del asunto. Las leyes de perdón en Argentina y Chile, su desmonte y demás incidencias, parecieron encaminados a atar la responsabilidad a ciertos niveles.
Al fin y al cabo los movimientos revolucionarios habían sido defenestrados y destruidos en su casi totalidad. Y de lo que se trataba no era de instalar democracias abiertas, sino la modalidad restringida de las democracias de mercado absolutamente al servicio de la globalización capitalista. Con el aplauso encendido de todas esas organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas para la defensa de los derechos humanos, que poco a poco fueron arrogándose para sí el ostentoso título de sociedad civil. Y vaya si lo lograron.
Otra cosa distinta es que resulte imposible extinguir la lucha de los pueblos, como lo siguen demostrando los nuevos movimientos políticos y sociales en pie de lucha al sur del continente. Que de algún modo aguan la fiesta al neoliberalismo de sus clases dominantes. La experiencia colombiana es muy distinta. Empezando porque los movimientos insurgentes están muy lejos de ser vencidos por la vía de la fuerza. Y porque lo que estos cuestionan, en coincidencia con crecientes sectores de la lucha popular, es precisamente el modelo económico impuesto al país.
Que no es otro que el saqueo generalizado de las riquezas naturales y de su fuerza de trabajo por el gran capital transnacional. Pero sobre todo, la diferencia radica en que ahora está presente una nueva etapa en la dominación internacional. El imperialismo ha perdido cualquier asomo de decencia y exhibe una ostentación demencial de su fuerza militar para aplastar la oposición a sus políticas en cualquier rincón del mundo. Con las banderas de la guerra contra el terrorismo y las intervenciones militares preventivas exige obediencia total sin discusiones.
Por eso el peligro de la guerra como una amenaza para la humanidad está hoy más presente que nunca. USA requiere dominar por completo las fuentes energéticas del medio oriente y en ese empeño utiliza a su aliado incondicional de Israel. Amenaza a Corea del Norte y China. Su actitud habitual no es otra que la intolerancia con la oposición a los designios de las corporaciones financieras trasnacionales. Y ha dado el paso correspondiente en el orden normativo. Soberanía, garantías del estado de derecho y autodeterminación de los pueblos tendrán que desaparecer.
Acuerdos Internacionales establecen principios y artículos que no pueden ser desconocidos por nadie, y que autorizan incluso a los poderes internacionales a intervenir donde se desconozcan. En la actual fase desesperada de la expansión capitalista hicieron emergencia el Tribunal Penal Internacional y las llamadas obligaciones de cada Estado con las víctimas de los conflictos y los regímenes antidemocráticos, que los más avezados juristas aplauden como gloriosos avances de la civilización, desconociendo su abierto carácter de clase y de sometimiento de los pueblos.
Ahora se nos dice que en la última década la justicia transicional dejó de ser una justicia para tiempos de transición y pasó a convertirse en una justicia permanente y universal. Y que gracias a sus novedosos mecanismos, las democracias serán intocables y se castigará ejemplarmente a quienes se levanten contra ellas. Hay tratadistas que honestamente reconocen que la justicia transicional permanente representa en realidad la proscripción de cualquier tipo de resistencia popular a los regímenes políticos. Lo que no les impide aplaudirla por su sana intención.
Basta hoy con que cualquiera de los poderes dominantes al interior de un país o en el campo internacional acuse a sus opositores de la perpetración de un crimen de guerra o de lesa humanidad, para hacerlos merecedores de la condena a los más profundos infiernos. Es a esto lo que lo que los ilusos académicos e innumerables organizaciones defensoras de derechos humanos atribuyen la más alta dosis de civilización y justicia. El imperialismo y sus agentes han determinado qué puede llamarse democracia y qué no, qué guerra es justa y admisible y cuál no.
Partiendo de una auto calificación democrática derivada del simple hecho de estar del lado de las políticas que interesan al gran capital trasnacional, y de la más odiosa atribución de justicia a todas las guerras emprendidas contra los pueblos en defensa de los intereses de las mismas corporaciones. Y lo hacen en el mismo momento en que el mundo entero se horroriza por las atrocidades cometidas por sus tropas en múltiples escenarios como Afganistán, Pakistán o Irak, o por sus aliados incondicionales como lo hace Israel impunemente contra Palestina.
Lo exponen simultáneamente con el patrocinio de los golpes de estado en Honduras y Paraguay y los intentos desestabilizadores contra Venezuela, país al cual los poderes imperiales y vecinos arrodillados ante los yanquis califican como la más repudiable dictadura, por encima de la actuación permanente y masiva del pueblo venezolano en defensa de su revolución. En el momento en que financian y dotan de armas al terror fabricado en Siria, Irak, Irán, África y la misma vieja Europa. Las grandes cadenas televisivas reprodujeron las imágines de Gadaffi sodomizado antes de asesinarlo. Su intención no fue la denuncia, sino el escarmiento.
Ninguna de esas maquinaciones contra el más elemental sentido de la justicia merece el reparo o la condena de tan respetables instituciones internacionales, centros de producción del pensamiento civilizatorio u oenegés defensoras de los derechos humanos. Las mismas que en las más absolutas condiciones de desconocimiento de las realidades del conflicto armado colombiano, que no es un asunto de ahora sino de medio siglo de perduración, no vacilan en sumarse al coro de quienes califican la insurgencia patria como unas fuerzas degradadas y envilecidas.
A las cuales hay que imponer las más humillantes condiciones en caso de llegar a concertar con ellas algún tipo de arreglo amigable con miras a poner fin al conflicto. Se trata de ejemplarizar ante el conjunto de los pueblos el costo que tiene sostener la rebelión en la situación de dominio global imperialista. Por eso se repite que las conversaciones en curso han de ser entendidas como la última oportunidad que les queda a las FARC, para entenderse de buenas migas no solo con el establecimiento colombiano, sino con la comunidad internacional.
La cual se pretende entendamos como un cuerpo único, sólido e impermeable a nuestras razones. La sola pretensión es ridícula. Pese a la propaganda mediática y los discursos de las clases dominantes, una de las características del mundo actual es precisamente la multipolaridad, como que el tiempo de la solitaria arrogancia imperial norteamericana comienza a declinar ante nuevas realidades. Una gran parte de la comunidad mundial observa con creciente desconfianza la manía de los Estados Unidos y sus aliados de ubicarse al margen de los efectos de la ley internacional.
A pesar de que las teorías jurídicas que sustentan la globalización capitalista actual surgen de la universidad de Harvard y otras prestantes instituciones de educación superior en Europa, para nadie resulta indiferente que las primeras naciones que se declaran eximidas de cualquier responsabilidad penal ante la juridicidad internacional sean precisamente esas grandes potencias. El Estado colombiano, tan hondamente preocupado por los derechos de las víctimas, no vaciló en exonerar de cualquier tipo de responsabilidad penal a los militares gringos asignados aquí.
En abyecta sujeción a las imposiciones del gobierno de los Estados Unidos, quien además exigió el compromiso de abstenerse de recurrir a cualquier tribunal internacional en busca de justicia por los mismos hechos ilícitos. Semejantes patentes de corso concedidas de antemano al principal violador de los derechos humanos en el mundo, hablan por sí solas acerca de la seriedad del discurso sobre derechos humanos de las clases dominantes en Colombia y de la voluntad real de respeto y sujeción a las normas internacionales cuyo cumplimiento sagrado se exige a las FARC.
Vistas así la generalidad de las cosas en torno a la justicia transicional, conviene echar una mirada sobre la manera como nos están planteando el asunto. En primer lugar, la justicia transicional nos es presentada como el producto de diversas experiencias de salidas negociadas a regímenes dictatoriales o a situaciones de guerra interna, es decir como el simple producto del trabajo concienzudo de mucha gente preocupada por poner fin a situaciones de crisis en materia de derechos humanos y derecho humanitario, sin ninguna intención económica o política oculta.
Un esfuerzo real por hallar la fórmula extraordinaria de conciliación y salvación, la salida más práctica a una situación de conflicto donde no existen vencedores ni vencidos. Pero en seguida se añade, desde luego que girando en torno a unos presupuestos que todo el mundo está obligado a reconocer, ciertos principios universales indiscutibles. Consisten en leyes internacionales fijadas en tratados bilaterales o multilaterales que exigen el castigo para una serie de delitos. Aunque no hay que alarmarse, puede llegarse a acuerdos acerca de ese castigo, especies de penas alternativas.
Que además se aplicarán de modo selectivo, para los casos más graves y los mandos más importantes. Obviamente se habla de las dos partes del conflicto, lo que conduce necesariamente a concluir que la presunta generosidad hacia los opositores del régimen apunta en realidad a beneficiar a los agentes criminales del Estado. Ya está montada toda la parafernalia mediática para sustentar que mal podrían los guerrilleros disfrutar de su libertad personal mientras los heroicos militares y policías involucrados en los peores crímenes pagan largas penas de prisión.
Como si se tratase de un asunto menor también se advierte que los sentenciados por ese tipo de crímenes tendrán que pagar sus penas, eso no tendrá remedio. Habrá que entenderlo como algo semejante a los muertos en combate, ya no se podrá hacer nada por ellos. De esta manera se va apretando la soga que indica la salvación para los que todavía pueden salvarse. Se comprende que habrá que añadir algo más, la confesión plena del crimen, sus motivaciones y detalles. Y desde luego, como es natural, expresar el arrepentimiento y pedir públicamente perdón.
Habrá otros detalles alternos como la integración de una comisión de la verdad que producirá su veredicto final para la historia. Y reparaciones para las víctimas. Claro, comprendiendo de antemano que se trata de atender realidades más que deseos, es decir calculando cuidadosamente el alcance de las finanzas estatales. La gran masa de reparaciones será más bien de índole moral. Museos de la memoria, actos públicos, edición de cartillas. Lo importante es comprender que gracias a todo ello se habrán conquistado la paz y la democracia.
Bueno, hay un punto que propiciará la estocada de muerte a las violencias de todos los extremos. Se llama las garantías de no repetición, una serie de medidas encaminadas a que todo el horror pasado no volverá a producirse. Cuando se tiene, como sucede en Colombia, la perspectiva de contar con una democracia respetable y un plan de desarrollo hacia la prosperidad general, se considera fácilmente que todas las violencias son responsabilidad de los alzados en armas. Y que la mejor garantía de que no se repitan será su desmovilización efectiva. Así ven ellos las cosas.
Y es a esas, ni más ni menos, las concepciones que nos debemos enfrentar. El Estado en Colombia, como sucede en el conjunto de la órbita capitalista, afirma representar los intereses de todos los ciudadanos y en ello funda su derecho a ejercitar la violencia. Es cuestión de concepción, de enfoque dominante, se reproduce en el campo local la dimensión guerrerista e intolerante del gran capital a escala mundial. Conmueve en lo más hondo que quienes se llaman encarnizados defensores de los derechos humanos, se acoplen a esa lógica y la legitimen sin pudor.
La violencia y el terror de Estado no les parece un gran problema, cuando en realidad son el verdadero problema. Ninguna de las violencias que se suceden en la sociedad, y con mayor razón la violencia política con que reaccionan los pueblos, es ajena a la máquina de represión estatal y el sistema explotador e injusto en que ésta se funda. En Colombia, y lo podemos afirmar tras medio siglo de confrontar al régimen con armas, han sido el Estado, su régimen político, sus clases económica y políticamente dominantes, los responsables directos de todas las violencias políticas.
Y si es obligación internacional del Estado garantizar los derechos de las víctimas, la solución más franca y plausible consiste en la asunción de todas las violencias como responsabilidad del Estado, de su régimen político, de las relaciones de producción impuestas. Fueron los intereses políticos de la oligarquía bipartidista colombiana aliada con el imperialismo, los generadores del crimen de Gaitán, del 9 de abril, de la violencia partidista, del ataque a Marquetalia, a Casa Verde, del exterminio de la Unión Patriótica y el movimiento popular.
Ellos crearon el monstruo paramilitar y hundieron la patria en la barbarie del horror, decretaron el Plan Colombia, el Plan Patriota, la Espada del Honor, los falsos positivos, los asesinatos y desaparecimientos de hoy. Martirizado y heroico el pueblo colombiano que ha resistido todas las agresiones y se mantiene en pie. Y que en la voz de las FARC-EP propende por una salida política distinta a la guerra y la muerte. Y que no va a considerarse satisfecho con una justicia transicional sino con una verdadera justicia, cuya fórmula tiene que aparecer de la discusión en la Mesa.
Discusión en la que tiene que participar el país entero. Porque todos somos víctimas de este régimen antidemocrático y violento. No solo los muertos, los desaparecidos, los torturados, los prisioneros políticos, los desplazados y desterrados, no sólo sus familias. Sino todos los colombianos que no hemos vivido un día de paz en por lo menos los últimos 65 años. La coyunda oligárquica expidió una ley de víctimas a su acomodo, para alegar después que ya el Estado se había ocupado de ellas y que la Mesa debe discutir únicamente sobre las víctimas de la guerrilla.
Semejante pretensión resulta inaceptable de cabo a rabo. Porque evade el verdadero problema. Por tramposa. Por inútil. Al enfrentar en la Mesa el planteamiento de la justicia transicional, las FARC y los colombianos debemos impedir que el gobierno circunscriba el asunto a los marcos preestablecidos de antemano para rendir y humillar a la insurgencia. Para tocar el campanazo de queda a la lucha popular. Por el contrario, la obligación internacional de escuchar y atender a las víctimas ha de ser la puerta de acceso al reclamo del pueblo colombiano por tanta injusticia.
Del mismo modo, si queremos de veras establecer garantías para la no repetición de las masacres y crímenes selectivos tan usuales en nuestro país, de los frecuentes montajes policiales y judiciales, del largo catálogo de crímenes de Estado practicados impunemente por décadas, es necesario levantar las banderas de la democratización, de la participación popular libre en todos los escenarios de adopción de políticas públicas, incluyendo desde luego las relacionadas con el empleo de la fuerza y la violencia contra el pueblo y sus aspiraciones.
Los colombianos estamos obligados a poner en evidencia las desastrosas consecuencias económicas, sociales, ambientales, culturales y políticas del modelo económico impuesto por las clases dominantes. Ese capitalismo salvaje de las locomotoras, los tratados de libre comercio, la entrega de nuestros recursos naturales, la confianza inversionista y la desregulación laboral se relaciona íntimamente con la intranquilidad, la zozobra y la violencia, como lo demuestran los frecuentes paros y protestas y las bandadas de policías moliendo a palo y plomo la inconformidad.
Así que las garantías de no repetición de la barbarie deben comenzar por ahí, por eso que el gobierno nacional y las clases dominantes se han empeñado en proscribir de la Mesa de Conversaciones, el debate abierto sobre la política económica del Estado. De ella somos víctimas millones y millones de colombianos, y victimarios no sólo la clase política en el poder, sino todos esos sectores empresariales, financieros y agropecuarios que derivan fabulosas ganancias a costa del hambre, el despojo y la persecución de inmensos contingentes de compatriotas.
Es ese el principal combustible del conflicto, el primer generador de víctimas. Es a todas ellas a quienes planteamos las FARC salir a la calle, a reclamar su derecho a ser escuchadas y atendidas, a exigir la verdad, la justicia y la reparación. Las garantías de que la negra noche de la violencia no volverá a repetirse jamás. Estamos convencidos de que ese debe ser el verdadero contenido de la discusión por la paz en Colombia. Así se planteó y quedó acordado en el preámbulo de la Agenda de La Habana. No la estamos cambiando.
Por último cabría la referencia a un concepto que se suele poner en desuso por todo el discurso de la globalización. Se trata de la antiquísima noción de la soberanía, de la independencia y autonomía patrias que cada pueblo ha considerado sagrado desde la más remota antigüedad. Es completamente falso que la soberanía nacional se halle condenada al museo de la historia. Por el contrario, la liberación de todos los pueblos comienza por la reivindicación de ese derecho fundamental, por la condena a la intervención en sus asuntos internos, a la injerencia extranjera.
En ese, como en muchos otros aspectos, retoma plena vigencia la lucha por la independencia nacional. Está claro que se trata de la segunda y definitiva independencia, de la lucha contra la dominación imperialista norteamericana que se presenta con la careta del derecho internacional. Y hablando de museos, mueven a risa las pretensiones burguesas. Tras matar, desaparecer y perseguir la lucha popular, ahora propone repararla con la justicia transicional, edificándole el bello lugar que siempre ha soñado para ella, el museo de la historia, el rincón para los dinosaurios.
Montañas de Colombia, enero de 2015.
Borroka Garaia da! 