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Autor: Borroka garaia da!

Mientras que en Euskal Herria se producía una operación policial y la falaz propaganda de guerra del estado nos volvía a repetir que “ETA cabe en un microbús que va sin conductor”, en Colombia el fiscal general del estado en rueda de prensa declaraba que “he impartido instrucciones muy precisas para que se suspendan todas las imputaciones que estaban programadas contra la cúpula de las FARC”.

El proceso de paz en Colombia que transcurre en Cuba  llegaba esta semana a un nuevo punto de inflexión mediante el acuerdo de una Ley de Amnistía y una jurisdicción especial para la paz entre el gobierno y las FARC-EP. Este acuerdo se suma a los anteriormente alcanzados en negociaciones políticas: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. En menos de un año se espera la firma de un acuerdo final.

Han sido muchas voces  las que nos han venido repitiendo los últimos tiempos en Euskal Herria que la amnistía es algo no aplicable y algo a lo que la comunidad internacional no iba a dar ningún visto bueno porque contradecía supuestas leyes internacionales. Pero no es así. Como hace escasas horas recordaba el estado mayor de las FARC, el acuerdo de Ley de Amnistía acordado en Colombia “respeta el ordenamiento jurídico internacional, contempla la aplicación del artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, y que dispone: A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.

En unas negociaciones políticas operan muchos factores por debajo y por encima. Si echamos la vista atrás, no hace mucho tiempo en pleno proceso de paz colombiano esos factores iban a todo tren. Por una parte, fuerzas mediadoras y otras instancias habían forzado una tregua unilateral de la guerrilla, mientras que al estado no se le había pedido tomar ningún compromiso en ese sentido. Ese fue el punto clave donde todo se podía haber truncado ya que el estado forzó enfrentamientos, y luego se vehiculizaba la presión internacional e interna hacia la guerrilla en una estrategia multipolar, donde entró en juego la presión armada directa contra la guerrilla, elementos pseudo-neutrales que intentaron bajo pretensiones humanitarias terminar con el poder fáctico de la insurgencia con promesas sin base y sin tocar el poder fáctico contrario, la extensión de la represión a la sociedad civil y mucha manipulación mediática de condimento imprescindible. El objetivo en esa lucha a veces abierta o subrepticia era eliminar el poder de las FARC en la balanza para que las negociaciones dieran otro resultado, forzarla a pasar de la tregua unilateral al fin de la lucha armada unilateral sin acuerdos políticos resolutivos y con el factor de los prisioneros de guerra en el aire mediante una “justicia transicional” que no daba respuestas .

Las FARC se opusieron firmemente a esa justicia transicional, pusieron todos sus esfuerzos en hacer que el alto el fuego llegara a ser bilateral, rompieron frente a ataques en una ocasión la tregua unilateral y no cejaron en el empeño de llegar al acuerdo conseguido esta semana. Todo unido con una extensa campaña ideológica dentro del pueblo colombiano basada en la paz con justicia, y en el modelo de justicia restaurativa  con verdad plena, reparación a las víctimas y garantía de no repetición colocando por encima de la “penalización judicial” de la guerrilla, el derecho a la rebelión armada y a una paz con justicia que supere el origen de un conflicto político en Colombia.

El resultado de ello es que el modelo del acuerdo tiene como base la justicia restaurativa, lo que se traduce en que se otorgará directamente la amnistía más amplia posible para los actores de la guerra que no estén implicados en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y allá donde haya verdad y reparación, las penas restrictivas del tribunal especial de justicia para la paz no implicarán cárcel.

Esto debería significar básicamente en la práctica que el grueso total de los miles de prisioneros políticos colombianos saldrá a la calle y formarán parte del proceso de verdad y reparación junto a los guerrilleros hasta entonces activos, paramilitares, militares, fuerzas gubernamentales y agentes del estado en su conjunto implicados en el conflicto. De esta manera una de las medidas será la legalización de las FARC-EP que se unirán a una serie de medidas estructurales para terminar con la represión en un proceso paralelo a los cambios estructurales políticos derivados de los diversos acuerdos alcanzados en el proceso integral de solución al conflicto.

Queda por ver como se desarrollarán los acontecimientos. El sector paraca más ultra a la sombra de Uribe ya ha puesto el grito en el cielo y aún quedan por cerrar los últimos acuerdos y la posterior aplicación de todo. Así que es de esperar que la dialéctica siga operando.

Las FARC-EP en toda su historia han sido unas grandes amigas de la lucha por la libertad de Euskal Herria. Desde Euskal Herria los mejores deseos y todo el cariño para una organización que siempre ha estado del lado de los oprimidos y oprimidas del mundo y que junto al pueblo trabajador colombiano acabará por lograr una Colombia en paz y libertad. Socialista en la patria grande.

+ Comunicado de las FARC-EP

+ Comunicado conjunto del acuerdo Gobierno – FARC-EP

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