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Iván Giménez / ELA

Ahora que se ha puesto de moda el concepto de extremo centro (y no estamos hablando de fútbol sino de política), llega la propuesta del Consejo de Diálogo Social que el Gobierno de Navarra quiere implantar por ley, o mejor dicho, modificando levemente la ley que en 2014 aprobaron UPN y PSN para financiar con 900.000 euros a fondo perdido la actividad ordinaria de CEN, UGT y CCOO. Al menos ahora no se fija por ley ninguna cifra concreta como subvención nominativa, pero las organizaciones empresariales y sindicales “podrán incrementar” esa cantidad “por cada asunto que incluyan en los órdenes del día” (art. 11). ¿Acaso alguien piensa que financiando a más sindicatos se logrará la ansiada fotografía? Consenso, concordia y no-conflicto, es decir, patronal y sindicatos juntos bajo el ala protector del Gobierno foral. A los sindicatos los eligen los trabajadores/as, pero la patronal, ¿qué legitimidad tiene? ¿Cuántos afiliados tiene la CEN?

– Nada nuevo. Basta con leer el préambulo de la ley (que en lo fundamental copia y pega la que UPN y PSN aprobaron en 2014) para entender qué es eso del extremo centro, título del libro donde el historiador Tariq Ali denuncia que “votes a quien votes, las políticas son las mismas”. Esperemos que no tenga razón, pero lo cierto es que el nuevo Gobierno foral basa su Ley del Diálogo Social en los principios del Tratado de Lisboa (esa argucia para imponer una UE antisocial tras el no ciudadano a la Constitución europea), entendiendo dicho “diálogo social como fuerza motriz de las reformas económicas y sociales”, es decir, como herramienta que justifique las imposiciones de la Troika y todo lo demás. Y continúa apelando a “la modernización de la organización del trabajo” (principio rector de los 123 despidos de TRW, por ejemplo) o a “la prolongación de la vida activa”, es decir, seguir retrasando la edad de jubilación que Zapatero, UGT y CCOO ya llevaron hasta los 67 años.

Por aclarar las cosas, en este preámbulo se atribuye al diálogo social la función de “mejorar la gobernabilidad”, lo que evidentemente interesa a cualquier gobierno, pero que no tiene por qué compartir ninguna organización sindical. Por lo demás, se acumulan expresiones vacías y lo menos conflictivas posible, como el objetivo de trabajar por “la mejora global de la sociedad”. Ni una palabra de combatir la desigualdad económica o la precariedad laboral, ni de trabajar por la cohesión social en su sentido más político y real. Ni, por supuesto, nada sobre el reparto de la riqueza, principio democrático irrenunciable cuyas vías principales son la fiscalidad y la negociación colectiva. Sobre los impuestos, el Gobierno foral ya ha mostrado sus cortas aspiraciones. Y en cuanto a la negociación colectiva… ¿su proyecto político de cambio es este diálogo social de corta y pega?

Eso sí, concertación a tope, repetida párrafo tras párrafo. Poniendo el consenso como objetivo, se renuncia a la transformación social. ¿Cuál de los dos prefiere el Gobierno?

Neutral para no molestar. Ante ello, el Gobierno de Navarra ha decidido renunciar a la política y ubicarse como mediador neutral de un diálogo social que hace ya muchas décadas que no dialoga ni negocia sobre nada real. Todo lo importante (y lo grave) acontece fuera de esa mesa, y lo deciden otros. Parece mentira, pero hay que recordar una vez más que el mercado laboral y la iniciativa empresarial no son esferas de libertad ni tienen una base igualitaria, sino que se rigen por el enorme poder coercitivo que la empresa tiene sobre sus empleados, una desigualdad que se ha multiplicado con las reformas laborales de PP, PSOE y UPN a las que, formalmente, se opusieron los partidos que hoy sostienen el Gobierno de Navarra.

Y sin embargo se propone una Ley de Diálogo Social para, entre otras cosas, gestionar la inaplicación de convenios colectivos, dando normalidad a la reforma laboral de Rajoy y a los miles de puestos de trabajo destruidos desde entonces. ¿Qué hay de la defensa de las condiciones laborales acordadas en Navarra? Nada de nada.

El Gobierno no debería limitarse a un papel de humilde corrector de las enormes desigualdades económicas o de las consecuencias desastrosas de las políticas neoliberales. Eso sería insuficiente, pero es que en este diálogo social no hay ni siquiera eso. En resumen, el Gobierno de Navarra se asigna un papel de neutralidad tecnocrática, afrontando la imposible tarea de conciliar intereses materialmente incompatibles: los del capital y los del trabajo.

Política de verdad. No obstante, en las relaciones laborales hay mucha tarea por hacer: defender el ámbito navarro de negociación colectiva frente a la miseria de la estatalización; obstaculizar lo máximo posible la ejecución de la reforma laboral de Rajoy; fulminar el clientelismo sindical y patronal; y, por supuesto, dar ejemplo en la negociación colectiva del sector público, proteger a los colectivos subcontratados… Nada de esto hay en la inminente Ley de Diálogo Social.

Un gobierno que se sitúa como mediador entre dos partes en conflicto, erigiéndose en garante del interés general (ese gran mantra inexistente), intentará ser el gobierno de todos a base de forzar consensos entre intereses contrapuestos, de no tomar decisiones políticas comprometidas… pero acabará siendo el gobierno de los de siempre. Y lo peor, quizá sin darse cuenta, inmerso en ese extremo centro que da por bueno lo que hay, que niega el conflicto inherente a los intereses antagónicos y que expulsa de esa normalidad a la gran mayoría, a esa clase trabajadora que tiene clara una cosa: la neutralidad es el arma más poderosa del adversario. Así, contagiado por esa neutralidad tan limpia y amable con los que más tienen, regresa un diálogo social insípido, incoloro…¿e inodoro?

Pero además, el diálogo social no es neutral, sino la herramienta de un poder que quizá haya preferido adaptarse a la realidad antes que arriesgarse a transformarla.

Justo lo que no puede hacer un sindicato.

Lo dejo dicho Joan Fuster: “Toda política que no hagamos nosotros, será hecha contra nosotros”.

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