Por lo que merezca la pena

Artículo de colaboración para Borroka Garaia da!. Autor: Agintea hausten

En 2003 llegó la anunciada ilegalización de Batasuna. Mucho ha llovido desde entonces, más allá de los intentos por esquivar esta legislación de excepción que hasta hace muy poco ha marginado a la Izquierda Abertzale (IA) de las instituciones.

Me refiero a la nueva fase a la que ha entrado Euskal Herria, materializada en la acumulación de fuerzas y el vuelco del escenario político, por el momento especialmente en su vertiente institucional. Me remito al análisis realizado por Iker Casanova en Gara en dos partes, en el que entre otras cosas se habla del peligro de asimilación e institucionalización que corre la IA y de cómo combatirlo. Así como en otro análisis de Iñaki Gil de San Vicente y otro más de Borroka Garaia Da!, de los que tomaré ideas y plantearé los problemas de otras.

Este análisis es una crítica de aspectos concretos que implica la lucha institucional en los términos actuales, y no una crítica en general a toda participación en abstracto, más allá de mi posicionamiento al respecto. Ya que desde el nacimiento de la Unidad Popular uno de los puntos clave ha sido esa participación, con las tensiones acaecidas según hasta dónde llevarla: en un primer momento tan sólo en ayuntamientos y el Parlamento de Navarra. Así como los problemas prácticos que ha originado en cada lugar. Pero obviamente el tema no está en a cuántas citas electorales se acude, o al número de votos conseguidos, sino al papel de la lucha institucional en la lucha global. Y sobre todo, dado el contexto sociopolítico europeo actual, sobre el papel y las potencialidades de la democracia liberal-burguesa como Estado hoy, hablando más de la utilidad que de la coherencia que ello implica.

La travesía del desierto de la ilegalización

No se puede negar que la ilegalización supuso para la IA un duro varapalo, y ha sido uno de los factores que han estimulado el cambio estratégico, especialmente una vez cerrada la vía de Estrasburgo. Tanto por la propia situación de apartheid; como por las situaciones surrealistas como la del ayuntamiento de Lizartza; por la pérdida del altavoz que constituyen las instituciones; el aislamiento mediático dirigido aún más a la muerte por inanición de la IA; la irrupción electoral de Aralar; la escenificación parlamentaria de mayorías españolistas falseadas en la CAV; o la represión más directa en forma de detenciones y cárcel.

Es significativo por un lado que la IA no consiguiera activar a la sociedad para frenar tal atropello en su momento, sufriendo una gran derrota parcial en aquel momento; así como la capacidad para sobrevivir todos estos años sin ser borrada del mapa; y por supuesto, la capacidad de darle la vuelta a la situación con la vuelta a las instituciones por la puerta grande, superando la fase de la ilegalización. Sin embargo, esta exclusión ha generado inevitablemente una ansiedad por volver a entrar en el juego democrático. Además de producir una fijación por la crítica a la naturaleza pseudodemocrática de un Estado que ilegaliza a miles de personas. Lo cual ha hecho que al abrirse de nuevo esa puerta se haya experimentado una peligrosa euforia y una naturalización de la democracia (parlamentaria y burguesa), pese a constatar sus límites.

Con esto me refiero a que se ha interiorizado la crítica a la democracia española en tanto que “Estado fascista”, por su represión y políticas de excepción. Pero una vez se pasa a una relativa normalidad democrática, no se adapta el discurso a una crítica certera a esa normalidad, que de hecho esta fetichizada de antemano, y ese ese uno de los sitios por los que puede venir la asimilación. Este factor se ve incrementado por la desideologización de las propias bases tradicionales de la IA, especialmente de las que no han conocido épocas ya lejanas como la consolidación de la Reforma, o sea, de la actual democracia española.

Resulta fácil repetir el tópico de que esa participación no es un fin sino un medio. Pero una de las circunstancias que se dan, más allá de la unión de partidos que claramente lidera la IA, es que el electorado que se ha sumado a la IA con Bildu y Amaiur proveniente de otros partidos (EA, Aralar, Alternatiba, Batzarre, NaBai e incluso PSE e IU) es en su mayoría un electorado clásico, pasivo, votante en tanto que consumidor de programas electorales ofertados por los partidos, propio de una sociedad desmovilizada, y profundamente demócrata convencido y, por qué no decirlo, de carácter ideológico pequeño burgués. Y esa rebaja coyuntural del discurso para acaparar sectores más centrados políticamente, puede acabar convirtiéndose en permanente. Esa normalización de la democracia puede acabar calando (si no lo ha hecho ya, dada la falta de crítica) con consecuencias fatales para una perspectiva revolucionaria.

Una democracia desprestigiada

Esta vuelta a las instituciones se produce en un contexto de desprestigio de la democracia española, a nivel estatal. Que por un lado viene dado por el hartazgo del rodillo bipartidista del PPSOE, pero no en exclusiva, dado el eterno fracaso de IU o UPyD, que nunca terminan de despegar.

La expresión más obvia de todo ese descontento social latente de características difusas, se ha materializado en el movimiento 15M y en un amplio sector juvenil desencantado con la política tradicional, desideologizado y sin contacto con ideologías antisistema, y afectado por la situación de alto paro juvenil, precariedad y no acceso a una vivienda.

Pese a las reivindicaciones para nada rupturistas como una democracia participativa, que no es sino un complemento y lavado de cara de la ya conocida democracia representativa o parlamentaria; esta situación social sí que ha hecho mella en las instituciones, perdiendo ciertas cotas de legitimidad. Un ejemplo de esto es el aumento de la abstención en las últimas citas electorales. Si bien todo este contexto en Euskal Herria ha sido muy distinto, por su condición de marco autónomo para la lucha de clases, expresado en sus propias dinámicas políticas y movilizatorias desde hace décadas; sigue siendo sorprendente que aquí no sólo no ha aumentado la abstención, sino que se ha reducido. Este fenómeno no puede reducirse al simple cálculo matemático de la vuelta al sufragio de miles de personas hasta ahora excluidas.

En un momento de cierta inestabilidad de la democracia, cada vez más cuestionada al menos en cuanto a sus canales tradicionales, el sector político rupturista organizado más fuerte de España y probablemente de Europa, dedica todo su esfuerzo a participar en esas instituciones. Es innegable que supone un desequilibrio importante.

Por último, pese al shock que haya podido producir la vuelta al Congreso de los Diputados a mucha gente, obviamente las instituciones municipales, forales y autonómicas también emanan del marco constitucional español. Algo que no supone en sí una contradicción, en cuanto como decíamos esa participación sea medio y no fin.

Transformación social

“La dictadura de los mercados”. “Los gobiernos ya no gobiernan”. Son cosas que no paramos de escuchar. En un momento histórico en el que al Capital ya le estorban los marcos estatales, ¿es posible realizar políticas sociales o de contrapeso a esta realidad desde esas instituciones? ¿Y una instrumentalización de ellas, con la que mediante una estrategia de doble poder encauzar el proceso revolucionario? Dudoso, como poco. Puede que por mirarse en el espejo de experiencias progresistas desarrolladas en Estados capitalistas como el llamado Socialismo del S.XXI, cuyo contexto si les da un margen de actuación, más allá de que sean revolucionarias o no.

La enorme maquinaria del estado de bienestar se está cayendo, y si bien se puede apaciguar de alguna manera no recortando indiscriminadamente en los sectores más vulnerables; o tratar de evitar hacer seguidismo de legislaciones centrales como la reforma laboral; la realidad es la que es: hasta Bildu está teniendo que hacer recortes en la Diputación de Gipuzkoa, y no por gusto precisamente, sino por tener las manos atadas. Porque el capitalismo son unas relaciones sociales y un sistema mundial integrado, más allá de que una opción progresista tenga parcelas de poder institucional. Otra vuelta de tuerca a la nefasta idea de un “capitalismo con rostro humano”: la de “otra gestión del capitalismo en crisis es posible”. Esta vez con una cadena que va desde los Estados hasta los ayuntamientos, bien arruinados, bien atados en corto por el poder financiero.

Subirse a un barco que se hunde puede ser un grave error. Y más cuando no es posible redirigirlo. En un momento en el que el capitalismo ofrece más miseria aún, no nos pongamos a gestionarla. Y es que tras esta crisis vendrán otras, por la propia lógica capitalista Y en esta enorme reconversión que está haciendo el capitalismo de sí mismo, ya no es posible mantener fases anteriores de ese sistema como en este caso, el estado de bienestar. Hoy es más necesario que nunca mostrar que las salidas no pueden ir
dentro del capitalismo sino fuera de él. Y las instituciones políticas de ese capitalismo, precisamente, dejan de ser como las hemos conocido, apartándose para ya no volver.

Por ello, más allá de un contrapoder en forma de movimiento popular, que queramos o no, se mueve en los propios márgenes de la sociedad capitalista aunque en ella haya aglutinado a los sectores más conscientes del pueblo trabajador, debemos construir fuera de ella. Sin caer en la ilusión, que por otra parte recuerda mucho a los utópicos, de construir realidades paralelas al sistema de manera no conflictiva. Estamos ante una agudización sin precedentes de las contradicciones sociales en el Estado español desde el segundo asalto a la sociedad de clases. En este momento clave, en el que el aumento de la represión anuncia ya que el panorama social se pone interesante, hay que adoptar una posición de ataque. Y realizar el asalto a las instituciones en un momento en el que estas van a tener un papelón en términos represivos, no debería antojarse muy apetecible. Ya hemos tenido un gran ejemplo de lucha social en la huelga general del 29M, que en Hego Euskal Herria ha sido espectacular, tanto cuantitativa como cualitativamente. En estos tiempos, la respuesta más que nunca está en la calle.

Ejemplificando el tema de luchas con una gran capacidad desestabilizadora, al igual que la represión consiguiente, está el Tren de Alta Velocidad a su paso por Euskal Herria. Se trata de proyectos de grandes infraestructuras, que no suponen tan solo un simple atentado ecológico. Son macroproyectos a nivel internacional, integrados en ese mercado global, incrementando el nivel de movilidad de personas y mercancías, bajo el criterio de la eficiencia y la velocidad. Son estrictamente necesarios para que el capitalismo funcione, o lo que es lo mismo, que siga creciendo. La falta de capacidad del propio mercado para asumir este enorme gasto implica que lo tomen como proyecto central los Estados (con retrasos por la crisis), uniendo a ello la militarización de su construcción. Por ello y por lo dicho antes sobre el estado de bienestar, mostrar estos enormes gastos públicos como derroches que deberían emplearse en los servicios sociales que están siendo recortados, no muestra sino una grave ingenuidad sobre el momento histórico actual.

Son movimientos amplios con diferentes grados de radicalidad los que se oponen a estos proyectos, y ahí reside su fuerza. Porque tanto si fueran radicales pero marginales, como si fueran masivos pero moderados y exclusivamente institucionales, no tendrían sentido. Descartada obviamente la opción de hacer frente a estos proyectos únicamente desde las instituciones, veamos ejemplos del apoyo que puede buscar el movimiento popular en ellas. Hemos podido ver cómo, por ejemplo, la Diputación de Gipuzkoa no tiene potestad para impedir el paso del TAV. Ahí está la diferencia entre hacer políticas verdes que sí son toleradas dentro del sistema, u oponerse frontalmente a un proyecto clave para el Capital. ¿De qué sirve entonces gobernar una provincia, si para las cosas verdaderamente importantes no tiene capacidad de decisión?

Siguiendo con el ejemplo del TAV, este no es fruto de una cabezonería de cuatro políticos, ni un simple negocio puntual, ni un chanchullo entre sus amigos. Es un proyecto verdaderamente estratégico, y muy relacionado con la Eurorregión Aquitania-Euskadi, además del monstruoso eje Donostia-Baiona. ¿Es posible ganar apoyos desde la Europa del Capital mientras que se construye un proyecto nacional que suponga una ruptura con esta realidad?

Una cosa es la mediación de instancias internacionales en la resolución del conflicto armado, y otra es pretender que desde esas instancias se puedan encontrar apoyos para el objetivo independentista que rompa con este modelo económico. Dado que el Estado español no tiene visos de ceder, y la vía más probable sea la de la unilateralidad. Ya que hablamos de un Estado democrático consolidado y legitimado internacionalmente como España, la presión externa hacia ella para que permita la secesión de un territorio tan importante y además en clave socialista, no es más que una ilusión. El apoyo internacionalista deberá venir de los pueblos y en primer lugar, desde los de España.

¿Un partido político más?

Si bien con Bildu y Amaiur se ha ganado la batalla de la legalización, aun está pendiente en el caso de Sortu, el cual puede ser central. Mientras los dos primeros son frentes amplios en los que participa la IA, el tercero va a pasar a constituirse como el nuevo sujeto político de la IA.

Lo que hasta ahora ha sido la Unidad Popular, un movimiento político de base local asamblearia, pero articulador de dinámicas nacionales, entre ellas la participación electoral, cambia radicalmente.

En esa carrera por la legalización se han renunciado a las expresiones organizativas históricas para pasar el filtro judicial que apela al principio de la continuidad con organizaciones ilegalizadas. En este sentido, se constituye Sortu, un nuevo partido que cumple con la ley y que más allá de su reiteración exagerada del rechazo a la violencia, aporta puntos clave en sus estatutos. Habrá que estar alerta ante cambios de tanto calado en puntos clave en la lucha de liberación, como bien se apuntó aquí. Y no sólo en los cambios internos que puede suponer.

Al pasar a ser un referente político estandarizado respecto a todo el arco parlamentario de gestores políticos, que además gestione cada vez más cuotas de poder, se vislumbra la posibilidad de que haya una avalancha de trepas y gentes sin escrúpulos que aprovechen la vía del carnet y la afiliación, hasta ahora inédita.

Control popular

Intentando ir más allá de generalidades ideales como que haya un control férreo a los cargos institucionales, que el movimiento popular tenga capacidad de decisión autónoma, la conexión de ambos, etc. surge el tema de la representación. Dentro de esa normalización de la democracia burguesa entra la asunción de los roles que esta genera. Me refiero a los roles que genera el sistema parlamentario, de democracia representativa: la dialéctica representantes/representados.

Esta idea de mandato representativo supone básicamente que el representante electo no representa a los votantes de su circunscripción, ni a los que han votado por él, ni a su partido. Representa al conjunto de la Nación (en este caso, la española), como sujeto político de derechos. De ahí se desprende que tenga libertad de voto, negando toda posibilidad de obligación de cumplir un mandato desde abajo (mandato imperativo) e imposibilitando la revocabilidad de su cargo. En la práctica, esta prohibición del mandato imperativo se la saltan los partidos sistemáticamente, orientando el voto de sus parlamentarios.

Los llamamientos a “una democracia participativa” no son más que cantos de sirena. Estos mecanismos de participación no sólo no son reales, sino que no cuestionan ni un ápice al sistema parlamentario. Lo complementan y refuerzan. Si antes el Estado te jodía directamente, como algo caído del cielo; ahora te jode igualmente, pero contando contigo, tras un proceso de participación en el que te sentirás el protagonista. Bienvenidos a la participación ciudadana.

En una democracia directa (en definitiva, una verdadera democracia política) las personas elegidas no son más que portavoces sin capacidad decisoria, delegados revocables que llevan la opinión de las asambleas de base a instancias más altas. Pero el órgano supremo y soberano siempre será la asamblea entre iguales. Este modelo rompe de raíz con el sistema parlamentario, como con su nueva versión participativa.

Volviendo al tema de las instituciones españolas. Una articulación real y municipalista del proyecto secesionista como Udalbiltza parte de la rigidez de unas instituciones muy concretas y para nada neutrales, aunque las tengamos al lado de casa: los ayuntamientos. Y aquí volveríamos al punto de la conveniencia de luchar dentro en los tiempos que corren. Este proyecto se lleva a cabo deliberadamente desde ahí y no desde, por ejemplo, comités independentistas barrio a barrio, pueblo a pueblo, construyendo espacios con vocación de poder directa.

Con intención constructiva

No se trata de realizar una crítica visceral y destructiva desde la distancia a las prácticas del MLNV con tal de mostrar sus contradicciones y desprestigiarlo.

Con este esbozo pretendo aportar desde la humildad pistas para la práctica, para la lucha real en la fase histórica tan importante en la que ya nos encontramos, por lo que merezca la pena dejarse la piel realmente.

Euskal Herriak, 2012-IV-15