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Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autores: José Luis Herrero y Antton Azkargorta. Profesores despedidos de la UPV

Continuación de 25 años de historia de una pancarta (segunda parte)

El 30 de marzo de 1992 fuimos despedidos de la Universidad 9 profesores de la UPV por negarnos a firmar el contrato administrativo al cual nos habíamos declarado anteriormente insumisos. Durante el periodo 1982-1988 se va a producir un gran enfrentamiento entre las autoridades universitarias y los despedidos con destierros del Campus de Leioa, detenciones y juicios. Y con encierros, huelgas de hambre y otras acciones protagonizadas por los despedidos y las comisiones de apoyo en favor de su readmisión y la creación de un profesorado propio con contrato laboral, al margen de las figuras funcionariales dominantes que imperaban en la Universidad. En todo este periodo hubo intervalos de tregua debido a procesos negociadores que al final acabaron, bien con acuerdos que fueron rechazados por instancias del gobierno universitario, bien por fracasos del propio proceso negociador. En el fragor de la batalla cuatro profesores abandonaron la Pankarta, quedando al final, a partir de finales de 1993, cinco despedidos y un funcionario solidario castigado en un principio con suspensión de empleo y sueldo por un periodo de 4 años. Los rectores que cubrieron este espacio temporal fueron Juan Jose Goiriena de Gandarias y Pello Salaburu. Ninguno de los dos repitió mandato porque ninguno de los dos pudo estabilizar la situación universitaria. El relato de lo sucedido durante los años 90 en relación con el conflicto universitario ha venido recogido en las dos primeras partes ya publicadas. Recordemos que la historia se remonta a 1990 cuando cerca de 100 profesores se declararon insumisos al contrato administrativo apoyados en una sentencia judicial que reconocía sus condiciones de profesores con contrato laboral y que el rector de aquel entonces, Emilio Barbera, se negó a acatarla, siendo esos despidos la consecuencia de ello. Esto originó la insumisión citada y el desencadenamiento de un conflicto agudo que se prolongó durante el periodo 1990-1991 y que acabó en los juzgados con nuestra readmisión y en la institución universitaria con la dimisión-cese del rector Barbera. Sin embargo una sentencia del TSJ dio la razón a la Universidad y la mayoría de los contratados volvió a firmar el contrato administrativo anteriormente negado. Exceptuando los nueve mencionados que reafirmaronn, a pesar de la sentencia judicial adversa, su insumisión, demandando esta vez un contrato que no sea ni administrativo, ni laboral; un contrato de colaboración temporal dentro de la autonomía universitaria.

Las reuniones con los partidos políticos

Ya dijimos que el final del mandato de Pello Salaburu fue bastante tranquilo, principalmente por el desarrollo del proceso de Lizarra-Garazi que influyó también en la UPV. Nosotros habíamos recuperado la libertad de circulación y había una cierta tolerancia a nuestra presencia. En las circunstancias políticas de aquellos momentos nadie estaba interesado y menos el desgastado rector en aumentar la conflictivad universitaria. Nosotros nos adaptamos a la situación y decidimos no acudir a las clases de los esquiroles. Dividíamos nuestro horario de permanencia entre la estancia en la puerta de entrada del campus y la presencia en la entrada de la Facultad de periodismo.

Los partidos nacionalistas, buscando la normalidad académica en aquella delicada coyuntura, nos llamaron para sostener unas conversaciones con vistas a nuestra reincorporación a la UPV. Acudieron a esas reuniones dirigentes del PNV y de HB, así como algún sindicalista de ESTE-EILAS: Sabían que el tema del Profesorado Propio era importante para nosotros y nos propusieron que abandonásemos la “Pankarta”, y que ellos se encargarían de gestionar el tema del Profesorado Propio. Luego arbitrarían soluciones “individuales” para cada uno de nosotros que no especificaron pero por lógica suponíamos que se referían a nuestra readmisión a la UPV mediante el contrato administrativo de siempre. Recientemente había venido a visitarnos nuevamente un mediador de Salaburu ofreciéndonos el reiterado contrato tantas veces rechazado. Les dijimos a los partidos que no nos retiraríamos hasta pactar un acuerdo justo y que no íbamos a delegar en nadie el tema del Profesorado Propio hasta conocer el proyecto existente, el proceso legal de su desarrollo, el contenido básico y las garantías que existían para su aprobación. Nada de esto se puso encima de la mesa. En realidad los partidos nacionalistas estaban esperando más a la autorización del gobierno español para que las iniciativas surgidas del ámbito vasco fueran legales que a tomar un camino propio. Asustaba el recurso de inconstitucionalidad a las acciones políticas unilaterales. Con las conversaciones pretendían simplemente posibilitar una transición electoral en la Universidad lo más placida posible. De ahí no salió nada. Se cambió el interlocutor sin que eso supusiera progreso alguno. Con el fin de la tregua se puso fin a estas reuniones. Ellos sabían perfectamente lo que pretendíamos: primero, una aclaración sobre cómo se iba a realizar el proceso de desarrollo del Profesorado Propio; segundo, un pacto para nuestra reincorporación siguiendo las líneas marcadas por el acuerdo con Goiriena de Gandarias adaptado al tiempo transcurrido (cerca de 7 años). Lo que nos dimos cuenta es que el tema de Profesorado Propio estaba alcanzando ya una gran dimensión política y formaba parte desde hacía tiempo de la agenda de los partidos

El debate sobre la Universidad Vasca

En esta época surgieron varias iniciativas sobre la Universidad Vasca. “Ikasgu Nagusia” se proponía la creación de una Universidad euskaldun a iniciativa de varios colectivos euskaltzales. Euskal Herritarrok presenta “Euskal Herriko Unibertsitate Barruti Bateratua”, una especie de Udalbiltza universitaria. Ikasle Abertzaleak plantea en su congreso, dentro del marco de la “Euskal Eskola Nazionala”, abrir un modelo de Universidad nacional con fundamento en el euskera. También eran importantes las aportaciones de las “Euskal Adarrak” universitarias y las de la asociación de profesores euskaldunes, EIRE. Había suficientes experiencias e iniciativas para, aprovechando la tregua, abrir un debate entre todas las fuerzas abertzales a fín de concretar en forma de principios, planes, proyectos e incluso textos jurídicos ese enunciado de Euskal Unibertsitatea y levantar una organización amplia y métodos de acción efectivos para intentar materializarlo en el tiempo. Los despedidos y las comisiones de apoyo escribimos muchos artículos y mantuvimos intervenciones públicas propiciando ese debate señalando la relación existente entre el proceso de construcción nacional –que el acuerdo Lizarra-Garazi había llevado a la escena pública-institucional– y el modelo universitario. Desgraciadamente la mayoría de estas propuestas tuvieron escaso recorrido y se quedaron en simples eslóganes retóricos sin que tuvieran concreción práctica alguna. Porque las organizaciones abertzales habían iniciado una dinámica consensuadora y existían en su seno diferencias apreciables sobre la concreción practica del modelo universitario. Se rehuía el enfrentamiento en aras de una unidad ficticia. Este debate además no podía existir porque en la práctica los sindicatos y las organizaciones abertzales habían optado por impulsar la conjunción de fuerzas sociales, políticas y sindicales para obtener mayorías adecuadas, tanto en el interior como en el exterior de la Universidad. Y a través de esas mayorías, actuando dentro del campo normativo vigente, lograr los objetivos propuestos. Era la llamada acumulación de fuerzas sociales e institucionales. Pero algunos de sus teóricos acompañantes no estaban por la labor y además se evitaba la polarización y el enfrentamiento político real con el enemigo y el adversario mediante la movilización de base popular. Esa estrategia estaba fracasando como lo demostraban los ejemplos de la lucha por el Profesorado Propio en el seno de la UPV, la ley de Ordenación Universitaria (LOU), recientemente aprobada y en un aspecto más global el propio proceso de Lizarra Garazi con su final traumático.

En diciembre de 1999 y dentro de esa petición de abrir un debate sobre la Euskal Unibertsitatea difundimos un documento titulado: “Construir la Universidad Nacional”, que era una síntesis de las bases políticas que habían conducido nuestra práctica histórica de lucha en la Universidad. El documento constaba de tres partes:
a). Una llamada a unir esfuerzos para impulsar proyectos generales y propuestas concretas que pudieran servir de referencia y guía en el proceso de transformación de la UPV.

b). Utilizar la práctica de la desobediencia civil en una lógica de confrontación política en varios campos: Profesorado Propio, funcionariado, euskera, tribunales disciplinarios etc

c). Llevar el debate, tanto en el seno de la Universidad como en la sociedad, acerca del modelo de Universidad Nacional de Euskal-Herria. Dentro de lo anterior proponíamos llevar a cabo un proceso constituyente capaz de definir modelos organizativos y leyes universitarias propias y organizar una Asamblea permanente en donde los diferentes sectores universitarios pudieran discutir y elaborar las bases de una Universidad vasca.

El documento no recibió contestación pero percibimos un cambio estratégico en la organización Ikasle Abertzaleak respecto a la posición de sus mayores que ya hemos comentado y que coincidía con algunos de nuestros planteamientos. Estos estudiantes propugnaban la ruptura con el modelo colonial universitario, a través de las prácticas de la insumisión y la desobediencia civil, para avanzar en la dirección de la Universidad Nacional, lo que suponía seguir una trayectoria de lucha y confrontación con los poderes universitarios. En aquella coyuntura intentaron mantener esa confrontación presentando una candidatura estudiantil propia en el proceso electoral, llamando a la insumisión en el caso que no hubiera oferta educativa en euskera y oponiéndose, a través de diversas iniciativas, a los abusos de poder que ellos entendían ejercían algunos profesores unionistas sobre los estudiantes dentro y fuera de las aulas.

Elecciones y encierro

A comienzos del año 2000 tuvo lugar el proceso de elección de rector en la UPV. Se presentaron como candidatos oficiales en la segunda vuelta Manu Montero, conocido unionista y Juan Ignacio Pérez, apoyado este por los sectores nacionalistas. Los estudiantes de Ikasle Abertzaleak presentaron una candidatura alternativa bajo la consigna: “Romper con la UPV para levantar un proyecto universitario propio”. En su programa aparecía el tema de la Universidad Nacional, el cambio del modelo universitario y el Profesorado Propio. Su candidata era Miren Zabaleta. La cuestión del Profesorado Propio fue apoyada por todos los candidatos, aunque por motivos distintos: estabilidad del profesorado, flexibilidad de plantillas, aumento de competencias, carácter nacional etc. La campaña electoral de los candidatos oficiales fue académica ya que no diferían en el modelo universitario, aunque el interés de la contienda radicaba en el carácter de las candidaturas que en el plano político exterior, caracterizado por un fuerte enfrentamiento entre constitucionalistas y nacionalistas, aparecían casi como antagónicas. Aunque esa campaña electoral fue de guante blanco todos sabían que en el fondo se dilucidaba una lucha por el poder universitario entre dos sectores en ese momento enfrentados políticamente en la sociedad. Si el proceso de Lizarra–Garazi hubiese continuado la victoria hubiese sido para Pérez pero el fin de la tregua y el enrarecido ambiente político dieron el triunfo a Montero, ante la sorpresa de todos. La importancia de la confrontación hizo que tanto el sector crítico como los estudiantes de IA dieran el voto a Pérez. Pero no fue suficiente.

Nosotros con la ayuda de las comisiones de apoyo participamos activamente en la campaña electoral intentando acentuar el vínculo estrecho existente para nosotros entre el proceso de construcción nacional –de rabiosa actualidad en la época– con la lucha por el Profesorado Propio y la Euskal Unibertsitatea. Procurábamos hacer visibles y potenciar los valores, proyectos, líneas de intervención y señas de identidad conectados con una concepción nacional vasca de la instancia universitaria. Entre otros documentos elaboramos, junto a la comisión de apoyo, uno titulado: “En favor de una Universidad vasca”, que fue firmado por 300 personalidades de la vida cultural, política, religiosa y social de EH y presentado en el Café Antzokia de Bilbao.

Planificamos, asimismo, un envío masivo de misivas a las autoridades políticas y universitarias. Les solicitábamos que el tema del Profesorado Propio que estaba bloqueado fuera objeto de iniciativa legislativa en el Parlamento vasco. Dado lo extendido que estaba el tema nuestro objetivo era aprovechar las elecciones para continuar presionando en esa dirección. Desgraciadamente no recibimos respuesta alguna.

Nuevamente nos encontrábamos en una de esas encrucijadas por las que habíamos pasado desde el comienzo real de nuestra batalla histórica hacía ya 10 años. Había si un ambiente general muy propicio a favor del Profesorado propio que habíamos ayudado a crear. Podíamos circular libremente por la Universidad después de interminables peleas. No ejercíamos ya presión sobre los esquiroles por anteriores pactos y porque habíamos privilegiado el objetivo del Profesorado Propio, entendido también como puerta de entrada a la docencia. Pero los dirigentes universitarios y el Gobierno vasco no contestaban a nuestros requerimientos de elaborar una ley universitaria propia por el temor al recurso de Madrid y a la oposición de los unionistas. Las campañas, las firmas, los documentos, las intervenciones en los medios de comunicación nos ganaban probablemente aliados pero no conseguían dar un empujón definitivo a nuestro objetivo. No nos podíamos quedar quietos esperando. Como buenos deportistas teníamos que ejercer una nueva torsión. Aunque sabíamos que ahora la coyuntura universitaria no nos favorecía pues a la cabeza de UPV habían colocado a un unionista históricamente beligerante con nosotros: Una persona que había pedido que nos desalojasen por la fuerza de las clases cuando impartíamos docencia sin contrato y que en calidad de decano nos había expulsado de un encierro en la facultad y conducido a comisaria y a los jueces. El hombre que en pleno proceso de Lizarra-Garazi había traído a la conocida unionista Victoria Prego –la del perverso “¡A por ellos!” de Madrid– para darnos lecciones de democracia, persona que tuvo que salir precipitadamente ante la espontánea reacción de profesores y estudiantes en contra de su conferencia.

Decidimos encerrarnos en el departamento de Periodismo. Durante el primer día no ocurrió nada pero al día siguiente se presentó la Ertzantza y nos desalojó. Pero nosotros estábamos dispuestos a mantener el encierro y enfrentarnos con la policía si intentaban volvernos a sacar. Esta vez Montero reculó y permitió que continuáramos con nuestro encierro. Quizás pensó que después de su triunfo electoral unas escenas de violencia en la UPV con cárcel y comisaria no le iban a beneficiar, sobre todo conociendo el nulo resultado de las innumerables detenciones padecidas anteriormente con Salaburu y él mismo, con el desprestigio que eso supuso para la propia Universidad. El caso es que nos mantuvimos durante 45 días en el mencionado departamento. Aprovechando el tiempo para contactar con partidos políticos, decanos, directores de departamento, Ikasle Abertzaleak, entidades culturales y medios de comunicación. Nuestra petición era bien concreta: que las autoridades universitarias entregaran al Gobierno vasco el documento sobre figuras contractuales laborales que había redactado una comisión en 1995 y que continuaba bloqueado en la UPV.

Sorprendentemente, Montero decidió esta vez remitir ese documento. Quizás porque pensara que el Gobierno vasco lo obviaría. El caso fue que conseguimos el objetivo perseguido lo cual nos dio moral. Los contactos citados nos volvieron a confirmar lo maduro que se encontraba el tema del Profesorado Propio. Sabíamos que en Madrid se estaba preparando una nueva ley y que los rectores de las universidades españolas, los profesores contratados administrativos de ellas y muchos expertos pedían un cambio en las modalidades contractuales. Conocíamos también que en Cataluña se había avanzado bastante en este sentido y la Generalitat y algunos partidos catalanes presionaban por el contrato laboral.

El atentado fallido y sus consecuencias

Montero que era un antinacionalista visceral había presentado un equipo plagado de unionistas con numerosos miembros del sindicato CC.OO y socialistas. Convertido en azote de la IA calificaba una y otra vez de fascistas a sus miembros y de “delirio” al proyecto soberanista. Pero la explosión de Montero y los unionistas tuvo lugar a raíz del atentado fallido supuestamente dirigido contra la profesora Edurne Uriarte y atribuido a ETA. Este atentado dio excusas para el rearme de los unionistas que lanzaron una autentica campaña de guerra contra la IA en un estado de histeria colectiva por parte de Montero y de cierto grupo de universitarios. Las declaraciones de Montero se convertían en mítines unionistas y como su antecesor Salaburu su blanco se centraba en la IA a la que propinaba todo tipo de insultos y descalificaciones. Imitando a al anterior rector aparecía como una especie de adalid ético de los universitarios españoles y llamaba a movilizarse contra los “terroristas” y su “entorno” para defender a una Universidad que el consideraba expresión de la pluralidad cultural mientras nosotros la veíamos ocupada cuasi militarmente por abundantes guardas jurados, ertzainas, policías de paisano y escoltas. Y donde los expedientes académicos, las agresiones a estudiantes y la vulneración de derechos eran el pan nuestro de cada día. En el fondo sus discursos iban dirigidos a defender el sistema español ante la fuerza del nacionalismo demostrada en el proceso de Lizarra-Garazi. Quería aprovechar su cargo para agrupar al mayor número posible de fuerzas políticas, sociales y universitarias dirigiéndolas contra el nacionalismo en general y la IA en particular aprovechando el atentado como ariete. Sus intervenciones eran más propias de un militar universitario en estado de excepción que de un verdadero rector. Porque un verdadero rector debía de preocuparse en respetar todas las visiones universitarias incluidas las nacionalistas y soberanistas, impedir la militarización de los campus, conseguir que la UPV se viera afectada lo menos posible por las expresiones violentas del conflicto político, haciendo del dialogo y la negociación la principal guía de acción universitaria. Por el contrario Montero y su equipo no hacían más que crear problemas, convirtiéndose en pirómanos de su propia Universidad y exacerbando hasta el paroxismo los antagonismos. En vez de ser un agente mediador y trabajar para conseguir una paz justa y duradera para nuestro pueblo a través de la defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Responsabilidad, por cierto, de todo auténtico intelectual y universitario.

El atentado fallido había tenido lugar en un contexto sumamente conflictivo como consecuencia del fin de la tregua. Las autoridades académicas decretaron paros oficiales y hubo concentraciones de repulsa y declaraciones belicosas llamando a la guerra contra los abertzales de dentro y fuera de la UPV. Se agudizó notablemente la represión y el control sobre el sector de estudiantes que se movía reclamando sus derechos, estigmatizados por considerarlos del “entorno “de ETA. Nuevamente se volvía a pedir la exclusión de la UPV de los sectores de IA acusados de cómplices del “terrorismo”. Pero como esto era imposible, porque la mayoría del profesorado pertenecían de hecho al “establishment” universitario y algunos de ellos además tenían un estatuto bien reconocido social y académicamente, la represión y persecución se cebó principalmente en los estudiantes movilizados, entre ellos los miembros de la comisión de apoyo, y en nosotros que dada nuestra situación de despedidos, nuestros antecedentes y nuestra debilidad estructural éramos el chivo expiatorio ideal para la venganza unionista. Se vuelve a la época de Salaburu con los correspondientes manifiestos, actos en el Aula Magna y llamada a los universitarios españoles. En febrero de 2001 tuvo lugar la presentación del manifiesto “Contra la opresión terrorista y en defensa de la libertad” convocado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas” (CRUE). Acudieron a la cita en el campus de Leioa los 54 rectores españoles firmantes de la declaración. En ella se dirigían a los “fanáticos simpatizantes del terror” acusados de “imponer sus campañas de exaltación del crimen y la violencia”. Por cierto reclamaban libertad aquellos que la tenían toda y controlaban todos los resortes del poder universitario y sin apenas oposición institucional. Nosotros ante tanto despropósito nos atrevimos a publicar un manifiesto de 8 puntos defendiendo derechos básicos de la comunidad universitaria.

El acto españolista fue contestado como era previsible por la IA. Haika organizo una concentración en que participaron 1000 estudiantes que fue rápidamente disuelta por la Ertzantza. En los enfrentamientos entre estudiantes encapuchados y los agentes antidisturbios paso lo de siempre: pelotazos y cargas, por una parte, y lanzamiento de piedras, sillas y demás, por otra. La normalidad académica habitual. La Universidad no salía de su estado permanente de tensión. Pero las autoridades académicas pagarían caros estos alardes, como los había pagado anteriormente Salaburu.

Montero volvió a destapar el tarro de las esencias, calificando el proyecto de la IA de “alucinaciones étnicas e ideológicas” y acusaba a sus miembros de practicar sistemáticamente la violencia para aterrorizar a la población. También dirigía sus dardos contra el PNV al cual hacía responsable de la violencia de ETA. Y saliéndose de su papel de rector que exige una posición política de neutralidad apostaba por la alternativa unionista (PP-PSE) al gobierno nacionalista en las elecciones autonómicas de 2001. Pero como ya hemos dicho, fuimos nosotros los que tuvimos que pagar principalmente las frustraciones unionistas.

Un día, cuando intentábamos entrar en la Facultad de Periodismo, se nos negó el acceso igual que al decanato. Enrike se sentó en la puerta y las autoridades universitarias llamaron a la Ertzantza arremetiendo contra nuestro compañero y un grupo de estudiantes que le apoyaba con una pancarta. La policía se llevó a Enrike y posteriormente le encerraron durante 8 días en la cárcel de Basauri. Durante todo el mandato de Montero los miembros de la “Pankarta” tuvimos prohibida la entrada en dicha Facultad y en el Decanato. La medida era ilegal pues además de haber llegado a un acuerdo con el anterior equipo para poder circular libremente, recientemente una sentencia del TSJ había declarado nulo el destierro de 1993. Pero violaban la propia legalidad cuando les interesaba. Todos los esfuerzos que realizamos a través de la comisión de apoyo para revertir la medida sancionadora no dieron resultado. Nos dirigimos a las autoridades universitarias y personalidades del mundo político y educativo de forma escrita y no recibimos respuesta alguna. Solo la Defensora del Pueblo, Mercedes Agúndez, y el presidente del Consejo Social, Pedro Larrea hicieron gestiones ante Montero. Pero este no quiso atender la petición. Éramos la carnaza idónea para saciar el hambre de venganza de los unionistas enfurecidos por el atentado fallido y los políticos nacionalistas acobardados dejaron hacer. Hicimos algún intento para forzar la entrada sin éxito y Enrike, siempre tan decidido, se encadenó a la barandilla de unas escaleras, aunque esta vez no hubo intervención policial ni de los guardas jurados. Recibimos el apoyo del Consejo de Estudiantes y denunciamos la situación en una rueda de prensa a la que acudieron 20 profesores. También firmaron un escrito solicitando nuestra libertad de circulación 54 profesores de Periodismo. Pero todo fue en vano. Los unionistas, aprovechando las circunstancias, habían tomado el mando completo de la Universidad, aunque por poco tiempo.

Nuevamente se nos presentaba el dilema de qué hacer en ese momento. Cuando en 1993 nos desterraron de campus de Leioa de la UPV nos propusimos recuperar la libertad de circulación fuese cual fuese el sacrificio. Y después de una desgarrada lucha que duro casi cinco años lo conseguimos plenamente e incluso logramos el milagro de que una sentencia del TSJ avalase el carácter nulo del destierro, aunque con 7 años de retraso. Ahora nos impedían entrar en la Facultad de Periodismo y su Decanato de forma arbitraria. ¿Debíamos forzar las cosas para romper esa prohibición? ¿Con qué coste? Desde luego esa medida representaba un retroceso, ¿pero valía la pena forzar de nuevo el cuerpo a cuerpo e iniciar un nuevo proceso de detenciones, juicios y condenas? Debíamos acudir a los tribunales para denunciar ese acto sabiendo que la Universidad en el contexto político de esos años iba a ganar el pleito y legitimar así el mini destierro? Decidimos no volcarnos en la lucha antirepresiva porque pensamos que era eso lo que pretendían los unionistas más recalcitrantes. Ellos no digerían bien nuestras conquistas, nos consideraban una especie de vanguardia del MNLV –a pesar de nuestras conocidas diferencias con la IA– y esperaban una reacción nuestra para volver a desterrarnos del campus y quedarnos en el punto 0, el mismo de finales de 1993. Y el ambiente universitario creado por el atentado no era en absoluto propicio para nosotros. Dominaban los unionistas el gobierno universitario, el Partido Popular gobernaba en Madrid, se había firmado recientemente el acuerdo PP-PSOE denominado “Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo” y el conflicto político se había agudizado con los atentados de ETA y la represión estatal. Y la UPV se había convertido para los unionistas en una institución clave para llevar a la esfera universitaria esos pactos, con la intención de integrar a la UPV en la lógica estatal, perdiendo su autonomía y sacar todo tipo de beneficios de esa política. La lucha electoral que se avecinaba en la comunidad autónoma entre los nacionalistas y los unionistas, agrupados para desplazar a los primeros del poder, completaba la coyuntura. La UPV se había convertido en el principal campo de confrontación entre los diversos agentes políticos con ventaja inicial para los unionistas. En esas circunstancias un enfrentamiento frontal con el poder universitario de nuestro pequeño grupo resultaba suicida. Decidimos no forzar la situación y concentrarnos en la lucha por el Profesorado Propio aprovechando el cambio de ley universitaria que pretendía llevar a cabo el PP. En ese terreno se había avanzado mucho respecto a 1993, era nuestro punto fuerte y el talón de Aquiles de los unionistas.

La trayectoria de puntos de insumisión

Durante el largo proceso de lucha por la conquista del Profesorado Propio hemos tenido que pasar por estos momentos de toma de decisiones en donde nos jugábamos el devenir del movimiento o su mayor o menor afianzamiento. El filósofo Alain Badiou denomina a estas disposiciones electivas Puntos. Son puntos de decisión, rupturas puntuales en una trayectoria, obligadas por unas circunstancias que surgen a veces de improvisto y que empujan a los actores, a los miembros del cuerpo-sujeto fiel, a la acción inmediata, a optar por una posición o por otra, por un Sí o por un No. Y una de estas dos elecciones es la buena. La buena, en el sentido de mantenimiento del proceso político y sus objetivos. Podemos llamar también a esos puntos, puntos de insumisión, porque de alguna manera, más o menos intensa, alteran el orden normal del espacio de emplazamiento, las normas, leyes o tradiciones que rigen el mundo en donde tienen lugar esas decisiones. En nuestro caso el mundo universitario. Esos puntos no son todos iguales, tienen diversos grados de intensidad dependiendo de los efectos que producen. Pueden ser de intensidad máxima cuando lo que se juega no es simplemente el devenir futuro del movimiento sino su continuidad o no, su pura existencia. Pueden ser de intensidad mínima cuando sus efectos en el devenir del movimiento son inapreciables y apenas son simples variaciones dentro de las propias reglas del lugar, del orden existente. Diríamos que son puntos de débil intensidad insumisa. Entre ambo extremos existen en un proceso fiel innumerables grados de intensidad. La dimensión cualitativa de un movimiento, su profundidad e influencia se mide por el número de puntos que atraviesa y sus grados de intensidad. Podemos decir incluso que lo que define el discurrir de un proceso político verdadero, el proceso cuya base material real es un cuerpo-sujeto fiel a unos principios y unos objetivos emancipadores, es precisamente el conjunto de los puntos y los efectos que producen. Ya que no existe proceso real de cambio sino existen puntos o estos son escasos y de intensidad débil. Para el poder lo ideal es que no exista punto alguno de valor positivo en su espacio de dominio, que no haya insumisión alguna a las leyes que rigen el lugar, para preservar ese lugar de tensiones desestabilizadoras que alteren su dominio y la normalidad de su mundo en el que asientan su legitimidad. Porque los puntos positivos siempre tensionan y pueden promover cambios no deseados o programados de las relaciones anteriores. Para los reformistas también es positivo que no haya puntos, que el espacio de supuesta confrontación sea átono (sin puntos), porque los puntos significan compromiso, lucha, incertidumbre, peligro para los intereses inmediatos, confrontación fuerte, apuesta sin garantías, perdida de comodidad, inestabilidad. Quisieran que los cambios se efectuasen paulatinamente, sin violentar el lugar, dentro del marco normativo vigente, por evolución natural de las cosas, con un amplio consenso o mayorías sólidas. La contradicción que tienen es que en el fondo saben que no hay transformaciones que merezcan la pena sin la existencia de ruptura, de insumisión, de puntos, de movimientos reales por el cambio. Por eso hay una especie de amor-odio por los que arriesgan y se sacrifican, por los que deciden en los puntos. Esperan con una mezcla de satisfacción-insatisfacción que alguien mueva el árbol para ellos recoger el fruto, y si es posible aparentando que ellos en realidad son los que lo han movido, deslegitimando de paso a los verdaderos activistas, a los que apuestan y dan valor positivo en los puntos. Hay que decir, asimismo, que las decisiones se toman sin garantía alguna en los resultados, sin poder predecir de antemano la evolución de los acontecimientos derivados, sin conocer previamente los efectos de la acción o no acción emprendida. Además los efectos son generalmente invaluables porque pueden extenderse fuera del espacio y del tiempo en que la apuesta ha tenido lugar. Lo que quiere decir que la dimensión real de un movimiento transformador no se puede medir en el espacio-tiempo de un presente acotado, sino en su proyección espacio temporal futura de sus consecuencias. Por eso los denostados y criticados hoy en un lugar pueden ser los héroes reconocidos mañana en otro o en el mismo sitio. Por ultimo conviene señalar que un proceso no puede evaluarse solo a partir de los resultados, del logro de los objetivos inicialmente perseguidos. Un proceso de cambio emancipador se debe poder valorar principalmente por el desarrollo amplio o no de sus puntos que son los que transforman realmente las situaciones políticas. En el caso de Euskal Herria si bien el llamado MLNV no ha conseguido sus objetivos de autodeterminación o independencia, la trayectoria política de sus puntos han revolucionado ampliamente el panorama social, económico, político y cultural de nuestro pueblo, dotándolo de un sentimiento de identidad colectivo que todo buen investigador de su historia debería reconocer.

En nuestro movimiento a favor del Profesorado Propio nos hemos topado con numerosos puntos que nos han obligado a tomar decisiones más o menos cruciales. En algunas, como la decisión de no firmar el contrato administrativo por parte de cerca de 100 miembros de la Asamblea de Profesores contratados y la tomada dos años más tarde por los miembros de la “Pankarta” en la misma dirección, constituyen puntos de intensidad máxima, pues de haber firmado, de haber dicho SI a la propuesta de la Universidad el proceso en si se hubiera acabado. Ese No representó el valor positivo del punto que permitió en ambos casos la continuidad del movimiento. Y no existía solución intermedia. Se conformaron pues como puntos de insumisión radical. En el periodo que se extiende desde principios de 1990 hasta la dimisión del rector Emilio Barbera en 1991 y que hemos denominado “rebelión de los profesores contratados” el movimiento atravesó una sucesión considerable y discontinua de puntos de diverso grado de intensidad. El nacimiento de la Asamblea de profesores Contratados que autonomizó el movimiento y reemplazo en su dirección política a los sindicatos y a la Junta de Personal Docente. La decisión de tomar y encerrarse en el rectorado. La decisión de paralizar el funcionamiento del Claustro de elección del rector. La decisión de volver a tomar el rectorado y retener al rector para obligarle a negociar. La decisión de realizar una serie de huelgas intermitentes. La decisión de impartir docencia a pesar del despido por parte de esos 100 profesores. La decisión de algunos miembros de esa asamblea de profesores de implicar a los estudiantes en el movimiento para reforzarlo y que dieron lugar a varios puntos de ruptura, la conformación de la plataforma reivindicativa estudiantil, la asamblea general en la que los estudiantes decidieron unirse al profesorado en las huelgas, la convocatoria conjunta a profesores y estudiantes para ocupar el rectorado y presionar al rector a la negociación, la decisión de organizar un referéndum para votar a favor o en contra de la dimisión de Barbera. Un punto de decisión importante en este periodo fue la decisión de presentarse al proceso electoral con una candidatura propia (Ertza) formada por estudiantes abertzales, contratados miembros de la asamblea y PAS. Todos ellos esuskaldunes. Con un programa de transformación universitaria de carácter nacional y una candidata Laura Mintegi que no cumplía con las condiciones legales requeridas para ser rectora. Y cuyos efectos fueron considerables, además de dar consistencia política-ideológica al movimiento de los contratados. Otro punto de decisión insumisa arriesgado fue la decisión de varios miembros de lo que después sería la “Pankarta” de no examinar a los estudiantes hasta que Barbera no aceptase unos puntos mínimos de la plataforma reivindicativa del profesorado. Hecho que precipitó la caída de Barbera. Y también la decisión de no entregar las actas de las calificaciones hasta que la Universidad no reconociese las notas de los estudiantes que no se habían presentado a los tribunales que la UPV habilitó para evaluarlos.

A partir de 1992 y ya con la constitución de la “Pankarta”, nuevos puntos de ruptura han ido sucediéndose en el largo camino hacia el Profesorado Propio. Las huelgas de hambre iniciales para oponernos al nombramiento de sustitutos en algunas plazas. Los encierros prolongados para llevar al rector a la mesa de negociación, el propio proceso de negociación con Goiriena que es un punto de máxima tensión porque se dilucidaba si el acuerdo al que queríamos llegar nos debilitaba o no en la trayectoria general emprendida. La decisión nuestra de no aceptar el contrato administrativo que se nos ofrecía una vez que la Junta de Gobierno liquidó el acuerdo al que habíamos llegado con ese rector. Nuestra determinación de dar clases aun despedidos. La defensa numantina que hicimos cuando nombraron esquiroles, presentándonos en las clases para impartir docencia. El incumplimiento de la orden de no acceder al recinto universitario. La decisión de mantenernos indefinidamente en la pancarta hasta lograr otro acuerdo. La decisión, asimismo comprometida, de luchar por nuestra libertad completa de circulación y acceso al campus. La decisión de volver a las aulas donde impartían enseñanza los esquiroles. Nuestros encierros prolongados en la sede de LAB. La decisión de impulsar comisiones de apoyo para arropar y extender a la sociedad nuestra lucha y nuestro pensamiento. La decisión de enfrentarnos con los guardas jurados para impedir ser desalojados a pesar de las consecuencias físicas y psicológicas que esta resistencia activa nos iba a traer. Los puntos de no cesión ante las continuas agresiones, detenciones y juicios que veníamos sufriendo. La politización de los juicios para convertirlos en armas de combate contra los mandatarios universitarios. La negativa a pagar las multas y sanciones que nos llevaron en alguna ocasión a la cárcel. Nuestra negativa a firmar el contrato administrativo solicitada por un dirigente de LAB que supuestamente venia en nombre de KAS. La decisión de organizar una cadena de huelgas de hambre sucesivas para obligar a Salaburu a negociar. Nuestra posición firme en las negociaciones con miembros del equipo de Salaburu pues constituían puntos clave de resistencia en nuestra oposición a la aceptación del contrato administrativo y ciertas concesiones económicas a cambio de nuestro reingreso. Y también con miembros de partidos nacionalistas que perseguían soluciones “individuales” y la delegación en ellos del tema del Profesorado Propio. El encierro y huelga de hambre para que la UPV aprobase de una vez las bases de la carrera docente que incorporaban modelos de contratación laboral. La sucesión de encierros en ciencias, LAB y la facultad de Periodismo para forzar que estas bases fuesen presentadas para su aprobación al Parlamento vasco. Los numerosos puntos de acción protagonizados por las comisiones de apoyo estudiantiles y de profesores en el seno de la universidad, algunas de ellas “escraches” de alto riesgo. Las campañas a favor del Profesorado propio y nuestra readmisión organizadas por las comisiones de apoyo del exterior en el seno de la sociedad. Nuestra decisión ya mencionada de no intentar acceder a la Facultad de Periodismo una vez surgida la prohibición y otra serie de puntos aun no relatados a estas alturas de nuestra historia. En realidad nuestra historia es el relato de la sucesión de puntos atravesados y de sus efectos inmediatos o prolongados. Otra cuestión de difícil o imposible relato es la subjetivación individual y colectiva que los provocó y el estado anímico y afectivo que nos dejó sus consecuencias. Lo que significa como todo el mundo que ha vivido estos procesos sabe largas discusiones, enfrentamientos a veces, análisis de la situación, puntos de vista diferentes, divisiones internas y daños, alegrías y satisfacciones que un relato meramente objetivo es incapaz de ofrecer. En este sentido la singularidad y personalidad diferenciada de los distintos miembros del grupo juega un rol importante en el desarrollo del proceso subjetivo ya que el cuerpo-sujeto tiene elementos no homogéneos y hay jerarquías naturales, divisiones grupales internas por afinidades varias, habilidades desiguales, figuras subjetivas específicas y componentes de distinta eficacia según los puntos. Y esto daría lugar a otra historia o a la misma con aportación del aspecto subjetivo. Quizás algún día podamos abordar esta cuestión primordial que por supuesto forma un todo con el aspecto objetivo que estamos tratando.

El golpe de estado contra el unionismo

Siguiendo con nuestra historia, las elecciones de 2001 disputadas en un clima enrarecido por la confrontación entre el bloque unionista y los dos nacionalismos dieron el triunfo al tándem PNV-EA. Y este triunfo repercutió en la UPV. De forma inesperada el rector Montero hizo dimitir del gobierno universitario a lo más granado del sector unionista que había sido responsable de su triunfo. A estas dimisiones forzadas le siguieron otras voluntarias en solidaridad con los anteriores entre ellas la secretaria universitaria. Fue un golpe asestado por ciertas elites universitarias que habían perdido con el nuevo equipo capacidad de influencia y querían recuperarla. Se acusaba a los defenestrados de carecer de flexibilidad y de sectarios. El tándem nacionalista PNV-EA probablemente estuvo metido en esta operación de derribo ya que la política universitaria desplegada por Montero por su radicalismo y politización extrema no era del agrado del sector nacionalista. No podían pasar por alto los ataques de los unionistas más acérrimos a los nacionalistas moderados ni la posición de Montero a favor del par Mayor Oreja-Nicolas Redondo. La UPV, después del triunfo de esos partidos empezaba a girar hacia el centro y se quería dar ahora una imagen más académica de la Universidad. Nadie podía olvidar el desembarco de los rectores españoles con sus discursos incendiarios en la Universidad vasca. El poder político local tenía recursos suficientes y aliados para dar este golpe de efecto. Montero por conservar su cargo se plegó y actuó de caníbal de sus propios correligionarios. Algunos de estos últimos, más pragmáticos, se plegaron para mantener sus cuotas de poder pero los decanos de las grandes facultades y el sindicato perjudicado CC.OO le declararían la guerra. Los unionistas más extremistas le colocaron pronto en el otro lado de la barricada. Para ellos era un traidor y a lo largo del resto de su mandato le dedicaron todo tipo de improperios, desde cobarde a cómplice de ETA. Su lema era: o se está con nosotros o contra nosotros. De todas formas consiguió mantener una mayoría de apoyo en la Junta de Gobierno. Una de las medidas que tomó Montero fue cambiar a los responsables de seguridad, acusados de desplegar una violencia represiva extrema.

La reacción de la vanguardia unionista

Sin embargo este cambio de relación de fuerzas en el seno de los grupos dominantes en la UPV, no va a terminar con el conflicto universitario. Por el contrario lo va agudizar más por la reacción de un sector de los unionistas. Además de los tradicionales colectivos Gesto por la Paz y Foro de Ermua surge por la derecha de ambos “Basta Ya”, en el que se integran los universitarios más beligerantes. Algunos profesores empiezan a llevar escolta y se crea una especie de vanguardia unionista: “los amenazados”. Se lleva este tema y el de la situación universitaria al Parlamento de Gasteiz y se elabora un plan de apoyo a los “amenazados”. Los unionistas más recalcitrantes se rearman e intentan reconquistar las posiciones perdidas mediante una intensa campaña que cuenta con el apoyo del gobierno de Aznar y los dos grandes partidos españoles, con los medios de comunicación como vehículos de difusión y a los “amenazados” como punta de lanza. Su objetivo era el de presionar a Montero para que orientase la política universitaria hacia el lado unionista y convertir a la Universidad en un cerrado coto a su servicio, garantizándose de paso ciertos beneficios políticos y académicos. Sus dardos apuntaban ahora no solo a la IA sino a los partidos nacionalistas y al pobre Montero convertido ahora en “cómplice de ETA y su entorno”. Hay un desembarco de periodistas españoles en la UPV, calificada de la mañana a la noche de “Universidad del Miedo”. Aparece un manifiesto ultra firmado por 75 profesores unionistas en el que se decía que en esa Universidad actuaba una red mafiosa que apoyaba, justificaba y explotaba el terrorismo en su propio beneficio. A la juventud más activa se la calificaba de “proetarras” y pedían a Montero que erradicara de su seno “a los teóricos, animadores y organizadores del terrorismo”. Se afirmaba gratuitamente que el pensamiento de ETA se articulaba en la Universidad y en ella se encontraban sus ideólogos protegidos por las autoridades académicas, con Montero al frente. ¿Piensa alguien que una Universidad puede funcionar siquiera si una parte de ella acusa a otra de mafia criminal y pide su exclusión”? Pues todo esto ocurría en la UPV y los periodistas lo difundían masivamente en los diferentes medios. Por supuesto, los miembros de la “Pankarta” éramos incluidos dentro de esta lista de facinerosos. Y algunos de los “amenazados” en sus intervenciones públicas no hacían más que apuntarnos en esa dirección. De ahí que evitáramos ciertas acciones que nos podían llevar no solo de nuevo al destierro sino a otros lugares menos recomendables.

En el campus de Leioa las autoridades académicas crean un ambiente de intimidación y control. Se colocan cámaras por todas partes, se quitan carteles, se cierran locales del Consejo de Estudiantes, se impiden manifestaciones de los estudiantes. Pero a pesar del ambiente adverso que se respira los alumnos no se paralizan. Aunque atemorizados, reponen los carteles, señalan las cámaras, se enfrentan a los pelotones de guardas jurados e incluso se introducen en las concentraciones de los “pacifistas”, denunciando su hipocresía, con riesgos físicos y de sufrir expedientes. Algunos “amenazados “se dirigen a clase con sus escoltas produciéndose escenas de tensión entre grupos de alumnos y estos escoltas. También nosotros sufrimos algunas provocaciones de esos profesores unionistas y sus guardaespaldas y estuvimos a punto de ser detenidos en varias ocasiones. Asistíamos a las manifestaciones estudiantiles y defendíamos, en la medida de lo posible, su derecho a circular libremente por el recinto. Había enfrentamientos continuos entre manifestantes y guardas y muchas veces nos vimos, a nuestro pesar, implicados en esas batallas porque no podíamos soportar que se golpeara y retuvieran a los alumnos.

Nuestro compañero de Pankarta Nikolas Xamardo, funcionario, que se había solidarizado con nosotros y había sido suspendido por ello de empleo y sueldo durante cuatro años, fue nuevamente excluido de la docencia por un problema puramente administrativo. Le declararon eufemistamente sancionado con “excedencia voluntaria por interés personal”. Recurrió, pero los jueces dieron la razón a la UPV. Tuvo el apoyo de su departamento y de todos los sindicatos, exceptuando CC.OO. Las gestiones realizadas para su readmisión por autoridades del Gobierno vasco y responsables académicos no dieron tampoco resultado. Como protesta inició en una caravana situada cerca de la entrada del campus de Leioa una huelga de hambre, prácticamente inmovilizado por un ataque de ciática. Después de 24 días tuvo que abandonar su ayuno por importantes problemas de salud. Escribió varios artículos saliendo al paso de los comentarios de algún catedrático que desvalorizaba su iniciativa. Sus alumnos se manifestaron a su favor y nosotros denunciamos de varias formas el comportamiento de la Universidad con este profesor, muy maltratado por el poder universitario a lo largo de su vida de docente. No perdonaban que un funcionario –al que exigían cierto grado de obediencia en razón de su condición– se solidarizase abiertamente por la causa de los despedidos. Fue pasto de los tribunales universitarios.

Los unionistas más extremos consiguieron éxitos indudables gracias a la campaña. En el tema de los estudiantes presos primero lograron que se vetara a determinados profesores. Después que se suspendiera la atención directa a estos, al suprimirse las tutorías presenciales. Y como colofón que se les imposibilitara el poder estudiar en la UPV, prohibición que dura todavía. Ángeles Iztueta, consejera de Educación califico esta medida de “Guerra sucia contra la UPV”. También esos sectores tuvieron éxito en la competición por una plaza de catedrático entre Paco Letamendia, “Ortzi”, conocido profesor abertzale y la profesora Edurne Uriarte, auténtico icono de los unionistas “amenazados”. Aunque los méritos del primero eran, en un sentido formal, claramente superiores a los de su rival, el tribunal dio la plaza a la candidata. En un principio la Comisión de Reclamaciones de la UPV suspendió provisionalmente la concesión de la cátedra y se desencadenó entonces una campaña en contra de Montero, la UPV y Letamendia. Tanto que el rector tuvo que dar explicaciones ante el Parlamento vasco y la Comisión de Educación del Senado español. Al final naturalmente la plaza se la adjudicó la unionista por decisión judicial. Armaron igualmente un gran escándalo cuando un profesor, Garmendia, en prisión preventiva, se presentó a una plaza universitaria. Nuevamente desplegaron la campaña habitual para impedir su nombramiento, calificando a lo largo de ella a la UPV de “Universidad terrorista “y solicitando a la propia Universidad que declarase la existencia de ideas “no gratas” afín de prohibirlas. Llegaron al ridículo al presentarse encapuchados con pasamontañas en una de sus intervenciones. Esta vez, sin embargo, no lograron su objetivo.

Toda esta campaña, nada espontánea por cierto, ofreció indudables frutos a los unionistas en términos de beneficios académicos, protección institucional y condicionamiento de la política universitaria por parte del Estado. En detrimento de la imagen de la UPV, de su autonomía, de los derechos civiles de personas y colectivos y del gobierno de y el parlamento de Gasteiz incapaces de neutralizar esta ofensiva. Los sectores unionistas lograron, gracias a la explotación de su victimismo y a los recursos disponibles, orientar y asentar algunas políticas reaccionarias muy negativas para la convivencia dentro de la universidad pero plenamente compatibles con las instancias españolas en su lucha con el nacionalismo. Se tomaron la venganza de su derrota electoral y la caída de algunos de sus principales baluartes en la “poda” de Montero. Más tarde se vengarían del Plan Ibarretxe entronando a Patxi López como Lehendakari.

La LOU del Partido Popular

Paralelamente a este enfrentamiento entre nacionalistas y unionistas, de 2001 a 2004 la vida de la UPV se va a ver influida por los procesos de desarrollo de dos leyes claves: La Ley Orgánica de Universidades (LOU) a nivel estatal y la Ley del Sistema Universitario Vasco o “Ley Iztueta”. Ambas van a posibilitar la configuración de un Profesorado Propio con contrato laboral en el marco de la UPV.

Todos los sectores políticos y universitarios estaban de acuerdo en la necesidad de una nueva ley que reemplazase a la LRU socialista de 1982. La creación de un espacio universitario europeo y la necesidad de flexibilizar las relaciones universitarias eran compartidas por la mayoría de las universidades y los partidos políticos, aunque diferirán en su contenido. Todos estaban de acuerdo también en modificar el titulo quinto dedicado al profesorado. La LRU no había podido resolver la inestabilidad y precariedad del profesorado contratado (administrativo) y se estaban produciendo paros y encierros en varias universidades. Los expertos a través del Informe Bricall habían propuesto cambios en este tema, cambios apoyados por los rectores universitarios. En el Estado español la tradición funcionarial seguía siendo fuerte y seguía considerándose al funcionario como la columna vertebral del orden universitario. Por eso se propugnaba la conformación de un cuerpo funcionarial con varias categorías y figuras contractuales temporales, aunque más estables y mejor remuneradas a la espera de plaza para acceder al funcionariado permanente. Y en eso coincidían los partidos y sindicatos españoles. Se había quedado en el olvido la extraordinaria lucha durante el franquismo y la transición del movimiento de los PNN por modalidades contractuales laborales permanentes en el marco de la autonomía universitaria. Sin embargo en EH y Cataluña las figuras contractuales no tenían un simple contenido laboral sino político, como consecuencia de importantes luchas universitarias que en este recordatorio histórico venimos relatando. En EH y para un amplio sector de la población estas figuras, estaban ya asociadas a la reclamación de un Profesorado Propio y una Universidad Nacional y popular, insertas ambos en la lucha por la soberanía y construcción nacional. En Cataluña no se ponían tampoco en duda el carácter de figuras propias nacionales que deberían tener los contratos. En 1999 los catalanes habían solicitado la posibilidad de contratar “figuras permanentes de profesores no funcionarios” y la Generalitat había elaborado un esquema de carrera académica que contemplaba dos tipos de profesorado permanente: funcionarial y contractual laboral, financiado este último por la propia Generalitat. Por lo tanto en este terreno había inicialmente divergencias serias entre las posiciones de las fuerzas españolas y las de las naciones históricas.

Al conocerse los primeros borradores de la ley la oposición a ella en la Universidad española fue muy amplia. Las críticas vinieron de los partidos de izquierda españoles (PSOE e IU) que dominaban el espacio universitario, los sindicatos y los rectores, de una parte, y de la mayoría de los estudiantes, de otra. Los primeros porque se reducía la autonomía universitaria –clave de su poder en la Universidad– y se ponía en peligro, según ellos, el espacio público universitario. Los segundos porque veían mermada su representatividad y se oponían a la mercantilización de la enseñanza que ellos contemplaban en el proyecto de ley. En Euskal Herria los partidos nacionalistas en el gobierno también estaban en contra por el centralismo de la ley, la imposibilidad con ella de crear un sistema educativo nacional y la dificultad de construir un profesorado propio. La IA y los sindicatos abertzales, porque ese proyecto impedía la creación de un espacio universitario propio. Hubo grandes movilizaciones a nivel estatal y nacional de EH, con manifestaciones gigantescas, huelgas, encierros etc. En la UPV estas movilizaciones alcanzaron gran amplitud y permanencia, aunque se dieron convocatorias separadas entre abertzales y no abertzales. Montero y su gobierno se posicionaron también en contra de la ley. Aquí se dividió el campo unionista porque la parte más vinculada a los socialistas –mayoritaria– se oponía a la ley y la parte más ligada al PP la apoyaba. El rechazo amplio al proyecto de ley rebaso el propio campo universitario para convertirse en un grave conflicto social. El PP, aunque gozaba de mayoría absoluta, estaba entre las cuerdas y no tuvo más remedio que reformular su planteamiento inicial, sobre todo en el capítulo del profesorado. Necesitado de apoyos para legitimar la nueva ley no le quedó más remedio que pactar con el único partido que estaba dispuesto a ello: CIU. Los catalanes aprovecharon la debilidad del PP para introducir modificaciones que beneficiaban a las comunidades autónomas sobre todo a la catalana y vasca: Los contratos administrativos desaparecen y se incorpora el régimen laboral de contratación. Se amplía la capacidad legislativa de las comunidades autónomas, sobre todo en el capítulo de profesorado. Se permite, a través de leyes autonómicas la creación de figuras de contratado laboral permanente, además de las temporales, mediante una regulación propia. Se posibilita la extensión de incentivos económicos a los contratados. Se introducen agencias de acreditación y evaluación propias. Según CIU la ley permitía la creación de una ley universitaria catalana “potente”, calificada como propia por introducir figuras de profesorado propio. Aunque seguían considerando a esta ley estatal como centralista. Sin embargo, el PP para compensar en parte el agujero creado por la incorporación a la estructura universitaria de la contratación laboral y mantener la preeminencia del funcionariado, acentuó el poder de los funcionarios mediante sistemas de representación que les permitían controlar todos los órganos universitarios. Sin embargo esto se corregiría más tarde al producirse la modificación parcial de la LOU por los socialistas.

Para nosotros el reconocimiento e incorporación a la legislación de la contratación laboral, sobre todo abriéndose a través de una norma local la posibilidad de profesores laborales permanentes, constituía un hito histórico por el cual alguno de nosotros veníamos luchando desde el franquismo. El contrato laboral ha sido siempre un símbolo que ha encarnado históricamente las aspiraciones de todos aquellos que hemos demandado una Universidad democrática, popular, autónoma, libre y propia. Su incorporación al ordenamiento jurídico, aunque fuese a través de una ley estatal, representaba para nosotros una satisfacción y un triunfo incuestionable. Seguimos los debates en el congreso español con incertidumbre y pasión porque algo de nosotros, algo de nuestra vida, se jugaba alli. Tuvimos la convicción, difícilmente demostrable, que algún fragmento, por muy pequeño que fuera, del texto se debía a nuestro compromiso. Pero aún faltaba el desarrollo de la LOU, en los apartados de competencia de la comunidad autónoma; es decir, el desarrollo concreto del Profesorado Propio mediante una nueva ley autonómica. Naturalmente alguien podrá decir que lo aprobado no es más que una parte de una ley estatal, una ley por lo tanto impuesta a nuestro pueblo. Y no le faltará razón. Pero como detrás de las formas jurídicas inscritas ha existido una lucha política, y una resistencia tremenda del Estado a esa reivindicación, podemos decir que esa lucha nacional y social al mismo tiempo ha conseguido condicionar al Estado, le ha prescrito un resultado a la postre beneficioso para el profesorado universitario, para la propia Universidad y para la comunidad autónoma, cuyas competencias han sido ampliadas. Y eso es la política real en su relación con el poder: prescribir al estado una forma de hacer y legislar que no provienen de su lógica interna sino de la lógica ajena, popular e igualitaria, y que beneficie a la mayoría de la comunidad concernida.
Después de la aprobación de la LOU la situación no varió para nosotros. Para lograr el Profesorado Propio había que esperar a la elaboración y aprobación de una ley vasca universitaria que desarrollase en su máxima amplitud las potencialidades contenidas en la ley estatal. Teóricamente la UPV podía habernos facilitado la reincorporación a la Universidad mediante el acuerdo suscrito con Goiriena en 1993, en el tránsito hacia la creación de nuevas figuras contractuales laborales. Pero Montero no estaba por la labor. Nos encontrábamos en marzo de 2012, diez años después de nuestro despido, y nuestro único plan era ayudar a crear, junto a otros, las condiciones que pudieran permitir en un presente más o menos inmediato la creación de un Profesorado Propio en igualdad de derecho y obligaciones con los funcionarios. Estábamos convencidos que a partir de ahí vendría nuestra readmisión. Pero por el camino nos encontramos con otra fase de gran conflictividad universitaria cuyo detonante fue el planteamiento de la insumisión de Ikasle Abertzaleak y las ramas de euskera a la situación de esta lengua en la UPV, a la LOU recientemente aprobada y a los estatutos universitarios obligados a desarrollarla. Los estudiantes abertzales llevaban tiempo acusando a los sindicatos y profesores abertzales de acomodaticios y su estrategia difería abiertamente de la de sus mayores. Pensamos que dada la diferencia de comportamientos que se dio en esta coyuntura no se trataba de una simple división de funciones, como más de una vez había ocurrido en el pasado, sino de un divorcio real. Y naturalmente apoyamos esa estrategia porque coincidía plenamente en ese momento con nuestros planteamientos.

La insumisión estudiantil a la LOU y los estatutos

En el terreno del euskera las bases de la insumisión se asentaban en la exigencia de euskaldunizacion de la enseñanza, el curriculum vasco y el distrito nacional vasco. Y su epicentro estuvo en la Facultad de Arquitectura de Donostia, donde las trabas puestas a la extensión de los estudios en euskera dieron lugar a una huelga indefinida de larga duración, al surgimiento de un proyecto propio estudiantil y a la experiencia de clases alternativas. En marzo de 2002 Ikasle Abertzaleak llama a la huelga general contra la LOU e interrumpe la Junta de Gobierno. En mayo hace un llamamiento a los abertzales a no tomar parte en las elecciones al Claustro para la elaboración y aprobación de los estatutos de la UPV. Esta llamada suscitó un gran éxito principalmente entre los estudiantes ya que solo voto el 7,5% del censo estudiantil y cerca de la mitad de sus asientos en el claustro quedaron vacios.Este proceso tuvo lugar en medio de continuas protestas, agresiones contra estudiantes y urnas vacías. El PP ante el éxito del rechazo a una ley suya pidió la ilegalización de la organización estudiantil abertzale y la repetición de las elecciones. IA también volvió a llamar a la abstención en las elecciones para el claustro que debía designar a los miembros electos de Consejo de Gobierno de la UPV. En esta ocasión quedaron desiertos 50 de los 70 escaños que les correspondían a los estudiantes. También se ausentaron, ahora totalmente, de la comisión encargada de redactar los estatutos. La llamada al boicot de los alumnos contagió a otros estamentos y hubo momentos en algún Claustro que solo estaban presentes la tercer parte de los claustrales. Todo el proceso se retrasó por estas ausencias y las jornadas de lucha organizadas por los mencionados estudiantes. La Universidad contraatacaba solo con medidas represivas ante la falta de legitimidad de la ley y los estatutos que la acción y el discurso estudiantil estaba produciendo. Hay que tener en cuenta que antes de la aprobación de la LOU todos los estamentos de la UPV se habían posicionado en contra con masivas movilizaciones. Pero el equipo rectoral que ya dijimos se opuso abiertamente a la ley, ahora debía defenderla a palos y detenciones, mientras los sindicatos abertzales LAB y STE-EILAS colaboraban con el poder presentándose a las elecciones y ocupando los asientos conseguidos. Se defendieron diciendo que no se podían perder las plazas ganadas con sus votos. Plazas, por cierto, totalmente desacreditadas. Los estudiantes se encerraron en la Universidad y fueron desalojados por la Ertzaintza a instancias de Montero. La síntesis fue la de numerosos detenidos, treinta de ellos procesados y cuatro expedientados.

Los estudiantes tenían razón en su oposición a los estatutos. El texto no era más que un bodrio burocrático en donde no se habían incorporado los elementos positivos que la LOU tenía en relación al capítulo del profesorado. La representación en los órganos de gobierno estaba totalmente escorada del lado de los funcionarios. Por ejemplo, en el claustro los funcionarios doctores ocupaban el 51% de la representación mientras que el resto del profesorado, que incluía a los contratados y a los funcionarios no doctores, solo alcanzaba el 19%. Por su parte los estudiantes habían pasado del 28% al 20%. Un auténtico monopolio funcionarial que hacía que todas las decisiones de política universitaria fueran cosa exclusiva de ese estamento en donde predominaban los catedráticos, organizados a su vez en grupos elitistas que se repartían el poder universitario. Ante estas imposiciones rechazadas por la mayoría universitaria era lógico que nos posicionásemos a favor de la insumisión estudiantil y sus acciones. A instancias de los estudiantes redactamos un texto en la que hacíamos hincapié sobre la importancia que había tenido la movilización contra la LOU y los estatutos y el perfil especifico que en Euskal Herria y en la UPV se había dado a esa movilización, colocando en primer plano la bandera de lo propio y reclamando un profesorado, una Universidad y un sistema educativo propios como elementos imprescindibles en el reconocimiento de la personalidad de nuestro pueblo y su vinculación con las reivindicaciones nacionales más generales de soberanía y autodeterminación, como partes importantes en el proceso de construcción nacional. Para nosotros el tema de la participación en los órganos de gobierno constituye un problema táctico de índole instrumental. En coyunturas como aquellas era necesario apostar por la no presencia y el boicot activo en esas instancias dado el contenido de lo que se debatía, boicot que venía unido a reclamaciones propias nacionales y movilizaciones importantes. En otras circunstancias defendimos esa participación cuando había proyectos propios y alternativas concretas a defender, como el proyecto de Ertza y los proyectos de estatutos en los claustros constituyentes. O en elecciones relevantes como la designación de rector cuando lo que estaba en juego era la oposición a un gobierno de los unionistas, como había ocurrido en el año 2000 con la victoria final de Manu Montero.

La aprobación de los estatutos en 2003 no acabó con la situación conflictiva. En sucesivas jornadas de protesta hubo enfrentamientos entre estudiantes y el amplio abanico de fuerzas policiales que ocupaban habitualmente los recintos universitarios: guardas jurados disfrazados de antirepresivos con pasamontañas, cascos, escudos y porras. Ertzainas con las vestimentas negras de los especiales, policías de paisano. El resultado final fue el ya repetido montón de veces: facultades cerradas, cacheos, pelotazos, detenciones, palizas etc. con el balance conocido de heridos, detenidos, lanzamientos de piedras, cristales rotos. Es decir la situación normal de la época. Época en la que “el todo es ETA” se había impuesto en la sociedad y se aplicaba a la IA y a los movimientos populares, asi como a periodistas y ciudadanos, integrados en el llamado “entorno”. Y también naturalmente en los campus universitarios, lugar privilegiado de la confrontación política. De ahí que un simple encierro en protesta contra la LOU en el campus de Leioa se saldó con un nuevo desalojo de los estudiantes a instancias de Montero. Esta vez se les acuso de colaboración con ETA y el caso paso a la Audiencia Nacional. Por lo visto la desobediencia estudiantil según la policía y los jueces seguía las consignas de la organización armada.

Las consecuencias de la política antiterrorista cayeron también encima de varios miembros de la “Pankarta” por esas fechas. Jesús Mari Zalakain se vio incurso en el conocido proceso 18/98. Y Jose Ramón Etxeberria se declaró, junto a tres personas más, en huelga de hambre en la Tendencia de alcaldía de Trintxerpe, municipio de Pasaia. El motivo fue que, tras la ilegalización de Batasuna, la IA presento varias candidaturas con la designación de AUB. El Tribunal Supremo anuló las candidaturas y en señal de protesta Joserra, conocido miembro histórico de la IA, decidió tomar esa acción para impulsar el voto nulo. En ese año de 2003 fue cuando tuvo lugar la huelga de hambre de Nikolas Xamardo a raíz de su exclusión de la UPV que ya hemos relatado y también la caminata de 5000 km de otro de los compañeros, Enrike López. Recorrió en su travesía por todo Euskalherria 684 ayuntamientos a favor de la independencia y la insumisión y relatando sus experiencias de lucha en la UPV. Estas experiencias fueron recogidas en su libro: “5000 km oinez, Euskal desobedientzaren alde”. Como puede observarse los años primeros del siglo XXI resultaron bastante movidos tanto individual como colectivamente para los componentes de la “Pankarta”.

Las iniciativas a favor de la Universidad nacional

Debido a la irrupción de la LOU y ante la previsión de la creación de una ley universitaria vasca hubo un gran debate sobre la Euskal Unibertsitatea en el periodo entre 2001 y 2003 debate que retomó el que tuvo lugar en el periodo de la llamada transición. Ya en el Acuerdo Nacional por la Soberanía de 2001 se consideraba a la lucha por una Universidad nacional vasca uno de los ejes principales del proceso de construcción nacional. Coincidieron en este tiempo iniciativas como las EHUBAM (Euskal Herriko Unibertsitatea Barrutia Aldeko Mugimendua), Euskal Herririk Euskal Unibertsitatea (EHEU), Euskal Herriak Bere Eskola (EHBE) y UNIEKIMENA, iniciativa legislativa popular que elaboró un proyecto articulado de Universidad Nacional. Tuvieron también lugar los congresos de EIRE y UEU donde el tema sobre la Euskal Unibertsitatea fue dominante. Todas estas iniciativas y congresos estuvieron apoyados por asociaciones culturales y educativas, asi como por los sindicatos y partidos políticos abertzales. Se organizaron alrededor de ellas campañas, actos, jornadas, ruedas de prensa y manifestaciones como la del año 2002 a favor de una Universidad Vasca convocada y apoyada por todos los sectores nacionalistas sin excepción. Se elaboraron muchos documentos sobre la Universidad y periódicos como Gara y Egunkaria se convirtieron en importantes tribunas de debate. Nosotros participamos con varios miembros en los congresos de EIRE y UEU, en la iniciativa de UNIEKIMENA y en las clases alternativas de EHEU. Especial dimensión tomo la Iniciativa legislativa UNIEKIMENA que se registró en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, Consejo de Desarrollo de Ipar Euskalherria y Udalbiltza. Iba acompañada de un texto articulado sobre un proyecto de Universidad Nacional que abarcaba toda Euskal Herria sin tener como referencia los marcos constitucionales y legislativos de Madrid y Paris. Su intención primordial era la de generar un amplio debate en la sociedad vasca con vistas a establecer las bases de una ley universitaria propia. Era un proyecto sobre el cual nosotros desde el comienzo de nuestra lucha habíamos insistido que se discutiera, elaborara y presentara en los ámbitos más amplios posibles ya que lo considerábamos plenamente compatible con las luchas e iniciativas acerca del Profesorado Propio y la Universidad vasca en el marco normativo de la comunidad autónoma. En el primer caso se trataba de acompañar e impulsar desde el sistema educativo y la Universidad el proceso general de construcción nacional a través de proyectos propios sin la referencia del marco estatal. En el segundo el de impulsar mediante la movilización popular el registro y reconocimiento de ciertos planteamientos nacionales y sociales en las legislaciones estatal y autonómica. Y ambos procesos, como parcialmente se demostró, resultaban plenamente compatibles, reforzándose el uno con el otro. El primero posando su vista en el futuro anterior de la soberanía política, el segundo en el presente actual de un mayor grado de autonomía. Los dos deben venir unidos en un proceso de liberación nacional sin que la defensa y lucha por uno excluya la defensa y lucha por el otro. Y sin que se excluya ningún instrumento de confrontación desde la insumisión hasta la negociación, en una dialéctica difícil pero necesaria.

Participamos en la redacción inicial del proyecto legislativo popular principalmente en la enumeración de los principios básicos, órganos de gobierno, Profesorado Propio y sistema universitario. Dentro del sistema universitario, además de las universidades públicas y privadas incorporamos la modalidad de Universidad euskaldun de iniciativa social siguiendo un modelo similar a las de las Ikastolas. En la Universidad Publica planteamos una institución dotada de una amplia autonomía con respecto a la administración. Queríamos sostener un modelo universitario lo más autónomo posible respecto al Estado y también respecto a los intereses empresariales particularistas. En el conflictivo tema del funcionariado siempre nos hemos decantado por una Universidad pública no funcionarial arbitrando un sistema de transición entre la situación actual y la proyectada. Estos borradores no fueron contestados en las asambleas pero nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al final surgió de “arriba” un proyecto que no tenía en cuenta nuestros planteamientos en algunas cuestiones claves (funcionarización y carácter no público-administrativo de la Universidad esuskaldun) Por esa razón nos retiramos de la iniciativa. Esta tuvo un recorrido corto pues las instituciones lo rechazaron y ni siquiera fue discutido en los parlamentos por caer “fuera de la ley vigente”. Sin embargo fue objeto de debate y atención aunque, y eso resulta lógico, crease contradicciones dentro del propio campo nacionalista. Al final su contenido se fue disipando en el tiempo y quedo como una iniciativa más en el contexto discursivo de la elaboración de la Ley Vasca de Universidades, conocida como ley Iztueta. Una escenificación bien orquestada con protagonismo para la IA. Con el paso del tiempo se iría diluyendo hasta desaparecer. La IA, que ahora algunos designan como oficial, era maestra en este tipo de escenificaciones. Hay a menudo creatividad, capacidad de convocatoria, buena arquitectura organizativa, esfuerzos loables para su difusión, buen canal propagandístico pero falta continuidad, confrontación real, apuestas por políticas más arriesgadas, hojas de ruta bien diseñadas y permanentemente activas. Al final todo se queda en un mero espectáculo. Los personajes protagonistas vuelven a sus cuarteles de invierno para protegerse de las inclemencias de la lucha real. Y allí en los espacios de poder buscan sus alianzas y sus acomodos a la situación. Ocupan como alguna dice su “plaza”, que por cierto ni siquiera les pertenece. Y con su plaza –mejor en propiedad– conservarla adecuadamente y no arriesgarla demasiado. Y a los que luchan generosamente, con riesgo de perder su plaza, les consideran a veces sus enemigos por no plegarse a un proceso que califican de realista y eficaz.

La ley Iztueta

La ley Iztueta fue aprobada a comienzos de 2004 gracias al acuerdo final alcanzado entre la izquierda abertzales y los partidos nacionalistas en el poder (PNV Y EA). La presencia del sector más nacionalista de EA tanto en la Consejería de Educación como en la comisión para elaborar la ley fue clave para que esta se aprobase, ya que el proceso no estuvo exento de contradicciones en el propio bloque nacionalista. Los partidos unionistas se opusieron e intentaron presionar al PNV para que se desligara de la IA en virtud de la aplicación del cinturón de seguridad creado para aislar a esta última. La actitud firme de EA en contra de todo tipo de exclusión permitió el acuerdo.

Ante todo hay que decir que la ley no puede calificarse de propia porque el proyecto solo consideraba aquellos aspectos que la LOU había dejado vacantes para ser “rellenados” por las comunidades autónomas. Pero entre ellos estaban los relativos al profesorado contratado. La ley otorgaba más poder al gobierno y quitaba competencias a la Universidad. Con esta norma al gobierno vasco se le otorgaba amplios instrumentos para ejercer un poder de control e iniciativa sobre la Universidad. Con el intentaba ampliar su ámbito de influencia y cercenar el corporativismo universitario que favorecía a los unionistas. Los unionistas y Montero se revolvieron por eso contra esta ley. Esta ley creaba diversa categorías de profesorado contratado, unas permanentes y otras temporales y permitía el desarrollo teórico de una carrera profesional para el profesorado laboral, contemplando también en teoría una igualdad de derechos y obligaciones entre funcionarios y contratados laborales. Las transitorias permitían el acceso de los antiguos asociados administrativos con cinco años de antigüedad en la UPV a la condición de permanentes tanto si disponían el título de doctor como si no, aunque en categorías diferenciadas. Solo se necesitaba el informe preceptivo positivo de la Agencia Vasca de Evaluación. Además las transitorias contemplaban también una solución para nosotros pues permitían el acceso a la Universidad aquellos profesores que estando actualmente fuera de ella hubiesen desempeñado funciones de profesor durante cinco años. Se integraban primero como temporales y luego podían acceder a la condición de permanentes con la evaluación positiva de la mencionada agencia. Gracias a esta ley se irían incorporando a la condición de permanentes cerca de 500 antiguos asociados, una vez que la ley, que sería recurrida en ciertos apartados del capítulo del profesorado por el PSOE, entrase plenamente en vigor en 2007. Una parte importante de nuestra lucha y reivindicaciones habían quedado plasmada en forma de ley, aunque aún quedaba el tema de la igualdad en la representación de contratados permanentes y funcionarios que se haría esperar hasta el año de 2007, con la modificación parcial de la LOU por el PSOE. Este cambio legislativo vino por una combinación de factores cuya importancia cualitativa es difícil de evaluar: La movilización de los profesores de la “Pankarta” y sus comisiones de apoyo. El movimiento estudiantil. Las presiones ejercidas por los partidos nacionalistas vascos y catalanes ante la LOU, primero, y ante su modificación, después. La presión de la IA y los sindicatos abertzales ante la ley Iztueta. La unión de los partidos PNV, EA y la IA en la aprobación de la ley a pesar de las presiones unionistas. Todo ello facilitado por un contexto europeo que obligaba a cambios en el sistema universitario español en la dirección de una mayor flexibilidad. La conjunción de esos factores, algunos de ellos interrelacionados entre sí, permitieron al principio el registro del Profesorado Propio como contrato laboral en la LOU y luego el desarrollo de figuras propias en la ley vasca. Había sido necesario que convergiesen en cierto espacio temporal una serie de constelaciones para que el parto del Profesorado Propio se consumase. Los procesos políticos necesitan no solo del aporte fundamental de los sujetos movilizados y sus proyectos sino de la confluencia en un tiempo histórico de coyunturas políticas y confluencias apropiadas, coyunturas y confluencias de las cuales en cierta medida son también responsables esos sujetos. El azar es compañero imprescindible de los procesos políticos y ese azar no se puede obviamente planificar. De ahí la grandeza de la verdadera política y su carácter aleatorio y raro.

Por nuestra parte participamos de alguna manera en la redacción del proyecto de ley de Universidad vasca enviando a Ángeles Iztueta unos documentos con reflexiones y propuestas, primero directamente y luego por medio de un intermediario. No sabemos si estas aportaciones las tendría en cuenta. Pero nuestra contribución principal estaba reflejada en los numerosos años de lucha que veníamos manteniendo a favor del Profesorado Propio y la Universidad Nacional Vasca.

El mandato de Montero no fue nada fácil para él porque además de la inestabilidad generada por los continuos conflictos que por cierto el alimento habría que añadir la inestabilidad institucional con sus continuos y publicados enfrentamientos con la consejera Iztueta. Chocaron en el tema de las primas a los funcionarios que eran responsables en gran parte del déficit en las cuentas universitarias que engordaban las deudas y que obligó a Iztueta a recortar aquellas considerablemente. Chocaron en la gestión universitaria muy criticada por la consejería y que fue una de las causas de la defenestración de parte del equipo de gobierno de Montero. Chocaron en la ley Universitaria Vasca no muy del agrado de Montero y los unionistas. Al final este rector tuvo la desafección de sus propias huestes unionista y la poca simpatía de la oposición nacionalista y los estudiantes por las formas represivas utilizadas y sus posiciones unionistas. No pudo pues repetir mandato y dejo al propio unionismo profundamente dividido. Su fin de reinado coincidió con los atentados del 11M en Madrid que los medios de comunicación y el gobierno atribuyeron al principio a ETA. Nosotros pasamos un mal momento porque decidimos mantener nuestra pancarta en medio de la amplia concentración de universitarios que se movilizó para condenar esos atentados y que la mayoría de los alli presentes adjudicaba también a ETA. Sufrimos la mirada de odio de muchos de los reunidos que nos identificaba con la organización armada y pensamos en varias ocasiones que nos iban a agredir. Pero nos mantuvimos firmes ya que el abandono del lugar seria visto como una debilidad y un sometimiento a la presión del ambiente. Para esas horas ya era conocida la intervención de Arnaldo Otegi desmintiendo la autoría de ETA. Nosotros mismos sin ser muy listos y por las noticias que nos llegaban de la dimensión del atentado apostábamos claramente por la autoría de los yijadistas, lo mismo que otras personas sin estudios relevantes. Pero la intoxicación informativa y la ideología previa juegan malas pasadas algunas veces.

La candidatura de Iñaki Antigüedad

El desastre del rectorado de Montero condujo a la dispersión del voto unionista y a su derrota. A las las elecciones de 2004 se presentaron nada menos que seis candidaturas. En la primera vuelta quedaron solo dos: la de Ignacio Pérez Iglesias y la de Iñaki Antigüedad, los dos profesores de Ciencias. El primero apoyado por el nacionalismo moderado, el segundo por la IA. Era la segunda vez en la historia de la UPV que una candidatura de la IA se presentaba a las elecciones rectorales. La primera fue la de Ertza. La diferencia entre ambas radicaba en que mientras la segunda no pudo competir oficialmente porque no fue considerada legal, la primera cumplía con todos los requisitos. Entre ellos la condición de catedrático de Iñaki Antigüedad. Este profesor se presentó abiertamente como soberanista y candidato de los abertzales. Aunque no puso sobre la mesa un proyecto de Universidad propiamente dicho, su programa iba en sus planteamientos más allá de la LOU y de la ley Iztueta. Puso en cuestión el marco universitario vigente y criticó el modelo universitario. Puso énfasis sobre todo en el euskera, el Profesorado Propio y las relaciones de la UPV con otras universidades de Euskal Herria. Más que pronunciarse en contra de los otros candidatos, cuyos programas eran meramente académicos insertos plenamente en el orden legal, había en sus posición un claro exceso, algo distinto que conectaba con los deseos y aspiraciones de muchos estudiantes y contratados hartos de las políticas represivas anteriores y de las camarillas y grupos de poder que habían dominado la Universidad. Se respiraba entre esos colectivos un anhelo de cambio que el conflicto universitario y el dominio durante tres periodos rectorales de los unionistas había estimulado. Después de esa larga noche de estado de excepción permanente y militarización universitaria se respiraba la necesidad de un giro en la política universitaria y la amplia victoria de dos candidaturas nacionalistas era el signo de ese malestar y de esa esperanza. En la primera vuelta se impuso Ignacio Pérez, gracias al voto ponderado que primaba en exceso a los funcionarios, porque Iñaki Antigüedad saco más votos nominales. En la segunda vuelta gano claramente el primero de ellos porque los unionistas cerraron filas entorno a Pérez, demostrando que la contradicción principal estaba –como en la sociedad– entre los defensores del sistema universitario imperante y la IA, aunque en votos nominales la diferencia resulto ser bastante pequeña.

A pesar del éxito de Iñaki Antigüedad y de su candidatura, todo quedo al final en agua de borrajas. El problema estaba en la falta de compromiso de la IA universitaria, especialmente en su profesorado, para llevar a cabo lo planteado en su programa. Las posiciones reformistas e integradoras siguieron imponiéndose como lo venían haciendo desde 1990 y todo el esfuerzo electoral y la ilusión depositada por algunos quedó en nada. Hubo una dispersión de la candidatura y la cooptación por parte de Iglesias y más tarde por su sucesor Goirizelaia de algunos de sus miembros, sobre todo en los aspectos relativos al euskera. Desaparecieron totalmente de la escena político-electoral y no volvieron a presentarse más a la contienda electoral, pidiendo el voto por los rectores mencionados, exceptuando los estudiantes abertzales de Ikasle Abertzaleak que continuaron oponiéndose a la política oficial de esos mandatarios. De hecho renunciaron a defender un sistema universitario propio, aunque lo invocaban continuamente en sus discursos. Prefirieron los pronunciamientos rituales habituales del imaginario colectivo universitario aberzale que el compromiso por el cambio en la práctica real. Hasta hoy

El nuevo rector y el plan Bolonia

El nuevo rector Pérez Iglesias llego al rectorado con un pan debajo del brazo porque la consejería de universidades anuló la deuda de la UPV. Sin embargo su rectorado no estuvo exento de problemas. Por una parte las primas por rendimiento, donde hubo un cierto cambio en la metodología y además incluía esta vez a los contratados laborales y administrativos. Hubo huelgas sindicales corporativistas y al final se aprobaron gracias al pacto con los sindicatos LAB y STEE-EILAS. Pero por otra su mayor problema fue el Plan Bolonia para la creación de un espacio universitario europeo y permitir asi la homologación de títulos y la movilidad de estudiantes y profesores. El plan perseguía cambios en los métodos de enseñanza, en la evaluación del profesorado y estudiantes y se pretendía una enseñanza más profesionalizada y un papel más activo del alumno. Pero todo esto se distorsionó y Bolonia se mostró más bien como una base para la introducción de las concepciones neoliberales en la enseñanza. Comenzaron las protestas de profesores y estudiantes por el peligro de sobrevalorar los métodos psicopedagógicos, profesionalizar en exceso las carreras, incorporar capital privado y convertir a la postre al estudiante en un robot. Aquí en la UPV la oposición a Bolonia argüía el temor a subestimar el euskera en detrimento de otros idiomas e impedir la creación de un sistema educativo nacional por la tendencia a la homogeneización siguiendo las pautas neoliberales. Se criticaba el fuerte enfoque mercantilista de la educación universitaria, había temor al aumento del precio de las matriculas, la carestía de los postgrados, la supeditación de la Universidad a las necesidades del mercado y la rentabilidad económica, la devaluación de universidades por la competencia y la conversión de la Universidad en un centro avanzado de formación profesional donde disciplinas como las humanidades quedarían relegadas. Se pensaba que una normatizacion excesiva iba a desembocar en la infantilización del alumnado resintiéndose por el camino las expresiones críticas y la libertad organizativa y de pensamiento. Existía mucho miedo a que la filosofía empresarial penetrara totalmente en el mundo universitario, anulando sus antiguas tradiciones. Demasiados miedos y temores iniciales algunos de los cuales, con el paso del tiempo, resultaron infundados pero otros sin embargo, se hicieron desgraciadamente realidad. Y estalló el conflicto en el Estado español y miles de estudiantes salieron a la calle. Por todas partes se crearon plataformas académicas y en defensa de la Universidad Pública no mercantilizada. En la UPV las protestas tuvieron especial incidencia. Los estudiantes pidieron la paralización del proyecto, el inicio de un amplio debate universitario y social y la aceptación de las decisiones que a partir de ese momento se formulasen en la comunidad universitaria. Pero el proceso era difícil de detener porque las decisiones se habían tomado en instancias superiores y a las autoridades universitarias se les imponía la obligación de cumplirlas. El rector en una primera fase intentó tranquilizar a los estudiantes procurando montar cierto tipo de dialogo. El problema adquirió un matiz predominantemente académico, pero ante la existencia de fuertes divergencias el conflicto no se detuvo y la Universidad, con la colaboración del parlamento vasco, apostó por detener la contestación utilizando procedimientos muy restrictivos que lo convirtieron, como siempre sucedía en esta Universidad, en un problema de orden público. Para desgracia de los estudiantes y del propio rector que sucumbió mas tarde en el empeño.

Con el nuevo rector la situación nuestra cambió. Al no seguir gobernando los unionistas se nos levantó el castigo y pudimos volver acceder a la Facultad de Periodismo. Se había restablecido nuestra libertad de circulación. Hubo, sobre todo al principio, un cierto clima de distensión en la UPV después de la pesadilla de Montero y la aprobación de la ley Iztueta con sus nuevas categorías de contratado laboral, por lo que habíamos venido luchando tantos años, concedía, por lo menos teóricamente, un grado elevado de legitimidad a nuestra lucha. Muy pocos dudaban que en este éxito teníamos nosotros cierto nivel de responsabilidad. Sin embargo la aceptación del recurso presentado por el PSOE a determinados artículos de esta ley, principalmente a los relativos al profesorado contratado laboral, iba a paralizar el desarrollo de las nuevas figuras y la conversión recogida en las transitorias de profesor contratado precario a contratado permanente laboral. Esto nos afectaba también a nosotros porque la transitoria que permitía nuestra reincorporación a la UPV también estaba recurrida. Además, quedaba pendiente el tema de la representatividad de los contratados pues la ley Iztueta no había podido solucionar el problema de la igualdad de derechos. Teníamos ley pero se encontraba en suspenso. Entramos en un peligroso compás de espera que nos iba a debilitar.

Desaparición del cuerpo-sujeto inicial

El colectivo sufrió un grave resquebrajamiento por la existencia de unas diferencias internas con nuestro compañero de fatigas Nikolas Xamardo a raíz de su nueva sanción. Unas desavenencias que no pudieron superarse y que dio lugar a la partición del colectivo en dos grupos: De un lado Jose Luis Herrero y Antton Azkargorta –a los que trataremos ahora como nosotros– y de otro Jesús María Zalakain, Joserra Etxeberria y el mencionado Nikolás –a los que denominaremos compañeros– Por su parte Enrike López se había desvinculado de la “Pankarta” porque no aceptaba las decisiones del colectivo y prefería actuar con independencia, aunque se mantenía en el movimiento. Más tarde y a raíz de su huelga de hambre se restablecieron las relaciones personales con Nikolas, pero se había creado una brecha mutua de desconfianza que fue imposible de superar. De todas formas, aunque divididos en dos grupos, actuábamos como un solo colectivo pues había solo una “Pankarta”, una sola caja de resistencia, una misma comisión de apoyo y un planteamiento unificado hacia los demás. Y colaborábamos en ciertas iniciativas de forma conjunta, aunque lentamente esa colaboración se fue reduciendo. Sin embargo, acudíamos como Uno a las habituales asistencias a la feria de Durango, inauguración del curso, reuniones con la comisión de apoyo y comidas organizadas con los miembros de las antiguas comisiones de estudiantes y con personas solidarias con nuestro movimiento ante las cuales nos presentábamos como un único cuerpo colectivo. Pero esto era meramente formal porque el cuerpo-sujeto del que hemos hablado en otra ocasión había dejado de existir. La comisión de apoyo se vio influenciada por esa división y la inexistencia de un plan y de acciones conjuntas debilitó al colectivo. Nuestros compañeros pensaban más en la pista de aterrizaje que en la continuidad del movimiento. Se produjo en ellos un proceso de desubjetivacion y parecían no interesarse por el desarrollo de las leyes que se venían estableciendo ni por el seguimiento escrito de nuestro movimiento. Tuvimos que ser nosotros los que tomáramos la iniciativa y empezar a escribir los artículos de prensa solos, procurando que su contenido reflejase una posición compartida. Se desatendieron también de los escritos dirigidos a Iztueta que los redactamos nosotros dos. Asimismo en otras luchas a favor de los presos políticos y ante la huelga de Iñaki de Juana se mantuvieron en un segundo plano no acudiendo al encierro que los estudiantes realizaron por los motivos indicados. Parecía que la incorporación a la Universidad era lo único que realmente les preocupaba y en este punto creemos radicaba su distanciamiento con nosotros. Quizas pensaban que las condiciones de negociación que poníamos, que eran las que siempre la pankarta había defendido, ahora no les servían. Ante un escrito que les propusimos a este respecto ellos no contestaron. La división quedo clara cuando a finales del 2005 tuvimos un encuentro con Goirizelaia, vicerrector en aquel momento. Esta persona nos dio a elegir entre posponer la negociación de nuestra readmisión a la fecha de retirada del recurso de inconstitucionalidad o comenzarla en ese momento pero sin entrar en el tema del Profesorado Propio. Nosotros elegimos la primera opción porque nuestra posición había sido siempre dar primero prioridad al esclarecimiento de esa cuestión. Los otros temas, como los económicos, vendrían después una vez solucionado el principal: la puesta en funcionamiento del Profesorado Propio que el recurso del PSOE lo impedía por el momento. Había que seguir luchando para que se desbloquease ya que el movimiento para nosotros no había finalizado. Nuestros compañeros, sin embargo, eligieron la segunda solución y nos comunicaron que no nos informarían de la marcha de las negociaciones. La fractura definitiva estaba pues servida.

Durante la larga espera hubo momentos en que la pankarta la sosteníamos nosotros dos con la ayuda inestimable de dos personas que se incorporaron a ella: Jabitxu Gezuraga, jefe de máquinas de la Marina ya jubilado y el también jubilado Mikel Ugarte antiguo profesor de La escuela de Magisterio. Nikolas se había reincorporado a la docencia, aunque sin plaza pues había sido amortizada. Jesús Mari estaba ocupado en en el largo juicio por el 18/98 y Joserra se ausentaba bastante por las tardes debido a unos compromisos intelectuales.

La modificación de la LOU

La victoria del PSOE en 2004 impulso una modificación de la LOU del PP que nos iba a beneficiar. Esta ley que vio la luz a principios de 2007 devolvió a las universidades parte de las competencias perdidas y dio también a las comunidades autónomas una capacidad importante en la regulación de las actividades universitarias. El partido socialista se encontraba en minoría y necesitaba el apoyo de los partidos nacionalistas de Cataluña y el País vasco. Estos partidos (Convergencia y PNV) aprovecharon la ocasión para solicitar la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra sus respectivas leyes universitarias autonómicas a cambio de su apoyo. Los socialistas aceptaron y ellas quedaron definitivamente desbloqueadas. De ello se iban a beneficiar los catedráticos y agregados laborales que la ley catalana había creado y que se encontraban en situación de inestabilidad por el recurso. El beneficio también iba a llegar a los cerca de 500 asociados administrativos de la UPV que pasarían, gracias a ley Iztueta, a convertirse en profesores permanentes estables laborales gracias a su incorporación a las categorías recogidas en esa ley. Y esperábamos que nos beneficiase igualmente a los miembros de la “Pankarta” pues, como ya hemos mencionado en otra ocasión, una transitoria permitía nuestra reincorporación.

La modificación de la LOU pudo convertirse en algo revolucionario para las naciones históricas puesto que el primer borrador admitía la posibilidad de creación de cuerpos propios de profesorado al margen de los estatales. Asi, de haberse aprobado, hubiese sido posible crear figuras realmente propias. Sin embargo, esta posibilidad quedó abortada porque los sindicatos españoles reaccionaron y se opusieron a ello. Temían que un sistema como el catalán perfectamente articulado sirviera de modelo a otras comunidades que dispusieran de leyes específicas. Este era el caso de la Comunidad Autónoma Vasca. De hecho, el sistema vasco heredó la estructura del catalán. Lo que sí se consiguió fue la equiparación a efectos de representación en los órganos de gobierno colectivos y unipersonales a los contratados laborales permanentes con los funcionarios, una de nuestras principales reivindicaciones y sobre la que habíamos insistido una y otra vez a lo largo de nuestra lucha. La equiparación no llegó a la figura del rector, que quedaría reservada de nuevo a los funcionarios para salvaguardar su condición de agentes principales de la vida universitaria. Durante las sesiones parlamentarias se dio la palabra a ciertas personas ilustres del campo universitario, entre ellas el rector Juan Ignacio Pérez Iglesias que pronunció estas revolucionarias palabras: “Hay que aceptar que la relación funcionarial para el profesor en los tiempos que corren no tiene ningún sentido”. Y lo dijo un profesor que debía su condición de rector al hecho precisamente de ser funcionario. Aunque “los tiempos que corren” eran los neoliberales, para nosotros significaba una victoria ideológica indudable en nuestra larga lucha. Hasta el mismo rector aceptaba ya que la relación laboral en la Universidad tenía un gran sentido. Pero antes tuvimos que sufrir un montón de palos para que se hiciese evidente.

Llegaba en la UPV la hora de aplicar las exigencias recogidas en las transitorias y las autoridades universitarias se dispusieron a ello. Sin embargo, algunos profesores de ciencias, con el apoyo de ciertos sindicatos españolistas, lanzaron una infame campaña centrada principalmente en Joserra para que no se incorporase a su Facultad, aun en contra de la legislación existente que le protegía. Llegaron incluso en su odio a reclamar a instancias internacionales científicas que nuestro compañero no fuese readmitido. Y se trataba nada menos del ataque a un profesor, padre de la incorporación del euskera a los estudios científicos y autor de innumerables libros en la materia que han servido para la formación de cientos de estudiantes y profesores. Una persona alabada antes de su exclusión de la Universidad por sus méritos humanos y académicos y denigrada ahora. Precisamente por los mismos que antes le reconocían sus virtudes Y eso porque nuestra lucha puso de manifiesto sus carencias en el orden humano y su sumisión al poder. Y esta imagen suya no les gustó y arremetieron contra ellos mismos a través del espejo que Joserra les había puesto delante. En esa circunstancias hubiera sido más coherente con nuestra trayectoria unirnos todos y luchar contra ellos y su discurso, porque teníamos toda la legitimad y fuerza para hacerlo. Y en esa lucha hubiéramos sido apoyados por muchos, dado nuestro triunfo y la admiración que sentían por Joserra en el mundo abertzale y más allá de él. Pero no quiso hacerlo y por el contrario se derrumbó y decidió no intervenir cediendo en sus derechos y en su imagen. Su obsesión por entrar a toda costa le perdió y no confió en sus fuerzas. Al final el rector negocio con nuestros compañeros, excluyéndonos a nosotros y a Enrike de esas negociaciones. Quizá porque pensaban que nuestras exigencias en la mesa negociadora iban a dificultar su entrada y la resolución definitiva del conflicto. El caso es que en septiembre del 2007 nos encontramos en la puerta del campus con la pancarta, nosotros dos junto a nuestro par de aliados. Y también, pero en otro lugar, Enrike. Nuestros compañeros se incorporaron a la UPV después de una negociación cuyo contenido es el secreto mejor guardado de la Universidad. Jesús Mari no tuvo problemas en su departamento pero Joserra salió de Ciencias y se trasladó a la escuela de Ingenieros como profesor de Euskera Técnico. Para nosotros y Enrike, desgraciadamente, la lucha no había terminado. Diez años después continuamos despedidos. Pero eso es otra historia que la resumiremos brevemente en el epílogo.

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